La UTEP rechazó el bono otorgado por el gobierno y marchó el viernes a Desarrollo Social comenzando la primera de tres jornadas que continuarán esta semana con manifestaciones el martes frente a hipermercados y el miércoles con cortes de calles y rutas en distintos puntos del país.
Mientras tanto, la Unidad Piquetera adelantó que retomarán las protestas durante la semana y anunció un acampe por tiempo indeterminado en la puerta del ministerio de Desarrollo Social y en varios puntos del interior.
Las organizaciones de la llamada Economía Popular volvieron a salir a la calle el viernes pasado. Miles de manifestantes agrupados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) marcharon en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país en rechazo a las políticas de ajuste.
“No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman “bono”, que es un reconocimiento al trabajo que hacemos”, señalan en un comunicado difundido.
Allí también se indica que reclaman “las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que cumplan con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios que sostenemos en los miles de barrios populares de todo el país”.
El bono anunciado es realmente insignificante frente a la magnitud de la crisis social. Se trata de una suma de $ 13.500, que se abonará en dos cuotas, la primera el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero. Las encargadas de darlo a conocer habían sido las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Kelly Olmos (Trabajo).
La movilización de las organizaciones nucleadas en la UTEP marchó al Ministerio de Trabajo, institución de la que depende el plan Potenciar Trabajo, que se abona a más de 1.300.000 personas en todo el país. Ese plan es el que hoy, a tono con los pedidos de ajuste del FMI, el propio Gobierno nacional intenta recortar. Esto viene generando múltiples tensiones al interior del Frente de Todos, entre los responsables políticos de esa cartera y los dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales integrantes del Frente de Todos.
Contra ese ajuste también se movilizaron el jueves 15 las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera, que realizaron cortes de calle y rutas en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del país. Estas organizaciones, que mantienen una posición independiente en relación al Gobierno, vienen denunciando desde hace tiempo el monto bajísimo que implica el Potenciar Trabajo, al mismo tiempo que exigen mayores recursos para comedores populares.
Miles de integrantes de la Unidad Piquetera cortaron accesos a Buenos Aires y las grandes ciudades
La Unidad Piquetera salió a las calles y puntos estratégicos de todo el país para continuar la lucha por los reclamos de desocupados y precarizados y evitar que prospere el ataque del gobierno, el FMI y las patronales, en el marco de distintas luchas obreras que unen a los trabajadores. Por la derrota de la ofensiva fondomonetarista, y la conquista del bono del 100%, aumento y apertura de los programas sociales, trabajo genuino, alimentos y salario mínimo igual a la canasta básica.
Cientos de miles de piqueteros y piqueteras cortaron los accesos a grandes ciudades, se plantaron en rutas nacionales e internacionales con sus banderas y reclamos. Nadie pudo ignorar a esa marea humana empobrecida, que apunta con sus movilizaciones al corazón del sistema y, sobre todo, pone en evidencia al gobierno del Frente de Todos que con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, llegó para profundizar una línea de ajuste anti obrera, con recortes en las partidas y presupuesto para los trabajadores desocupados, bajo un gobierno que no solo no crea trabajo genuino sino que opera para deprimir los salarios, en consonancia con los reclamos de las patronales.
Bono de sub indigencia
Para el caso de los beneficiarios del Potenciar Trabajo el “bono” asciende a miserables $13.500, lo que no representa ni la mitad del propio plan (actualmente $30.000), ni una canasta individual de indigencia de $20.000, por lo que representa las migajas de un gobierno que orienta todos los recursos a garantizar el pago de la deuda externa.
Mientras tanto, el gobierno anunció para las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y dependencias de Seguridad un bono de $30.000 (sic).
Este bono de miseria viene después de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de dólares, a pesar que fueron autorizados por el Banco Central.
Tampoco hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.
El gobierno subordina la precaria política asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflación y la devaluación producto de las políticas económicas aplicadas. Además, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidación de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.
