Más de 300 organizaciones pidieron al gobierno que encuentre soluciones dialogadas con las comunidades mapuches. “El despliegue de fuerzas de seguridad en la zona es exagerada, con funcionarios policiales que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros”, señalaron.
Organismos de derechos humanos como la APDH, el CELS, la LADH, el SERPAJ y ANDHES junto a cientos de organizaciones originarias, sociales, políticas, sindicales, feministas, culturales y otras, enviaron este 10 de octubre un pedido de información a distintas dependencias del gobierno nacional, para que explique las razones y objetivos del despliegue de fuerzas federales fuertemente armadas en la zona de Mascardi, y para que “se retome de manera urgente el camino del diálogo para buscar soluciones a este y otros reclamos del pueblo mapuche”. Informaron también a la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, responsable de una larga serie de arbitrariedades y maltratos contra las mujeres mapuche detenidas el pasado martes 4 de octubre.
“La zona donde se asienta la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y sus alrededores está ocupada por un despliegue inusitado de fuerzas federales, que exceden las tareas típicas de prevención. Ayer constatamos que hay una cantidad exagerada de funcionarios policiales, que portan armas de fuego y hacen uso de drones y helicópteros”, señalaron desde los organismos de derechos humanos.
El “comando unificado” de las cuatro fuerzas federales fue impulsado por el Ministerio de Seguridad para supuestamente “prevenir” hechos de violencia. “En los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, ya que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuches”, indicaron.
Ese despliegue securitario estatal es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas. También es incompatible con sus obligaciones de no discriminación, que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular hacia las comunidades indígenas, denunciaron en la nota.
En este sentido, exigieron al Ministerio de Seguridad que explique en qué consisten esas tareas de prevención, cuál es la hipótesis que justifica la presencia de tal cantidad de funcionarios fuertemente armados, a qué responden los controles vehiculares. “También debe explicar si ese Ministerio ordenó tareas de rastrillaje y cuál es su objetivo”.
“Este despliegue nos genera una enorme preocupación porque además, distintas personas de las comunidades mapuches de Río Negro están señalando la falta de diálogo con las autoridades federales y provinciales para buscar espacios de acuerdos sobre sus reclamos históricos”, plantearon desde los organismos.
En la nota solicitaron que “se generen las condiciones para un proceso de diálogo. Que busquen alternativas a la forma de intervención violenta que se implementó en la última semana”. Y también exigieron se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro.