Resulta evidente la política de ajuste del gobierno nacional, producto del condicionamiento que surge del acuerdo con el FMI. En este último sentido, se confirma el condicionante con la presencia en Washington de los principales funcionarios del Ministerio de Economía, acordando los últimos aspectos de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, o sea, la tercera auditoría.
Recordemos que cuando se suscribió a este acuerdo en marzo del 2022 se establecieron diez auditorias trimestrales. Cada auditoria determina si el FMI evalúa que la Argentina cumplió con lo que se había comprometido y si considera que así ocurrió, que se cumplió con las metas fiscales, en ese caso libera los recursos comprometidos. Se consolida la lógica de subordinación a la orientación de política económica de los directivos del organismo internacional, voceros de la dominación económica y política global.
Lo que se audita, principalmente, es: a) reducción del déficit fiscal; b) con las metas monetarias, no emitir más allá de lo comprometido con la política monetaria acordada; y por supuesto, c) hacer crecer las reservas internacionales, un reaseguro no solo para el cobro de la deuda de Argentina con el FMI sino como un elemento de estabilización de la política macroeconómica.
Cada trimestre el FMI revisa estas metas. Todo indica que la Argentina está cumpliendo, claro, sobre la base de un ajuste gigantesco al gasto social, induciendo una desaceleración de la economía y otorgando concesiones al poder económico para el ingreso de divisas, caso del “dólar-soja”. Bajo esas condiciones, la expectativa es que el FMI libere recursos por unos 5800 millones de dólares. Esos recursos, así como ingresan a las reservas internacionales también sirven para cancelar la deuda que oportunamente tomo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En rigor, la política termina siendo “pagar deuda acrecentando la deuda”.
Aquella deuda del 2018, asumida a cancelar en 5 años (crédito stand by), se transformó en una deuda a 10 años (préstamo de facilidades extendidas), una hipoteca que tendrán que pagar las generaciones actuales y futuras, sin descartar futuras renegociaciones que reanimen la transferencia de riqueza generada por el trabajo argentina hacia los acreedores de la deuda local.
La realidad es que el cumplimiento de esas metas fiscales, monetarias y de crecimiento de las reservas internacionales se hacen sobre la base de un fuerte ajuste. El impacto es regresivo y se está generando, con las propias informaciones que surgen del ministerio de economía, quienes reconocen una desaceleración del consumo.
Esa desaceleración del consumo está generando la buscada disminución del ritmo de crecimiento de los precios, la baja de la inflación, la tendencia a la desaceleración en las remarcaciones. Estamos transitando el mes de diciembre, y se conocerán en los próximos días el índice de precios de noviembre, con la expectativa de reducción respecto a los elevados indicadores desde el mes de julio pasado. Recordemos que en el mes de octubre hubo un cambio de tendencia: la inflación venia bajando en agosto y septiembre, y volvió a subir en el último mes registrado, que fue octubre. Ahora, en noviembre, debería reaparecer la tendencia decreciente y la expectativa del gobierno es que todo confluya a un 4% de inflación mensual promedio para el 2023. Con ello se cumpliría la meta presupuestaria de inflación del 60%.
Lo curioso es que esa política de ajuste también se está manifestando en una merma de la recaudación tributaria, en el IVA. Es que si se desacelera el consumo hay menos impuesto al valor agregado y menor recaudación, sabiendo que el IVA es el principal impuesto en la Argentina, el impuesto que más le permite recaudar al Estado. Así se afecta la potencialidad del gasto público y se cumple la meta con el FMI, la que indica que hay que disminuir el déficit fiscal.
En ese marco de baja del gasto público, existe una fuerte presión del poder económico y las derechas para tratar de disminuir los planes sociales. Lo que trascendió y se discute es que se desengancharían los planes sociales del salario mínimo, vital y móvil, que obviamente no alcanza a cubrir la canasta básica, pero al desengancharlo quedaría sujeto a una arbitrariedad de resolución por decreto. Por lo tanto, la respuesta social son movilizaciones para frenar la lógica del desenganche.
Al mismo tiempo se empujan otras iniciativas, en donde se involucra al poder judicial y al ejecutivo, investigando los planes sociales y tratando de desafectar algunos de ellos, modificando normas relativas a los ingresos de los beneficiarios. Un perjuicio evidente para trabajadores o trabajadoras que perciben algún plan social y tienen alguna changa que le genera ingresos extras, colocándose por encima de la línea de la pobreza. Con ello, se discute la continuidad en el cobro del subsidio.
En el medio de estas protestas y anuncios se sustentó desde el poder ejecutivo el levantamiento del secreto fiscal para los que perciben beneficios sociales. El gran interrogante es: ¿Por qué levantan el secreto fiscal de los pobres de toda pobreza y no se levanta el secreto fiscal de, por ejemplo, 100 grandes empresas compradoras de dólares por casi 25.000 millones de dólares durante el último gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué no levantar el secreto sobre 100 grandes fortunas individuales, denunciadas en un informe por el Banco Central de la República Argentina, que compraron unos 6.500 millones de dólares en ese tiempo histórico? Eso es parte de la fuga de capitales. Queda claro y resulta evidente la política de ajuste y la discriminación a favor de la riqueza y en contra de la pobreza.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022