La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un habeas corpus colectivo por las deplorables condiciones en que encontró la unidad 10 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicada en Melchor Romero (La Plata). El juez de Garantías platense Martín Migue Rizzo hizo lugar a la acción y, tras una serie de medidas periciales, dictaminó la clausura del lugar hasta tanto no se resuelvan las remodelaciones que lo hagan habitable.
El Juzgado de Garantías N° 5 de la Plata, subrogado por Martín Rizzo, hizo lugar a la presentación colectiva de la CPM en favor de las personas alojadas en la Unidad Penal 10 del SPB, y dictó la clausura del sector de admisión del lugar hasta tanto se realicen reformas que lo conviertan en un lugar habitable para las personas detenidas. La presentación estuvo centrada en el pésimo estado material y por lo tanto de higiene del sector, el régimen de vida imperante y la alimentación brindada.
Tras el habeas corpus, el juez solicitó pericias socio-ambientales y arquitectónicas de la Asesoría Pericial Departamental, e información de la Dirección de la Unidad y la Dirección de Infraestructura Edilicia del propio Servicio Penitenciario Bonaerense. El informe de las peritos trabajadoras sociales fue lapidario: “Las condiciones materiales de vida de las personas detenidas en el sector relevado son muy precarias: al encierro prácticamente permanente se suman las pésimas condiciones de habitabilidad de las celdas que los alojan, ambientes estrechos, húmedos, en mal estado de conservación, con escasa luz natural, sin calefacción, con instalaciones eléctricas improvisadas y precarias (…) ventanas sin vidrios”, describieron. El informe arquitectónico coincidió en el mismo sentido y los arquitectos sugirieron la clausura del lugar.
“Transitar un régimen de detención de cuasi aislamiento en un ámbito con las precarias condiciones materiales de vida descriptas implica un plus de agravamiento en las condiciones de detención, que requiere urgente intervención”, determina la sentencia que ordena al Servicio Penitenciario y al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires llevar a cabo las obras necesarias para poder volver a alojar personas en ese lugar.
Las unidades penitenciarias bonaerenses se encuentran sobrepobladas, muchas veces con elevados índices de hacinamiento en pabellones de admisión, tránsito o separación del área de convivencia, lo que también puede observarse en pabellones colectivos o “de población”. Allí las condiciones inhumanas de detención se constituyen como torturas o malos tratos que agravan la detención de las personas alojadas y que deben ser revertidas con premura.