En la madrugada del martes, una mujer detenida en una celda del pabellón 3 de la Unidad Penal 52 de Azul tuvo un aborto espontáneo; horas antes, había ido al sector sanidad porque tenía pérdidas, el personal médico le suministró un antiespasmódico por entender que se trataba de una hemorragia menstrual y la reintrodujeron en la celda. La mujer no sabía que cursaba un embarazo, durante todo ese tiempo nunca había recibido atención ginecológica. En 2021, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, había denunciado que la unidad no tenía especialistas ginecológicos y psiquiátricos desde hacía de más de tres años; el habeas corpus fue aceptado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Azul sin lograr revertir la situación. El caso vuelve a demostrar la imperiosa necesidad de que la salud penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud.
El aborto espontáneo de una mujer, que ni siquiera sabía que cursaba un embarazo, en la Unidad Penal 52 de Azul evidencia una vez más la desatención a la salud que padecen las personas en el encierro y el riesgo para la vida que esa desatención produce. En el caso de las mujeres y personas trans, la situación denota además la falta absoluta de perspectiva de género en la salud penitenciaria. Lo que ocurrió esta semana es una consecuencia previsible de ese estado de abandono y desidia estatal.
Horas antes de sufrir el aborto, la mujer había ido al sector sanidad de la unidad porque tenía pérdidas; durante esa visita, sin ningún tipo de control ni revisión médica, el personal de sanidad sólo le suministró un antiespasmódico, considerando que se trataba de una hemorragia menstrual.
La mujer fue reintroducida en la celda, donde estuvo acompañada y asistida por su compañera de encierro. Alrededor de las 2 de la madrugada, en medio de fuertes dolores, la mujer expulsó el feto. Recién entonces el médico se hizo presente en la celda ante el grito de las compañeras de celda y, tras un tiempo de demoras innecesarias, el Servicio Penitenciario Bonaerense ordenó el traslado al Hospital Materno Infantil para que termine el proceso de desprendimiento de la placenta.
El mismo día del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se entrevistó con la víctima y al resto de la población de la Unidad Penal. Cabe destacar que las mujeres alojadas en el pabellón coincidieron en la falta de atención médica ginecológica y de promoción a la salud.
La situación no es nueva y este hecho podría haberse evitado si el Servicio Penitenciario Bonaerense y la justicia hacían caso a las serias advertencias. En mayo de 2021, luego de una inspección realizada a la unidad, la CPM presentó un habeas corpus colectivo denunciando la desatención de la salud de las detenidas, por la ausencia de especialistas ginecológicos y psiquiátricos durante más de tres años.
En la resolución del habeas corpus, el Juzgado de Ejecución N°1 de Azul señaló que, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, “la ausencia del servicio de ginecología dentro del establecimiento ha significado una merma considerable en la calidad de la atención que se provee […] Ante esta circunstancia, entiendo que las internas hallan relegadas sus posibilidades de acceder a un seguimiento oportuno de atención, pero además de acompañamiento para la prevención y promoción de la salud”. A pesar de este fallo, la situación no se revertió.
El grave hecho ocurrido el martes por la madrugada vuelve a demostrar que la falta de atención sanitaria en el encierro provoca graves padecimientos e implican un riesgo para la vida de las personas detenidas. Además, este hecho deja en evidencia la sistemática desobediencia de órdenes judiciales; el gobierno desconoce y la justicia no controla el cumplimiento de sus fallos.
En ese contexto de desidia y abandono, la CPM vuelve a insistir con el pedido, urgente y necesario, de que la salud penitenciaria –hoy bajo la órbita del SPB– pase al Ministerio Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales.