Boletín de movimientos sociales y empresas recuperadas.
El Gobierno anunció la suspensión de 11.000 cooperativas
Mario Hernandez
En la guerra abierta contra los movimientos sociales, el presidente Javier Milei sumó un nuevo objetivo de destrucción: las cooperativas. El Gobierno anunció que suspenderá la operatoria de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022, y que le quitará la autorización a 12.000, que ya habían sido suspendidas en 2019.
Desde el cooperativismo desmintieron al Ejecutivo, aseguraron que existen controles “exhaustivos” por parte del Estado y defendieron la creación de las unidades productivas como generadoras de empleo formal.
La medida fue anunciada por Manuel Adorni. En su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero informó que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se encargará de “controlar y depurar” el padrón nacional de cooperativas. De acuerdo al Gobierno, la cantidad de entidades creció en forma desproporcionada los últimos años y sus registros presentan “innumerables irregularidades”. “Se trata de otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, alegó.
Sobre esa premisa, el funcionario anunció dos cosas: que se inspeccionarán 4.355 cooperativas que fueron creadas en 2023 y que le prohibirán operar a 11.853 que fueron suspendidas en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que siguieron recibiendo financiamiento en la gestión de Alberto Fernández.
Entre los argumentos que esgrime el Gobierno para avanzar con la podadora, remarca que el padrón aumentó un 138 % en los últimos cuatro años –pasó de 9.978 a 23.836–, que el 70 % de las cooperativas no presentó balances ni asambleas, que el 22 % repite asociados, que el 20 % utilizó la misma casilla de correo electrónico y que el 9 % usó el mismo domicilio. “Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”, se quejó el vocero.
Tras el anuncio llegó rápidamente la respuesta de los cooperativistas. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas, Federico Tonarelli, advirtió que “quieren instalar la idea de que descubrieron un gran nicho de corrupción para, a partir de eso, avanzar con la destrucción del sector”. En ese sentido, explicó que es habitual que existan entidades que no hayan realizado el censo anual o que se hayan atrasado en la documentación ordinaria, pero que eso no implica que no se fiscalice o que amerite suspender a las cooperativas.
“Adorni tira una serie de números y de cosas que son graciosas. Yo estoy asociado a dos cooperativas porque trabajo en las dos cooperativas. Así que eso es común. También es normal que sean registradas con la misma dirección. No todas tienen sede. Entonces se unifican y usan un mismo domicilio. En el Hotel Bauen, por ejemplo, había muchas cooperativas registradas. Una era la de Tiempo Argentino”, aclaró Tonarelli.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el organismo encargado de la promoción, registro y fiscalización del sector. Su extitular Alexandre Roig cuestionó las suspensiones y defendió su gestión. “Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible”, respondió Roig, citando el comunicado que ayer emitió el Gobierno.
El doctor en Sociología Económica explicó que entre 2021 y 2023 se implementó un mecanismo de control que brindó “datos sistematizados” que se cruzaron con el ministerio de Trabajo, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Roig resaltó que los controles por parte del Estado “son necesarios para evitar abusos” y que entre 2021 y 2023 “se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas”. Respecto a las acusaciones del Gobierno, indicó que buscan ”distorsionar la realidad” y subrayó que “nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal”.
Además, fustigó a Adorni por pretender “asustar, denigrar y despreciar” a los trabajadores y productores de la Economía Solidaria. “Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende de la libertad de emprender colectivamente”, concluyó.
Adorni miente sobre las cooperativas
Diversas cooperativas emitieron un comunicado que desmiente las afirmaciones que el vocero presidencial, Manuel Adorni, hiciera este miércoles para justificar la suspensión de todas las entidades creadas entre 2020 y 2022. Las cooperativas firmantes se declaran en estado de alerta y movilización. Comparten además un documento para ser firmado
COMUNICADO DE PRENSA SOBRE EL VOCERO PRESIDENCIAL Y LAS MENTIRAS SOBRE LAS COOPERATIVAS
En el día de la fecha, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó una serie de mentiras sobre el movimiento cooperativo y anunció medidas que ponen en riesgo el funcionamiento de miles de puestos de trabajo.
Mentira número uno, el vocero afirmó que “se va SUSPENDERÁ LA OPERATORIA de todas las creadas entre 2020 y 2022”, debido a que son financiadas por todos los argentinos. Las cooperativas generamos nuestros ingresos, el INAES, organismo de control, no financia a las cooperativas que fueron creadas en este período.
