Según lo publicado por Proyecto Generar, solo cinco provincias argentinas tienen más del 50% del personal judicial capacitado en materia de género.
Escuchar el reporte desde Radio Ahijuna de Quilmes, Buenos Aires.
Después de casi un año, se dieron a conocer los análisis y reflexiones acerca de la encuesta que realizó el Proyecto Generar para monitorear el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Las preguntas fueron monitoreadas por las organizaciones Abofem, la Fundación Micaela, Católicas con el derecho a decidir y Fladem Argentina. A más de tres años de la sanción de la normativa (que lleva el nombre en conmemoración de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner), sólo cinco provincias argentinas cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).
Según las conclusiones que expuso Proyecto Generar, el 17% no respondió (Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan), mientras que el 46% de las jurisdicciones respondieron de manera parcial e incompleta. “No solamente no sabemos si cumplen la ley micaela, si no que incumplieron la ley de acceso a la información pública”, criticó Marianela Flores Díaz, presidenta de Proyecto Generar, en diálogo con Radio Ahijuna.
Solo siete jurisdicciones respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
“La ley micaela no tiene solamente la obligatoriedad para los tres poderes del Estado, si no que además en su reglamentación dice qué requisitos tiene que tener una capacitación para que se cumpla efectivamente esa ley. No es que hago un cursito aislado de una horita y ya cumplí con la Ley Micaela. Eso es un error”, opinó Flores Díaz.
En sentido, una vez hecho el relevamiento, aseguró que “el cumplimiento de la ley micaela es deficitario, incompleto, insuficiente y se necesita urgentemente que esto tome importancia para los poderes judiciales y se pueda resolver”.
También se refirió a la importancia de cumplir con la normativa: “La perspectiva de género es transversal. Entonces, cuando un juez o jueza decide no solo aplica la perspectiva de género en un foro de violencia de género, si no también en un juzgado penal, laboral o en un juicio civil”.