El 1 de septiembre el Departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia dispuso el cierre definitivo de la clínica privada Luminar de La Plata, luego de la presentación de un habeas corpus colectivo, denuncia penal y administrativa realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La clínica operó durante años con graves irregularidades edilicias y violando la legislación vigente en materia de salud mental: inexistencia de historias clínicas, deficiente presencia de profesionales médicos, dificultad de los usuarios para comunicarse con el exterior. Además fue el escenario de la muerte de una joven de 16 años en enero pasado cuyas causas investiga la justicia. La CPM es patrocinante de la familia de la víctima y, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como particular damnificado institucional.
Días antes de que se conociera la clausura definitiva de la clínica neuropsiquiátrica Luminar, que funciona en calle 13 entre 69 y 70 de La Plata, sus trabajadores realizaron una protesta en base al rumor sobre el cierre del establecimiento por motivos económicos y el presunto intento de vaciamiento por parte de los dueños.
Más allá de la precisión o no del rumor, lo cierto es que el primer día hábil de septiembre se conoció la resolución del Ministerio de Salud de la Provincia mediante la cual se dispuso el mismo desenlace, pero por motivos distintos: la continuidad de las graves irregularidades edilicias y terapéuticas, además de la causa penal que investiga la muerte de una paciente y que tramita en la UFI 6 de La Plata a cargo del fiscal Juan Menucci.
El cierre definitivo fue ejecutado por el Departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia que en mayo pasado, y en el marco de un habeas corpus colectivo y de carácter correctivo presentado por la CPM que solicito la medida, había dispuesto la clausura provisoria prohibiendo el ingreso de nuevos usuarios a la clínica Luminar y exigiendo una serie de acciones urgentes. Esto último fue requerido a los efectos de cumplir con los preceptos de la ley 26657 de salud mental y la protección y promoción de los derechos humanos de las personas internadas.
En ese momento, al tomar conocimiento de la situación, la obra social IOMA desplegó un dispositivo de seguimiento de sus afiliados y afiliadas alojadas en la clínica y posteriormente comunicó que realizó derivaciones a otros dispositivos.
Cabe recordar que mediante el habeas corpus (presentado en abril de este año, originalmente ante la justicia civil y pasado luego al fuero penal), la CPM había denunciado graves irregularidades y vulneraciones de derechos como detenciones sin control judicial, sobremedicación sin control adecuado, sujeción mecánica sin protocolo alguno, abusos sexuales permitidos por el personal de seguridad, aislamiento como parte del tratamiento y menores alojados con mayores.
A raíz de las entrevistas mantenidas con el subdirector de la clínica, Eduardo Maltz, y con dos integrantes del equipo de salud además de los diálogos confidenciales con las personas alojadas en el establecimiento, se relevaron las condiciones materiales, de seguridad e higiene de toda la institución y se procedió al registro de historias clínicas y del reporte de enfermería.
Con capacidad para 63 camas de internación, al momento de la jornada de monitoreo se hallaban alojadas 49 personas. Además de incumplimientos a la ley 26657 y a la ley 26529 de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado se detectaron graves violaciones a los derechos de las personas: irregularidades respecto al control de legalidad de las internaciones, alojamiento de personas menores de edad con personas adultas y cantidad insuficiente de personal para garantizar los cuidados. También falta de actividades o talleres, sometimiento a régimen de aislamiento prolongado, sujeción mecánica gravosa, condiciones materiales irregulares y riesgosas, ausencia de perspectiva de género y de abordaje en situaciones de violencia sexual entre las personas internadas.
En aquella oportunidad una de las profesionales entrevistadas por la CPM reconoció que no contaban con estrategias efectivas de externación, y que se alojaban personas desde hace años sin criterio legítimo.
Además, los o las psiquiatras de la institución rara vez se vinculaban con las personas internadas, por lo que éstas no sabían qué medicación consumían, para qué, durante cuánto tiempo y en el marco de qué tratamiento general. Por el contrario, muchas refirieron padecer síntomas incapacitantes (dificultades para hablar o para mantenerse en pie) debido al consumo de fármacos suministrados sin control profesional ni con fines terapéuticos.
Por otro lado, se detectó que 16 personas internadas de forma voluntaria habían pasado hasta más de un año en la clínica sin supervisión del órgano judicial competente, tal como lo prevé la ley nacional de salud mental. La misma ausencia de control legal ocurría con las personas menores de edad. Incluso hubo casos en los que a las personas internadas que manifestaron su interés de abandonar el tratamiento se les informó falsamente que no podían retirarse porque habían sido judicializadas.
La decisión del Ministerio de Salud de clausurar el establecimiento, resulta un avance importante en el camino de garantizar el cumplimiento de la ley nacional de Salud Mental.
La desmanicomialización suena muy linda, pero en los hechos, un montón de gente queda tirada, en situación de calle o en contextos de abuso y solo es atajada por la policía cuando hacen daño a terceros. Los neuropsiquiátricos consumen 80% del presupuesto de salud mental. El lobby psicoanalista quiere ese botin para repartirse en sus dispositivos ambulatorios falopa, que no curan a nadie. Wake up sheeple