Ucrania ha sido durante mucho tiempo considerada el país más libre del espacio postsoviético. Hasta hace 10 años, partidos políticos y organizaciones públicas de todas las tendencias, y una gran variedad de medios de comunicación actuaban libremente en nuestro Estado, y políticos de la oposición, periodistas y activistas criticaban abiertamente y sin miedo a las autoridades. Cualquier intento de impedir las criticas a las autoridades por su actuación se convertía en motivo de gran escándalo, por lo que dichos intentos eran muy infrecuentes.
Pero todo ha cambiado dramáticamente desde el Euromaidán de 2014. El régimen oligárquico de derechas que llegó al poder con una ideología nacionalista empezó a perseguir con saña a sus oponentes, empleando para ello medios terroristas.
El ejemplo más trágico, no ya de persecución, sino de asesinato de sus oponentes ideológicos, llevado a cabo por el régimen que gobierna en Kiev tuvo lugar en Odessa el 2 de mayo de 2014, cuando militantes nacionalistas, con plena connivencia y asistencia de las autoridades, acorralaron a unos activistas antifascistas en la Casa de los Sindicatos y prendieron fuego al edificio, mientras muchas personas que escapaban del incendio saltando por las ventanas eran rematadas en el suelo. En total, murieron más de 40 personas, entre ellas Vadim Papura, miembro del Komsomol (Unión de las Juventudes Comunistas), así como Andrei Brazhevsky, miembro de la organización de izquierdas Borotba.
Por este crimen nadie ha sido castigado, pese a que los que participaron en él quedaron registrados en muchas fotos y vídeos. Más aún, uno de los organizadores de esta masacre se convirtió posteriormente en portavoz del Parlamento ucraniano, y otro llegó a miembro del Parlamento en las listas del partido del expresidente Poroshenko.
Igualmente, tampoco han sido castigados, los asesinos de un buen número de políticos y periodistas que han muerto desde 2014: la exdiputada del Partido Socialista de Ucrania Valentina Semenyuk-Samsonenko (asesinato disfrazado de suicidio, ocurrido el 27 de agosto de 2014); el exdiputado y organizador de acciones de oposición Oleg Kalashnikov (asesinado el 15 de abril de 2015); el popular escritor y publicista antifascista Oles Buzina (asesinado el 16 de abril de 2015), y muchos otros.
Las actividades del mayor partido de izquierdas del país en aquel momento, el Partido Comunista de Ucrania, fueron prohibidas.
Además, políticos, periodistas y activistas de la oposición, muchos de ellos de izquierdas, han sido golpeados, arrestados y encarcelados en los últimos años bajo acusaciones amañadas de “alta traición” y otros cargos abiertamente políticos. Ello ha ocurrido, en particular, con los periodistas Vasily Muravitsky, Dmitry Vasilets, Pavel Volkov, el activista de derechos humanos Ruslan Kotsaba y otros. Es típico que en los tribunales, incluso bajo presión de las autoridades, dichas acusaciones, fueron por lo general desestimadas y consideradas totalmente insostenibles.
Cada año ha ido agravándose la situación, especialmente desde que Vladimir Zelensky se convirtió en el Presidente de Ucrania. La razón formal para la completa eliminación de los restos de libertades civiles y el inicio de la represión política sin tapujos fue el conflicto militar en Ucrania que dio comienzo en febrero de 2022.
Todos los partidos de la oposición en Ucrania, la mayoría de los cuales son de izquierdas, incluida la Unión de Fuerzas de Izquierda (Por un Nuevo Socialismo), que yo dirijo, fueron prohibidos sobre la base de acusaciones prefabricadas de ser “pro-rusos”.
Al mismo tiempo, el único miembro del parlamento ucraniano que abiertamente trabajó con las autoridades creadas por Rusia en el territorio de Ucrania, Oleksiy Kovalyov, representaba al partido del Presidente Zelensky, Servidor del Pueblo. Más aún, durante el período de guerra, el partido gobernante se ha visto sacudido por grandes escándalos de corrupción que socavan la credibilidad de las autoridades a los ojos de la población y destruyen de manera catastrófica los restos del prestigio de Ucrania a los ojos de la comunidad mundial (el vicedirector de la Oficina del Presidente, Kyrylo Timoshenko; el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, y su segundo, Vyacheslav Shapovalov; el viceministro de Comunidades, Territorios y Desarrollo de Infraestructuras, Vasily Lozinsky; el presidente del consejo de administración de Naftogaz Ukrainy, Andriy Kobolev; el jefe de la Administración Militar Regional de Dniepropetrovsk, Valentyn Reznichenko, y otros). Pese al hecho de que es precisamente esta “actividad” del partido del gobierno la que representa una amenaza directa para la seguridad y la existencia misma del país, hasta ahora, por alguna razón, no ha sido perseguida por las autoridades.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), bajo acusaciones de alta traición, ha detenido a diversos líderes de opinión y periodistas que antes de la guerra habían hecho en los medios de comunicación comentarios críticos sobre el gobierno. Todos ellos han sido acusados de promover posturas pro-rusas, alta traición, espionaje, propaganda, etc.
