No dan las cuentas con el FMI

Panorama de los movimientos sociales y recuperadas actualizado al 16.7.2022.

Foto: Nicolas Solo ((i))

No dan las cuentas con el FMI

Por Mario Hernandez.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó el jueves 7 que no se avanzará en el Proyecto del salario básico universal por el momento porque no dan las cuentas de Argentina. También añadió que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina”. Las cuentas “no dan” porque se prioriza cumplir con las metas de ajuste del acuerdo con el FMI.

Foto: Nicolas Solo ((i))

Unidad Piquetera marchó a Plaza de Mayo contra el ajuste y la crisis social: exigen ruptura con el FMI

Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera realizaron este jueves una nueva manifestación multitudinaria que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo para reclamar aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados, entre otras demandas.

Pese a las versiones que durante toda la jornada circularon acerca de un posible acampe de manifestantes, finalmente esa posibilidad quedó descartada. En votación a mano alzada, miembros de las organizaciones presentes acordaron “levantar la permanencia en la Plaza, pero continuar con el plan de lucha”.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni aseguró en el cierre de la movilización que “nosotros no somos parte de ninguna interna” y enfatizó que “hay que romper con este gobierno ajustador que sigue las consignas del Fondo Monetario Internacional”. Remarcó la importancia de que al reclamo se hayan sumado grupos que “están teniendo una posición de acercamiento”, refiriéndose al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Como primer paso anticiparon que acordarán una fecha para una nueva jornada de protesta en los próximos días, aunque otros movimientos sociales y organizaciones, como CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron una marcha con cortes en todo el país para el miércoles 20, en el marco de un plan en demanda del Salario Básico Universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”.

Ante el pedido de reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, Belliboni contestó que no fueron recibidos y que les dijeron que “la semana que viene” los recibiría “alguien de la Secretaría de Relaciones Institucionales, como si esto fuera un problema menor”.

También estuvo en la plaza el dirigente del Movimiento Evita y Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación, Fernando “Chino” Navarro, quien manifestó que “creo que es un momento complicado de la economía argentina y los reclamos son legítimos”. Expresó que puede “compartir o no todas las consignas, pero hay necesidades y eso hay que reconocerlo. Nosotros seguimos reivindicando al trabajo como el gran ordenador de la crisis socioeconómica argentina y hay muchas organizaciones que se expresan de distintas maneras”, consideró Navarro.

En la Plaza de Mayo se realizaron diversas actividades, como la actuación de artistas en vivo y la instalación de puestos con muestras del trabajo de las organizaciones en los barrios populares, por ejemplo, las tareas de costura y confección textil.

La manifestación se inició después de las 10:30 para exigir a las autoridades “un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo”, así como demandar un aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos y asistencia económica para familias de desocupados y jubilados.

“Pedimos un bono de ayuda similar al que se realizó en los últimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y también solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalización del mismo”, declaró Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie.

“¡Derrotemos el ajuste! ¡Fuera el FMI! Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza; basta de criminalizar a los que luchamos”, fueron las consignas de UP, integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora por el Cambio Social, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

Las organizaciones piqueteras también denuncian que la designación de la ministra de Economía, Silvina Batakis, responde a una tregua de la crisis interna en el gobierno que profundizará la línea de ajuste emprendida por su predecesor Martín Guzmán.

Foto: Nicolas Solo ((i))

La Unidad Piquetera que copó la Plaza de Mayo votó realizar un plan de lucha con la UTEP

“Hemos logrado consensuar algunos puntos en común, somos muchos más sectores hoy los que estamos dispuestos y dispuestas a repudiar el ajuste”, fueron las palabras de Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que componen la Unidad Piquetera que movilizó el jueves hasta Plaza de Mayo reclamando una audiencia con la nueva ministra de Economía.

Las demandas al gobierno nacional son principalmente un “aumento del salario mínimo igual a la canasta básica y el bono de 20.000 pesos” así como el cese de la criminalización a las organizaciones piqueteras que están siendo allanadas en distintos puntos del país, con el agravante de la deportación que realizó el gobierno de Zamora en Santiago del Estero donde no solo impidieron una movilización sino que “demoraron” a Sebastián Godoy, referente del Polo Obrero, quien denunció que fue deportado a la provincia de Tucumán.

Si bien la Unidad Piquetera no logró ser recibidos por Silvina Batakis, la nueva ministra nacional de economía, delegados y delegadas de la Unidad pudieron ingresar y conversar con otras autoridades en el ministerio de Hacienda.

Luego realizaron un acto en Plaza de Mayo donde exclamaron “nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza” y votaron un plan de lucha.

Desde la Mesa Nacional de la Unidad Piquetera se propuso levantar la permanencia en Casa Rosada y votar “la continuidad del plan de lucha a partir de la propuesta de compañeros de la UTEP para coordinar una jornada de lucha contra la criminalización de la protesta social, y un bono de $20.000 para los monotributistas de la categoría más baja y jubilados”.

Unidad de acción para “derrotar el ajuste”

“Tenemos que dejar un poco las diferencias políticas y sí ponernos de acuerdo en que este ajuste y este enfrentamiento con esta política del gobierno donde la vicepresidenta parece que no es la vicepresidenta porque no se hace cargo de la gestión y no hace nada más que decirnos que vuelvan todos los intendentes, los mismos punteros que nos precarizan, que pagan miserias en los municipios; mientras toda la derecha dice, grande Cristina, pero no se lo vamos a permitir. Por eso mañana vamos a discutir cómo enfrentamos la criminalización de la protesta y cómo salimos a luchar por lo que de verdad merecemos una vida digna, distinta donde los trabajadores podamos gobernar y decirle basta a todos estos ladrones que nos cagan el futuro”, expresó Mónica Sulle, dirigenta nacional del MST.

