Lo dijo Griselda Galarza, vicedirectora de la escuela en la que intervino Gendarmería la semana pasada. Galarza habló acerca de la problemática de violencia por el narcotráfico y de la falta de abordaje del Estado. Fue en el programa Hora Libre de Radio La Retaguardia.
Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías Bregante. Redacción: Julián Bouvier. Edición: Fernando Tebele.
En la Escuela Media N°3 del Distrito 19 “Carlos Geniso”, del barrio Illia, en el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado jueves se vivió una situación de violencia entre familias, que terminó con la intervención desmedida de Gendarmería. Todo giró alrededor de la problemática del narcotráfico y la falta de abordaje de las instituciones estatales.
La vicedirectora de la escuela N° 3 del Distrito, Griselda Galarza, además referente de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, contó cómo fue el hecho que desembocó en el ingreso de la Gendarmería a la escuela: “El jueves pasado ingresó un número desmedido de gendarmes, en el marco de un conflicto entre familias dentro de la escuela que fue inmanejable. Ese conflicto tiene una historia, que no está siendo abordada ni escuchada por ningún ministerio”, señaló. “La escuela está en una zona pegada al Barrio Illia, pero la población de la escuela está compuesta también por personas del Barrio Illia 2, el Rivadavia 1, en el Rivadavia 2, y el Barrio Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Toda esa población en el censo de 2010 alcanzaba las 70 mil personas, y en este último censo es difícil de precisar porque sabemos que no fueron censadas todas las personas, por lo que hablamos con vecinos y vecinas.
No es la primera vez que Galarza llama la atención en torno de la problemática del narcotráfico. Durante la charla explicó lo que viene sucediendo: “Lo que ocurre hace ya mucho tiempo es que hay enfrentamientos intrabarriales sin ningún tipo de abordaje estatal. Porque cuando el Estado se ausenta y asume una especie de autorregulación está, de alguna manera, liberando el territorio. Eso sucede hace muchos años”. También contó puntualmente lo que ocurrió el jueves: “Desde marzo del año pasado, la escuela asume la preocupación y convoca a una mesa territorial y comunitaria donde participan varias instituciones. A la mesa le pusimos el nombre ‘Cuidados comunitarios’, donde participan además el Ministerio de Seguridad de la Nación, el de la Ciudad, organismos de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, la Asesoría general tutelar, diversos estamentos que se supone que tienen la necesidad de pensar algunas particularidades en relación al territorio. En esas reuniones, lo que nosotros pedíamos eran corredores seguros. Básicamente, que los pibes pudieran llegar a las escuelas e irse de las mismas, sin que les suceda nada. Y empieza una disputa entre Nación y Ciudad, porque dentro del Barrio Padre Ricciardelli aún está la Gendarmería y en la periferia, en Av. Perito Moreno, Cruz, Varela, Cobo, Riestra, está la Policía de la Ciudad. Esta fuerza no puede entrar al territorio, solamente se maneja en estas arterias. Gendarmería está en el territorio, pero solo adentro de las garitas, porque no tiene el personal suficiente para patrullar adentro de la villa”, detalló. Esto deriva en la ausencia de solución: “La conclusión es que cualquier conflicto que se gestione adentro del territorio, no tiene ningún tipo de involucramiento de las fuerzas de seguridad, ni de ningún programa. Porque de hecho, el programa ‘Senderos seguros’, es personal desarmado que está adentro de los territorios tratando de que los pibes puedan entrar y salir de las escuelas sin ningún tipo de problemas”.
Galarza recorrió las propuestas que quedaron sin abordaje: “Esta mesa se convocó en marzo del año pasado. Se hizo un petitorio haciendo un mapeo de cuáles eran las zonas más complicadas, dónde pensábamos que tenía que existir el programa, cuáles eran los pasillos. Un trabajo comunitario de las organizaciones que fue absolutamente minucioso y que no tuvo ningún tipo de respuesta. A raíz de eso, en octubre del año pasado, a un alumno nuestro, que justamente no estaba yendo a la escuela porque no podía atravesar uno de los barrios, lo matan en la zona de la Salita 20, lo que le decimos ‘El Fondo’. Termina con no sé cuántos tiros, a los 15 años”.
Griselda comentó la necesidad de abordar la problemática del narcotráfico en los barrios, que se está llevando puesta la vida de los y las jóvenes del barrio, y que sumada a la represión de las fuerzas estatales provoca cada día más muertes. “Nuestros pibes tienen por año una cantidad de velorios que quizás nosotros no tenemos en toda nuestra vida. Esa es una realidad del Bajo Flores. Tenemos una cantidad de pibes muertos en situaciones violentas, no solamente en manos de las fuerzas de seguridad, sino también en los enfrentamientos intrabarriales. Algo que nadie asume, porque hay una palabra que está prohibida hace mucho tiempo, que nadie la toma, que nadie la problematiza, que es el narcotráfico. Esa lógica, que tiene mucho que ver con el control territorial, es una lógica que después se extiende, se replica, se reproduce y se refleja dentro de las instituciones. Entonces, lo que pasó es un límite. Hubo una compañera docente que fue agredida, que fue golpeada y lastimada. Al vicedirector lo empujaron, le tiraron los lentes, lo amenazaron de muerte. Estamos en una situación de total y absoluta desprotección”. Para Galarza el problema es totalmente previsible: “Estamos ante una situación que se viene anticipando. Porque nosotros lo venimos manifestando y venimos trayendo propuestas concretas de solución. No decimos ‘militaricen el territorio’, porque sabemos que esa jamás va a ser la solución. Estamos diciendo: ‘necesitamos dispositivos territoriales que puedan abordar esta problemática’. Eso nunca ocurrió. Entonces, cuando el Estado asume esos niveles de ausencia, termina reproduciendo la lógica de la violencia, de la desigualdad, del ‘sálvese quien pueda’, la lógica de la autorregulación del territorio. Y en ese sentido, nosotros sostenemos que el Estado en su totalidad es responsable de lo que sucede”, dijo la docente.
A partir de este hecho de violencia que se vivió en la escuela, la Gendarmería Nacional ingresó al establecimiento con una cantidad desmedida de personal: “Había mucha preocupación porque ingresaron demasiados efectivos. Fue desproporcionada esa cantidad de gendarmes para desactivar el conflicto. Pero también es cierto que si no hubiese entrado la Gendarmería, hubiéramos tenido un muerto en la escuela. Nosotros buscamos y escribimos una salida colectiva y comunitaria. Venimos convocando a reuniones en la escuela, donde participan todos los organismos que mencioné antes y no pasó absolutamente nada. Los corredores seguros no existen. El año pasado mataron a otro pibe. Tenemos una piba desaparecida en el trayecto de la escuela a su casa. La solución es política, al territorio hay que cuidarlo, a los pibes hay que cuidarlos. Hay que poner dispositivos de protección de derechos. Tenemos que poner dispositivos para que los pibes puedan inscribirse online, en un territorio que carece absolutamente de conectividad. A la población migrante todos los estamentos del estado los tratan de mala manera. No hay lugares de atención psicológica, que después de la pandemia de Covid-19 existe una demanda impresionante. Hay una desidia, un abandono, una falta de empatía absoluta hacia el sufrimiento y el padecimiento de los sectores populares”, dijo Griselda.