Repudian el intento de indultar a policías condenados en Santa Fe

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, declaró que analiza la posibilidad de indultar a policías condenados “de manera injusta” según su parecer. La Red Federal por la Defensa de los DDHH y la Democracia, que integra organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, legales y de la sociedad civil, entre otras, repudió el anuncio y aseguró que la medida “sólo puede profundizar la violencia y corrupción policial que generan los asesinatos de trabajadores en la ciudad”.

Maximiliano Pullaro.

Compartimos el comunicado:

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia repudia el intento de indultos a policías condenados en Santa Fe.

Repudiamos  la propuesta pública que ha hecho el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de indultar a  dos policías condenados por graves delitos, en un caso un homicidio agravado de dos personas y el otro un jefe policial que dio la orden de levantar la custodia de dependencias judiciales que luego fueron baleadas, ambos casos delitos cometidos en ejercicio de la función.

Uno de los candidatos al indulto es el policía del Comando Radioeléctrico de Rosario Luciano Mariano Nocelli, que, el 21 de mayo del 2019, mató a una pareja que momentos antes intentó robar una cartera. Ya reducidos, heridos y tirados en el piso, les disparó a quemarropa y los mató. En abril de 2022, un tribunal oral lo condenó a 25 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Otro es el ex jefe de la policía provincial Marcelo “Conejo” Gómez, destituido e imputado en 2019 por haber levantado custodias fijas de edificios judiciales que inmediatamente fueron blanco de atentados con armas de fuego. Gómez aceptó un juicio abreviado y fue condenado a un año de prisión en suspenso por abuso de autoridad.

La Constitución de la provincia de Santa Fe reconoce la facultad de indultar o conmutar penas al Gobernador pero le prohíbe hacerlo en los casos que la persona condenada sea un funcionario o empleado público que comete el delito en ejercicio de su cargo (art 72 inc. 16 CPSF).

Además, en el año 2015 el entonces Gobernador Antonio Bonfatti autolimitó las facultades de indultar excluyendo, además los funcionarios públicos según lo establece la Constitución, otros delitos graves como homicidios o delitos sexuales.

Desde el gobierno nacional, con la reforma del Código Penal anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que legitima el gatillo fácil y prohíbe a las familias de las víctimas recurrir a la justicia, y ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe, se está avalando la violencia policial y de otras fuerzas, que tan trágicas consecuencias ha tenido y tiene en nuestro país.

Desde el caso Chocobar y con esas propuestas de reforma penal que amplían al infinito las hipótesis de “legítima defensa” y “legítimo cumplimiento del deber” al punto de habilitar el disparo de arma reglamentaria en caso de fuga, contra personas desarmadas o por la espalda y la privación del derecho a la querella,  el ahora el posible indulto de dos policías condenados por graves hechos de violencia está construyendo un aval oficial a policías asesinos y corruptos.

La violencia que está sufriendo Rosario está vinculada a bandas narco policiales –como lo prueba uno de los casos “en estudio”, justamente condenado por facilitar el ataque a edificios judiciales- con lo cual semejante indulto sólo puede profundizar la violencia y corrupción policial que generan los asesinatos de trabajadores en la ciudad.

Recordemos que el fundamento de la nulidad de los indultos a genocidas y represores de la dictadura concedidos por Carlos Menem fue que ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la obligación del estado argentino no es solo investigar sino también castigar los delitos aberrantes, deber que no puede estar sujeto a excepciones.

Rechazamos enfáticamente este nuevo avasallamiento de los derechos y garantías de las personas, que, además de violentar todo el sistema normativo interno e internacional, está prohibido por la propia Constitución de la provincia que Pullaro gobierna.

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