“Acá se vivió un estado de sitio, como si hubiera una dictadura”, dice la referenta de derechos humanos de Jujuy. La represión del Gobierno de Gerardo Morales, en primera persona.
Por Adriana Meyer.
Las manifestaciones que siguen poblando calles y rutas en Jujuy tienen su correlato en una feroz represión desplegada por el Gobierno de Gerardo Morales, con herramientas de dudosa legalidad. Mientras las organizaciones de derechos humanos recogen denuncias de las violaciones cometidas por la policía, el Poder Judicial imputó a 90 manifestantes, la mayoría de ellos detenidos durante la protesta frente a la Legislatura el 20 de junio contra la reforma constitucional, y otros en el corte de ruta en Purmamarca del día 17, por delitos como obstrucción del tránsito, resistencia a la autoridad y daños. A casi dos semanas de esos hechos, sus abogados describen un clima de amedrentamiento, con amenazas e intimidaciones a quienes continúan participando de protestas o hayan expresado públicamente su repudio ante esta escalada represiva.
Acción dialogó con la referente de derechos humanos de Jujuy Fabiola Suárez –57 años, dos hijas, nacida en Salta–, coordinadora de los organismos de derechos humanos de Jujuy contra la violencia institucional y miembro del consejo consultivo del Comité Local contra la Tortura. Es empleada municipal y promotora social. Fue secretaria general de la CTA Autónoma e integrante de ATE Jujuy. “Acá quienes tenemos conciencia de clase nos percibimos indígenas, otros son pero lo niegan”, afirma.
–¿Cómo comenzó esta rebelión popular?
–Los sindicatos recién ahora empezaron a levantarse, cuando lo hicieron los docentes. En el Cedems (secundarios) asumió una conducción nueva, luego de muchos años de ser adepta al Gobierno. A su vez, marcharon también los docentes primarios y salió a apoyarlos la población, que antes venía callada y atemorizada, porque acá al que habla lo criminalizan.
–¿Estuvo en el corte de la ruta 9 y la represión del 17 en Purmamarca?
–Sí. Fuimos a garantizar los derechos de los hermanos originarios, con la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, gente del INADI, y abogados de organismos de derechos humanos. Había una larga fila de vehículos porque era un fin de semana largo y estaba lleno de turistas en la Quebrada. Las comunidades habían hecho permanencia, sin corte, pero apareció la policía a querer amedrentarlos. Luego de la represión se endurecieron, se quedaban una hora y 15 minutos dejaban circular. Se hizo una larguísima cola de camiones y colectivos, por el paso obligado de Jama. Todo transcurría en una tensa calma, entregamos las donaciones que traíamos, y nos pusimos a mediar, pero sin interferir porque las comunidades deciden en asambleas. En un momento llegaron funcionarios de Morales, segundas y terceras líneas. Los pobladores decidieron no dialogar con ellos, querían que la reforma no fuera jurada. Cerca de las 3 de la tarde me acerqué a una ambulancia para que me tomaran la presión, que la tenía alta. Policías de Infantería y de la Brigada de Investigaciones se ubicaron en fila al costado del cerro y empezaron a disparar. Del lado de las vías del tren venían pedradas. Al rato arrestaron a un periodista. Me acerqué para pedirle su nombre. Ahí escuché que uno decía «llevala a ella también», a lo que respondí «pará un poco, soy de los derechos humanos, no me toques». Ahí me dieron un golpe en las costillas y una trompada. Me subieron a una camioneta y no me resistí. Dos chiquitas lloraban, habían salido de trabajar, una de ellas estaba amamantando. Luego de media hora arrancaron y vimos cómo seguían reprimiendo de manera feroz. La gente corría, se había subido a un cerro para escapar, cuando les daba un perdigón se caían, hombres, mujeres.
–Es una escena tremenda…
–Sí, dantesca. Pensé que había muertos. Llegó el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Walter Rondón, como me conoce me miró con cara de qué hacía yo ahí, y yo me encogí de hombros. Finalmente nos llevaron al Penal de Alto Comedero, en San Salvador, con sirenas y patrulleros. No nos dejaban hablar por teléfono, aproveché la batería que me quedaba para avisar a la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos y a mi familia. Estaba Natalia Morales, convencional por el FIT, le querían quitar el celular y les dije que no tenían orden judicial. Luego supe que la llevaron a la ciudad y la hicieron pasear por varias comisarías antes de liberarla. Éramos nueve mujeres y unos once varones, entre ellos el periodista y el turista, el que salió en los medios cuando lo detuvieron. Había un chico de 17 años. Fue muy larga la requisa, en medio de un frío de pelarse al aire libre, nos hicieron sacar la ropa para la revisión médica.
–¿En algún momento mostraron una orden judicial?
–No, nunca. Ninguno de los policías tenía identificación, acá andan así. Nos sacaron todas las cosas, les dije que mi celular no se iba a ningún lado pero me lo quitaron. En eso llegaron con computadoras de mano, eran efectivos con chalecos de Delitos Complejos. Pretendían que firmáramos que se llevaban los teléfonos. Me quejé de esto, le arrebaté el papel, firmé y puse bien grande que el celular estaba retirado sin mi conformidad. Al rato ví que enchufaron nuestros celulares a las notebooks que habían llevado, y luego los guardaban en unos sobres marrones, con un precinto. No solo no hubo orden judicial de retenerlos sino que fueron manipulados sin la presencia de peritos de partes. Claramente buscan más nombres, en mi caso tengo el celular de casi todos los dirigentes sociales y sindicales por mi labor en derechos humanos. Son datos muy delicados, trabajo con personas privadas de su libertad.