En un país dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la población y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un “doble aguinaldo” o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflación.
Llegado el final del año, los planes sociales -en consonancia con el salario mínimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta básica que ascendió el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades económicas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.
Aun así, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, fueron detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras, incluso de las organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la política oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.
Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, colocándose como supuesta rehén de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del ex ministro Juan Zabaleta y el “informe estadístico” del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inició la campaña sucia contra los trabajadores desocupados.
La Justicia ya le ha puesto un “precio” al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia para que se culmine el proceso de auditoría virtual para la primera quincena de enero.
La lucha contra esta ofensiva anti obrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta rápida y capacidad de organización de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones el bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.
Se trata de una respuesta urgente ante la crisis económica vigente, que no debe exceptuar la lucha por una recomposición general de los salarios y la pelea por el trabajo genuino.
Hay «una permanente subestimación al pobre que se organiza colectivamente»
«Queríamos discutir lo que se denomina aguinaldo, pero es un bono para fin de año, 28.000 pesos», sostuvo el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero ese planteo «quedó en un segundo plano» luego de que se registraran irregularidades en beneficiarios del Potenciar Trabajo.
«Nosotros estamos a favor de las auditorías. El problema es que el control siempre es sobre los pobres: queremos un Estado que controle todo, como la concentración económica», señaló el secretario general de la UTEP.
Y, al referirse a las críticas de la oposición, agregó: «Lo que hay de fondo es una permanente subestimación al pobre que se organiza colectivamente. Se impone la idea de que los compañeros no trabajan, cuando es un esfuerzo descomunal el que hacen los trabajadores de la Economía popular».
El entramado detrás de la auditoría frenada por las universidades
Por Agencia de Noticias Solidarias (ANSol)
Tras las denuncias por irregularidades y el lanzamiento de la validación de identidades, poco se sabe del trabajo al que se habían comprometido a hacer las casas de estudios. Algunas se negaron a «prestar su sello y prestigio para propiciar la baja del plan social».
Mientras avanza a paso firme la validación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en cuatro días recolectó más de 170.000 formularios completados, poco se explicó sobre la trunca auditoría que el 14 de julio pasado se habían comprometido a hacer las Universidades Nacionales tras el acuerdo del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Educación, Jaime Perczyk. Desde esa fecha hasta la asunción de Victoria Tolosa Paz en reemplazo de «Juanchi», pasaron tres meses en los que, se esperaba, las casas de estudios pondrían su nombre y prestigio para confirmar o descartar las irregularidades en el programa. Pero, ¿Qué pasó con el polémico informe?
Uno de los asesores directos del ministro Perczyk confirmó ante la consulta de este medio que «cuando asumió Tolosa Paz lo primero que hizo fue cerrar la auditoría que tenían a cargo las Universidades, por lo que no va a existir el informe«. Esto da cuenta de dos posibilidades: que el trabajo que debían realizar la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la de La Plata (UNLP), la de Moreno (UNM), la de La Pampa (UNLPAM), la de los Comechingones y la de Hurlingham (UNAHUR) nunca salga a la luz o que en realidad poco se haya hecho al respecto.
Lo seguro es que el hermetismo es total y pocos quieren hablar al respecto. ANSOL contactó tanto a voceros de la UNAHUR como de UNM para conocer detalles de la auditoría trunca, pero dejaron en claro que no tenían intenciones de hablar del tema. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Oscar Alpa. Sin embargo, investigadores de otras casas de estudios confirmaron a este medio que al comprometerse a auditar al Potenciar Trabajo, «las universidades les estaban alquilando el sello al Ministerio de Desarrollo Social para realizar una operación mediática en contra del programa» clave para las cooperativas y los Movimientos Sociales.
