Perú: gobierno de Dina Boluarte impone “estado de emergencia” por 30 días

El nuevo gobierno decidió restringir derechos básicos como el libre tránsito, la reunión y la inviolabilidad del domicilio. Las Fuerzas Armadas intervendrán junto a la policía en los operativos. Fuentes periodísticas hablan de entre ocho y nueve personas asesinadas por la represión contra las protestas populares.

Por su parte, el encarcelado presidente peruano Pedro Castillo rechazó hoy el pedido de 18 meses de prisión preventiva formulado por la Fiscalía en su contra y aseveró que es víctima de humillación y maltrato.

Foto: Lucas Aguayo Araos, Anadolu Agency

Con información de Prensa Latina, teleSUR, Marco Teruggi, Aristegui Noticias, Wayka Perú.

A cuatro días de asumir, el nuevo Ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció este miércoles la imposición por 30 días del estado de emergencia a nivel nacional en Perú, cuando mañana se prevén movilizaciones generales en todo el país contra el nuevo Gobierno, el cese del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

Este anuncio surge en el marco de los llamados de los movimientos sociales y gremiales del país para declarar un paro nacional indefinido hasta que se cumplan sus demandas, que incluyen la liberación del presidente Castillo.

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y la violenta respuesta represiva del nuevo gobierno ha dejado desde el domingo al menos ocho muertos (algunas fuentes hablan de nueve) y decenas de heridos.

En declaraciones a la prensa, el nuevo ministro de Defensa, Alberto Otárola, indicó que la medida, que previamente había sido declarada en algunas regiones del país, se decidió en sesión del nuevo Consejo de Ministros nombrados por Dina Boluarte.

“Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas”, dijo el nuevo ministro de Defensa a la prensa.

“Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del gobierno”, aseguró Otárola, y planteó que la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno “con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

“Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión”, indicó Otárola.

Señaló que esta medida ha sido motivada “para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos”, aseguró, y dijo que existe la posibilidad de también decretar toque de queda.

Gas lacrimógeno retornado por los manifestantes contra la policía en la plaza San Martín en Lima, Perú, el domingo 11 de diciembre. Foto: Martín Mejía.

Pedro Castillo rechazó hoy el pedido de 18 meses de prisión preventiva formulado por la Fiscalía en su contra y aseveró que es víctima de humillación y maltrato.

“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato”, dijo al afirmar que la Fiscalía coarta su libertad con la citada solicitud, en una audiencia que se suspendió hasta mañana a fin dar tiempo a la defensa de Castillo para preparar su alegato, porque había sido convocada hoy mismo.

“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país”, señaló y agradeció a sus compatriotas por su cariño y apoyo, en referencia a las protestas contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte y por nuevas elecciones, así como por la libertad del mandatario destituido hace una semana.

Castillo pidió públicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda en su caso, en el que es acusado de rebelión y conspiración por haber dispuesto disolver el Parlamento que se aprestaba a destituirlo, y firmó el mensaje como “Presidente Constitucional del Perú”.

El mandatario y maestro cumplió hoy siete días de prisión preliminar, pero el juez supremo a cargo del caso, Juan Carlos Checkley, dispuso que permanezca en prisión en custodia hasta que el magistrado decida sobre el pedido de prisión preventiva.

Castillo se negó a participar en la audiencia, en la que tiene como coacusado a su primer ministro, Aníbal Torres, quien se encuentra en la clandestinidad.

Manifestantes reclaman la liberación de Pedro Castillo este martes 13 en Lima, Perú. Foto: Alessandro Cinque.

El abogado de Castillo, Raúl Noblecilla, se negó también a participar y argumentó que “No hay garantías para una justa defensa a favor del presidente Pedro Castillo”.

El letrado afirmó que “se pretende imponer 18 meses de injusta prisión” a su cliente y añadió que “La defensa no le hará comparsa a un sistema de justicia de espaldas a la Constitución”.

Por su parte, la congresista de centro Susel Paredes, opositora de Castillo, cuestionó la legalidad del levantamiento de la inmunidad presidencial al detenido, medida dispuesta con celeridad por el Parlamento de mayoría opositora.

Compartió en tal sentido las críticas jurídicas contra la decisión del Legislativo de argumentar que el mandatario incurrió en delito flagrante, por lo que no procede el antejuicio parlamentario establecido por la Constitución para revocarle la inmunidad.

Señaló que “no lo digo porque defienda a Castillo, sino porque defiendo la legalidad” y advirtió que si el expresidente presenta un hábeas corpus o apela a instancias internacionales, el proceso podría declararse nulo.

“Eso va a convertir a Castillo en un héroe y eso lo ha hecho esta oposición de derecha, que ha puesto por encima de la legalidad los intereses políticos”, advirtió.

El abogado de derechos humanos Ronald Gamarra, también opositor al destituido mandatario, criticó el procedimiento de la Fiscalía, cuyo único propósito, dijo, ha sido requerir la prisión preventiva.

“Así, de manera ilegal y forzada, no se hacen las cosas, señora fiscal”, advirtió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien Castillo acusó como presidente de participar en una conspiración con el Congreso para destituirlo.

Castillo agradeció a López Obrador, Petro, Arce, Fernández

En una carta publicada en Twitter, sostuvo que se va a seguir manteniendo firme y que no renunciará ni abandonará “la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano”.

Pedro Castillo expresó “su gratitud” a los presidentes de Colombia, Bolivia, Argentina y México, que emitieron un comunicado en el que aún lo reconocen como jefe de Estado, en una nueva carta enviada desde prisión este miércoles en la que reitera que no abandonará “la voluntad del pueblo”.

“Expreso mi saludo y gratitud a los hermanos: Gustavo Petro, presidente de Colombia; López Obrador, presidente de México; Luis Arce, presidente de Bolivia; Alberto Férnandez, presidente de Argentina, por su identificación y solidaridad con mi pueblo y nuestro legítimo gobierno”, indicó Castillo.

Sostuvo que se va a seguir manteniendo firme y que no renunciará ni abandonará “la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano”.

“Como se sabe, fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo”, señaló en la misiva.

En un comunicado conjunto publicado este lunes por la Cancillería colombiana, México, Argentina, Bolivia y Colombia, aseguraron que Castillo está siendo objeto de “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

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