La universidad pública argentina fue cuestionada severamente por el gasto público que implica, por la cantidad de personas extranjeras a que da cabida o porque se recibe un número insuficiente de estudiantes. ¿Qué hay detrás de ese ataque: una crítica sensata o la búsqueda de un negocio?
“Hay una inercia en el sistema educativo que impide absorber nuevas metodologías, dinámicas o tecnologías. Hay un falso dilema: no hay que sacralizar lo privado ni lo público”, dice Yamil Santoro, abogado y dirigente del espacio Republicanos Unidos.
Le sale al cruce el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa: “Hay una cuestión de negocios, hay gente a la que le gustaría hacer negocios, en el mundo el sistema universitario es de negocios y en la Argentina es de derechos”.
La discusión sobre la educación pública, pero especialmente sobre el sistema universitario, rankeó alto en las últimas semanas de debate preelectoral. Y también se puso en el foco en el espacio “De Ida y Vuelta, debates del campo popular”, la producción sonora del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) que se difunde en las emisoras de la red y que también suena en Spotify.
La educación argentina está regida por la Ley de Educación Nacional 26.206 que establece que la educación es un bien público, un derecho personal y social de las personas, que el Estado debe garantizar. Además determina que es obligatoria entre los 4 y los 17 o 18 años de edad.
En las campañas presidenciales de este año, el sistema educativo estuvo especialmente en la picota. Brillaron desde propuestas privatizadoras hasta estadísticas falsas apuntando sobre todo al sector universitario.
La universidad pública argentina fue cuestionada severamente por el gasto público que implica, por la cantidad de personas extranjeras a que da cabida o porque se recibe un número insuficiente de estudiantes. ¿Qué hay detrás de ese ataque: una crítica sensata o la búsqueda de un negocio?
Como la educación es un derecho cualquier ciudadano o ciudadana, desde el nivel inicial hasta el posgrado, está sujeto a que se le impartan los conocimientos mínimos establecidos por la normativa vigente.
La República Argentina creó un sistema público de educación que se regula por normas nacionales y provinciales, y las instituciones que se incorporan a este sistema, sean de gestión estatal o privada, en todos los casos deben cumplir con la normativa vigente.
Las transformaciones que ha atravesado el sistema en los últimos años, en particular desde la pandemia, abren la reflexión acerca del lugar que ocupa la calidad educativa en el imaginario de las argentinas y los argentinos.
Entidades sindicales, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales levantan las banderas en defensa de la Educación Pública.
La oposición a los vouchers y el arancelamiento y la aprobación de un incremento en el presupuesto educativo, son algunas de las consignas de diferentes organizaciones.
“Les gustaría hacer negocios”
Oscar Alpa apunta que “el sistema universitario argentino viene trabajando en la historia muy fuerte” y señala que el 80% de las personas elige el sistema público antes que el privado, a contramano de lo que pasa en otros países, incluso limítrofes.
Dice además que sobre todo hace dos años, desde que asumió el cargo, han crecido las carreras y la formación y además “empezamos a plantearnos debatir internamente muchas cosas del sistema para fortalecerlo. Tenemos más investigación, extensión curricularizada, carreras cortas que se unan con las tradicionales de grado”, enumera.
Cuestiona que los detractores usan “números totalmente erróneos, o falsos, expresaron que en el sistema el 50% eran extranjeros cuando no son ni el 5% y estamos orgullosos de abrazar a quienes vienen a vivir a nuestro país”, pone como ejemplo.
Redondea: “Hay una cuestión de negocios, hay gente a la que le gustaría hacer negocios, en el mundo el sistema universitario es de negocios y en la Argentina es de derechos”.
“Un falso dilema”
Yamil Santoro, graduado de la UBA, que dio clases durante años, dice que desde hace largos años, antes de que Milei se pusiera de moda, escribió acerca de la posibilidad del arancel, porque “hay que problematizar algunas cosas”.
“Menos de uno de cada cinco chicos que estudia en la UBA proviene de una familia de bajos ingresos; la forma en que se direcciona la inversión pública profundiza las brechas y no podría ser otro criterio el que se aplique”, dice.
Añade respecto de quienes debaten el tema públicamente que “hay un problema que es del debate público, no exclusivo de la materia educativa, se discute a veces más con consignas que con información real y eso empobrece el debate público y nos lleva a establecer bandos en lugar de cómo mejorar un sistema”, señala. “Hay un desapego a los datos y los candidatos presidenciales no estuvieron exentos”, añade.
En otro orden de cosas, se pregunta si el Estado “es o no un buen administrador, ya sea de escuelas o de hospitales, por ejemplo”. Se posiciona a favor de una forma de vouchers para que “el sistema no termine desacoplado de las comunidades educativas”.
“Hay una inercia en el sistema educativo que impide absorber nuevas metodologías, dinámicas o tecnologías. Hay un falso dilema: no hay que sacralizar lo privado ni lo público”, redondea.