Esta versión fue asegurada a ANSOL por otro referente económico de una de las universidades del conurbano nacidas al calor del kirchnerismo, quién dejó entrever el malestar generado por el acuerdo entre Perczyk y Zabaleta: «El resto de las universidades no quería hacer la auditoría y se negaron a participar, pero a otras les pareció bien. En nuestro caso no nos interesó formar parte porque generar un informe que propicie la baja del Potenciar Trabajo es polémico, y nosotros estamos en contra ideológicamente de este tipo de medidas. Todo este debate hizo que luego los compañeros que debían hacer la auditoría se echen para atrás, la vieron venir y freezaron el informe«.
Vale recordar que apenas asumió Tolosa Paz, desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron a La Nación que hasta ese momento «las auditorías con las universidades solo llegaron a relevar 35.000 beneficiarios de planes» y que «a ese ritmo no se podría terminar el proceso antes de que culmine el mandato de Alberto Fernández». ¿Es cierto entonces que las casas de estudios freezaron la auditoría ante el temor de que usen su sello para perseguir a beneficiarios del programa? Uno de los voceros de la ministra se lo negó rotundamente a ANSOL, aunque no brindó mayores explicaciones.
Lo que es seguro es que la filtración de que «más de 250.000 beneficiarios tenían a su nombre bienes registrables o declararon Bienes Personales o compraron dólares» a pesar de ser falsa y ser desmentida, sirvió no solo para que la Justicia Federal inicie una investigación sino también para que el Ministerio avance en hacer una validación de identidad a través de Mi Argentina para que los 1.383.279 de los inscriptos puedan mantener el programa social. Según aseguró la propia ministra, el 0.3% de casos incumplieron las normas cuando los Bancos les permitieron acceder al dólar ahorro o tarjeta.
¿Para qué un beneficiario del Potenciar Trabajo compraría dólares?
El Instituto del Conurbano (ICO) Bonaerense desarrolló en 2020 el mapa interactivo sobre asistencia social y alimentaria, que da cuenta del acceso e incidencia de los programas como el Potenciar Trabajo en los barrios. Carlos Martínez, investigador docente del ICO opinó que «claramente ese 0,3% que accedió a la compra de dólares no son estafadores, ponerlos en ese lugar es estigmatizador. Nadie que cobre un Potenciar Trabajo está en condiciones de ahorrar en dólares«.
Para el investigador, si un beneficiario compró la divisa extranjera fue «por el contexto de crisis en el que viven, para vender esos dólares y ganar un poco más». Es decir, haciendo uso de lo que la clase media y alta bautizó como «dólar puré»: con un Potenciar Trabajo de $27.275 llegas a comprar 100 USD oficiales, que al cambiarlo en el mercado informal o blue podrían significar $31.000. Es decir, 4.000 pesos más para parar la olla. La pregunta que se hace Martínez es «por qué el sistema bancario permitió que un beneficiario del Potenciar Trabajo tenga autorizada esa transacción».
Consultado sobre el impacto que podría tener la quita progresiva del programa social, aseveró: «el Potenciar Trabajo no tiene un impacto menor, porque es combinable con otros planes. No tiene una gran cantidad de beneficiarios, como pasa con la Asignación Universal por Hijo, pero sí es muy grande en transferencia de ingresos. En el Conurbano hay varios barrios donde todos los vecinos lo cobran por formar parte de una cooperativa. Uno entiende la necesidad del equilibrio fiscal, pero tocar este programa puede ser muy problemático».
Las razones de la ofensiva contra los programas sociales
Por Marcelo Mache
Es evidente que asistimos a una campaña oficial, patronal, mediática y judicial contra los programas sociales, con ataques y difamaciones de todo tipo, pero se omite que solo uno de cada siete desocupados accede a los mismos. La verdadera razón de esta ofensiva es un reiterado anhelo de las patronales: producir una depreciación generalizada de los salarios.
Auditorías y reempadronamientos para producir miles de bajas; fake news sobre supuestos cientos de miles de beneficiarios de los planes comprando dólares y declarando bienes personales; decretos de prohibición de nuevas altas; canje de herramientas por trabajadores; causas judiciales impulsadas de oficio; plan de deslinde del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo; la lista es larga y conduce a un solo propósito: proceder a la liquidación de los programas sociales.