En febrero-marzo de 2022 fueron detenidos bajo cargos de alta traición y encerrados en centros de prisión preventiva blogueros y periodistas tan conocidos como: Dmitry Dzhangirov (favorable a posiciones de izquierda y colaborador de nuestro partido), Yan Taksyur (simpatizante de la izquierda), Dmitry Marunich, Mikhail Pogrebinsky, Yuri Tkachev, etc.
La razón de su detención no fue en absoluto ningún atisbo de traición, sino el temor de las autoridades frente a sus posiciones políticas, que no coincidían con la posición oficial.
En marzo de 2022, el historiador Alexander Karevin, conocido por su actividad ciudadana, desapareció sin dejar rastro después de recibir en su domicilio la visita de funcionarios del SBU. Karevin había criticado repetida y duramente las medidas de las autoridades ucranianas en el campo de las humanidades, la política lingüística y la memoria histórica.
En febrero de 2023, Dmitry Skvortsov, publicista y bloguero ortodoxo, fue detenido en un monasterio cercano a Kiev e internado en un centro de detención preventiva.
En marzo de 2022, en Kiev, bajo sospechas en relación con el Art. 111 del Código Penal (CP) (traición) fue arrestada e internada en un centro de detención preventiva la abogada y activista de derechos humanos, conocida por su postura antifascista, Olena Berezhnaya, quien en diciembre de 2021 habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las actividades ilegales que tenían lugar en Ucrania.
El 3 de marzo de 2022, el SBU detuvo en Kiev, bajo acusaciones de infringir el Art. 109 del Código Penal de Ucrania (“acciones encaminadas a modificar por la fuerza el orden constitucional o hacerse con el poder del Estado”), e internó en un centro de detención preventiva, hasta el final de 2022, a los hermanos activistas y antifascistas Alexander y Mikhail Kononovichi. Fueron golpeados y torturados, negándoseles la asistencia médica oportuna.
En mayo de 2022, en Dnipro, el SBU detuvo a un hermano del excandidato a la presidencia de Ucrania Oleg Tsarev, el ciudadano Mikhail Tsarev, bajo acusación de “desestabilizar la situación socio-política en la región”. Como resultado de ello, en diciembre de 2022 fue condenado por terrorismo a 5 años de prisión.
El 7 de marzo de 2022, seis activistas de la organización de oposición Patriotas por la Vida desaparecieron sin dejar rastro en Severodonetsk, y en mayo de 2022, uno de los dirigentes del grupo Azov, Maxim Zhorin, divulgó una foto de sus cadáveres en Internet, diciendo que “fueron ejecutados”; su asesinato está relacionado con su posición política, y fue llevado a cabo por organizaciones paramilitares.
El 12 de enero de 2023, Sergei Titov, un residente de Belaya Tserkov, persona medio ciega con una enfermedad mental, fue arrestado e internado en un centro de detención preventiva, acusado de “saboteador”. El 2 de marzo de 2023 se informó de que había fallecido en el centro de detención preventiva.
Desde noviembre de 2022, Dmitry Shymko, de Khmelnytsky, ha permanecido en el calabozo por sus ideas políticas.
Centenares de personas corrientes han sido ya procesadas en la Ucrania de hoy por distribuir a través de Internet contenidos políticos que las autoridades consideraron prohibidos.
Las autoridades han sometido a estrecho control el ámbito de la información en Ucrania, incluido Internet. Cualquier información difundida por ciudadanos acerca de errores en el frente, corrupción de las autoridades y las fuerzas armadas, o sobre afirmaciones falsas de cargos públicos, son declaradas delito. Dichos ciudadanos, así como blogueros, administradores de canales de Telegram, etc., son objeto de acoso por la policía y el Servicio de Seguridad.