Mentira número dos, Adorni dictaminó como irregularidades, que diferentes cooperativas (20% de ellas) se inscribieron con el mismo mail. Por un lado, el porcentaje es totalmente errado, y por otro, muchas cooperativas son asistidas por consultoras, técnicos en cooperativismo y otros profesionales, por lo cual muchas son asesoradas por las mismas casillas de mail, sin que esto conlleve ningún tipo de irregularidad.
Mentira número tres, se dijo que “el 22% repiten asociados entre ellas” y “el 9% increíblemente comparten domicilio, por lo tanto, resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad””. En ambos casos, no es irregular o ilegal que una misma persona humana participe de más de una cooperativa y, por otro lado, muchas cooperativas compartimos domicilio por desarrollar actividades completamente diferentes, pero no poseemos los fondos para el alquiler o compra de un espacio físico para nuestro funcionamiento y por solidaridad, se aúnan diversas entidades en un mismo domicilio, y nuevamente resulta sorprendente que el Sr. Vocero desconozca que las cooperativas somos entidades de ayuda mutua y que nos auto financiamos con el trabajo autogestionado de nuestros asociados y asociadas.
Mentira número cuatro, Adorni dice que las cooperativas en el último gobierno pasaron de 9.978 a 23.836 “siendo una caja que desaparece” al suspender la operatoria de las mismas, además de ser un número equivocado del padrón de entidades, de acceso público, niega la realidad de la autogestión y miente descaradamente, afirmando que nuestra simple existencia genera un gasto al Estado.
Ante lo expuesto, exigimos:
Primero, que se retracte el Sr. Adorni de las ya mentiras expuestas.
Segundo, que no se realice ningún tipo de quita compulsiva de permisos de funcionamiento, suspensiones o cancelaciones de matrículas de cooperativas constituidas entre los años 2020 y 2022.
Tercero, que el INAES respete la ley de cooperativas (ley nacional 20337) en su rol de promotor del sector cooperativo y se limite a su rol de contralor, cuando las condiciones particulares de entidades específicas sean sujeto de inspecciones dentro de las atribuciones que el propio organismo posee.
Las cooperativas firmantes nos encontramos en estado de alerta y nos movilizaremos de ser necesario a las puertas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para que el Sr. Marcelo Collomb nos dé las explicaciones oportunas sobre las afirmaciones del Sr. Adorni.
Formulario para adherir a la declaración contra los anuncios del gobierno contra las cooperativas
Represión a trabajadorxs tercerizados de Aysa que reclaman por meses adeudados de su sueldo.
BASTA DE REPRESION
ABAJO EL PROTOCOLO REPRESIVO DEL GOBIERNO pic.twitter.com/VIvkxBYCpL— CORREPI (@CORREPI) March 27, 2024
Los hacen trabajar, no les pagan y los reprimen
El miércoles 27 se reunieron a reclamar, frente a la Jefatura de Gabinete, cientos de trabajadorxs cooperativistas que hacen tareas para AySA desde hace años. Son de los programas Agua+Trabajo, Cloacas+Trabajo y Conectarte. No cobran desde diciembre. La Policía de la Ciudad los gaseó y golpeó para terminar con la protesta.
Son obras fundamentales en los barrios. No solo están precarizadxs, desde siempre, sino que desde que asumió el nuevo gobierno no les pagan sus sueldos.
Hace 20 días se movilizaron a Aysa. Un funcionario recibió a una delegación y les dijo “vuelvan en 15 días”. No solo no les pagaron, sino que no les garantizan la continuidad laboral: sus puestos de trabajo están en peligro. Lo mismo que pasa con 200 trabajadores de planta de AySA, que ya están siendo despedidos.
El sistema de agua y cloacas tiene una crisis estructural. Hay cientos de barrios sin acceso a los servicios más elementales, cuestión que impacta en la salud de millones de personas. Los gobiernos, nacionales y provinciales, no resuelven esos problemas. Pero además el gobierno de Milei ha dejado de pagarles, como si fueran simples esclavos. Peor, no tienen para comer, porque sacó los alimentos de los comedores. Peor, Patricia Bullrich y Jorge Macri los mandan a reprimir. Gastan gases que salen varios sueldos de los cooperativistas.
El Instituto de Agricultura Familiar ¡fuera!