Entre las razones que ofrece el gobierno nacional se destaca el cumplimiento de las metas de “ahorro fiscal” y recorte del gasto público, sin embargo, no se utiliza la misma vara para los trabajadores desocupados y precarizados y para las patronales.
El gobierno acaba de lanzar el “dólar soja 2”, un beneficio para las patronales sojeras que implica un subsidio estatal donde el gobierno absorbe la diferencia entre el valor del dólar mayorista -que ronda los $165- y los $230 que se garantizan por dólar liquidado. Se estiman que se liquidarán alrededor de 3.000 millones de dólares, por lo que el gobierno subsidiará con $195.000 millones, de un saque, a los capitalistas, mientras lleva gastado en todo lo que va del año $363.946 millones en el Potenciar Trabajo.[1]
Si se lo compara con otros ítems durante todo el año, como el pago de servicio de deuda y disminución de otros pasivos en $1.056.974,25 millones, o subsidios a las patronales energéticas en $1.328.309, el gasto en programas sociales resulta irrelevante en términos fiscales, lo que supone pensar que la cosa va por otro lado.
Caída del piso salarial
La existencia de programas sociales, que no alcanzan al conjunto de los trabajadores desocupados, opera como un límite a la caída de los salarios. Es común ver a empleadores renegando porque no consiguen trabajadores para determinados puestos de trabajo, pero sin hacer hincapié en los bajos salarios que se ofrecen a cambio de largas jornadas y/o tareas pesadas.
Esta orientación se expresa en múltiple acciones patronales y gubernamentales. Por ejemplo, en las recientes negociaciones por la actualización del salario minino el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se negó a extender el aumento unos $500 para evitar que la cifra total a marzo del 2023 redondee los $70.000.
El gobierno, por su parte, promueve la desvinculación de los programas sociales en relación al salario mínimo, como medio para ajustarlos y reducir su influencia en el gasto público (algo que ya ocurre) y, principalmente, para liquidarlos como refugio ante la precarización y súper explotación patronal y como respuesta limitada ante la desocupación.
La defensa de los programas sociales como asistencia económica a los desocupados en tanto se cree trabajo genuino es de interés para el conjunto de los trabajadores, ya que bloquea la depresión general de los salarios que buscan las patronales y el Estado. La lucha por su apertura y aumento, junto al salario mínimo que cubra la canasta básica, es estratégica para la defensa de una recomposición general de los salarios y para enfrentar a los ajustadores.
Unidad Piquetera: «ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan»
Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron el jueves 17 de noviembre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.
En una carta abierta dirigida a la titular del ministerio, Victoria Tolosa Paz, sostienen: «nos dirigimos a usted con el objeto de plantearle una serie de cuestiones que preocupan a cientos de miles de trabajadores desocupados que representa esta Unidad Piquetera. En casi tres años del gobierno que usted integra no hemos podido resolver el tan elemental problema de la asistencia a los comedores populares, ni con Arroyo ni con Zavaleta, sus dos antecesores que inclusive se remonta al gobierno de Macri y su Ministra Stanley. Con usted lamentablemente continúa una misma línea, una política de ajuste contra los que menos tienen. No podemos calificar de otra manera la falta de asistencia mínima a los comedores populares, la restricción de determinados productos, para incluir una dieta básica para niños y adultos que desbordan los comedores populares, y la casi nula entrega de herramientas y maquinarias para asistir a los emprendimientos productivos barriales, con proyectos presentados hace varios meses e, inclusive, años, y que siguen sin llegar a los que verdaderamente lo necesitan», denuncian.