De esta manera, el viernes se reunirán la Unidad Piquetera y los movimientos sociales oficialistas nucleados en la UTEP para ir en unidad a las calles “contra el ajuste”.

En este sentido, también “llamaron a la intervención de la CGT”, que anunció que llamará para el 17 de agosto (dentro de 1 mes y 13 días) con la consigna “Por la unidad, contra la inflación”, a una marcha desde el Obelisco al Congreso.

Imagen: ANRed

Santiago del Estero: reprimen a trabajadores desocupados que se manifestaron contra el ajuste

En el marco de la jornada de lucha piquetera nacional, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, montó un operativo represivo contra los manifestantes de la Unidad Piquetera, con un saldo de heridos y la detención del dirigente del Polo Obrero, Sebastián Godoy, quien continuó siendo golpeado en el camión policial y fue liberado gracias a la movilización popular.

La respuesta represiva de Zamora es parte de una escalada de provocaciones de un gobierno provincial incapaz de atender los reclamos y necesidades urgentes de los y las trabajadoras desocupadas. Como en Jujuy, con Gerardo Morales, los gobernadores apelan a la represión contra un movimiento de lucha en ascenso, que sale a la calle a enfrentar el ajuste y a reclamar por trabajo genuino y asistencia social inmediata.

Desde la Coordinadora por el Cambio Social expresamos nuestra profunda preocupación por el rumbo económico, político y social que está tomando el gobierno condicionado por la decisión, desde el día mismo de su asunción, de acordar con el FMI el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta que contrajo (y fugó prácticamente en su totalidad) el gobierno de Mauricio Macri y sus aliadxs de los sectores concentrados de poder.

El cambio de ministrxs no planteó un cambio de rumbo, sino que las medidas de Batakis apuntan a profundizar el ajuste y a “calmar” los mercados descargando todo el costo de la crisis en quienes menos tienen. Pagar al FMI es incompatible con las promesas de campaña de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras; es incompatible con políticas públicas contra la violencia por razones de género, que sigue matando una mujer, lesbiana, travesti, persona trans o no binarie cada 30 horas; es incompatible con la implementación real del cupo laboral trans y mejoras en la situación laboral de miles de trabajadoras precarizadas; es incompatible con una educación y una salud pública de calidad; es incompatible con el acceso a la vivienda digna y la soberanía alimentaria.

Durante estos años de gestión, el Frente de Todos lo único que hizo fue profundizar el rumbo de la gestión macrista, con una caída a pique de los salarios -especialmente de las personas de más bajos ingresos- y una escalada inflacionaria que cada vez está más fuera de control y que para fin de año ya se calcula que ronde en el 90%. A su vez, las medidas orientadas a captar dólares impulsan el agronegocio y la explotación extractivista de nuestros bienes comunes y una nueva “teoría del derrame” que supuestamente favorece a los sectores populares e históricamente no ha hecho más que engordar las arcas de los ricos.

La salida de Martín Guzmán y la entrada de Silvina Batakis al ministerio de Economía (ex ministra de la gestión de Daniel Scioli y quien llevó adelante un ajustazo en la provincia de Buenos Aires) no hace más que confirmar este rumbo, con el anuncio de un paquete de medidas que muestran que el principal interés de este gobierno es cumplir las “metas” que plantea el acuerdo con el Fondo y por esto repite viejas fórmulas que no han llevado más que a profundizar las crisis y empeorar las condiciones de vida del pueblo: un fuerte ajuste sobre el gasto público que anuncia mayor flexibilización y precarización laboral, hospitales sin insumos y escuelas-bomba que matan a compañeres docentes, aumento de tarifas, más devaluación, menos presupuesto para jubiladxs, menos acceso a la vivienda, menos políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, personas del colectivo LGTB+, niñeces y juventudes.

A pesar de la escalada represiva, las persecuciones judiciales, las olas de allanamientos a nuestros espacios comunitarios y las falsas acusaciones mediáticas que hemos tenido que sufrir en estas últimas semanas, los sectores populares en lucha seguiremos movilizadxs en las calles, porque es la forma en la cual históricamente hemos conquistado nuestros derechos.

Los movimientos sociales somos parte de la solución y no el problema, somos quienes estuvimos en la primera línea enfrentando la pandemia en los barrios. Además, el trabajo que desarrollamos de forma cotidiana es el que garantiza necesidades tan básicas como la de que cada familia pueda tener un plato de comida en su mesa. La disputa interna del Frente de Todos por el control territorial es una política mezquina y vergonzosa que ataca nuestro legítimo derecho a organizarnos y erosiona las redes comunitarias construidas con años de esfuerzo y trabajo colectivo.

Por eso, llamamos también a salir en la mayor unidad, junto a trabajadores formales, informales, precarizadxs, y todas aquellas personas que realizan trabajos de cuidado, sin remuneración y no reconocidos, a pesar de ser quienes sostienen la trama social ante la crisis. ¡En estos tiempos en los que las condiciones de vida se hacen cada vez más difíciles, es fundamental como pueblo salir juntxs a luchar!

¡Fuera FMI! ¡Suspensión ya de los pagos e investigación de la deuda!¡Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza!

Foto: Jorge Medina @madygraf

Trabajadoras y trabajadores de la recuperada Madygraf marcharon para exigir la expropiación

Este jueves trabajadores y trabajadores de la empresa recuperada MadyGraf se movilizaron hasta la ciudad de La Plata. Los y las integrantes de la gráfica recuperada llegaron a la capital de la provincia de Buenos Aires para exigir que se apruebe el Proyecto de expropiación de la empresa. El mismo sería en beneficio de los mismos trabajadores. Su pelea es por la expropiación definitiva, pero vienen peleando en este momento para que se dé un primer paso con una expropiación por 5 años.

