El oficialismo porteño busca modificar el Código de Faltas con una serie de medidas persecutorias contra cartoneros y recicladores. Las cooperativas del sector denuncian su carácter discriminatorio: “los pobres y los desamparados no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir y una multa no va a cambiar la realidad”.
Con información de Red Eco, El Grito del Sur y FACCyR-UTEP.
La iniciativa es impulsada por el jefe de Gobierno electo y su vicejefa, Jorge Macri y Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. El proyecto prevé “actualizar” sanciones y faltas referidas al área, además de una nueva “causa” a castigar: una sanción para quien “manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública”.
La multa que se deberá pagar es de 100 a 700 unidades fijas, además de la obligación de realizar trabajos comunitarios y cursos. De esta manera, las multas oscilarían entre los 14.666 y los 102.662 pesos, dado a que cada unidad fija tiene un valor de 146,66 pesos.
El texto también plantea que “cuando el/la autor/a de la infracción sea cometida por una persona jurídica, será sancionada con una multa de 700 a 8 mil unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”. Por lo que en este caso las sanciones variarán entre los 102.662 y 1.173.280 pesos.
Desde la la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) aseguraron: “Dicho proyecto tiene varios artículos que plantean aspectos regresivos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Para nuestro mayor espanto, el proyecto original planteaba también multar por hasta 100 mil pesos a aquellas personas que revisen los contenedores de disposición de los residuos en la CABA”.
“Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales. Por eso exigimos que se dé marcha atrás con el proyecto, que cese la persecución y el secuestro de bolsones y carros por parte de fiscalización que hay en toda la ciudad (sobre todo en la zona de micro y macro centro) y que el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al Poder Ejecutivo”.
Por su parte, la diputada del MST en el FITU, Vanesa Gagliardi, señaló que “de manera express, la UCR puso en tratamiento un proyecto que envió Larreta y que, con la excusa de que se ensucia o daña el espacio público, pretende multar con cifras millonarias a las organizaciones políticas y sociales que se movilizan (…). No nos extraña que Unión por la Patria no haya dicho nada al respecto en la reunión de comisión y avale esta política en contra de los que luchan, porque quienes se movilizan en defensa de sus derechos, también enfrentan al gobierno nacional”.
En el mismo sentido, Celeste Fierro, legisladora electa del MST en el FIT Unidad, señaló: “(Jorge) Macri no asumió y ya comienza a delinear el carácter represivo de su gobierno. El radicalismo de Lousteau, que lo enfrentó en la interna, hoy hace el trabajo sucio. Milei y Marra salieron 3ros, pero el PRO y la UCR se apropiaron de su agenda y muestran la sintonía que tendrán en el próximo gobierno (…). Además de resolver ninguno de los problemas de los trabajadores, ahora avanzan en su persecución. No se conforman con las denuncias civiles y penales que ya hacen a las organizaciones que enfrentan las políticas de este gobierno, hoy buscan amedrentarlas con multas. Por eso vamos a movilizarnos a la Legislatura para enfrentar este nuevo avance represivo”.