La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la represión y torturas padecidas por las personas detenidas en la Comisaría 3ª de Pergamino. Con un despliegue desproporcionado de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la policía Motorizada, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de la propia comisaría las personas alojadas en los calabozos de esa dependencia recibieron una brutal golpiza. La violencia se prolongó durante casi todo el 29 de agosto pasado, y sufrieron destrucción de sus pertenencias, amenazas de abusos sexuales y al menos tres de ellos, el pasaje de corriente eléctrica. Fueron desnudados por completo y tirados en el piso de un patio al aire libre con muy bajas temperaturas. En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM se presentó como particular damnificado institucional en la causa que investiga estos hechos gravísimos, solicitó y gestionó las pericias urgentes para probarlos y acompaña a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de lugares de alojamiento en los que se respeten sus derechos.
A raíz de un conflicto entre las personas alojadas en la comisaría 3ª de Pergamino se inició una brutal y desproporcionada represión con decenas de efectivos policiales: a los de la dependencia se sumaron el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la policía Motorizada y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
Pergamino ya fue escenario de una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas en democracia en una dependencia policial: el 2 de marzo de 2017 siete jóvenes detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron en un incendio producido en los calabozos de la comisaría 1ª de de esa ciudad, la misma que había funcionado como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El 29 de agosto pasado, seis años y medio después de aquella masacre, otra vez la violencia se desplegó sin límites por puro azar sin el resultado de la muerte de las víctimas.
Las denuncias de familiares de las víctimas llegaron a la Comisión Provincial por la Memoria el mismo día del hecho y el organismo puso en conocimiento del hecho al Fiscal General de Pergamino Mario Gómez que dio intervención a la Unidad Fiscal N° 2 en turno, a cargo de Francisco Furnari. Además, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, envió un equipo de inspecciones al lugar. Allí se tomaron testimonios en entrevistas privadas y confidenciales con las personas detenidas, y se recibieron relatos sobre torturas con pasaje de corriente eléctrica, entre otros graves hechos de violencia física y psicológica. El organismo registró además las gravosas condiciones de detención de las personas alojadas. Por otro lado los equipos de la CPM debieron entrevistar a detenidos de los mas golpeados en la cárcel de Junín y San Nicolás, donde fueron rápidamente trasladados por la policía, algunos de ellos sin haberles hecho previamente las pericias correspondientes.
Según lo relevado, tras un conflicto en las celdas, unos 30 ó 40 efectivos encapuchados y con escopetas trasladaron violentamente a las personas detenidas hacia el patio de la dependencia donde, mediante golpes e insultos, los obligaron a desnudarse y a permanecer en el piso padeciendo mucho frio, apoyados sobre los codos con las manos atrás de la nuca durante una hora. Para regresar a las celdas los hicieron formar fila y pasar por un pasillo donde les propinaban uno por uno golpes de puño y patadas en el cuerpo. Ese traslado del patio a las celdas se repitió varias veces durante la tarde con distintas formas de tortura: golpes en tobillos, costillas y pies, pisotones con las botas sobre la espalda. Además separaron a personas específicas del grupo y los torturaron con elementos como látigos y pase de corriente eléctrica sobre el cuerpo desnudo.
La policía además ingresó a las celdas donde destrozó las pertenencias, tiró la comida y elementos de higiene e incluso robó calzados. Las víctimas también denuncian que en esas requisas les “plantaron” facas.
Las personas detenidas relataron que después de cinco horas de aplicación de este tipo de tormentos, la presencia y reclamos de los familiares y el Colectivo Antirepresivo 7 de Pergamino fuera de la comisaría, logró que se detenga la represión. Al volver a encerrarlos los dejaron sin colchones, sábanas o frazadas, les cortaron el agua, la luz y no les entregaron alimentos. Así pasaron la noche.
“Los relatos coincidentes y contundentes de las personas privadas de libertad en la Comisaría 3ª de Pergamino dan cuenta de un accionar que involucró a distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que constituye graves violaciones de derechos humanos, delitos de acción pública mas graves que los que se imputan a las personas detenidas”, señalaron desde la CPM, que se presentó como particular damnificado institucional en la causa, solicitud que fuera aceptada por el juez de garantías Fernando Aiel Ayestaran.
Desde el organismo dieron intervención al Ministerio de Seguridad, a la Auditoría de Asuntos Internos, a la la Subsecretaría de Derechos Humanos, Políticas Penitenciarias y Violencia Institucional del MPBA y a la Defensoría de Ejecución del departamento judicial de Pergamino para que tomen las medidas que correspondan. En ese sentido, se solicitaron, entre otras medidas, que se realicen investigaciones sumariales, la intervención de la comisaría y que se desafecte al personal involucrado.