Eduardo “Chavo” Ayala, referente de la gráfica recuperada dijo que la movilización era parte de una jornada de lucha que se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a los movimientos sociales que marcharon a Plaza de Mayo.

“Estamos reclamando la Ley de expropiación. Los distintos bloques que conforman la Legislatura han mandado o han pasado por la fábrica. Pudieron constatar que es una fábrica que está funcionando, que tiene una actividad productiva muy interesante”, señaló.

Agregó, además, que “en estos 8 años que llevamos de gestión obrera, hemos incorporado nueva tecnología e impulsamos una producción para un producto nuevo amigable con el medio ambiente. También creemos que somos vanguardia en la implementación de eficiencia energética, implementando un sistema 4.0 para el ahorro de energía y reducir la contaminación del medio ambiente”.

Sin embargo, a pesar de eso, el proyecto de expropiación no ha avanzado. Los distintos bloques de la Legislatura no han avanzado en dar una resolución a este reclamo. Es por eso que los trabajadores y trabajadoras seguirán movilizándose y peleando por su reclamo.

Foto: Nuevo Jujuy

Allanamientos en Jujuy

A una semana de los operativos simultáneos en locales, merenderos y casas particulares los y las militantes de organizaciones sociales fueron notificados de que debían presentarse ante la Justicia. Las acusaciones incluyen delitos no excarcelables: extorsión y asociación ilícita.

El martes a la noche, seis días después de los 16 allanamientos simultáneos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, las y los allanados –que pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigación previa no están imputados por ningún delito– fueron notificados de que debían presentarse el miércoles 13 por la mañana junto con peritos informáticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestró la policía provincial.

El Ministerio Público de la Acusación, que Morales controla desde 2016, rechazó los planteos de sus abogados por las irregularidades en los procedimientos (en la mayoría de los casos les impidieron estar presentes) y también el pedido para que suspendieran las audiencias convocadas con pocas horas de anticipación. “Al cumplir cinco horas de audiencia pedí un cuarto intermedio, todos estamos cansados, incluso los propios funcionarios. Me rechazaron el pedido. Ya no podemos ver ni leer las actas”, apuntó el abogado Luis Paz el miércoles por la tarde, cuando ya llevaba ocho horas de audiencias.

“Acá no entiende el que no quiere. Intervención federal al Poder Judicial ya”, reclamó, en línea con el pedido de las organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que conforman el Frente Milagro Sala.

“Ante los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente políticas contra dirigentes de organizaciones sociales, sus locales, merenderos y comedores, entendimos que había una urgencia que ameritaba adelantar el viaje, y aquí estamos”, apunta Job de la Comisión de Solidaridad.

Elobjetivo más urgente que se plantea la Comisión de Solidaridad es impedir que las y los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. “Por las carátulas en principio pareciera que están orientando la investigación hacia los delitos de extorsión y asociación ilícita, lo que implica que, por el monto de las penas y por la arbitrariedad con la que actúa el Poder Judicial jujeño, podrían dictarles la prisión preventiva. En ese marco nos parece fundamental venir al territorio, mostrar solidaridad y evitar el agravamiento de una situación de por sí muy preocupante”, explica.

El segundo objetivo es continuar con la recolección de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal jujeño. “Recién comenzamos la asamblea y ya se acercaron varias comunidades originarias que están siendo violentadas o desalojadas o que les matan los animales en alianza entre policías, grupos paraestatales, Poder judicial y empresas que quieren quedarse con sus tierras. Ya estamos empezando a escuchar situaciones que exceden por mucho a los allanamientos, inclusive de compañeros y compañeras de movimientos sociales que fueron torturados durante sus detenciones”, apunta.

La Comisión está integrada por militantes de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos. Para este jueves esperaban la llegada de Pablo Pimentel, de la ADPH Matanza, y de la diputada Natalia Zaracho. Entre los presentes, Job apuntó a “compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, del MTE de La Plata, de la CTA-A” y destacó que “por primera vez (la Comisión) cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia”, no sólo por su presencia (es coordinador de la regional zona centro) sino también de los coordinadores del NEA y el NOA. “Estamos acompañando y tratando de aportar herramientas porque entendemos que nuestra función en el Estado es defender las instituciones democráticas y los principios que tienen que ver con el acceso a la justicia”. “Jujuy atraviesa una situación sumamente preocupante en términos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garantías constitucionales y penales. Todo eso en Jujuy está en suspenso a partir de la decisión de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecución”, destacó.

Foto: La Izquierda Diario.

Marchan en Jujuy contra el ajuste, la criminalización de la protesta y los ataques a las organizaciones sociales

El jueves 14 organizaciones sociales agrupadas en la “Unidad Piquetera” marcharon por las calles del centro jujeño en el marco de una “jornada nacional de lucha contra el hambre y la pobreza”.

Además de rechazar la criminalización de la protesta y expresar repudio a los allanamientos en la provincia, levantaron el reclamo por bonos de emergencia para precarizados y desocupados, trabajo genuino, asistencia a comedores y merenderos populares. También expresaron el rechazo al ajuste pactado con el FMI.

