Los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Giménez Uriburu y Nicolás Toselli rechazaron el pedido de ampliación de casos y cargos contra quienes están imputados en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 200 hijos e hijas deberán seguir esperando ser tomadas como víctimas directas.
Redacción: Camila Cataneo / Fernando Tebele. Edición: Pedro Ramírez Otero. Imagen: Transmisión de La Retaguardia
Hace algunas semanas, el Ministerio Público Fiscal pidió al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires sumar más de 200 nuevos casos de niños y niñas que estuvieron en los centros clandestinos “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, o que fueron afectados por la desaparición de sus padres o madres. Por otro lado, pidieron incorporar los delitos sexuales cometidos contra mujeres en sus cautiverios.
Tras darse a conocer la decisión de los jueces, tres imputados ampliaron sus indagatorias en la instancia final antes de los alegatos. Comenzó Miguel Pablo Lugo, quien se victimizó y afirmó que no cometió ningún delito. También exigió “que se haga justicia con quienes son los responsables”, aunque se ubicó realizando “cinco guardias” en El Olimpo. Al comenzar su declaración expresó que no iba a responder preguntas.
Continuó Miguel Victor Pepe, quien declaró que no había presenciado ni visto nada. Luego dijo que alguna vez señaló “al subversivo como el enemigo, quizás por rencor”. Finalizó Sergio Raúl Nazario, quien aseguró: “No estuve jamás en ese destino y no conozco a las personas que han sido nombradas en este sumario”. Luego, el abogado defensor Nicolás Armando le consultó sobre los cargos que tuvo en el período de tiempo que se toma en este quinto tramo.
Al finalizar la audiencia, Berenice Timpanaro, fiscala auxiliar, se sumó a la transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente. Allí habló sobre la decisión del tribunal frente al perdido de sumar nuevos delitos. “No son casos aislados”, planteó y comentó que el tribunal argumentó que los casos de violencia contra mujeres en cautiverio ya formaban parte de la causa. Además, advirtió a las defensas que las partes acusadoras podrían acusar por delitos diferentes a cómo llegó la causa desde la Instrucción. En el caso de los niños y niñas que fueron víctimas en aquella época, los jueces rechazaron la incorporación en este juicio que se realiza, porque no fueron casos tomados durante el período de Instrucción tramitado en el juzgado de Daniel Rafecas.
Los niñas y niñas fueron víctimas de la dictadura
El 12 de octubre de 1978, Iván Troitero tenía 15 años. Vivía junto a sus padres y sus hermanos en un departamento en Lugano I y II.
Una patota de aproximadamente 35 personas allanó su casa. Solo estaban los hermanos. Cada uno fue llevado a una habitación diferente. Sufrieron violencia física y psicológica mientras esperaban la llegada de los padres. Uno de sus hermanos intentó escapar y fue asesinado. Luego de dos horas, llegaron Alfredo Troitero y Martha Tilger a su domicilio. Allí fueron secuestrados. Los niños fueron amenazados por la patota. “Si bajan, los matamos”, les aseguró uno de ellos. Al llevarse a sus padres, Ivan le pidió a uno de sus hermanos que bajaran por las escaleras. “Pasamos uno por uno a los chicos y llegamos a la casa de un compañero a las siete de la mañana. Luego estuvimos en la casa de mi abuela”, contó Iván durante la transmisión del juicio a través del canal de YouTube de La Retaguardia.
La historia de Ivan es una de las miless de historias de hijos e hijas de personas que fueron secuestradas en la época de la dictadura. En 2019 comenzaron a organizarse quienes habían estado en el Circuito ABO para visibilizar sus casos. “A nosotros nos convocan como testigos, pero somos víctimas”, aseguró Ivan Troitero. Tambiénn dijo: “Nuestras vidas fueron invisibilizadas por el Poder Judicial”.
Durante la dictadura, los niños y niñas han sido violentados desde el momento que secuestraron a sus padres. Muchas y muchos fueron llevados a centros clandestinos. “Solo estar ahí tendría que ser considerado un tortura”, dijo Ivan. También hubo hijos e hijas que sufrieron violencia física y psicológica cuando entraban a las casas. . Además de los bebés robados que recuperaron sus identidades, o aquellos a quienes se continúa buscando. Todas y todos fueron víctimas.
La deuda de la Instrucción
Iván interpeló al juez Daniel Rafecas, a cargo de la Instrucción de la Megacausa Primer Cuerpo de Ejército: “Tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires un Juzgado Federal que fue vanguardia en esta política en las presentaciones sobre el terrorismo de Estado. Los colectivos de H.I.J.O.S en Mendoza ya hicieron presentación y fueron aprobadas, en Córdoba y Santa Fe también. En Tucumán ya se presentaron”. Y agregó: “¿Qué pasó con quien en algún momento fue vanguardia y todavía no lo está haciendo?”. Rafecas tiene en su juzgado la voluminosa Instrucción, que en varias ocasiones ha sido señalada por víctimas y sobrevivientes como defectuosa. Las críticas se hicieron habituales en los últimos años, ya que en los primeros, tras la caída de las leyes de impunidad, se lo tomaba como un buen ejemplo de avance de las causas.