Desde la primera subasta de tierra pública, en noviembre de 2018, el PRO ya recaudó más de 325 millones de dólares, y se estima que para mediados de 2023 el número podría llegar a los 400 millones. Los compradores fueron los grandes jugadores del mercado: Eduardo Elsztain, la familia Werthein, Sancor Seguros, y las firmas siguen. El entramado de negocios configuró un modelo de extractivismo urbano, consolidado a lo largo de 15 años, con el saqueo de lo público como resultado previsible y que necesitará de la lucha de varias generaciones para poder revertirlo.
Por Jonatan Baldiviezo, Maria Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind.
El extractivismo es un modelo de desarrollo y producción basado en la apropiación privada y sobreexplotación de nuestros bienes comunes, que rompe el equilibrio ecológico y genera enormes pasivos ambientales. Es un modelo de producción por fuera de toda escala humana que utiliza intensivamente capitales y que, además, es profundamente antidemocrático.
En el caso de nuestra Ciudad de Buenos Aires, el extractivismo urbano se traduce en un modelo de saqueo de nuestros bienes comunes cuyas consecuencias son, por un lado, la precariedad de la vida en todas sus dimensiones y, por el otro, la degradación del ambiente urbano.
Nuestra ciudad cuenta con una enorme riqueza y gran cantidad de recursos; sin embargo, se encuentra en emergencia ambiental, sanitaria, social, urbanística y habitacional, que no es percibida por las mayorías como la consecuencia de un modelo de saqueo.
La Ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo que menos espacio verde por habitante tiene, menos de la mitad del arbolado público recomendado como parámetro saludable por la OMS, donde 1 de cada 7 porteños no accede formalmente al agua potable, 1 de cada 6 se encuentra en emergencia habitacional y con un aumento sostenido de la temperatura máxima anual de casi 1° C en los últimos 30 años. Un modelo urbano que solo reproduce y amplifica desigualdades. Por ejemplo, mientras 1 de cada 4 habitantes de la Ciudad supera los 60 años, en Villa 20 solo 4 de cada 100 logran superarla.
La Ciudad se estructura en la desigualdad, en una desigualdad multidimensional, una desigualdad social, urbana, ambiental y climática.
En las villas tenemos un árbol cada 80 habitantes y 100 veces menos espacios verdes que lo recomendado. Y las diferencias de temperaturas, ahora que empieza el calor, pueden alcanzar los 15/20° más si comparamos el sur de nuestra ciudad con la zona de la Costanera y el norte.
Estos 15 años de gobierno macrista-larretista en la Ciudad tuvieron como principal línea de acción:
1. Concentración del poder público (mayoría automática en la Legislatura, designación de jueces afines en las instancias más altas del Poder Judicial, designación de los titulares de los organismos de control no confrontativos, etc.). Esa concentración del poder permitió llevar adelante un
2. Plan sistemático de transferencia de lo público a manos privadas: en palabras simples, un saqueo de nuestros bienes comunes. Sólo en los últimos 10 años el suelo urbano privatizado, nuestro patrimonio común, fue mayor a toda la superficie de los barrios de la Boca y San Telmo. También se concesionaron todos los servicios públicos, se privatizó la gestión del Estado a través de innumerables consultoras y hasta se privatizó la función legislativa con la sanción de los convenios urbanísticos.
3. Intensificación de la precarización del conjunto de nuestra vida, con un especial ensañamiento con los sistemas públicos de salud y de educación. La crisis habitacional es histórica. Mientras previo a la década del 90 sólo el 10% de los hogares alquilaban, hoy más del 40% de las familias son inquilinas.
En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, es decir, el equivalente a cinco Puertos Madero. Sin embargo, estos millones de metros cuadrados construidos sólo fueron accesibles al 5% de la población porteña de mayores recursos.
Mientras se construía a razón de un nuevo Puerto Madero cada 2 años, la cantidad de familias en emergencia habitacional aumentaba año tras año. ¿Por qué el GCBA continúa impulsando la sobreconstrucción de torres suntuosas cuando existen alrededor de 160 mil inmuebles en venta y se estiman entre 150 y 190 mil viviendas ociosas?
Los mayores porcentajes de viviendas ociosas corresponden a los barrios de Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Esto demuestra el carácter especulativo financiero de lo que se construye.
La construcción es una de las actividades más contaminantes y, por lo tanto, esta sobreconstrucción especulativa generó además impactos negativos sobre nuestro ambiente.