Desde la semana pasada, el Ministerio Público de la Acusación viene mandando a la policía a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones sociales. Imagen: Edgardo Valera

Allanamientos, multas, detenciones y causas armadas: El manual de la persecución a las organizaciones sociales en Jujuy

Después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, y aprovechando el debate sobre la administración de los planes sociales, la estructura judicial que responde a Morales profundizó su asedio a las organizaciones populares. Página/12 recorrió distintos barrios de la provincia y recogió la palabra de dirigentes y militantes sociales, quienes relataron las modalidades con que son perseguidos por movilizarse para conseguir comida para merenderos o reclamar por derechos básicos. “Parece que luchar es un crimen”, dicen.

Por Irina Hauser.

Desde la semana pasada, el Ministerio Público de la Acusación viene mandando a la policía a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones sociales.

“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos”. Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. “Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?”, se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.

La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia –como la Economía popular– y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.

Contravenciones y aprietes

“Parece que luchar es un crimen”, vuelve Miguel, que tiene 53 años. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestramérica, donde se comparten bizcochitos. A tres sillas de él habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el símbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los pómulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. “El viernes nos llegó una cédula contravencional, por la movilización de los 20 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán.

A notificar vinieron ocho policías en una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio”, dice. Con el hijo por llegar, tendrá cuatro “y tres contravenciones”. A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos años después de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del ministerio de Salud.

Sebastián Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compañeros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tránsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: “Uno penal, que está cajoneado, y uno contravencional”. “Me pusieron una multa de 400.000 pesos”, precisa.

Miguel Ramos recuerda que después que detuvieron a Milagro Sala “la gente no se animaba a nada”, pero con el tiempo y la pobreza la lucha siguió. Cuenta sus contravenciones con resignación para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que causó conmoción en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres años infiltrado un agente de la Policía de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hacía pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa lo denunció por violencia de género. Lo denunciaron, pero nada pasó.

La doble vara es explícita: a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice “se lo busca sin vida”. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. “No prueba más que nuestra militancia en los barrios”, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. “Hay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campaña me marcan con un círculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen ‘fan destacada de AJI-20”, cuenta. “¿Cómo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?”, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los últimos allanamientos masivos.

Los allanamientos

El fiscal Funes es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dirige Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de género. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mandó a la policía y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán. Fue una excursión de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quería información de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociación ilícita –usada para meter gente presa– y extorsión por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.

Daniel Galián, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la mañana del miércoles en la casa donde viven su papá, dos sobrinos pequeños y dos tías en Alto Comedero. A él y su padre los encañonaron y los esposaron. “Nos tuvieron así hasta las 12. Pusieron como excusa que no tenían papel carbónico para hacer el acta.” Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maurín, de Nuestramérica, le golpeó la puerta temprano “un hombre con una escopeta en la mano”. Además de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.

“Desde que llegó Morales y se creó el MPA, empezaron con represión en una marcha a la Legislatura, luego órdenes de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario El Tribuno”, cuenta José Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, socio político de Morales, con quien diseña la estrategia para 2023. Surita, de 55 años, también fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimará, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llamó la policía: “¿Anda por Maimará? Pasa que queremos retirar la consigna. ¿Podrá volver?”, le preguntaron. Parecía una broma.

Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscalía y les dijeron que, por ahora, no hay imputación para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Están todos con temor de detenciones porque conocen la tradición. El día de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.

Mensajes y debates

Ivone Aparicio es una suerte de mujer “todoterreno” en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Galián fue un mensaje: “El es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira”, dice, en una época donde apenas les llega alimento. “Yo tengo contravenciones. Mi mamá que tiene 73 años fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete policías que mandaron para notificarme. Se enojó y me dijo: ‘qué vergüenza, ni con tus hermanos paso esto’”, explica. Ivone desearía que su madre y tantos entiendan que “en los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio”. Ella trabaja “con chicos con consumos problemáticos” en un espacio llamado Vientos de Libertad. “La mayoría está en situación de calle”, alerta. Otra de sus tareas es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. “Buscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaudás sos una asociación ilícita. Nadie vive con el Potenciar Trabajo y nos encantaría un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente”, se enorgullece.

Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestramérica dan clases en modo taller para gente de 16 años, hasta más de 55. “El plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educación popular”, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan títulos oficiales, que quedan reservados para la gestión privada. “No hay legislación de gestión social en la provincia”, dice Malka. “Ahora –suspira– quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo”.

Policías y ladrones

Fani Martínez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de seis, para un pueblo de 7.500 habitantes donde “no hay correo ni cajero automático, sólo un hospital”, dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resolución de la fiscalía, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la policía robó 15.000 pesos de su casa. Lo más insólito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada “reconoció lo de la plata y me la devolvió”.

“Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba.” Cuando le insistió al jefe policial que quería saber qué estaba pasando, la respuesta fue: “Fuimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno”. “Yo trabajo en la organización, dicen que les sacamos plata a los compañeros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bolsón con mercadería sino con obras”, señala la concejala que aspira en las próximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos décadas en el cargo y pasó por todas las fuerzas políticas.

En Lozano

Lozano es un pueblito en la montaña lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el único de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. Allí vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 años. “Empecé atendiendo a 15 chicos hace ocho años, hoy son 120”, cuenta mientras amamanta a su bebé. “El intendente (Santiago Tizón) no nos da mercadería para poder dar de comer y administra más planes que nosotros, que al final somos los acusados.”

La semana pasada la policía se llevó documentos personales de muchas de las personas que asisten allí como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero sí con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones”. Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayoría mujeres. Es una tarde especial, de “repostería”. Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate también) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.

Foto: Ansol

La CNCT en Jujuy

Alrededor de todo el país, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) está llevando proyectos de construcción y urbanización. En la Provincia de Jujuy, el cooperativismo también comenzó a apostar al desarrollo para los sectores más vulnerables. El proyecto de reurbanización está liderado por la CNCT y coordinadas por la Federación de Cooperativas Unidas (FECOOTRAUN) Jujuy.

