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Amnistía Internacional : El proyecto de ley de autodefensa podría aumentar la violencia policial y la impunidad de estos delitos
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Fecha: 1 de abril de 2023
Autor: ngchili
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La aprobación del proyecto de ley de legítima defensa, conocido como Ley Nain Retamal, que aumenta las penas por los delitos cometidos contra miembros de la policía nacional, la policía judicial y la gendarmería y consagra la legítima defensa en los procedimientos de uso de la fuerza, tendría graves consecuencias para la salud humana. consecuencias para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional el 30 de marzo de 2023.
“Si bien es importante tomar medidas para fortalecer la fuerza policial y prevenir la delincuencia en el país, un problema tan complejo debe ser abordado con seriedad y responsabilidad, con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lejos de resolver los problemas estructurales, claramente evidenciados por la crisis de 2019, que enfrentan los miembros de la policía nacional, el procedimiento de revisión acelerada del “proyecto Nain Retamal” es una respuesta oportunista, que conduciría a un grave retroceso en materia de derechos humanos. dijo Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Amnistía Internacional considera fundamental que el Senado rectifique este error y que el Gobierno respete sus compromisos e integre las modificaciones necesarias para paliar las insuficiencias del proyecto en la Cámara Alta. Crear algún tipo de presunción legal a favor de los agentes de policía, aun cuando se hayan cometido abusos contra los derechos humanos, es muy peligroso.
En su forma actual, el proyecto Nain Retamal avala un uso desproporcionado de la fuerza, burlando los principios de necesidad y proporcionalidad y la jurisprudencia internacional sobre la materia establecida tanto por los órganos de tratados de las Naciones Unidas como por el sistema interamericano de derechos humanos. Además, la nueva disposición sobre legítima defensa puede limitar el ejercicio de las garantías judiciales de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, ya que la redacción del proyecto de ley es muy ambigua y favorece la interpretación subjetiva del responsable de la aplicación de la ley involucrado en los hechos para establecer la validez de la legítima defensa.
“Las autoridades chilenas parecen haber olvidado que para proteger efectivamente tanto a la población como a la fuerza policial, se puede contemplar una reforma completa de la policía nacional. Al desconocer las necesidades reales de transformación de la institución, estarían perdiendo una oportunidad histórica, nacida del sufrimiento infligido a miles de personas durante el levantamiento social”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La extrema celeridad del trámite legislativo de este proyecto de ley se enmarca en el contexto de los homicidios de dos policías; graves delitos que Amnistía Internacional condena y que deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, los intentos de mejorar la seguridad pública de ninguna manera deben amenazar los derechos humanos, y ambas perspectivas deben incorporarse a la discusión.
Por otro lado, el argumento de que la aprobación de este proyecto de ley mejorará la seguridad es falso, porque en cambio aumentará el riesgo de violencia policial y abusos a los derechos humanos, así como la impunidad de estas acciones. Si bien son necesarios mecanismos que aseguren la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben basarse en la protección de los derechos humanos, a fin de establecer límites claros y dotar al personal de los instrumentos adecuados para desempeñar bien su trabajo.
Luego de los graves abusos a los derechos humanos generalizados cometidos como parte del levantamiento social por parte de miembros de la policía nacional, surgió un consenso sobre la necesidad de una reforma policial integral, y el gobierno había señalado su apoyo a esta. Sin embargo, a más de tres años de las protestas masivas, los avances en este sentido son mínimos. La reforma policial debe cubrir, entre otras cosas, la preparación, los recursos y las herramientas apropiados para el uso de la fuerza, cuando se necesita una fuerza proporcional y progresiva, y la rendición de cuentas por las consecuencias de las intervenciones. También debe prever un mayor control civil y una actualización de los protocolos, que deben basarse en el respeto a los derechos humanos.
“De acuerdo con la Ley Nain Retamal que es probable que se apruebe, los abusos a los derechos humanos y los delitos de derecho internacional, como los cometidos durante el levantamiento social, podrían repetirse con mayor regularidad y con menores posibilidades de sanción por estos hechos, porque la la disposición relativa a la “legítima defensa” invierte la carga de la prueba, dejándola sobre la víctima, quien debe probar que esta exención no es aplicable. Exhortamos a las autoridades a reflexionar y tomar las medidas necesarias para que la Ley Nain Retamal no sea fuente de impunidad y violencia y a comprometerse a realizar una reforma integral de la institución policial, tal como lo había prometido el ejecutivo en su programa de gobierno, ”, dijo Rodrigo Bustos.
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