A una semana del anuncio del Gobierno sobre el despido de los 900 trabajadores del Instituto Nacional de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), técnicos y delegados de todos los puntos del país se concentraron frente al histórico edificio de la Secretaría de Agricultura (ahora llamado “Bioeconomía”) para exigir la continuidad de los puestos de trabajo, de la políticas pública para el sector y la producción de alimentos para el pueblo. La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estuvo acompañada por las organizaciones campesinas que representan a parte de los 200.000 Núcleos de Agricultura Familiar (NAF) y que trabajan junto a los técnicos del Instituto para mejorar la producción de alimentos y la comercialización.
“No es un ataque solamente al Inafci, a los trabajadores de la agricultura familiar, ni a los productores del sector; que son los otros grandes perjudicados. Sino que se enmarca en una política general de ataque al conjunto de los trabajadores por parte de este Gobierno”, sostiene Luciano González, delegado de ATE en el Inafci La Pampa, allí donde se formulan, diseñan y siguen proyectos de gestión de recursos y articulación para alrededor de 5.000 NAF —integrados por una persona o grupo de personas que viven en una misma vivienda y realizan juntas tareas rurales— de producción hortícola, caprina y avícola en toda la provincia.
La manifestación de ATE-Agricultura, y acompañada por organizaciones rurales de la rama agraria de la UTEP y de la Mesa Agroalimentaria Argentina, confluyó en el histórico edificio de Paseo Colón y luego movilizó a las puertas del ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo (actualmente responsable de la continuidad del Inafci). Luego de 100 días de gobierno de Javier Milei y dos decretos, el Instituto pasó de la Jefatura de Gabinete —órbita bajo la cual se lo creó por decreto en 2022— al ministerio de Capital Humano y recaer, finalmente, en la cartera de Economía.
En sus tres meses de gestión, el Gobierno no nombró a nadie para dirigir el Instituto ni mantuvo ningún diálogo con sus trabajadores ni con las organizaciones campesinas. Y solo se pronunció la semana pasada para anunciar los despidos. “Aún no nos han notificado formalmente los despidos, es la metodología que lleva adelante el Gobierno: anunciar cierres y despidos y generar angustia en todos los trabajadores y trabajadoras”, denuncia González. Ante la gravedad de la situación, la jornada de paro y movilización de ATE finalizó frente al ministerio de Economía, en Plaza de Mayo, con gritos que exigían un paro nacional a la CGT para preservar los puestos de trabajo. En paralelo, los trabajadores a cargo de la dirección que maneja los fondos internacionales para el sector —Disprose— también denunció la amenaza de los recortes en su planta.
El miércoles fue el último día hábil del mes y los 900 trabajadores del Inafci están precarizados como contratados. Al no estar en planta permanente, el primer día hábil de abril podrían enterarse de la no renovación contractual de sus puestos de trabajo.
Muchos de ellos cuentan con más de 25 años de antigüedad, cuando se creó el Programa Social Agropecuario (1993). Luego pasó a llamarse Secretaría de Agricultura Familiar y en el último gobierno se transformó en Instituto. Los salarios promedio están por debajo de la canasta básica.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de la semana pasada, anticipó que el área sería reducida a una dirección con solo 64 personas. “El trabajo que hacemos 900 trabajadores es con fondos que escasean, por lo que ponemos nuestros recursos y vehículos. Si se quiere reducir a 64 personas es clara la voluntad de anular la política pública para el sector de la agricultura familiar”, apuntó Eliana Negrete, ingeniera agrónoma y delegada del Inafci en Buenos Aires.
En territorio bonaerense, los técnicos del Inafci asisten a las familias productoras. En particular en los dos cordones hortícolas más grandes del país: La Plata y Mar del Plata, de donde salen las verduras que abastecen a la mayor parte de la población. Allí trabajan en asistencia técnica y organizativa para hacer más eficiente la producción y la comercialización, generar canales de comercio justo y abordar problemáticas como el acceso a la tierra y el uso de insumos.
“Si avanza esta política no vamos a producir nuestros propios alimentos como lo venimos haciendo, sino que, como se anunció, vamos a importar alimentos”, advierte Negrete y denuncia que “el plan es desabastecer y pisotear la agricultura familiar y beneficiar a los concentradores, a los monopolios. En definitiva, el discurso de ajustar a la casta es al revés: está ajustando a los trabajadores rurales y a los estatales”.