Inés Laura Rodríguez, presidenta de FECOOTRAUN Jujuy, amplió en diálogo con AnSOL: “Comenzamos una obra a través de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) de veredas en el barrio San Martín de Monterrico. Es un barrio popular en el cual estamos haciendo las veredas de 6 manzanas”, agregó que el trabajo lo realiza “la Cooperativa San Antonio, que tiene 20 personas trabajando en este proyecto que ha comenzado el 1° de junio de este año.”

Inés también comentó que “el San Martin estaba muy dejado. Tenía muchas aguas servidas en la calle, tiene muchas familias de bajos recursos con carga familiar, hoy tampoco tienen tendido de luz ni red de agua. Entonces, se ha dado prioridad por la situación en la que viven”

FECOOTRAUN también llevó adelante otros proyectos similares hace varios años, como contó su presidenta: “Venimos trabajando desde el año 2013, comenzamos con 10 cooperativas, hoy tenemos 55 cooperativas en toda la provincia y en distintas localidades. Cada una de ellas venía trabajando hasta el año 2015 haciendo vivienda, vereda, cloaca, núcleos húmedos, hicimos un hogar de ancianos que ha quedado a medias en Monterrico” y sumó “también estamos haciendo el tema del reciclado, trabajan las cooperativas haciendo todo, juntando latas, botellas y papel.”

Los proyectos para mejorar los barrios también están presentes en la proyección a futuro de la Federación: “Otro proyecto que queremos finalizar son las viviendas que han quedado a media construcción en el 2015, que son 28 viviendas en Monterrico, estamos viendo el trámite para dar la finalización de la obra. También presentamos a la SISU distintos proyectos, como veredas en el Barrio Guadalupe, y en el barrio Néstor Kirchner hemos presentado el proyecto de conexiones intradomiciliarias de agua y luz” agregó Inés.

Foto: Tiempo Argentino

UTEP reclama al Congreso la Ley de Tierra y una Empresa Nacional de Alimentos

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó este jueves una feria popular frente al Congreso de la Nación para pedir la sanción de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, con “propuestas concretas” para “mejorar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que más lo necesitan”.

Desde la 10 se desarrolló una “una gran feria” con productos y actividades de las diferentes ramas de la Economía popular, informó la UTEP en un comunicado y señaló que el cierre de la actividad estaba previsto para las 15 con un acto en el que “buscará visibilizar el rol de los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo del sector”.

El referente de la UTEP, Rafael Klejzer, dijo que “dentro de las propuestas urgentes aparece con suma prioridad la necesidad de pensar una nueva forma de producción, comercialización y distribución de nuestros alimentos”.

Asimismo, explicó que “durante la jornada vamos a realizar una reunión de trabajo con el diputado nacional Leonardo Grosso, con quien vamos a avanzar en el proyecto de Ley para la creación de una Empresa Nacional de Alimentos”.

“Es necesario apostar a una sociedad entre el Estado, los pequeños productores y la Economía popular, para ponerle freno a la ambición y la especulación de los grandes oligopolios que hoy controlan nuestras góndolas y nuestros precios”, sostuvo el dirigente social en el comunicado.

La feria de la UTEP mostró la actividad de la Economía popular y el perfil de sus trabajadores. Lo más novedoso fue todo lo relacionado a la construcción: por ejemplo, a la plaza de Los Dos Congresos fueron bloqueras que están haciendo adoquines para la urbanización de barrios, cooperativas que fabrican ventanas de aluminio y empezaron a venderlas en sus municipios, para viviendas sociales. También mostraron lo suyo cooperativas que hacen obras de conexión del agua potable, otras que hacen techos, de extensión de cloacas, de capacitación para colocar termotanques solares. Son avances que reflejan pasos en la integración vertical del sector: las obras que urbanizan los asentamientos dan trabajo (en parte) a cooperativas de albañiles y plomeros, que compran (parte) de sus insumos a bloqueras o carpinterías populares. Es frecuente que las cuadrillas encarguen su ropa de trabajo a polos textiles de la Economía popular, e incluso borceguíes de seguridad. Pero claro, la escala de este desarrollo aún es corta: por ahora son ejemplos que muestran lo que es posible hacer. Necesitan de más acompañamiento para multiplicarse.

“Empezamos con la bloquera hace dos años”, contó por ejemplo Gabriel Blanco, de la cooperativa Rompiendo Cadenas, de José C. Paz. Su cuadrilla fabrica bloques y adoquines. Sus compradores son compañeros de la organización y vecinos. Hace seis meses, sin embargo, recibieron un primer encargo grande, de otro MTE, y ahora están haciendo baldosas para el tendido de veredas en su municipio y en el vecino, de Malvinas Argentinas.

La bloquera, como proyecto, funcionó. Sin embargo, están esperando que técnicos del INTI, convocados por la Secretaría de Economía Social, los capaciten para lograr la certificación de los bloques. “La capacitación, el acceso a máquinas mejores, todo eso es un gasto. Y viene demorado”, apuntó Blanco. Una inversión que tal vez, en el marco de los anuncios de Batakis, no se cumpla.

¿Qué otras producciones había? Muchas textiles, que están con viento a favor por el cierre de las importaciones. También sus trabajadoras están pidiéndole al INTI, desguazado por el gobierno de Mauricio Macri, que les den más capacitación, pero les dicen que no tienen el personal necesario, el macrismo despidió a la mayoría. Con el congelamiento de las designaciones en el Estado, este panorama difícilmente pueda mejorar.

La agricultura familiar llevó puestos de verduras agroecológicas, que ya son bien conocidas entre los consumidores. Había además panificadoras, en gran número. Los pescadores artesanales llevaron para su venta pescado de río y de mar (quieren una ley que los reconozca, para no ser perseguidos, y el acceso a equipos de frío propios, para no quedar presos de los grandes frigoríficos que les pagan poco y a destajo, y destinan el pescado a la exportación).

En los puestos de las herrerías casi todas las consultas fueron sobre el precio de las parrillas para balcón. En el área de desarrollo informático lo más llamativo fue una cooperativa del Comedor Los Pibes, de La Boca, que recicla computadoras. Fueron también trabajadoras sociocomunitarios, de comedores, espacios de cuidado de niños. Y la rama de vendedores ambulantes.

Para cerrar la feria hubo un acto en reclamo de que sea debatida la ley de Tierra, Techo y Trabajo (a lo que algunas organizaciones sumaron el salario universal). En el escenario, la UTEP recibió a una delegación de la Unidad Piquetera que se acercó al Congreso a mostrar un frente común contra la criminalización de la protesta. Lo mismo habían hecho, más temprano, el titular de la UTEP, Esteban Castro, y el de la CCC, Juan Carlos Alderete, al acercarse a la concentración en la Plaza de Mayo de la Unidad Piquetera.

Castro adelantó que el conjunto de los movimientos sociales va a reunirse este viernes para acordar una movilización en conjunto a Tribunales por la libertad de Milagro Sala.

Para la semana próxima quedó esbozada, así, una movilización de todos los movimientos contra la judicialización de las organizaciones sociales. También está anunciada una movilización, el miércoles 20, por el salario universal.

El acercamiento entre los movimientos de la UTEP y las organizaciones de la izquierda, apoyado en hacer frente a la criminalización y oponerse a los recortes del gasto anunciados por Economía, expresa una lectura común: el rechazo a que la balanza se incline en favor del ajuste.

Foto: Presidencia de la Nación

Alberto Fernández se reunió con las organizaciones sociales afines al Gobierno

Los movimientos sociales, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron el miércoles una marcha con cortes en todo el país para el próximo miércoles 20, en el marco de un plan de lucha que se definió en asambleas, en demanda de la creación de un Salario Básico Universal y un “aumento de emergencia para los trabajadores”.

La asamblea principal se realizó el mediodía del pasado miércoles en el Hall Central de la Estación Constitución del Ferrocarril Roca, con la participación de referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), como Juan Grabois, el Polo Obrero y la CTA Autónoma.

Por otra parte, Alberto Fernández recibió a la tarde en Casa Rosada a organizaciones sociales afines en el marco de un escenario signado por una crisis económica que se intensificó tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía.

Fueron parte del encuentro, los referentes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, representantes de la Túpac Amaru, otros de los referentes que asistieron esta tarde al encuentro con el Presidente de la Nación fueron: Esteban “Gringo” Castro, Ángel Adolfo Borello, Cristián Javier Romo, Alejandro Garfagnini, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Laura Pugliese, Alejandro Abregú y Luciano Álvarez.

El llamado del Gobierno hacia las agrupaciones sociales también permite una lectura en relación a que en el último tiempo tanto los movimientos afines como los opositores se volcaron a las calles de manera masiva para reclamar ante un marco de crisis económica y creciente inflación.

En relación a las asambleas, la referente del MTE, Dina Sánchez, informó que en el encuentro se convocó a “una enorme movilización con cortes para el próximo 20 de julio”, en reclamo de un salario universal y un aguinaldo para programas como el Potenciar Trabajo.

“Somos millones de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular en Asambleas Barriales para luchar por un #SalarioBasicoUniversal que garantice un plato de comida y para que nadie este por debajo de la línea de la pobreza”, publicó Sánchez en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Conformamos el sector de la Economía popular organizada. Nos inventamos nuestros propios trabajos, y gracias a la organización y lucha logramos dotarlos de derechos y mejores condiciones productivas. Pero, hay 7.5 millones de personas que no están organizadas, trabajan por su cuenta y no tienen un piso de ingresos que garantice la subsistencia. Para ellos necesitamos un salario básico universal”.

También participó de la asamblea en Constitución el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, quien sostuvo: “Hoy es necesario aumentar el salario de activos y jubilados, aumentar el salario mínimo, e implementar el Salario Básico Universal”.

Otro referente que asistió a la convocatoria fue Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, quien realizará una marcha este jueves a la Plaza de Mayo.

“Luego de la marcha de mañana discutiremos si nos sumamos a la movilización del 20, pero seguramente estaremos en las calles porque compartimos con estas organizaciones la necesidad de luchar en las calles y exigir un paro nacional general a las centrales obreras”, indicó el dirigente.

El dirigente del Polo Obrero confirmó que extendió la invitación al MTE para que acompañen la movilización convocada para el jueves por las organizaciones piqueteras de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera, que consistió en una marcha desde del Obelisco a Plaza de Mayo.

En tanto, desde la CTA Autónoma aseguraron que la asamblea servirá para “discutir un piso de ingresos” y para “avanzar en el Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales”.

Foto: Presidencia de la Nación

Gringo” Castro anticipó que insistirán por el Salario Básico Universal y pidió “organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos”

Luego del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en El Calafate, el secretario General de la UTEP, gremio conformado por las organizaciones sociales, manifestó que “se bajó el tono de la confrontación interna”.

El dirigente planteó la necesidad de “construir espacios de discusión” y sostuvo que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular van a insistir con el Salario Básico Universal.

Esta semana, el gobierno comunicó que “no está la posibilidad en este momento de avanzar con un Salario Básico Universal”. Al respecto, el secretario general de la UTEP Esteban “Gringo” Castro declaró: “Me parece que hay que charlarlo mejor”.

Además, aseguró que van a empujar la medida y “también con el resto de los proyectos que tenemos en la ley marco de Tierra, Techo y Trabajo”.

Consultado por la discusión interna respecto de “la tercerización de los planes sociales”, Castro explicó que para su sector la asistencia estatal representa “un salario social complementario porque transformamos el plan social en trabajo hace muchos años”.

El referente de la UTEP opinó que es necesario construir espacios de debate sobre “temas complejos, en los que todos tienen algo para decir” para evitar que la interna se desate en los medios de comunicación y destacó que esta semana “se bajó el tono de la confrontación que había tomado demasiado vuelo”.

En ese sentido, desdramatizó la falta de acuerdos al interior del Frente de Todos: “Las tensiones con los trabajadores existieron hasta con Perón. No hay que tener temor”.

Por último, pidió coordinar acciones entre los diferentes sectores para marcar el descontento con la situación inflacionaria: “Hay que organizar una marcha con piqueteros, CGT y CTA contra los aumentos especulativos”.

Foto: InfoGremiales

La CTA Autónoma le responde a Cerruti con una convocatoria a asambleas en los barrios y en los espacios de trabajo para discutir el Salario Básico Universal

En los últimos días varios sectores se hicieron eco del reiterado pedido que tanto la CTA Autónoma como otras organizaciones del campo popular vienen exigiendo para garantizar que miles de personas puedan salir de la indigencia y de la pobreza a través de un Salario Básico universal.

Sin embargo, las recientes afirmaciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti explicando que “no cierran los números” para avanzar en estas iniciativas y la falta de medidas concretas intentan aplacar cualquier iniciativa para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Mientras tanto no cesa la fuga de capital, el enriquecimiento permanente del sector financiero y la remarcación de precios, todas actividades especulativas que repercuten a diario en los bolsillos de la clase trabajadora.

Foto: Canal Abierto

Persecución judicial a dirigentes cooperativistas en Misiones

La CTA Autónoma de Misiones denunció una maniobra que involucra al gobierno y la Justicia provinciales en el desplazamiento de la conducción de la Cooperativa Eléctrica de Oberá Limitada (CELO). De la misma participan socios de la propia entidad que, según la denuncia, buscan restituir el control de la prestadora energética al partido gobernante Frente Renovador para la Concordia Social.

Las maniobras se dan a desde Energía Misiones Sociedad Anónima (EMSA), una empresa mixta con capital mayoritario del Estado provincial cuyo control político está bajo el oficialismo y que recibe la energía de CAMMESA, la mayorista de energía eléctrica del país. EMSA es la encargada de brindarle la energía a CELO y a las demás cooperativas que operan en territorio misionero.

La situación comenzó con el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, lo que originó que la deuda de CELO con EMSA llegara a unos $ 1.000 millones contando intereses a comienzos de este año.

Esa es la situación de la que se agarró EMSA para intimar a CELO al pago de una deuda de $ 1.000 millones, de los cuales unos $ 350 millones correspondían a capital y unos $ 650 millones a intereses. La particularidad es que es la única de las nueve cooperativas energéticas de Misiones que se encuentran en esta situación. Al resto, que se encuentra en situación similar, le fueron condonados los intereses de sus deudas.

En lo que señalan como el comienzo de la ofensiva contra la dirigencia de la CELO, la presidenta de EMSA Virginia Kluka pidió a la Justicia el embargo de las cajas de recaudación de la cooperativa y dejó abierta la posibilidad de avanzar con el embargo de los bienes de los directivos. A fines de mayo la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó el embargo en base a la deuda de los periodos 1 y 2 de 2022. Al mes siguiente, amplió los embargos.

La CELO manifestó voluntad de pagar la deuda, pero pidió una quita de los intereses, por señalarlos como usurarios. La negociación fracasó por falta de voluntad de EMSA de llegar a un acuerdo. En la misma llegó a participar el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad. En una medida inédita, para principios de junio, EMSA tomó el control de las cajas de recaudadoras de la CELO en la sede central y otros tres puntos de cobro.

Inmediatamente, la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, designó a la contadora Midoyi Kariyama como Fiscalizadora Administrativa y Financiera de la CELO, con lo cual intervino la administración de la cooperativa.

Pocos días después, una reunión de Consejo de Administración convocada de manera que se denuncia como irregular por consejeros y socios de la CELO decidió el desplazamiento de sus cargos del presidente y vicepresidente de la misma Pedro Helge Andersson y Jorge Gabriel Duarte sobre el planteo de que habían incurrido en administración irregular. Lo llamativo de la situación es que en el mismo acto fueron nombrados vocales.

Duarte es Secretario General de la CTA Autónoma y ATE provinciales. Esto puso luces de alerta en ambas organizaciones. La central emitió un comunicado en el que, además de poner en conocimiento la trama tras el desplazamiento de las autoridades de la cooperativa expresó que “el gobierno del Frente Renovador avanza peligrosamente en la persecución política de dirigentes sociales y políticos, que en sus ámbitos de actuación han sido coherentes con las defensas de los derechos de los sectores que representan. Es también un claro ataque contra ATE y CTA-A, de las cuales Jorge `Koki´ Duarte es el Secretario General y al frente de las cuales tiene una actuación intachable.”

Además de energía eléctrica, desde que Andersson y Duarte llegaron a su conducción la CELO comenzó a brindar servicios de agua y saneamiento, telefonía, conexión a internet, distribución de gas envasado y sepelios. Hasta entonces, sus directivos eran parte del oficialismo y oficiaban de trampolín para la carrera política.