Asimismo, apuntan contra lo que consideran una campaña estigmatizante de las organizaciones sociales con el objetivo de recortar los programas sociales: «para colmo y en los últimos días han aparecido informaciones salidas desde su ministerio y de otros organismos del gobierno que son falsas, mentirosas y estigmatizantes, que solo tienen los objetivo de recortar programas sociales y de empujar el ajuste contra los que menos tienen. La información de que habría cientos de miles de personas enormemente ricas, como para ingresar al pago de bienes personales y compra de dólares, tiene una clara intencionalidad política que se enmarca en una campaña que desde Milei a Cristina, pasando por Bullrich, Larreta y el propio Larroque y Kicillof, se empeña en responsabilizar a las víctimas de la desocupación y de la generación de una enorme cantidad de pobres en la Argentina, de indigentes y de personas que necesitan la asistencia del Estado ante el fracaso de la política de construir trabajo», remarcan.
«Los desocupados somos las víctimas de la política de los gobiernos ajustadores de las últimas décadas, no los responsables, –continúa la carta. Ustedes inventaron los planes sociales ante el fracaso del trabajo y ahora nos responsabilizan o quieren presentarnos como aprovechadores, cuando en realidad las organizaciones independientes representamos la lucha por el trabajo genuino y que en ausencia de él, reclamamos que el Estado se haga cargo de asistir a las familias con los programas sociales de los que dispone. El anuncio del cierre de los programas se debe al ajuste que manda el FMI y no que ha bajado la indigencia y la pobreza», sentencian.
«La situación de cientos de miles de familias que siguen sin asistencia se sigue profundizando con la inflación imparable –sostienen. Es mentira que sobran los programas sociales. Es mentira que para ingresar a un plan solo hace falta presentar un listado como dicen algunos fiscales. Es mentira que las organizaciones sociales entramos con un papelito y salimos con los planes en la mano. Les hemos dicho que somos partidarios de la universalización de los programas, sin intermediarios. Nunca lo hicieron. Ustedes saben bien que hay sistemas que impiden el ingreso de una persona que no está en condiciones de recibir un programa social. Si hay alguien que ingresó y no correspondía es responsabilidad integral del ministerio. Seremos los primeros en denunciarlos, porque hay mucha gente a la espera de ese cupo del programa social que ocupa una persona que no corresponde que ocupe».
En la misma línea, consideran que todas estas denuncias que comenzaron a circular en la agenda mediática en los últimos días son una clara maniobra política que responde a internas dentro del Frente de Todos: «estas mentiras se tratan de una maniobra política y de una interna de la que no nos interesa participar. Nos vemos obligados a sacar esta carta ya que parecemos los villanos y los gobiernos parecen las víctimas y es exactamente al revés. Aquí la responsabilidad es enteramente de los que nos han gobernado. Nosotros somos organizaciones que construimos en el territorio la lucha por la tierra, por la vivienda, por el trabajo y por todas las reivindicaciones en forma independiente y en unidad con toda la clase obrera. En definitiva, luchamos por una vida mejor para nuestros compañeros y compañeras».
Finalmente, advierten: «ante los incumplimientos sistemáticos de compromisos mínimos, intimamos en forma urgente a cumplir con la entrega de alimentos y de herramientas que fueron parte de las conversaciones en las que usted comprometió su autoridad, pero que, sin embargo, siguen sin aparecer en los barrios y para los compañeros que lo necesitan. Si esto no ocurriera, los próximos días vamos a volver a tomar en nuestras manos la pelea por las mínimas condiciones y reivindicaciones para nuestros compañeros. Será con los métodos históricos del movimiento piquetero: con movilizaciones, cortes de ruta y acampes. Sin respuestas, solo nos queda luchar por nuestros compañeros y compañeras», finaliza la carta.
Fuentes: Prensa Obrera, La Izquierda Diario, Página 12, La Nación, Perfil, Resumen Latinoamericano, Anred
[1] Nota del editor: Los programas Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias fueron incrementados con fondos por $ 120.000 millones en una última partida el jueves 15 cuando se definió una ampliación del presupuesto 2022.