¿Cuál es la dimensión del sector de la agricultura familiar al que asiste el Instituto y que Milei busca borrar, “orgulloso”, de un plumazo? Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, existen 70.033 núcleos de agricultura familiar en el NEA; 56.503 en NOA; 42.083 en la región Centro; 27.962 en Cuyo y 12.587 en Patagonia. Entre las provincias, Misiones (27.057), Buenos Aires (21.997) y Santiago del Estero (20.356) son las de mayor volumen en el sector.
“Este Gobierno invisibiliza nuestra tarea, nos tilda de ‘no trabajadores’ o de militantes, por eso la difusión es importante para que el pueblo sepa cuál es nuestra tarea. Ante los anuncios de Milei, que viene aterrorizándonos con sus discursos y en los bolsillos, no nos queda otra que defender los puestos de trabajo, porque nosotros no vivimos de otra persona, no vivimos de la política ni somos la casta, vivimos de nuestro trabajo”, reivindica Negrete.
El gobierno de Alberto Fernández anunció, en 2022, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar —que demoró un año más en hacerse efectivo— y prometió un fondo de 100 millones del Banco Mundial para llevar adelante los proyectos de la agricultura familiar. Muchos de esos fondos no se concretaron y están paralizados, como señaló a Tierra Viva el ex director de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar y Campesina, José Luis Castillo, pero además ahora corre riesgo de funcionamiento el organismo que ponía en ejecución esas partidas. En ese sentido, los trabajadores de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Disprose) también denunciaron el ajuste en su planta, a cargo de manejar 1.700 millones de dólares de fondos internacionales para ejecutar programas de desarrollo agropecuario.
“Estábamos trabajando en una situación muy lamentable. La ley nunca tuvo asignada una partida presupuestaria específica, siempre dependimos de que aparezca un recurso sujeto a decisiones políticas o de organismos financieros internacionales. Son necesarios los recursos asignados por presupuesto para poder garantizar los derechos que formalmente establece la Ley de Agricultura Familiar”, apunta González.
Entre las líneas de trabajo que se estaban desarrollando en muchos de los territorios, además de la asistencia técnica histórica, eran las políticas denominadas Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y de Abastecimiento Local, que apuntaban a la consolidación de Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar. También estaba el financiamiento para la creación de mercados de abastecimiento, en el que el Estado reconocía “la potencialidad de la agricultura familiar, campesina e indígena como la principal generadora de alimentos y abastecimiento local teniendo dos estrategias primordiales”. Otro eje activo era el Proyecto de Emergencia Crítica Directa.
A pesar de las demoras y deficiencias de origen en la consolidación de la política para la agricultura familiar —la ley fue sancionada en 2014 sin el artículo que la aseguraba una asignación específica en el presupuesto nacional—, la reacción de rechazo por la decisión del gobierno de Milei fue unánime. “Hasta la Federación Agraria salió a marcar que es un error el cierre de la agricultura familiar”, sentenció el delegado de Ate-Inafci en La Pampa.
“Esto no es solo reducir personal del Estado, sino cerrar uno de los pocos organismos que trabaja con un sector que es una barrera para el extractivismo, para el desarrollo del agronegocio, el desmonte y la megaminería. La agricultura familiar representa también una barrera para que el agua no sea un negocio, porque son los productores campesinos e indígenas los que habitan estos territorios, donde han puesto el ojo las grandes multinacionales y empresas extractivistas que buscan sacar a quienes habitan para explotar sus riquezas”, advierte González sobre la política de fondo del gobierno de Milei.
Negrete coincide en la mirada: “Donde se retira la agricultura familiar, avanza el agronegocio, la soja transgénica, la contaminación, la megaminería. Esos territorios dejan de producir alimentos y son ocupados por poderosos, entre ellos también el sector inmobiliario”.
En ese sentido, la ingeniera agrónoma analiza que la política pública para el sector, desde la creación del Programa Social Agropecuaria durante el menemismo, ha sido para contener a los sectores de pequeños productores que son expulsados por el agronegocio, pero siempre faltó profundizar en políticas que permitan la autoproducción de semillas, la diversificación de los cultivos y el freno al avance de los transgénicos.
De cumplirse la promesa de Milei de borrar el Inafci, Negre advierte que “las consecuencias serán, probablemente, que muchos productores al estar menos cubiertos, con menos derechos, vayan dejando la tierra y buscan otras actividades para vivir. Así se va a seguir despoblando el campo y engrosando los cordones urbanos. ¿Dónde van a ir a buscar trabajo si su forma de vida se ve vulnerada?”.