En el marco de la intervención de la cooperativa, Andersson y Duarte fueron denunciados penalmente y deberán presentarse a declaración indagatoria en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Posadas.

En el comunicado de la CTA Autónoma, se advierte que esta situación “no sólo afecta a quienes fueron denunciados, sino que pretende disciplinar a todos los dirigentes que aun hoy se mantienen críticos al Frente Renovador.”

Los cerros y el agua, bienes comunes amenazados por la magaminería. Foto: Marianela Gamboa

Contra megaproyecto minero en Catamarca

Por Marianela Gamboa-Agencia Tierra Viva

El oeste de Catamarca sigue movilizado en rechazo al megaproyecto minero MARA, impulsado por el gobierno provincial y nacional. A pesar de las represiones y cárcel para asambleístas, se mantiene el acampe en Choya y las marchas de los sábados en la plaza de Andalgalá. “No es no”, reiteran vecinos y vecinas que priorizan el cuidado agua y la salud.

“¡Hay que subir al Aconquija y paralizar las máquinas!”, dice don Raúl Barrionuevo en la plaza principal de Andalgalá, en la caminata que se realiza los sábados en rechazo a la megaminería. Hace dos meses que la Asamblea Aguas Claras del distrito de Choya (en Andalgalá) sostiene un acampe a más de 3.000 metros de altura, cortando el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera). El objetivo: evitar que siga con la exploración avanzada del proyecto minero que, denuncian, ya afecta la salud de todo un pueblo.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de la empresa Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización y que ni siquiera presentó el informe de impacto ambiental.

Caminatas por la vida
Hace más de once años que se realiza una acción inigualable a nivel latinoamericano y global: la “caminata por la vida”, cada sábado desde la represión del 15 de febrero de 2010. Caminata que sigue sosteniendo como consiga que Agua Rica-MARA no tiene licencia social en Andalgalá, que los pueblos no quieren megaminería.

En la previa de la Caminata 644 (del 4 de junio), vecinas y vecinos de Choya invitaron a la asamblea —su espacio de encuentro— para poder registrar sus voces y comunicar algunas de sus denuncias, entre ellas la violación de derechos humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablaron del respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante “no es no”, que los gobiernos nacional y provincial desoyen.

Al llegar a Aguas Claras lo primero que se reconoce es la callecita donde, en medio de la noche y la represión del 3 de mayo, más de siete efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera, que se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

Los grupos de choque liberaban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos (jóvenes, adultos y ancianos), de los cuales unos pocos se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica. Esos vecinos y vecinas son los mismos que, posteriormente, recibieron citaciones de la Fiscalía.

Mientras se comparte la comida, vecinos y vecinas de distintas generaciones narran cómo viven la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial. Algunos integrantes de mayor edad no se cansan de decir que el tiempo es ahora, que van a luchar hasta las últimas consecuencias. Se escucha: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas”.

Resistir y no rendirse es un cotidiano. Es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que MARA-Agua Rica es una “sentencia de muerte” para las comunidades. Orgullosos comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional. “Hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua”, explican.

Una joven relata que todavía hay vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que no denuncian porque, de hacerlo, luego las persiguen.

Así suceden las cosas en Andalgalá. Las y los vecinos afirman que la complicidad Estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, empleados estatales de un hospital que no atienden a los heridos y detenidos por ser “antimineros”, e incluso filtran sus datos a la Policía y Fiscalía para luego inculparlos de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta. Desde la Asamblea reiteran que exigen un ambiente sano, aguas claras para sus hijos e hijas, para los animales, para la tierra y para la vida de todo el pueblo choyano, para todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas cinco o seis familias “no están en contra de la minera”, según relatan los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a doce kilómetros del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47.

Por el futuro de los niños y niñas: el agua no se toca

La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina. Relatan sobre las niñas y niños enfermos en marzo pasado, muchos con diarrea, vómitos y problemas estomacales por beber el agua que bajaba sucia del cerro, afectada por los derrumbes que provocó MARA. En el hospital fueron atendidos pero no les quisieron dar certificados ni explicar por qué tenían esos síntomas. Sin embargo, la escuela 217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” (los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento).

La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, que pidió informes al gobierno provincial, responsable de autorizar a MARA para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o por el mismo Ministerio de Minería que —es bien sabido en Catamarca—, tiene sus intereses puestos en que el proyecto minero avance.

La contaminación del agua fue uno de los motivos que impulsó a asambleístas a recorrer las vertientes. Los videos muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un alto componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas. Es decir: las acciones del proyecto MARA ya afecta al destruir zonas del cerro por donde antes —relatan los vecinos— se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se afecta de forma contundente espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales. El río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada. Desde la Asamblea resumen la situación con una vivencia concreta del lugar: “Cada día más gente de Andalgalá toma agua de bidón. Antes la gente de Choya tomaba agua de la acequia, era agua pura”.

Foto: La Izquierda Diario

Arrancó el primer taller de RCP en la ex Clínica San Andrés de Tres de Febrero

El 1° de julio, a 18 meses de haberse fugado la patronal heredera y usurera Surachi, va a quedar en la historia del distrito y de las y los trabajadores de la Salud. Un mojón más que marca el poderío de la clase trabajadora y que habla de su esencialidad. “No fue fácil, pero acá estamos. Abriendo las puertas a la comunidad”, dijeron los presentadores y referentes de las y los trabajadores de “la coope” como cariñosamente le dicen.

Fuentes: Redacción Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página 12, La Izquierda Diario, Ansol, Red Eco Alternativo.

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