El candidato presidencial por Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un decreto que modifica la órbita del Potenciar Trabajo, pasando del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Detrás de esta jugada se esconde el inicio de una guerra con los movimientos territoriales, a quienes se pretende quitar poder para dárselo a los intendentes y gobernadores. Un nuevo conflicto para hacer más tumultuoso el camino al balotaje.
Por Nicolás Salas, para ANRed.
El candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, hizo este martes 31 de octubre una serie de anuncios respecto a los planes sociales que amenaza con dinamitar la relación del gobierno con las organizaciones territoriales, ya sean oficialistas como opositoras.
Las medidas dadas a conocer en las últimas horas por el candidato a presidente de UxP fueron confirmadas en el boletín oficial de hoy, donde se publicó el decreto 565/2023, que dispone una importante reestructuración del programa Potenciar Trabajo, desde el cual los movimientos sociales estructuran cooperativas y emprendimientos productivos desde hace décadas.
En el artículo 1, la disposición plantea la creación del “Programa de Inclusión Laboral”, el cual pasará a albergar, según el artículo 2, a la “totalidad de las y los titulares del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – ‘POTENCIAR TRABAJO’, creado por la Resolución N° 121 del 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y sus modificatorias, al PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL, creado mediante el artículo 1° del presente, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.
Este traslado de la órbita de un ministerio a otro, esconde varias perspectiva,s que si bien no quedan claras en el decreto, quedan abiertas a la letra chica de su implementación. Por ejemplo, se da condiciones de posibilidad para que el Potenciar Trabajo pase a ser un programa de capacitación laboral o estudio, orientación similar a la aplicada por el gobierno de Mauricio Macri con el llamado Hacemos Futuro. Esta situación en sí misma no reporta un problema para las organizaciones, que suelen incluir dentro de sus planes de trabajo la capacitación en oficios o terminalidad educativa. El conflicto se da a partir de que tal iniciativa suele venir acompañada con el quiebre de la intermediación de los movimientos sociales con el Estado.
Dicha orientación no solo cala hondo en la perspectiva introducida por la entonces ministra de Desarrollo Social del gobierno de Cambiemos, Carolina Stanley, sino que incluso fue expuesta y promovida por la vicepresidenta Cristina Fernández durante un plenario de la CTA de los Trabajadores en junio del 2022. En esta sintonía, fuentes del gobierno nacional consultadas por ANRed aseguraron que el sector vinculado a las ministras “Tolosa Paz y Kelly Olmos buscan trasladar todos los planes a trabajo, haciéndolo espacios de capacitación y que estos estén directamente atados a los intendentes o gobernadores, corriendo a las organizaciones del medio”.
Si bien el decreto no menciona el rol de los municipios, el mismo Massa se encargó de confirmarlo durante la conferencia de prensa de ayer: “van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las bolsas de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de Desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en municipios, provincias o empresas”. Lo que esconde el anuncio es que actualmente existe una contraprestación de los programas. La diferencia radica en que a partir del 1 de enero pretenden que lo pasen a hacer los intendentes y gobernadores.
Lo que estiman desde los movimientos sociales oficialistas y opositores es que con la implementación del decreto se consagrará la aspiración de empoderar a los jefes comunales en detrimento de las organizaciones territoriales, que no casualmente son quienes más incomodan a los gobiernos de turno. Esta predicción queda justificada y legalizada en el artículo 4 de la norma en cuestión: “Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y/o de aplicación que se estimen pertinentes para la implementación del presente, así como a promover la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y dotación de personal -con su actual situación de revista-, existentes a la fecha del dictado de este acto, que resulte necesaria para la referida implementación”.
Este decreto pareciera ser la propuesta de campaña de Massa respecto a los planes sociales que venía escondiendo hasta la actualidad. Esta salida se da luego del fracaso de los sucesivos planes empalmes que fueron implementandos y que se mostraron obsoletos en la incorporación de beneficiarios a la industria o el trabajo registrado.
De todas formas, el aspirante al sillón de Rivadavia no está inventando la pólvora con sus nuevos anuncios, ya que tal perspectiva fue inaugurada en el actual gobierno con la asunción de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social en el 2021. Todo inspirado en las máximas aplicadas por Eduardo Duhalde en 2002.
Esta estocada de Massa a los movimientos sociales sorprendió a propios y ajenos y abre un escenario de suma conflictividad de acá al balotaje (y después también), que pretende ganar casualmente con el apoyo de aquellos a quienes pretende borrar de un plumazo.