Un allanamiento violento y robo de pertenencias. Una detención que obstaculizó el acceso a la salud a una persona con padecimientos en condiciones de detención inhumanas y en un lugar no habilitado. Todos estos hechos de violencia institucional son parte de la presentación que realizó la Comisión Provincial por la Memoria ante la justicia en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de prevención de la Tortura. Solicitan que se investigue el accionar de los funcionarios policiales.
ANDAR en San Nicolás
(Agencia Andar) “Eran las 5 de la mañana, escuchamos unos ruidos y cuando me levanto de la cama una explosión. Entraron con armas largas y gritaban ¡al piso, al piso! Con mi nene no entendíamos nada”, cuenta Rubén, el denunciante sobre la madrugada en que se inició un violento allanamiento en su casa.
Fue en noviembre del año pasado y él quedó detenido hasta enero. Recién ahora encontró la forma de hacer la denuncia penal por el accionar policial. “Le pegaron a mi hijo, de 14 años que se quedó duro, asustado, le gritaron ¡al piso! Y le empezaron a pegar. Viene la nena, de 17, y también la tiraron al piso, todos agentes masculinos, eran del grupo GAD, con la cara tapada, nos precintaron a todos. No mostraron orden ni explicaron nada”, relata.
Durante todo el procedimiento, que se extendió hasta pasado el mediodía, los chicos permanecieron esposados y la violencia se extendió contra su madre, una persona mayor con discapacidad motriz y Alzheimer. “Cuando le pedí que le sacaran las esposas a los chicos se negaron. Mi hijo es de contextura grande y me decían ‘mirá si este mono negro se me enoja’. Tampoco dejaron entrar a la persona que cuida a mi mamá hasta el mediodía, estuvo horas sucia, sin poder higienizarla, y al moverla para buscar cosas le arrancaron la sonda».
Al tomar conocimiento de estos hechos de violencia institucional desde la Comisión por la Memoria formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de San Nicolás y una denuncia administrativa a la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires e informaron de la gravedad de los hechos a la Subsecretaría de DDHH, Política Penitenciaria y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Prov. de Bs. As.
Durante su detención Rubén también padeció violaciones a sus derechos más elementales como el acceso a la salud. Estuvo dos meses alojado en la Sede de la Superintendencia de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, un lugar que no cuenta con capacidad para alojar detenidos.
“Eran los días de mayor calor y nos dejaban sin luz en la celda entre las 9 y las 19 hs me descompensé, me llevaron al hospital y tenía un pre infarto. Igual me vuelven a llevar a la comisaría. Nunca me llevaron al diabetólogo los dos meses estuvo detenido ahí”, señala Rubén. El hombre denuncia, además, que el dinero que se llevaron durante el allanamiento no fue consignado en las actas y que durante su detención le pidieron más plata para evitar un traslado.
“Justicia tiene que haber. Lo que le hicieron a mi mamá y a mi hijo no se puede hacer, quiero que lo paguen. Tendrían que ir presos. Yo no tengo miedo a la policía porque digo la verdad, y quiero que me devuelvan la plata y lo que me robaron porque me arruinaron”, asegura.