–A todo esto, ¿su salud cómo estaba?
–Sufro de presión alta, no puede subirme más de 15, la tenía arriba de los 18. Tuve tres ACV en mi vida, tengo arritmia y alergia pulmonar. Al ingresar a la Unidad 3 nos dieron de cenar, pero no sabíamos nada de nuestras familias, ni ellos de nosotras. Hasta que ingresaron las abogadas, entre ellas, Malala Menester, de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), una compañera de HIJOS y la gente del Comité Local contra la Tortura. Ya era la medianoche. Me trasladaron al puesto de salud Snopek, me dolía el cuerpo de los golpes, no me podía parar. Me hicieron esperar dos horas. Tenían orden de no atender a los detenidos y detenidas, solo a los policías.
–¿Qué pasó al día siguiente?
–Volvieron los abogados, vino el mío, Luis Paz. Sabíamos cómo venía la mano porque el año pasado tuvieron una semana presos a los del Frente Piquetero y el Polo Obrero. Después de la siesta llegó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y otros funcionarios y diputados nacionales. Era seguro que íbamos a quedar imputadas por «flagrancia». Nos liberaron a las 3 de la madrugada del lunes 19.
–¿Era el día de la jura de la nueva Constitución?
–Sí, pero no estaba claro a qué hora ni dónde. Iba a ser el martes en el teatro Mitre, pero la terminaron haciendo en la Legislatura cerca de las 9. Era todo a escondidas. La gente ya había programado movilizarse. Al llegar a la Legislatura había un enorme vallado. Cuando llegué ya había empezado la represión, la gente corría para todos lados. Compañeros ex presos políticos y sobrevivientes de las noches del Apagón venían corriendo, había muchos heridos, la Infantería avanzaba disparando, y apareció la Caballería. Agarraban gente al voleo. Cuando se calmó la represión en el centro siguió del otro lado del río Xibi Xibi, aparecieron motos con policías de civil de la Brigada. Para que cayeran los manifestantes les daban con el rebenque. Los vecinos abrían las puertas para dar refugio. Vimos a civiles rompiendo una fiambrería, y la policía miraba, obviamente eran de ellos. También vimos camionetas sin patente, algunas blancas, levantando gente.
–¿Esa tarde volvió al penal pero del lado de afuera?
–Sí. No nos dejaban entrar. Habían detenido a una mujer recién operada con la bolsa de colostomía que golpearon mucho y un chico con bipolaridad, con la cabeza vendada por la paliza que le habían dado. Estaba Eva Arroyo, de HIJOS, con su hija. Logramos la liberación del chico con autismo y su hermano discapacitado, los hermanos Domínguez. Al otro día llegó la prensa nacional. Pasaban las horas y el fiscal no atendía el teléfono, todavía había 52 detenidos, ocho tenían antecedentes así que no serían liberados. Cinco de esas personas vivían en la calle y no tienen familia. Abigail Salas, mamá de cinco niños, salió sin poder caminar, con perdigones en las piernas. En estos días a los familiares de los detenidos los siguen en motos, se paran patrulleros frente a sus casas, cuando tomamos testimonios nos rodean policías de civil y uniformados. Hubo actos de represalia contra la familia Domínguez, los allanaron, les robaron y les armaron una causa. Y ahora lo de Milagro (Sala).
–¿Ante quién van a denunciar estas violaciones a los derechos humanos?
–La Misión viene presentando todo en el Congreso, pero queremos que las denuncias vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Misión empezó a venir con la persecución a la agrupación Tupac Amaru, y les empezamos a dar los datos de personas atacadas tan solo por levantar su voz. Vinieron en 2021 con la represión en el barrio Campo Verde, que se resistió a que le quiten un espacio verde. En 2022 fueron las detenciones a la gente del Polo Obrero, entre ellos Sebastián Copello, y al Frente Piquetero. Luego vinieron los 16 allanamientos a las casas y locales de dirigentes sociales, con tareas de inteligencia. También nuestros abogados evalúan acudir ante la Corte Suprema, porque acá es al vicio.
–¿Cómo definiría lo que pasa en Jujuy?
–Acá se vivió un estado de sitio, como si hubiera una dictadura. Ahora vivimos con miedo, dicen que hay un listado de órdenes de detenciones. Acá no hay oposición porque el PJ es socio de Morales. En 2016, con la detención de Milagro dijimos que había que salir porque sino iban a venir por todo. Hubo silencio, miedo y mucha división. Pero ahora los docentes en la calle, las bases que superaron a las conducciones, hicieron que la gente pierda el miedo y salga a acompañarlos porque son muy respetados. Salieron autoconvocados e incluso quienes votaron a Morales. Aunque ganó, este año sacó mucho menos que en 2015, sumadas las denuncias de fraude se iba notando que está bajando la adhesión a su política. La salida de los hermanos de los pueblos originarios hizo que la gente también salga. No hay un líder como en otras épocas, como un Perro Santillán o una Sala. Son los originarios, los sindicatos, las organizaciones sociales, a su manera salen a hacerse sentir. Eso lo enfurece mucho a Morales. Es una rebelión y por eso viene la persecución.
Fuente: https://accion.coop/pais/politica/presa-por-protestar/