Despidos discriminatorios en el Potenciar Trabajo
“Estamos ante un brutal ataque discriminatorio y xenófobo contra trabajadorxs de Bolivia, Paraguay y Perú”, afirman desde las organizaciones. El martes 26 se presentó un Amparo Legal en Tribunales y una movilización con permanencia al Obelisco.
“El gobierno ha avanzado con la suspensión total del ingreso a más de 45.000 personas los últimos dos meses, la mayoría de los casos de compañerxs migrantxs. Estamos ante un brutal ataque discriminatorio y xenófobo contra trabajadorxs de Bolivia, Paraguay y Perú, quienes tienen un enorme peso en las barriadas obreras de todo el país”. Es la denuncia que hacen las organizaciones sociales, cuyos integrantes son beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Por esta razón, el martes pasado dichas organizaciones difundieron que presentarán un Amparo Legal en Tribunales y luego una movilización con pernamencia al Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires.
Comunicado de Prensa
Abajo los despidos discriminatorios en el Potenciar Trabajo
Martes 26/3 a las 11 :00 presentamos amparo colectivo en Tribunales y a las 12 :00 marchamos al Obelisco para montar una permanencia. MigrarEsUnDerecho
El gobierno ha avanzado con la suspensión total del ingreso a más de 45 mil personas los últimos dos meses, la mayoría de los casos de compañerxs migrantxs. Estamos ante un brutal ataque discriminatorio y xenófobo contra trabajadorxs de Bolivia, Paraguay y Perú, quienes tienen un enorme peso en las barriadas obreras de todo el país.
Sin ningún tipo de evaluación de la condición social de cada persona y sin ningún aviso previo violando la propia reglamentación del Potenciar Trabajo, solo por cruzar la frontera o por viajar dentro del país han sufrido este ataque.
El objetivo del gobierno es avanzar con un ajuste brutal eliminando la asistencia social cuando la pobreza supera el 60% de la población. Han dejado sin su único ingreso para poder comer a decenas de miles de familias, que no podrán asistir al comedor popular también cerrado por el gobierno y tampoco podrán pagar el alquiler empujando a muchas familias a la calle.
En muchos casos se trata de familias que hace décadas viven y trabajan en el país y se les quiere cercenar a circular, transformándolos en rehenes de este gobierno y ciudadanos de segunda que no tienen derecho a ver a sus familiares por situaciones de salud, fallecimientos u otros motivos. Ha habido despidos de compañerxs que viven en pueblos fronterizos y cruzan todos los días caminando para trabajar, ya que muchas veces son parte de una misma comunidad como la Quiaca y Villazón. O casos en Tierra del Fuego, que para pasar por tierra a territorio argentino en Santa Cruz deben pasar por Chile. Y ha habido casos directamente que no viajaron y los funcionarios de ministerio de Capital Humano se excusan que “fue equivocación”.
Una política criminal y racista de ajuste contra lxs trabajadorxs más golpeadxs por la crisis, quienes tienen los trabajos peores pagos y sin derechos laborales.
Llamamos a enfrentar este ataque criminal contra lxs que menos tienen y la defensa de todos los derechos y las libertades de las colectividades migrantes hasta conquistar el reintegro de los ingresos para todxs lxs compañerxs.
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Se presentó un amparo colectivo
Ayer, martes 26 de marzo, 16 beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo junto a distintas organizaciones sociales presentaron una acción de amparo colectiva para exigir la restitución de los salarios dados de baja arbitrariamente. Realizaron, además, una permanencia pacífica frente al obelisco con radio abierta.
Según el abogado patrocinante, Eduardo Penello: «la resolución 82/2024 del Ministerio de Capital Humano afecta a 22.501 personas. Es completamente arbitraria, ilegítima e inconstitucional porque viola una cantidad de derechos y garantías consagrados en la propia constitución nacional. Viola el derecho al trabajo, el acceso a la salud, a la seguridad social; viola el derecho a la educación ya que la gran mayoría tiene hijes a cargo; niega el derecho a la libre circulación ya que implica un perjuicio para todo aquel que quiera salir del país y fomenta la migración ilegal».
La resolución dictada por el ministerio a cargo de la funcionaria Sandra Pettovello y firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, determina el cese del pago a todos aquellos beneficiarios que hayan viajado al exterior «entendiendo que existe pérdida de la condición de vulnerabilidad social del titular, acreditada al momento del ingreso a dicho programa»
Para Doris Quispe, abogada y miembro de la Campaña Migrar No Es Delito, el estado «debe proteger a este grupo. No pierden su condición de vulnerables por haber viajado a sus países de origen».
