Feminicidios indígenas: piden la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria

Ante la falta de avances en las causas judiciales de los asesinatos de las mujeres qom Micaela y Nancy Fernández, ocurridos hace casi una década en el Municipio de Tigre, la hermana e hija de las víctimas solicitó la intervención activa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense autárquico dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Micaela Fernández tenía 14 años y era integrante de la Comunidad Qom Yecthakay de Tigre. Su muerte, ocurrida en febrero de 2013, fue caratulada como suicidio por la Fiscalía de El Talar pese a que apareció con un tiro en la cabeza en la casa de Dante ‘Pato’ Cenizo, un conocido narco y proxeneta en el barrio La Paloma. Un año después, en mayo de 2014, encontraron sin vida a su madre, Nancy Fernández, de 36 años, en su domicilio en Las Tunas, quien llevaba adelante la lucha por justicia y había sido amenazada en varias oportunidades.

Lisette era una niña cuando ocurrieron ambos asesinatos y a partir de 2019 comenzó a levantar la bandera de justicia por su hermana y su mamá, con el apoyo de distintas organizaciones y de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Su primer avance importante fue en mayo de 2021, cuando junto a su abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani lograron desarchivar la causa de Micaela. Poco después fue aceptada como “particular damnificada”. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo novedades concretas.

El pasado miércoles 13 de abril, en la ciudad de La Plata, la joven qom y su letrada (integrante del Pueblo Kolla) mantuvieron una audiencia con responsables de la Comisión Provincial por la Memoria, la cual fue calificada como “muy positiva” por Lisette. Entre otros aspectos, solicitaron la intervención del organismo bonaerense en los dos expedientes judiciales y realizar gestiones para que se involucre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Según detalló Alvarado Mamani, el objetivo es analizar la autopsia realizada a Micaela Fernández en 2013, a los fines de ubicar elementos que demuestren violencia. “Pedimos hacer una nueva pericia para poder demostrar que de ninguna manera fue un suicidio sino que hay elementos que configuran que fue un homicidio”, explicó la letrada. “También pedimos distintos medios de prueba, llamados, vinculaciones, declaraciones testimoniales de conocidos en ese momento y que Lisette aporte en primera persona su testimonio porque nunca fue llamada”, precisó la abogada kolla.

En contraposición a la buena predisposición que encontraron en la Comisión Provincial por la Memoria, ambas cuestionaron la falta de voluntad de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuyos responsables les comunicaron hace pocas semanas que no iban a poder intervenir.

“No quieren tomar la causa de Micaela porque dicen que no hay trata de personas. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque dos chicas que estaban en la misma situación que mi hermana, declararon que no saben nada. Estas chicas están amenazadas, obviamente no van a hablar, no quieren terminar asesinadas como mi hermana y como mi mamá”, señaló Lisette, integrante de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.

Al respecto, su abogada fustigó que “siendo que existe una oficina especializada (la PROTEX), vamos a tener que hacer nosotras las vinculaciones para demostrar la red de trata, dándonos más trabajo”. Consideró que “hay indicios de sobra” pero como “no hay un testimonio con nombre y apellido no lo quieren ver”.

“¿Quién va a hablar? Es imposible obtener un testimonio así, nadie quiere terminar como Micaela, como Nancy y como Tamara López”, señaló en relación a otro crimen que se encuentra relacionado al mismo proxeneta.

Feminicidio indígena

La letrada kolla hizo hincapié en la particularidad del feminicidio indígena: lo definió como una interseccionalidad de vulneraciones que tienen que ver con la discriminación, el racismo y la pobreza que sufren las mujeres de pueblos originarios.

De hecho, Alvarado Mamani destacó que tanto ella como Lisette “hemos sufrido este tipo de violencia sobre nuestros cuerpos” y explicó que “además de la búsqueda específica de justicia por los casos de Micaela y Nancy, esto es un aporte para frenar este tipo de violencia que no es ajena a ninguna mujer indígena”.

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