A casi tres años desde el inicio del juicio, el 8 de agosto se llevó a cabo una recorrida judicial en la ex Brigada de Investigaciones de Quilmes que entre 1975 y 1979 funcionó como centro clandestino de detención (CCD) y por el que se calcula que pasaron más de 400 víctimas. Además de los integrantes del TOF 1 de La Plata y las partes del proceso, la CPM participó de la jornada junto a muchos de los testigos que declararon en el juicio y que integran el Colectivo Quilmes memoria, verdad y justicia, medios locales y comunitarios como La Retaguardia, y personal de la Municipalidad de Quilmes, que también integra el Consejo del Sitio de Memoria.
La inspección ocular en el ex CCD Pozo de Quilmes comenzó a las 9 de la mañana del martes 8 y se extendió por aproximadamente 3 horas durante las cuales los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata recorrieron los tres pisos del inmueble ubicado en la intersección de las calles Garibaldi y Allison Bell, y escucharon las referencias y recuerdos de varias de las víctimas que pasaron por allí.
En este sentido, se inspeccionó la zona del ingreso de vehículos, los calabozos del segundo y tercer piso y el sector conocido como “el chalet”, utilizado por el personal policial y militar que operaba el CCD.
Mientras avanzaban por las instalaciones del inmueble –que por ley provincial fue transferido a la CPM para su preservación-, los jueces Ricardo Basílico, Esteban Carlos Rodríguez Eggers y Walter Antonio Venditti escucharon los relatos de los abusos sexuales padecidos por muchas de las víctimas, las condiciones de vida durante el cautiverio, las golpizas y torturas a las que eran sometidos y, en general, las descripciones del funcionamiento del lugar durante la última dictadura.
Entre las víctimas-testigos presentes estuvieron Mabel García, Néstor Busso, Dalmiro Suárez, Rubén Schell, Francisco Gutiérrez, Miguel Bougnet, Alberto Derman, Oscar Herrera, Hugo García, Luis Abollo y un nieto cuya identidad fue restituida, Pedro Nadal García, entre otros. La mayoría de estas personas integran el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia.
Nadal García, que fuera apropiado por el policía Luis Alberto Ferián, integrante de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, contó que su secuestrador lo llevó en varias ocasiones al CCD.
En cuanto a las partes del juicio, participaron la fiscal federal Ana Oberlin, las querellas representadas por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, las de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, las de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, las de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos y las representadas por el abogado Pablo Llonto.
También hubo integrantes de los equipos de acompañamiento del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), de la Municipalidad de Quilmes (que participa del Consejo del Sitio de Memoria), y el medio de comunicación web La Retaguardia.
El Pozo de Quilmes como sitio de memoria
En el año 2017 se creó por ley el Sitio de memoria, defensa y promoción de los derechos humanos donde funcionó durante la última dictadura militar el CCD Pozo de Quilmes. Conformado por representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, del Colectivo Quilmes memoria, verdad y justicia, y del gobierno provincial y municipal, este espacio se propone contribuir tanto al abordaje de la historia reciente como a la lucha por la plena vigencia por los derechos humanos en democracia.
Durante años la comunidad de Quilmes llevó adelante diferentes acciones vinculadas a la construcción de la memoria y al reclamo de verdad y justicia. Y el afuera del lugar donde funcionó el CCD Pozo de Quilmes fue un espacio de expresión de estas demandas como también de las diferentes acciones de recordación.
Hacia principios de 2016 el Colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia (integrado por organizaciones sociales, sindicales, de educadores, organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y ex detenidos) impulsó la propuesta para convertir al Pozo de Quilmes en Sitio de memoria. Para ello trabajó en la elaboración de un proyecto de ley que fue sancionado en diciembre de 2016 con el apoyo de todos los bloques de ambas Cámaras legislativas. Las ideas que guiaron la formulación del proyecto es que si bien el funcionamiento debía ser garantizado con fondos del Estado -como parte de su política reparatoria- la gestión debía sostenerse con la participación plena de la comunidad dando cuenta de las múltiples expresiones y referencias construidas en la lucha por los derechos humanos y la memoria.
Así, en la gestión prevalece el principio de la autonomía en las decisiones acerca de qué hacer en el Sitio y cómo hacerlo. La autonomía garantiza la permanencia en el tiempo y la construcción de consensos plurales que permiten la construcción de una memoria democrática y dinámica, así como también se fortalece la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos.