Patricia Isasa, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en la década del ’70 y detenida durante la última dictadura militar en Argentina, afirmó que el presidente del máximo tribunal de justicia del país encubrió a Eduardo Alberto ‘el Curro’ Ramos. El represor fue funcionario de la Secretaría de Cultura mientras Rosatti fue intendente de la capital santafesina en la década del 90.
Escuchar el reporte de Roque Caballero desde FM Chalet de la ciudad de Santa Fe.
Una sobreviviente de la dictadura reiteró su denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Horacio Rosatti, por encubrir a un represor mientras fue intendente de la ciudad de Santa Fe.
Patricia Isasa, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en la década del ’70 y detenida durante la última dictadura militar en Argentina, afirmó que el presidente del máximo tribunal de justicia del país amparó a Eduardo Alberto ‘el Curro’ Ramos mientras fue intendente de la capital santafesina en la década del 90.
“(Rosatti) tenía empleado en la municipalidad a Ramos, un conocido represor casi a cielo abierto porque, por ejemplo, en mi caso me secuestró a cara descubierta, y en el campo de concentración que era la Comisaría Primera él era amor y señor; y además tuve la desgracia de ser violada por él”, relató Isasa en diálogo con FM Chalet.
Por estos hechos Ramos fue condenado y exonerado de la Policía de Santa Fe. Sin embargo, años más tarde, una vez en libertad y llegada la década del noventa, Horacio Rosatti lo suma como funcionario en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe a pesar de su prontuario como represor.
Isasa pide al Congreso de la Nación que se investigue al presidente de la CSJ por mal desempeño de los deberes de funcionario público por encubrir a un genocida. Esa acusación es una de las tantas que pesan sobre el magistrado en los pedidos de juicio político que tiene en su contra, donde también se incluyen a los demás cortesanos Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En otro tramo de la entrevista con la emisora santafesina, la militante cuenta que en el año 1998 se entrevistó con el entonces intendente de la capital de la provincia. “Consigo una entrevista con Rosatti y me pareció que lo correcto era informarle porque él podía no saber realmente. Le mostré las pruebas por las cuales Ramos no podía estar empleado en la municipalidad porque el propio estatuto prohíbe que un empleado tenga antecedentes por una condena dolosa. Rosatti no se comprometió a nada. No me dijo mañana lo echamos, simplemente dijo ‘¡Uh! Bueno, vamos a ver qué hacemos’”.
“Lo importante es lo que hizo, que fue encubrirlo, porque no lo echaron”, sentenció.