Para la primavera de este año, según la SBU, se bloquearon 26 canales de Telegram, en los que se informaba a la gente sobre los lugares donde se repartían los llamados a la movilización. Allanaron las casas de seis administradores de los canales de Telegram, fueron acusados de delinquir. Así, se bloquearon las páginas públicas que operan en las regiones de Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Vinnitsa, Chernivtsi, Kyiv, Lviv y Odessa, a las que están suscritos más de 400.000 usuarios. Los administradores del canal de Telegram se enfrentan a una pena de 10 años de prisión.
En marzo de 2022 fue introducido en el Código Penal de Ucrania el Artículo 436-2, “Justificación, reconocimiento de legitimidad o negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania, glorificación de sus participantes”, artículo dirigido en realidad contra cualquier ciudadano de Ucrania cuya posición difiera de algún modo de la posición política oficial.
Dicha norma está formulada de tal manera que, en esencia, permite el castigo por “delitos de pensamiento”: palabras, frases pronunciadas no sólo públicamente, sino también en conversaciones privadas, escritas en mensajería privada o en SMS telefónicos. De hecho, estamos hablando de una intromisión en la vida privada de los ciudadanos, en su pensamiento. Esto quedó confirmado de hecho por la práctica de su aplicación legal: imputación de cargos por el envío de mensajes de “me gusta”, por llamadas telefónicas privadas, etc. Por simples conversaciones en la calle y mensajes de aprobación en Internet se han registrado hasta marzo de 2023 380 sentencias en el registro de decisiones judiciales, incluidas sentencias a penas de cárcel.
Así, en junio de 2022, en Dnipro, un residente de Mariupol fue condenado a 5 años de cárcel, con un período de libertad condicional de 2 años, por haber sostenido en marzo de 2022 que el bombardeo de la población civil y de infraestructuras civiles en Mariupol era realizado por miembros de las fuerzas armadas de Ucrania (AFU).
Otra sentencia, basada en los contenidos de una conversación telefónica de marzo de 2023, recayó sobre un residente de Odessa, condenado a dos años en libertad provisional por “conversaciones antipatrióticas y contra el Estado” a través de un teléfono móvil.
Un residente de la aldea de Maly Bobrik en la región de Sumy, que en abril de 2022, junto al patio de su casa y en presencia de tres personas, manifestó aprobación por las acciones de las autoridades rusas en relación con Ucrania y se negó a reconocer su culpa, fue condenado en junio de 2022, con arreglo a la parte 1 del Art. 436-2 del Código Penal, a seis meses de cárcel.
Al menos 25 ucranianos han sido condenados por “actividades antiucranianas” en los medios de comunicación social. Diecinueve personas fueron detectadas por la policía en la red Odnoklassniki y bloqueadas en el país. Según la investigación, dichas personas residentes en Ucrania difundían símbolos “Z” y banderas rusas en sus páginas y calificaban la invasión de “liberación”.
Recayeron condenas también sobre quienes no distribuyeron las mencionadas publicaciones, sino que manifestaron su aprobación en las redes sociales (al menos los textos de dos sentencias dicen que los llamados “me gusta” tenían la finalidad de “difundir entre un amplio grupo de personas la idea de modificar las fronteras del territorio de Ucrania” y “justificar la agresión armada de la Federación Rusa”. La justificación dada por los investigadores fue que las páginas personales eran de acceso público y su contenido podía ser visto por muchas personas.
Así, en mayo de 2022, en Uman, una pensionista fue sentenciada a dos años de prisión con un período de libertad condicional de un año “debido a su rechazo de las actuales autoridades ucranianas… y a que en la red de Internet Odnoklassniki marcó con “me gusta” diversas publicaciones que justifican la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania”.
En Kremenchug, en mayo de 2022, con arreglo al Art. 436-2 del Código Penal de Ucrania, fue condenado un ciudadano de Ucrania que bajo un apodo (el pseudónimo utilizado en la red) habló en Odnoklassniki sobre los nazis en Ucrania y el desarrollo de armas biológicas financiado por el Pentágono.
La represión ejercida por el actual gobierno para luchar contra los que disienten de su política ha convertido Ucrania en el Estado menos libre de Europa, en un Estado donde cualquier persona que ose oponerse a las autoridades, la oligarquía, el nacionalismo y el neonazismo pone en peligro su libertad y a menudo su vida.
Pedimos que se difunda esta información lo más ampliamente posible, pues en la situación actual sólo una amplia difusión internacional de los hechos presentados en este artículo puede ayudar a salvar a miles de personas cuya libertad y cuya vida están ahora seriamente amenazadas en Ucrania.
Maxim Goldarb, presidente del partido de la Unión de Fuerzas de Izquierda (Por un Nuevo Socialismo)