Se escucharon varios testimonios durante la radio abierta de personas que se han quedado sin el ingreso por un viaje hecho incluso 5 años atrás en su mayoría, para asistir a familiares enfermos, a ver a sus padres después de 25 años, o a despedirse de su madre en su lecho de muerte. «¿Tenemos que ver a nuestros familiares adentro de un cajón por el celular?» se preguntaba María Ester Giménez, una de las damnificadas. Otro testimonio: «porque viajemos una vez al año no quiere decir que tengamos los bolsillos llenos de dólares, que seamos millonarios. El hecho de que nos compremos unas zapatillas, hasta eso se está fijando el gobierno».
Denuncian el nivel de entrometimiento del estado en la vida privada de las personas, en sus consumos. Como el testimonio de una militante del Polo Obrero: «No somos rehenes de este país, tenemos derecho a viajar. Mi hermana murió el año pasado en Bolivia. Mi otra hermana me mandó el giro desde España para que pueda viajar. Tuve que presentar todos los comprobantes. Todo te preguntan sobre tu vida personal. Me siento invadida. Tuve que decir cuándo murió mi mamá, quién me pagó el pasaje, el nombre de mi hermana, dónde labura, su código postal. Después que presenté y me dijeron que estaba todo bien me salieron con otra cosa. Un viaje en 2020 que no me acordaba. Después me acordé y era que viajé porque mi hija tenía un embarazo de alto riesgo. Hoy tuve que pedirle que consiga los papeles del hospital de Bolivia donde estuvo internada, ella tuvo que perder su día de trabajo. Esto no puede ser».
Además, hay errores groseros en el cruce de datos ya que a varias personas les quitaron el salario por haber viajado a Salta o a La Plata, y acusaron a una mujer de haber viajado a Noruega, lo cual fue desmentido por ella y su patrocinio legal.
Para Gabriel Nilsen del FOL La Plata estas medidas representan un ataque directo a las formas de organización popular: «Las compañeras que cobran estos planes son las que están en los barrios cumpliendo tareas esenciales donde el Estado no llega y por otra parte, el gobierno entrega vouchers a las clases medias acomodadas para pagar las escuelas privadas».
Muchas de las personas que cobraban el Potenciar trabajan en los comedores que asisten a miles de familias en los barrios de todo el país. El Ministerio de Capital Humano sigue sin dar respuestas a esta situación.
Denuncian una discriminación y estigmatización por clase social. Damaris Rolón de la Coordinadora por el Cambio Social declaró: «No enviar los alimentos, amenazarnos con que si luchamos o defendemos nuestros derechos vamos a terminar pesos, sacarnos nuestro salario por migrar, por salir de nuestro país, por tomar un avión. Sepamos que el estado también puede incurrir en acciones ilegales lo que pasa es que es mucho más difícil juzgarlas. Dentro del gobierno de Javier Milei hay muchos chorros, asesinos, corruptos. Como Caputo, ministro de Economía, quien tomó la deuda con el FMI, se la dio a todos sus amigos banqueros, especuladores y empresarios y nadie lo fue a investigar. A él no le embargaron el sueldo, no se fijaron cuántos aviones se tomó, no fue en cana, no le preguntaron a dónde fue y es un delincuente».
El gobierno y una ofensiva histórica contra los movimientos sociales
Por Nicolás Salas
En todo el mundo existe la desocupación, pero no en todo el mundo existe el movimiento piquetero o de la llamada Economía Popular, tal como lo conocemos en el país. Sobre condiciones objetivas de empobrecimiento y desempleo, al sur de ese mundo, grupos de activistas lograron organizarse, darse métodos con sentido de lucha e instalarse en la escena pública y política argentina. Desde hace años, los distintos gobiernos se debaten en el dilema de qué hacer con esta experiencia organizativa que se desarrolla sobre las ruinas del empleo y el trabajo. La foto de miles de familias acampando sobre la Avenida 9 de Julio inquieta a quien toque sentarse en el sillón de Rivadavia, sea progresista, de derecha o libertario. Los pobres molestan y más aún si se organizan. A trazo grueso podemos decir que hay dos formas de resolver este fenómeno: generando millones de puestos de trabajo “genuino” y canalizando la problemática actual a partir del desarrollo industrial, o desarticulando, vía represión y ajuste, a las organizaciones territoriales que ostentan la representación del sector. El gobierno de Milei pareciera decidido en la segunda de las opciones.
