Se trata de Iván Blacutt, una de las 20 personas con domicilio en la capital jujeña sobre los cuales se libró una orden de allanamiento, registro, secuestro y detención por las movilizaciones del 20 de junio en inmediaciones de la Legislatura. Ya son más de 40 órdenes de detención en la provincia castigando el derecho a manifestarse. Continúa la cacería de Morales contra trabajadores, comuneros y referentes sociales.
Con información de Jujuy Dice y CELS.
El temor que la embestida represiva de Gerardo Morales sembró este miércoles en la población de Humahuaca por las masivas detenciones de manifestantes en contra de la reforma constitucional se trasladó en la mañana de este jueves a la capital jujeña, donde la justicia libró la orden contra 20 varones, entre ello, un docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Iván Blacutt.
Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas.
La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas. pic.twitter.com/gIkdMwXVzs
— CELS (@CELS_Argentina) July 13, 2023
La orden de allanamiento, registro, secuestro y detención realizada por el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación jujeño, Diego Funes, se produce en el marco de la investigación penal respecto a los hechos sucedidos el pasado 20 de junio, cuando Gerardo Morales juraba el texto de la reformada Constitución provincial.
Las imputaciones, tal como había adelantado Funes en conferencia de prensa, son por delitos penales de la mayor gravedad como “sedición”, “secuestro de personas”, lesiones doblemente agravadas, entre otras, lo que implica condenas de hasta 25 años. También irán por el castigo económico librando embargos y aplicando multas que podrán llegar hasta los 2 millones de pesos.
Las detenciones libradas argumentan “peligro de entorpecimiento, fuga y peligro objetivos”.
Siguiendo las directivas del gobierno provincial, los fiscales están imputando el delito de “sedición”. “Pretenden así que la protesta sea considerada como un alzamiento contra el gobierno. Otra forma de generar miedo para coartar el derecho a manifestarse”, denunciaron desde el CELS.
Durante esta mañana una de las víctimas del ataque represivo dejaba registro de lo que estaba sucediendo: “mi nombre es Iván Blacutt, soy docente de la Universidad de Jujuy y me están deteniendo en este momento”, fue lo único que pudo manifestar ante la detención policial.
Según informa el portal regional Jujuy Dice, Blacutt estaba dentro de una lista de 20 personas sobre las cuales se pidió su detención este jueves y que se completa con:
Miguel Ramos
Santiago Zamora
Walter Armando Puca
Gabriel Taboada
Martin Antonio Abad
Luis Santiago Zalazar
Gabino Cruz
José Darío Donaire
José Luis Leopoldo Vilca
Nelson Javier Mamani
Mayuk Nasib Mamani
Héctor Luis Gerónimo
Walter Damián Brizuela
Arnold Alfredo Flores Ricaldi
Lautaro Joaquín Rivero
Leonardo Alejandro Rosales
Dan Leonel Liborio
Gonzalo José Marino Díaz
Fabián Alberto Cruz
La Policía irrumpió en el Rectorado de la UNJu mientras se discutía el rechazo a la reforma
Este miércoles, el Consejo Superior desarrollaba una asamblea donde se debatía sobre expresarse institucionalmente sobre los cambios en la Constitución provincial, momento en que ingresaron efectivos, sin orden judicial y sin invitación, como marca la ley.
Decidido a defender la reforma constitucional hecha a su medida, Gerardo Morales inició una cacería contra toda persona que manifieste su oposición a los cambios en la Carta Magna provincial, incluso, sin importar la violación de leyes nacionales vigentes, algo que se pudo ver claramente cuando efectivos policiales ingresaron en la sede del Rectorado de la UNJu.
Fue en horas de la tarde del miércoles, cuando el Consejo Superior desarrollaba una sesión ordinaria en la cual se estaba debatiendo sobre el pronunciamiento institucional respecto al rechazo de la reforma. En ese momento, agentes de la Policía de Jujuy se hicieron presentes en la sede universitaria, lo que generó un malestar generalizado debido a la violación de su autonomía.
Son dos leyes de rango nacional que efectivos violaron con el ingreso al Rectorado de la UNJu: la primera y principal, la Constitución Nacional que, en su artículo Nº 75 inciso 19, establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales; la segunda, es la violación de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521) respecto al artículo 31, el cual señala “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no mediare orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Ninguno de los agentes esgrimió dicha orden.
La respuesta de trabajadores de la UNJu fue inmediata, les señalaron a que no podían estar allí, además de pedir que se identificaran. Por su parte, efectivos no sólo se negaron a brindar su identidad, sino que además una mujer policía se retiró la identificación que estaba pegada en uno de sus brazos.
Frente a este hecho, desde la Universidad de Jujuy lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido en la sede del Rectorado y consideraron que el ingreso de policías a su sede reviste “suma gravedad institucional” y condiciona e interfiere “en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”.