El pasado 19 de agosto el Juzgado de Garantías 5 de Florencio Varela a cargo de Julián Busteros dictó la prisión preventiva del entonces comisario y jefe del Enlace Interpol de la Policía Bonaerense por uno de los delitos por los que está imputado: el de malversación de caudales públicos. Sin embargo el fiscal de la causa, Daniel Ichazo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los particulares damnificados apelaron esa resolución por resultar arbitraria e infundada ya que no se había considerado el delito más grave: la privación ilegal de la libertad de Lucas Escalante, una de las víctimas de dicha causa. Ahora la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes ordenó al juzgado que revea su fallo en virtud de los argumentos de la fiscalía, pero sin suspender la prisión preventiva. En las últimas horas, después del fallo de Cámara, el juez de primera instancia se excusó de intervenir. La CPM actúa como particular damnificado institucional, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
El hecho que investiga la causa ocurrió durante la noche del 9 de diciembre pasado cuando Lucas Escalante y su amigo Lautaro Morello, de 24 y 18 años respectivamente, se dirigieron a la casa quinta de Francisco Centurión, en ese momento comisario de la Policía Bonaerense y jefe del Enlace Interpol de la fuerza, para encontrarse con el hijo del funcionario policial.
Los jóvenes habrían ido en busca de vales policiales de nafta que les habría prometido Cristian Centurión, hijo de Francisco. Además de Cristian, en la quinta –situada en la localidad La Capilla de Florencio Varela- estaba su primo Maximiliano.
Fue la última vez que Lucas y Lautaro fueron vistos con vida, y el cuerpo del segundo apareció días después calcinado en una zona rural de Guernica, partido de Presidente Perón. El joven Escalante aún permanece desaparecido y la fiscalía cree que tras haber sido ilegalmente privado de su libertad, habría sido asesinado.
Esto aún forma parte de una hipótesis sobre pruebas indiciarias, pero resulta coherente considerando las circunstancias de la muerte de Lautaro Morello y el hecho de que ambos llegaron juntos a la casa donde fueron vistos por última vez.
Desde el comienzo del expediente, el titular del Juzgado de Garantías 5 con asiento en Florencio Varela imputó a Cristian y Maximiliano Centurión por ser considerados coautores de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento” respecto a Lautaro Morello.
Luego, y en virtud de un enorme cúmulo de pruebas incorporadas a la causa, el fiscal Ichazo llegó a la conclusión de que Francisco Centurión, hoy ex comisario y ex jefe del Enlace Interpol de la Policía Bonaerense, jugó un rol clave en el desarrollo del plan criminal a partir del 9 de diciembre.
En efecto, entre sus pertenencias se encontraba la historia clínica psicológica de Lucas Escalante, información sobre el country El Carmen donde vive Hilario Escalante, el padre de Lucas, datos del grupo familiar y vehículos declarados de la familia Escalante, entre otros registros. Esto da cuenta de un particular interés por la intimidad de esa familia y -a criterio del fiscal- de la participación en el hecho investigado más allá de un simple encubrimiento respecto al accionar de su hijo y sobrino. De allí que a mediados de agosto pidiera la detención y luego la prisión preventiva para Francisco Centurión, al considerar que fue parte del plan criminal y que su vinculación con los hechos investigados no sólo se limitó a la entrega irregular de vales de nafta. Cabe aclarar que el día del hallazgo del cuerpo calcinado de Lautaro en Guernica, el teléfono celular de Francisco Centurión se activó varias veces a pocas cuadras del lugar.
El Juzgado de Garantías 5 concedió el pedido y dictó la prisión preventiva pero sólo en función del delito de malversación de caudales públicos y no por el de privación ilegal de la libertad de Lucas Escalante, lo que motivó la apelación del fiscal Ichazo por considerar arbitraria e infundada la valoración de la prueba. El recurso fue acompañado por la CPM en su carácter de particular damnificado institucional.
Finalmente, la sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, integrada por Patricia Patanella y Mario Caputo ordenó al juez de primera instancia que revea su fallo original de dictado de la prisión preventiva en atención lo manifestado en el recurso de apelación, sin suspender la prisión preventiva. Sin embargo, el viernes el juez de la causa se excusó de intervenir y envió el expediente a la Cámara para que sortee un nuevo juzgado.
En su fallo, los camaristas recogieron los argumentos esgrimidos por la CPM en cuanto a las pruebas que constan en la causa y que apuntan a la responsabilidad de Francisco Centurión.
De acuerdo al organismo, la persecución eficaz de este tipo de crímenes requiere de herramientas adecuadas por las especiales características, entre ellas su fuerte opacidad (sostenida en pactos de silencio), su verticalidad organizativa (basada en estructuras de mando y subordinación), el control territorial (mediante el uso de instrumentos de fuego y la violencia sobre las personas), y el control sobre estructuras estatales como medio más eficaz para garantizar la impunidad de las maniobras ilícitas.
La CPM consideró sobre este punto que la prueba de indicios o indirecta es fundamental en casos de corrupción institucionalizada y debe ser interpretada a la luz de lo que esa misma descomposición institucional permite. Y sobre Francisco Centurión consideró que su rol en la fuerza fue clave para utilizar los resortes institucionales en su favor y en el de sus familiares imputados.