Recapitulando los últimos pasos dados por la clase política profesional podemos considerar que las internas dentro del gobierno de Alberto Fernández no impidieron que varias de las tendencias que habitaban el Frente de Todos unificaran visiones, posturas y hasta políticas contra los movimientos. Retomando las enseñanzas duhaldistas de 2002, varios popes peronistas iniciaron una ofensiva para correr a las organizaciones del rol de “intermediarias” con el Estado o “tercerizadoras” como le gustaba decir a la exvicepresidenta, Cristina Fernández. Primero, Juan Zabaleta, y luego, Victoria Tolosa Paz, empezaron a inclinar la cancha en favor de intendentes y gobernadores en lo que refiere al manejo de los planes sociales. Massa coronaría el ataque con el decreto 565/2023, por el cual se inició la desestructuración del Potenciar Trabajo, tanto en su carácter laboral como organizativo.
Ahora bien, la base social sobre la que se sustenta el peronismo y el peso específico de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dentro de la entonces coalición gobernante impidió que los avances tuvieran los alcances pretendidos por el tándem Cristina-Massa. La tregua electoral hizo que dichas tensiones entrarán en un impasse, a la espera de lo que sucediera con el próximo gobierno.
La llegada de Javier Milei al gobierno encontró terreno fértil para su apuesta de máxima: desarticular definitivamente a las organizaciones territoriales, llamadas a encabezar la resistencia contra sus aspiraciones de ajustes y dolarización.
La Libertad Avanza asumió el ejecutivo sin mucha noción sobre las políticas sociales concernientes a los planes sociales. De hecho, el mismo presidente en campaña prometió otorgar tarjetas individuales a cada beneficiario para cortar con la presunta dependencia que los trabajadores tenían con los dirigentes sociales. Nadie le avisó que dicho procedimiento ya existía desde hace veinte años. El acuerdo con Patricia Bullrich le dio línea y funcionarios. En principio, permitió el arribo al Ministerio de Capital Humano del equipo de Joaquín de La Torre, exintendente de San Miguel y uno de los hombres de confianza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el conurbano bonaerense. Su hermano Pablo fue designado al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y junto a él aparecieron muchos peronistas disidentes de la zona oeste y norte de la provincia.
En términos de línea, Joaquín de la Torre ya había adelantado en campaña las pretensiones hacia el sector, donde afirmaba la temporalidad de los planes sociales, el viraje hacia una especie de seguro a la desocupación y un enfrentamiento directo con las organizaciones sociales. Parte de ese programa empezó a conformarse a partir del decreto 198/2024, que divide el padrón del Potenciar Trabajo en dos nuevos planes, el “Programa de Acompañamiento Social” y el “Programa Volver al Trabajo”. El primero de ellos quedará en la órbita de los De la Torre y albergará a unas 400 mil personas que ya no tendrán la obligación de la contraprestación laboral.
Los otros 800 mil planes quedarán bajo la influencia de la secretaría de Trabajo y del funcionario que reemplace a Omar Yasín, el macrista eyectado por Milei en medio de una entrevista televisiva. Más allá de lo que dice un decreto escuálido y declaraciones periodísticas en off, formalmente no hay especificidades del carácter de dicho programa. Lo que sí es claro es la decisión libertaria de mantener un enfrentamiento constante y deliberado con el sector.
Si a esto sumamos el congelamiento salarial de los planes, las cerca de 50 mil bajas del Potenciar Trabajo que se dieron desde enero y el vaciamiento de los comedores comunitarios, empezamos a delimitar la forma que toma una ofensiva que varios dentro del oficialismo consideran estratégica. Tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra.
En el medio se improvisan disposiciones de todo tipo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hace un show televisivo que concluye con miles de personas haciendo fila en la puerta del ministerio que comanda; los funcionarios del área no tienen firma para garantizar los acuerdos que se promocionan con las iglesias; y las renuncias proliferan de manera más habitual dentro de la institución. Todo sobre la base de un recorte del 29,5% del gasto social que se dio de manera interanual en enero.
