Inicialmente el ahora exjefe de Policía Comunal de Laprida, comisario inspector Marcelo Amaya, y el exjefe de la estación de la misma fuerza y ciudad, comisario Cristian Barrios, habían sido trasladados a la ciudad de Tres Arroyos para continuar allí cumpliendo sus funciones, a pesar de ser los responsables jerárquicos de la comisaría donde fue asesinada Daiana Abregú el 5 de junio pasado, mientras se encontraba alojada bajo custodia policial. A raíz de una nota remitida al gobernador bonaerense por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ambos policías fueron finalmente desafectados mientras dure la investigación penal, además de haberse llevado a cabo la intervención de aquella dependencia policial.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entidad que cuenta con doce regionales en la provincia de Buenos Aires, y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, remitieron el 21 de julio una nota al gobernador Axel Kicillof, a fin de transmitir la preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social.
Se trata del traslado de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia.
“Tal práctica, que es habitual y se remonta en el tiempo, es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito (…) A ello se le suma la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada, la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos”, afirmaron los organismos.
Y agregaron que “la persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –número 13482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación como en la Provincia”.
La misiva se presentó ante el gobernador luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense ordenara los traslados del ahora exjefe de Policía Comunal de Laprida, comisario inspector Marcelo Amaya, y del exjefe de la estación de la misma fuerza y ciudad, comisario Cristian Barrios, a una dependencia de Tres Arroyos luego de la muerte de la joven Daiana Abregú ocurrida el pasado 5 de junio en aquella estación de Policía Comunal.
Para la CPM y la ADPH, los policías debían haber sido separados preventivamente de sus cargos ya que ambos resultan ser –cuanto menos- responsables funcionales de la muerte de la joven.
Por estas razones se solicitó «al señor gobernador se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada”, concluye la nota, que lleva las firmas de los tres copresidentes de la APDH (Soledad Astudillo, Guillermo Torremare y Eduardo Tavani) y de los copresidentes de la CPM (Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos), además del integrante y secretario ejecutivo de este último organismo, Roberto Cipriano García.