Américo Balbuena, Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez fueron condenados con el máximo de pena posible por haber espiado a centenares de organizaciones y personas mientras Balbuena se hizo pasar por periodista de la agencia de noticias alternativas entre 2002 y 2013. El juez Daniel Rafecas tomó todos los pedidos de la querella del CeProDH. Los policías no irán presos y como la inhabilitación para ser funcionarios públicos es solo de 4 años, luego podrían volver a sus andanzas. La voz de Myriam Bregman.
Redacción: Carlos Rodríguez. Edición: Fernando Tebele.
El espía policial Américo Balbuena, cuando alegó en su defensa, demostró lo precario de sus argumentos: “Mi hobby era el periodismo, lo que hacía en la Walsh era como una pasantía no remunerada”. Su propio defensor, el ex fiscal Jorge Alvarez Belanda, lo desmintió de alguna manera al afirmar que para su representado “el periodismo era su vocación”. La debilidad de la estrategia defensiva quedó expuesta esta tarde cuando el juez Daniel Rafecas rechazó todos los pedidos de nulidades y prescripción de los delitos y condenó a Balbuena y sus jefes Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo no hizo referencia a si Balbuena puede seguir ejerciendo sus hobbys: el periodismo y el espionaje, todo al mismo tiempo. Supuesto hobby o presunta vocación, lo cierto es que Balbuena estuvo espiando a dirigentes populares por más de diez años disfrazado de periodista.
En el juicio, sus ex jefes de la División Análisis de la Información, los comisarios Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez, menospreciaron las cualidades de Balbuena como espía diciendo que tenía “pocas luces”. Se puede traducir que eso era un mérito en el grupo de espionaje, porque las calificaciones del infiltrado en su legajo personal eran “excelentes”. Ustares sostuvo que en el cuerpo bajo su mando “todos hacían trabajo de policía y presentaban su credencial”.
Balbuena nunca le confesó que era policía a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh, con quien se conocían desde la infancia. Es lo único lógico del caso, porque si los espías infiltrados se presentaran con su nombre, apellido y cargo, dejarían de ser “infiltrados”. Matías Aufieri, uno de los abogados querellantes, recalcó que lo hecho por Balbuena, con el aval de sus jefes, fue “un accionar institucional implementado desde el Estado durante décadas, por parte del Cuerpo de Informaciones del que nunca terminamos de saber cómo funciona”.
La abogada y diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, quien se puso al frente –hace diez años— de la causa contra Balbuena, subrayó que “no hay cuentapropismo en los servicios de inteligencia” porque “son cuerpos orgánicos, como el de este juicio, que fue creado en la época de (Juan Carlos) Onganía, pasó por la dictadura de 1976 y siguió funcionando en todos los gobiernos constitucionales”. Señaló que los dirigentes políticos de los partidos tradicionales “condenan a estos grupos cuando son oposición y los usan cuando son gobierno”. En declaraciones a La Retaguardia apenas conocido el fallo, la diputada Bregman ratificó lo que viene señalando desde el comienzo de la causa: el espionaje es política de Estado. “Estos personajes no son cuentapropistas. Y las condenas ratifican que Balbuena y sus jefes fueron puestos en sus lugares por las fuerzas de seguridad del Estado. No es gente que un día dice: ‘voy a espiar’. Son puestos allí para cumplir esa tarea. Hace 10 años que estamos peleando en esta causa con muchísimas pruebas, con pericias, y se logró demostrar lo que decíamos: hubo una infiltración ilegal, amparada por Aníbal Fernández, que dijo hace unos días que ese cuerpo no existía”. Bregman también señaló como importante que el fallo pida “remitir copias a la bicameral de seguimiento a los organismos de Inteligencia del Congreso y también a la Comisión de Seguridad. Ahora ningún abogado ni senador va a poder decir que el espionaje no existe”.
Más allá de Balbuena y sus dos jefes, los querellantes seguirán exigiendo “saber cuántos miembros tiene (el grupo policial) y qué están haciendo hoy” desde el edificio de Moreno 1417. Bregman insistió en que el juicio “tiene que servir para saber cuántos Balbuena más hay actuando en este momento”.
Aníbal Fernández
Antes del comienzo del juicio, la dirigente del PTS-FIT tuvo un cruce con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien afirmó que el cuerpo de la Policía Federal, conocido como “Los Plumas” no existe. Bregman replicó que Fernández lo dijo en contra de la opinión de “dos ministros de Seguridad, Marcelo Saín (que declaró en el juicio) y Nilda Garré, quienes confirmaron que el grupo existe”. Garré, cuando era diputada, había pedido que el grupo fuera disuelto y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a terminal con él, pero nunca lo hizo.
El hoy ministro de Seguridad Aníbal Fernández, era secretario general de la Presidencia el 26 de junio de 2002, cuando se produjo la Masacre de Avellaneda, en el Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados por la policía Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Fernández acompañaba al presidente interino Eduardo Duhalde, quien asumió después de la crisis de diciembre de 2001. Fernández aseguró entonces que no había sido un asesinato policial sino “un enfrentamiento entre piqueteros”. En el juicio oral se comprobó todo lo contrario y fueron condenados a prisión perpetua los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, pero no prosperó el pedido de los querellantes para que avanzara la investigación sobre los responsables políticos. En la investigación se comprobó que Fanchiotti, jefe del operativo, recibió instrucciones de parte de agentes de la ex Secretaría de Inteligtencia de Estado (SIDE). Las comunicaciones partieron de un edificio ubicado en la Capital Federal, en la manzana ubicada entre las calles Billinghurst, Las Heras, Sánchez de Bustamante y Pacheco de Melo. De allí salieron tres llamados al celular de Fanchiotti. Los jefes de la ex SIDE eran los hipermenemistas Carlos Soria y Oscar Rodríguez. Ese lugar había sido una de las “cuevas” en las que trabajo Aníbal Gordon, agente emblemático de la SIDE, quien fue jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti y miembro de la patota uniformada que cometió crímenes de lesa humanidad en Villa Constitución, el 20 de marzo de 1975, entre otros delitos.
Espías hasta en la sopa
Por si fuera poco, como ya dijo La Retaguardia, el cuerpo de informaciones de la Federal en el que trabajó el espía Américo Balbuena, funciona en el mismo edificio que fue sede de la Superintendencia de Coordinación Federal, símbolo de la represión dictatorial desde los años 70.
https://laretaguardia.com.ar/2023/03/la-policia-federal-de-las-torturas-al-espionaje.html
El centro de reunión de información está en la calle Moreno 1417, según precisó el comisario Ustares. Desde el golpe de 1966 encabezado por Juan Carlos Onganía, Coordinación Federal fue sinónimo de persecución política, secuestros y asesinatos que continuaron en la década del setenta.
En 1976, después del golpe del 24 de marzo, Coordinación Federal pasó a llamarse Superintendencia de Seguridad Federal y se convirtió, además, en uno de los centros clandestinos de detención más activos de la Capital Federal.
Hoy está en marcha el tercer juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de esa dependencia de la Policía Federal.
Desde la asunción del presidente Raúl Alfonsín, esa dependencia volvió a cambiar de nombre. Se llama desde entonces Superintencia de Seguridad Metropolitana.