Córdoba: criminalizan a dirigentes sindicales y sociales por marchar contra el hambre

El Fiscal de Instrucción Ernesto de Aragón pidió elevar a juicio la grotesca causa iniciada contra dirigentes de ATE-CTA, el PO, Libres del Sur, el Movimiento Teresa Vive y el MTR Votemos Luchar por haber participado en la Marcha contra el Hambre realizada en la capital provincial el pasado 5 de abril.

Federico Giuliani.

El hecho se inscribe en la escalada derechista y creciente persecución contra la protesta gremial y social, que tuvo su máxima expresión este año en la salvaje política represiva desatada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, pero que se replica en distintos puntos del país desde algunos estamentos institucionales. También está en sintonía con la agresividad de sectores ultraderechistas envalentonados por la posible victoria del candidato neofascista Javier Milei.

En este marco, el Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio de una causa iniciada contra seis referentes y activistas sindicales y sociales: Federico Giuliani (Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Córdoba), Emanuel Berardo y Soledad Díaz García (PO), Marisa Cariddi (Libres del Sur), Agustín Nazar (Movimiento Teresa Vive) y Roxana Carezano (MTR Votamos Luchar).

Emanuel Berardo y Soledad Díaz.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, les atribuye los supuestos delitos de “desobediencia a la autoridad” e “impedimento u obstrucción de transporte” (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal).

A la hora de describir los hechos el Fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados (con diferente grado de participación -Giuliani figura como adherente a la medida-) lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.

Ernesto de Aragón.

A renglón seguido, el Fiscal de Aragón cita como principales testigos a los propios policías.

Espionaje al servicio del disciplinamiento social

Además se informa que a instancias de la Fiscalía “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”.

El espionaje a las organizaciones populare spara reprimir la movilización y el reclamo colectivo va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisaria General Liliana Zárate, quien confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores “no es inconveniente” ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. “Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”, señalaron desde ATE Córdoba.

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