Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina habían sido condenados en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y robo a mano armada a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en Barracas.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó las condenas impuestas en 2018 por el Tribunal Oral N° 9 a los prefectos Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli. En su resolución, los jueces Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin prestaron especial atención a la detención arbitraria que sufrieron Iván y Ezequiel. Confirmaron que fueron detenidos y trasladados sin motivo alguno por los prefectos, quienes decidieron golpearlos, esposarlos y secuestrarlos sin dejar rastros. La arbitrariedad de las detenciones y su ocultamiento posibilitaron las torturas que le siguieron.
La noche del 24 de septiembre de 2016 Iván Navarro vio que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, en la villa 21-24 de Barracas, CABA. Iván se acercó para saber qué estaba pasando. De inmediato, los agentes de la PFA le pidieron documento y lo requisaron. Minutos después, llegaron al lugar tres móviles de la PNA con 10 prefectos. Lo que siguió fue un ejemplo de las rutinas de hostigamiento, detenciones ilegales, golpes y, en algunos casos, torturas que los efectivos de la PNA desplegaron en la zona de Barracas en los últimos años. Los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura, ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de un baño químico, al lado de la garita, donde lo golpearon y amenazaron. Dentro de uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después de esta primera sesión de tortura, los dos jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas y humillaciones, y el robo de varias de sus pertenencias. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con sus armas de fuego. Luego los dejaron ir.
Existen numerosos hechos como este que quedan impunes porque no son conocidos ni denunciados, sobre todo por el miedo que tienen los jóvenes a las represalias de los efectivos de las fuerzas. Pero en este caso la intervención de La Garganta Poderosa permitió visibilizar la actuación de los prefectos y lograr la recolección de prueba sólida y contundente que demostró la participación de los imputados y su responsabilidad penal en los hechos.
Los jueces de Casación consideraron que los testimonios de los jóvenes fueron contundentes y que toda la prueba recolectada confirma sus relatos. En paralelo, rechazaron las versiones de los prefectos: algunos de ellos negaron haber estado en el lugar, otros dijeron que aunque estuvieron en el lugar no vieron, ni escucharon nada, y otros, que los llevaron hasta el Riachuelo para liberarlos y que les pegaron para darles unos “correctivos” buscando quitar gravedad a lo que les hicieron. El fallo también consideró la carga discriminatoria que tuvieron las manifestaciones y las acciones de los prefectos contra los dos jóvenes. Como, por ejemplo, cuando al momento de robarles sus pertenencias hacían referencia a que “no se merecían tener todo eso” por el barrio en el que vivían.
Ahora deberá continuar la investigación sobre otros prefectos que, de acuerdo a la prueba recolectada durante la investigación y el juicio, se supo que también estuvieron involucrados en estos hechos.
El CELS y La Poderosa somos querellantes en la causa.