El domingo 13 de noviembre llovió y la Ciudad volvió a inundarse. En algunas zonas se informó que cayeron 60 mm, 45mm y el coordinador de Defensa Civil de la CABA informó que cayeron 90 mm en 3 horas. El promedio anual de precipitación en la Ciudad es de 1250 milímetros, y el promedio de lluvias del mes de noviembre es de 120 milímetros. Claramente no fue un evento extraordinario. Muchas de las lluvias que hoy nos inundan, 20 años atrás no inundaban la Ciudad. La sobreconstrucción, la cementación y la destrucción sistemática de nuestra infraestructura verde fueron determinantes para que una lluvia que en el pasado no nos inundaba, hoy nos inunde. El Gobierno porteño insiste, para mitigar las inundaciones, con la construcción de mega obras de infraestructura que fueron pensadas hace 100 años para otro régimen de lluvias y otra morfología urbana. Esta decisión actualmente sólo se explica a partir del enorme negocio que estas obras generan para unas pocas empresas amigas.
El modelo de saqueo podemos sintetizarlo con la lógica de apropiación de nuestra costanera y el río. La cementación y ocupación del borde costero no sólo van a aumentar la frecuencia de las inundaciones, sino que van a potenciar el aumento de la temperatura, van a impedir la recuperación progresiva de nuestros ríos y arroyos, implicarán que el conjunto de las porteñas y porteños tengamos que costear un mega colector cloacal de 160 millones de dólares para poder evacuar los efluentes cloacales de los mega emprendimientos privados en nuestras tierras públicas, mientras 1 de cada 7 habitantes de la ciudad no accede formalmente al agua potable y la cloaca.
En una síntesis del contrasentido social, urbano y ambiental, la empresa IRSA firmó un Convenio Urbanístico con el GCBA para impulsar un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur, denominado Costa Urbana. Este emprendimiento destruirá uno de los pocos humedales que la Ciudad conserva y uno de los pulmones verdes más importantes, poniendo en riesgo la reserva ecológica y el barrio popular Rodrigo Bueno y generando impactos irreversibles para nuestra ciudad.
Rifar el patrimonio público para hacer caja política
Desde que comenzó la pandemia y se declaró la Emergencia Económica y Sanitaria en la Ciudad, el GCBA intentó rematar 100 inmuebles, de los cuales ya vendió 84, entre los que se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de la Tercera Edad y el Servicio Zonal 12, un predio donado a la Escuela N°3 DE 10, la sede Comunal 14, oficinas del Poder Judicial de la Ciudad y el Registro Civil de Palermo.
Esta compulsión que tiene la gestión de Rodríguez Larreta por desprenderse del patrimonio público para entregárselo a privados, llega al extremo de terminar el 2022 rifando al menos cuatro inmuebles con rebajas que llegan al 62%, como es el caso del edificio ubicado en Corrientes N° 3436, valuado en 2020 en 2.580.730 dólares y ofrecido ahora a menos de un millón.
La justificación del gobierno porteño para desprenderse de edificios y terrenos es que son “innecesarios para la gestión”, pero resulta llamativa cuando se trata de inmuebles donde se desarrollan funciones administrativas, como es el caso del edificio ubicado en Beruti -vendido a IRSA en febrero de este año por más de 20 millones de dólares-, donde actualmente funciona la sede Comunal 14, oficinas del Poder Judicial de la Ciudad y el Registro Civil de Palermo.
Sorprende también que la Ciudad considere “innecesarios para la gestión” a edificios que son de su propiedad cuando actualmente hay 52 jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, centros de formación educativa, cuatro sedes comunales, ocho Defensorías Zonales que no tienen edificio propio y deben alquilar.
Esta política de vender lo propio para alquilar lo ajeno es tan sorprendente como redituable para los privados. En 2022, Rodríguez Larreta va a gastar más de 380 millones de pesos ($384.618.633) en alquilar el Palacio Lezama (la ex Fábrica Canale) donde funciona el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Subsecretaría de Tránsito, organismos que hasta 2016 se encontraban en el ya subastado Edificio El Plata.
Mientras tanto, los remates siguen y baten récords de recaudación.
Según el Presupuesto 2022, para este año estaba estipulado que, por venta de terrenos e inmuebles, el GCBA recaudara casi 3000 millones de pesos; sin embargo, hasta septiembre ya había recaudado un 150% más. Situación similar se vivió en 2020 y 2021. El año pasado estaba estipulado que por venta de edificios el gobierno recaude $6.000.000 de pesos, pero finalmente recaudó 78 veces más: $470.397.840.
¿Qué hace el gobierno con ese dinero?
La caja negra de Larreta
Según las leyes que autorizaron las subastas, el dinero recaudado debería destinarse a salud, educación y al traslado de las oficinas administrativas al sur de la Ciudad, pero la realidad es completamente distinta.
El ejemplo más claro es el caso del Centro de Salud N° 15 de San Telmo, donde el gobierno accedió a mudarlo a un edificio más amplio, el ex Padelai, pero cuyo traslado está frenado porque el Jefe de Gobierno, que sólo en los últimos dos meses recaudó $7174 millones por las subastas del ex Tiro Federal, asegura que no tiene fondos suficientes para encarar el costo de las obras que rondaría los $330 millones de pesos.
¿Adivinen qué propone el Jefe de Gobierno como solución para conseguir el dinero necesario? Rematar cuatro inmuebles del barrio, entre los que se encuentran el actual edificio del Centro de Salud (ubicado en Humberto Primo 470 frente a Plaza Dorrego) y el terreno donde se encontraba la Escuela Taller del Casco Histórico, en Brasil y Paseo Colón, demolida con la excusa de la construcción del Metrobus del Bajo Etapa II, pero que ahora buscan vender y podría albergar a una torre de 15 pisos.
Lo concreto es que los 210 millones de dólares que el gobierno porteño recaudó a través del mecanismo de venta de inmuebles y tierras pública desde el 2020, son utilizados a discreción del Poder Ejecutivo, gracias a la Ley N° 6.301 de Emergencia Económica y Financiera que impuso Rodríguez Larreta al inicio de la pandemia y que aún mantiene vigente.
¿Quiénes se quedan con la tierra pública de la Ciudad?
Si alguien quiere conocer la política de reparto de tierras de la Ciudad, debe enfocar su mirada hacia Av. del Libertador, a metros del Club River Plate. Ahí, en lo que hasta 2018 fue la sede del Tiro Federal Argentino, el GCBA está desarrollando el llamado Parque de la Innovación, un espacio de 12 hectáreas que se plantea como un Sillicon Valley porteño dedicado a la “economía del conocimiento” pero que en los hechos se convirtió en el epicentro de la especulación y el negociado inmobiliario.
Desde la primera subasta, en noviembre de 2018, el gobierno ya recaudó más de 325 millones de dólares, y para mediados de 2023 el número podría llegar a los USD 400 millones.
El primero de los grandes jugadores que se anotó en el negocio fue la familia Werthein, quienes en 2018 compraron por USD 151,5 millones (5.600 millones de pesos) el Polígono A, un terreno de dos manzanas donde planean construir 4 edificios de hasta 100 metros de altura.
Le siguió Sancor Seguros, quien desembolsó USD 11.950.000 y compró un lote de 1800 metros cuadrados. Con esta adquisición, la empresa se hizo de su tercer predio importante en la Ciudad. A fines de 2018 ya había comprado cuatro lotes en la vieja playa de maniobras del ferrocarril Mitre en Colegiales por USD 19,2 millones, y en 2019 pagó USD 20 millones por el predio donde funcionaba El Dorrego.
La lista de compradores también incluye a Nicky Caputo, hermano del alma de Mauricio Macri, quien se quedó con una de las parcelas del Parque a través de su empresa GMRA SA, que pertenece al Grupo Mirgor (propiedad de Macri-Caputo). Milamax Emprendimientos, empresa que dirige Benjamín Gabriel Romero, ex líder del Grupo Emepa, y uno de los «arrepentidos» en la causa de los Cuadernos, desembolsó USD 18.855.115. En esa subasta se dio una de las pocas pujas que hubo hasta ahora en el Parque de la Innovación. La otra empresa interesada fue nada menos que IRSA, que hasta ahora no se quedó con ninguno de los terrenos ofrecidos en Núñez pero que, sin embargo, sigue en el podio de los terratenientes urbanos de la CABA que engordan comprando patrimonio público. La compra del edificio de Beruti y Coronel Diaz, por el cual pagó más de 20 millones de dólares en febrero de este año, sumado a la compra del edificio del Plata, dan cuenta de esto.
Una de las últimas subastas del Parque fue para Nómada, otra desarrolladora inmobiliaria dirigida por Pablo Saubidet, Andrés Neumann y Alex Sakkal, quienes ya se habían beneficiado de otra subasta de tierras públicas en 2019, cuando compraron el predio ubicado en la esquina de Santa Fe y Juan B. Justo, rematado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de manera sumamente irregular.
Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2022/12/los-zares-del-extractivismo-urbano.html