Los tres funcionarios públicos imputados por las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez fueron condenados este martes 10 de octubre a dos años de prisión en suspenso y cuatro años inhabilitados para ejercer cargos públicos. Se trata de Sebastián Nasif, ex Interventor del Consejo Escolar; Mónica Berzoni, ex Presidenta del Consejo Escolar y Jorge Galian, ex secretario de Infraestructura del mismo organismo descentralizado.
Con información de Desalambrar Moreno, CTA Autónoma, Red Eco Alternativo.
Prisión domiciliaria para el gasista, condena en suspenso para los tres funcionarios públicos que estuvieron en el banquillo de los acusados.
Esa fue la sentencia en la causa por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez, ambos trabajadores de la Escuela Primaria N° 49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno.
Cinco años después de los hechos, el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó al gasista Cristian Ricobene a 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación; y a 2 años de ejecución condicional e inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos al entonces interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, la ex Presidenta del Consejo Escolar Mónica Berzoni, y el ex secretario de Infraestructura del mismo organismo, Jorge Galian.
Mabel Zurita, viuda de Rubén Rodríguez, consideró que en los marcos del proceso se alcanzaron las penas máximas de acuerdo a la investigación y el debate oral. En declaraciones a Desalambrar Moreno planteó que espera “que se produzca el segundo juicio para llegar a los responsables políticos”.
De igual manera, el sabor a justicia pero que no alcanza está explicado por Diego Rodríguez, hermano de Rubén.
La explosión de una escuela
El 2 de agosto de 2018, Sandra y Rubén estaban preparando el desayuno para los y las estudiantes que debían ingresar a la escuela a las 8.30 de la mañana. Sin embargo, apenas pasadas las 8, y como consecuencia de una pérdida de gas en la escuela, hubo una explosión que provocó la muerte de la vicedirectora y el auxiliar.
Desde principios de ese año, los trabajadores y las trabajadoras de la escuela habían notificado al Consejo Escolar de Moreno sobre el olor a gas. Incluso dos meses antes de la explosión, distintos gremios docentes de la provincia de Buenos Aires realizaron un “Carpetazo Educativo”, que consistió en la entrega de carpetas de relevamientos sobre las deficiencias del sistema educativo bonaerense frente a la Dirección General de Cultura y Educación. La escuela “Nicolás Avellaneda” figuraba en estas carpetas.
El ejecutivo provincial era dirigido entonces por la gobernadora María Eugenia Vidal, que al igual que el resto de su alianza -entonces “Cambiemos”, luego “Juntos por el Cambio”- hacía alarde de su agresividad contra los sindicatos e ignoraba todos sus reclamos.
En el marco de esta degradación general de la infraestructura escolar, el día previo a la explosión el Consejo había enviado al gasista Cristian Ricobene para arreglar esta fuga.
5 años después tanto el gasista como el interventor del Consejo y dos consejeres comenzaron a ser juzgados el pasado 28 de agosto por les jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.
En su fallo, los magistrados consideraron que Ricobene es “autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por ser dos la víctimas fatales”, e hicieron hincapié en el agravio por “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
En tanto, los consejeros Nasif, Berzoni y Galian recibieron condenas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según estableció el Tribunal, deberán “realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público fuera de sus horarios habituales de trabajo”.
Los jueces pidieron además que se continúe con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ex director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinni; el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario; y el director de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson.
Tras conocer el fallo, Mabel Zurita, esposa de Rubén, expresó: “No fue fácil transitar estos 5 años, pero me levantaba cada día creyendo en la Justicia. Esta es una primera instancia, sabemos que hay más responsables, pero estamos seguros de que este es solo el inicio”.
En tanto, Diego Rodríguez, hermano de Rubén, afirmó: “Hoy podemos decir que Sandra y Rubén van a descansar en paz. Siempre estarán presentes”.
“Condenaron a los imputados”
De igual manera que las y los familiares de las víctimas, organizaciones gremiales celebraron el fallo, pero lo consideraron insuficiente.
“Entendemos que este fallo ha sido un paso fundamental, si bien no lo entendemos como justicia completa, porque faltaría que respondan por su responsabilidad política Vidal, Sánchez Zinny, Di Mario, y Nicholson, quienes eran funcionarios y claramente pergeñaron un sistemático ajuste hacia la educación pública y abandonaron a la comunidad de Moreno a su suerte, lo que llevó a la trágica pérdida de dos compañeros entrañables como Sandra y Rubén”, dijo el Secretario General de la CTA Autónoma de Moreno, Walter Cravero.
“El compromiso de todas las organizaciones es que se continúe luchando en esta cuestión fundamental que abre el fallo, otorgando la posibilidad del pedido de investigación sobre los máximos responsables políticos”, agregó, y manifestó que “hay un sin fin de emociones, las lágrimas de Mabel Zurita (viuda de Rubén Rodríguez), la congoja de Maxi (viudo de Sandra Calamano) es lo que se vivió a la hora de la lectura de la sentencia”.
“Si bien falta, es un paso fundamental para que sigamos sembrando memoria y luchando por escuelas dignas y seguras”, concluyó.
En tanto, la secretaria General Adjunta de SUTEBA María Laura Torre manifestó en diálogo con Radio Provincia que “estábamos transitando un gobierno que no solamente no escuchaba a los trabajadores y trabajadoras, que es lo que hizo sistemáticamente Vidal”, sino que “nos atendía con las rejas”, con “todo cercado”, con la “Infantería adentro de la Dirección General de Escuelas, y también en la Gobernación”.
Torre afirmó que “cuando no escuchás y negás la realidad, sucede lo que sucedió en Moreno”.
En ese marco, resaltó que “después de la explosión de la Escuela 49, que bajaron rápidamente un montón de gasistas para mirar la situación de las escuelas de Moreno, el 85% de ellas fueron cerradas literalmente porque tenían situaciones graves de electricidad, de pérdida de gas y también de infraestructura”.
Durante esos meses “no fuimos noticia, estuvo totalmente cubierta, encorsetada la realidad que se vivía en la educación en la provincia de Buenos Aires cuando gobernaba Vidal”.