Gabriela Sánchez es hermana del capitán del buque Repunte, Gustavo Sánchez, una de las víctimas desaparecidas durante el hundimiento de la embarcación ocurrido el 17 de mayo de 2017. Hay otros 6 desaparecidos, 3 fallecidos y 2 que fueron rescatados con vida. En todos estos años la causa penal transcurrió con pocos avances hasta que, a mediados de mayo pasado, finalizó y se aportó al juzgado el informe de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Este documento técnico apunta a la responsabilidad de los dueños de la embarcación y a varias agencias del estado –entre ellas, la Prefectura- que no controlaron correctamente el estado del buque ni las modificaciones realizadas para cambiar la pesca de merluza por langostino.
Hace dos meses, y a instancias del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, la causa penal por el hundimiento del buque pesquero Repunte fue cerrada en su etapa de instrucción y ahora las familias de las víctimas esperan que se resuelva la fecha de juicio, que de realizarse será el primero en el país en torno a las responsabilidades de empresarios y agentes públicos por siniestros en el mar evitables.
Este repentino y favorable cambio en el curso del expediente judicial fue motivado, en gran medida, por el informe final de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) -organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la Nación y cuya creación fue, precisamente, por la lucha de las familias víctimas del Repunte- que determinó que los criterios de estabilidad del buque declarados en su manual no eran coincidentes con el estado real de la embarcación.
Esto último, debido a modificaciones estructurales realizadas en 2006 para el cambio de la pesca de merluza por el de langostino. Explica la JST en su informe que los criterios de estabilidad se actualizan periódicamente “conforme avanzan los conocimientos en la materia y las lecciones aprendidas de los distintos sucesos” y que por una ordenanza de la Prefectura Naval Argentina se debe realizar una prueba de inclinación cuando el buque fuera objeto de reformas que afectasen su condición de buque vacío y la posición del centro de gravedad.
Al realizar el cambio de la especie de pesca, se modificaron también las condiciones del Repunte respecto a su estabilidad en el mar, especialmente en contextos críticos como una fuerte tormenta que azotó a la nave horas antes del naufragio.
En diálogo con ANDAR, Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte, Gustavo Sánchez, afirmó que “afortunadamente, con el informe de la JST el juez Lleral consideró, tras largos 5 años desde el inicio de la causa, que hay prueba suficiente para el cierre de la instrucción penal, por lo que ahora falta que se dicte el auto de elevación a juicio y la fecha”.
“Será el primer juicio en la historia de este país con estas características y llegará como resultado de una larga y constante lucha de las familias que, a pesar de tanto dolor, nunca dejamos de denunciar que el hundimiento no fue por errores o decisiones equivocadas por parte de la tripulación, sino por la ambición empresarial, la connivencia de organismos de control –como la PFA, el Consejo Federal Pesquero y otros- y los interminables tiempos de la justicia”, destacó.
Sobre el hundimiento, cabe recordar que el 13 de junio el buque pesquero El Repunte zarpó desde Puerto Madryn, Chubut, hacia una zona de pesca del langostino situada al este de la Bahía Camarones, en la misma provincia. Tres días después, de regreso al puerto, surgió una tormenta que la tripulación ya conocía por un alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de modo que prepararon el barco para atravesarla sin problemas.
Sin embargo, a la mañana del 17 de junio El Repunte comenzó a inclinarse notoriamente, provocando el ingreso de agua de mar a la cubierta de la nave y aumentando la inestabilidad hasta el punto en que la tripulación perdió completo control. Fue el momento en que tuvieron que abandonar la nave, que quedó situada a 55 metros bajo el agua en la zona norte de la costa de Rawson, Chubut.
Luego del hundimiento dos tripulantes fueron rescatados con vida, uno por el buque pesquero María Liliana que asistió al llamado de socorro y el otro por un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina (PNA), mientras que tres tripulantes fueron hallados sin vida y siete continúan desaparecidos.
Desde un primer momento, desde la organización Ningún Hundimiento más los y las familiares de las víctimas denunciaron a los dueños de la empresa por las falencias de mantenimiento en el buque, las fallas en las medidas de seguridad para la tripulación y los arreglos precariamente realizados sobre la estructura de la embarcación (hubo soldadores que declararon en la causa que había trabajos difíciles de resolver por el deterioro y descomposición de los metales).
Pero principalmente por lo que, como afirma el reciente informe de la JST, sería el principal motivo del hundimiento: la modificación de las bodegas de carga y otros sectores de El Repunte para dejar de pescar merluza y comenzar a extraer langostino, mucho más rentable.
Como imputados en la causa hay ocho personas: tres hijos del empresario dueño del Repunte, Luis Caputo, ya fallecido; y personal de PFA y de la Armada, acusados por la aprobación irregular de los controles y habilitaciones.
“Esta causa no tiene un solo responsable, sino que hay una cadena de responsabilidades que permitió que el Repunte terminara saliendo a navegar, incluso en condiciones materiales defectuosas e irregulares. Y nosotros, los familiares de las víctimas, desde un principio le hemos aportado pruebas al juez: por ejemplo, la Prefectura decía que se habían realizado las inspecciones de estabilidad, pero llegamos a la Cámara de Diputados y desde el Partido Obrero le pidieron aquellos informes al entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. No habían sido realizados”, explicó Gabriela Sánchez.
“También las modificaciones que le fueron haciendo al buque: rastreamos y cotejamos la estructura exterior fotográficamente a través del tiempo; aportamos testigos que habían realizado tareas en el buque y que se presentaron a la causa con reserva de identidad; y muchas obras de mantenimiento que en realidad nunca se le hicieron”, agregó.
En términos personales, el informe de la JST representó para la hermana del capitán un impacto muy fuerte porque al confirmar que no hubo error humano ni decisiones equivocadas por parte de la tripulación se confirma también que las víctimas no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir aquél 17 de junio.
“Yo pienso en la desesperación y el miedo que deben haber sufrido… pero por otra parte, por supuesto, nos sentimos satisfechas y satisfechos porque se terminan las especulaciones y se caen las mentiras de Prefectura y otras áreas del Estado que pretendieron garantizar la impunidad. De hecho, supimos que durante meses la PFA presionó en el Ministerio de Seguridad de la Nación para que se frenara la publicación del informe de la JST”, manifestó.
Tanto su vida como la del resto de las familias cambiaron desde el hundimiento del Repunte. Y Gabriela decidió enfocar sus energías y conocimientos en un nuevo tema de tesis doctoral, dejando de lado el estudio de la sociología de las religiones para pasar a indagar e investigar los vínculos y la complicidad entre el sector público y el privado en el mundo de la pesca.
“Desde Ningún Hundimiento Más pudimos lograr que se problematizara el hundimiento de barcos, algo que lamentablemente ocurre sistemáticamente y aún no hay ninguna causa elevada a juicio lo habla del poder que tienen estas empresas. Por mucho menos de lo que yo denuncio han matado gente. Pero si hay algo que nos protege son los medios de comunicación de Mar del Plata y la zona, donde pudimos romper el cerco informativo”, concluye.