La Cámara de apelaciones de La Matanza definió que los policías acusados del encubrimiento del asesinato de Lucas Verón deberán someterse a juicio por ese delito. Se trata de tres funcionarios que intentaron desviar la investigación amenazando testigos y manipulando actas. Sus defensas habían apelado la elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de los policías pero el tribunal de alzada rechazó el pedido ratificando la decisión inicial del Juzgado de garantías. La próxima semana serán juzgados los oficiales que balearon al joven.
El entonces segundo jefe departamental de La Matanza Diego Ocampos , el comisario Daniel Quinteros y la suboficial María Giselle Genez son los tres funcionarios policiales que serán enjuiciados por sus acciones en torno al crimen de Lucas Verón. El joven fue asesinado por los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez y Cintia Duarte que serán juzgados la próxima semana por el homicidio.
Alrededor de su muerte se investigaron otros delitos y se abrieron nuevas causas: una por la actuación de los compañeros de fuerza de Duarte y Benítez y otra por la del fiscal Juan Pablo Tahtagian a partir de denuncias que la familia realizó acompañada por la Comisión Provincial por la Memoria que asumió desde un principio el patrocinio legal de la familia en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
En el expediente que investiga el encubrimiento y la participación de estos funcionarios la Jueza de garantías N° 1 de La Matanza, Mary Mabel Castillo, había acreditado en una primera instancia que el Jefe Ocampos amenazó a testigos para que declaren falsamente contra su voluntad en el marco de las tareas investigativas en torno al crimen de Lucas; también fue quien los condujo engañados a la comisaría junto a integrantes de la familia Verón y privó a ilegalmente de su libertad a dos de ellos de manera temporal, incluso en el caso de un menor de edad. Además modificó en el acta de procedimiento sus declaraciones. De esas acciones participaron también el comisario Quinteros que garantizó el encierro ilegal de los testigos y la suboficial Genez que avaló la firma de actas que habían sido fraguadas.
La jueza imputó a Ocampos como autor del delito de amenazas coactivas y falso testimonio y coautor del delito de falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad todos ellos en concurso real entre sí y Quinteros como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad. Los policías habían apelado la decisión del Juzgado de garantías de llevarlos a juicio pero ese recurso quedó desestimado. En casación los Jueces Jorge Fabian Van Staden y Felix Adolfo Lamas analizaron la solicitud y entendieron que el pase de la causa a la instancia de juicio estaba justificada por la prueba colectada hasta el momento, suficiente para evaluar y arribar a una decisión definitiva en torno a la responsabilidad penal de los imputados. Genez está acusada del delito de falsedad ideológica.
LA CPM denunció ante la Auditoría de Asuntos Internos estos hechos, solicitando también la sanción administrativa correspondiente. Los policías involucrados en el caso, tanto los acusados por el homicidio como por el encubrimiento, fueron pasados a disponibilidad.