Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Salta junto a organizaciones feministas presentaron un petitorio expresando su absoluta preocupación ante la media sanción que obtuvo el proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de Salta, que permitiría el ingreso de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles a formar parte de consejerías a personas embarazadas. La iniciativa es impulsada por legisladores que se manifestaron en contra del aborto legal. “Venimos a manifestar nuestra máxima preocupación sobre los riesgos que conllevaría su eventual implementación, toda vez que colisiona con los derechos adquiridos por las mujeres y personas gestantes, materializados mediante la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, Ley 27.611”. Además sostienen que la implementación de este proyecto implicaría una partida presupuestaria en una provincia en conflicto por los salarios por debajo de la línea de pobreza de quienes trabajan para el Estado.
El martes la Cámara de Diputados de la provincia de Salta otorgó media sanción a un proyecto de ley que insta a establecer consejerías integrales en los establecimientos de salud destinados a brindar atención a embarazadas, con la particularidad de que obliga la incorporación de terceros, provenientes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. El proyecto fue impulsado por legisladores que se manifestaron en contra del aborto legal.
ANRed dialogó con Sofía Fernandez referente de la Campaña por el derecho al aborto, Regional Salta dijo: «se trata de un proyecto de Ley que aprueba la Cámara de Diputados enviado por Cristina Fiore que es antiderecho, para hacer consejerías a embarazadas por medio de personal no médico tercerizándolo a través de las ONGs. El mayor problema que observamos es que se trata de personal no médico que puede no cumplir con la ley, que no le podés exigir lo mismo que a un médico funcionario del hospital público y las garantías. Además ya existen consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva en Salta que brindan un control integral para embarazadas que quieran ingresar al plan Sumar (Programa Sumar brinda cobertura de salud a todas las personas que no cuentan con obra social ni prepagas), es decir son obligatorias la consejerías. Tenés que hacerte los análisis indicados para entrar a este programa, como a la Asignación Universal, el Plan de los mil días, o sea, ya existen las consejerías con personal médico. Con esta ley pretenden tercerizar a través de las ONGs que Fiore maneja».
Continó «¡este es el panorama horrendo!. Hace tres meses hicieron también una diplomatura en la UCASal para maternidades en situación de vulnerabilidad para acompañar, pero en realidad es para decirles que no aborten y y pintarles un mundo que no es en pos que sigan pariendo. De hecho les dicen que son unas heroínas las que en contextos desfavorables aún así deciden ser madres. Esto es lo que está pasando en Salta».
Asimismo desde la Campaña por el derecho al aborto junto a organizaciones feministas presentaron un petitorio en el que señalan una serie de argumentos jurídicos que dan cuenta de la evidente contradicción del Proyecto de Ley con la normativa vigente: Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, Ley 27.611 de los 1000 días y Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, así como Tratados Internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará).
“Ayer presentamos el documento petitorio en la Cámara de Senadores. Va a pasar a la Comisión de Salud, también le enviamos el mismo documento a todos los contactos que teníamos de Senadores. La idea es frenar este proyecto de Ley y darles argumentos a estos funcionarios para que no la voten, o voten en contra o directamente la devuelvan. ¡Ojalá!. Ahí vamos, por lo menos el gobernador (Gustavo Sáenz) vetó la mitad de la ley antipiquete, es un pequeño triunfito que tenemos. Vamos a ver qué pasa”, finalizó Fernández.