Si hablamos del vínculo con las organizaciones, podemos decir que es prácticamente inexistente. Los canales de diálogo son escasos, cuestión que no había ocurrido ni en los momentos de mayor enfrentamiento entre los movimientos y el gobierno de Mauricio Macri. El desconcierto impera en las representaciones sociales, que no terminan de descifrar la jugada oficial: cuánto responde a decisiones políticas, cuánto a desidia o cuánto a la improvisación de una inexperta dirigencia libertaria. Suelen concluir que se debe un poco a cada cosa. “Sabemos lo que estos tipos buscan y cuáles son sus objetivos. Pero, más allá de eso, hay cuestiones que no tienen sentido para los mismos objetivos que persiguen. Vaciar de alimentos los comedores comunitarios en el medio de una espiral inflacionaria y un ajuste con muy pocos precedentes en la historia es ilógico para su estrategia. Desde el FMI y hasta el exministro de Economía menemista, Domingo Cavallo, le plantean la necesidad de contención social porque se puede ir todo a la mierda. Por eso, lo de no comprar un solo paquete de fideos, aparte de ser una decisión de una crueldad inusitada, es un tiro en los pies del mismo gobierno, que puede llegar a pagar muy caro en un futuro próximo”, aseguró el delegado de una de las organizaciones enfrentadas al gobierno.
La ofensiva del gobierno tiene varios planos. Uno es la desarticulación de la política social que ha permitido la acumulación de poder a diversos movimientos. Otro responde a la faceta punitiva que se inició con el protocolo antipiquetes y una desaforada campaña del miedo. Se buscó, y se logró, aunque parcialmente, introducir en el imaginario de miles el precepto de la violencia económica y física que puede ejercer el Estado contra quienes se organizan. “Si movilizás te bajamos el plan y además te reprimimos”, fue el concepto detrás de las consignas gubernamentales que circulaban en las marquesinas de las principales estaciones de trenes del conurbano. Esta estrategia, alimentada con montajes y puestas de escenas varias, tuvo efectividad en un primer momento, perdiendo peso con el paso de las semanas. El protocolo de Bullrich fue a apartado de la agenda mediática y la dinámica de movilización de las organizaciones empezó a recuperarse. Las fuerzas materiales parecieran ganarle a las del cielo. Un litro de aceite a $3000 puede más que mil citas bíblicas.
Sobre estos dos planos se viene moviendo el gobierno, sin perder de vista un tercero que tiene que ver con la judicialización y el encarcelamiento de los dirigentes de las principales organizaciones. Al igual que Hilda “chiche” Duhalde en 2002, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteó el envío de un proyecto legislativo para modificar el código penal con el objetivo de ampliar la persecución a piqueteros.
Si bien la Justicia viene procesando e imputando a miles de activistas territoriales en los últimos años, al momento no han avanzado con la etapa final de la ofensiva que presupone el descabezamiento de las organizaciones a nivel nacional.
Antecedentes y futuro de una ofensiva en curso
El último gran antecedente en la busca de la desarticulación de las organizaciones territoriales se dio durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que tuvo como objetivo arremeter contra los movimientos apodados “combativos”. La Masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 fue el acontecimiento que buscó responsabilizar y perseguir judicialmente a las direcciones de las organizaciones que habían participado de aquella protesta en las inmediaciones de la estación Avellaneda, hoy conocida como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Como es sabido, fotos publicadas por la prensa desbarataron la estrategia gubernamental, precipitando el adelantamiento de las elecciones y limitando las aspiraciones presidenciales del mandamás del peronismo bonaerense.
El escenario actual no es el mismo y contiene varios matices diferenciadores, aunque comparta un objetivo final. Aquella historia marcó pedagógicamente a una dirigencia que entendió los costos que pueden generar las muertes durante una movilización en tiempos de crisis. Duhalde lo entendió recién cuando vio frustrar sus ansias de reelección.
Milei tal vez lo comprenda o tal vez no. Bullrich fue clara y dijo no tener miedo a muertes producidas en escenarios represivos. A diferencia de dos décadas atrás, el gobierno definió no hacer distinciones entre piqueteros “duros” o “blandos”. Como lo mostró desde el inicio, va por todo sin distinción de banderas, sean rojas, celestes y blancas o negras.
Esta ofensiva no atiende las relaciones de fuerza, el gobierno afronta un camino sinuoso caracterizado por el aceleramiento de una crisis que empieza a trastocar la pasividad de una clase media que tendrá su gran desafío entre marzo y abril, meses donde el peso del ajuste se sentirá más intensamente en el bolsillo. De ello dependerá parte de la suerte de las organizaciones sociales que añoran reversionar un cántico que veinte años atrás le permitió frenar la última gran ofensiva en su contra: “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
El traspaso de los planes ya enciende alarmas por las bajas
El traspaso de los planes ya enciende alarmas por las bajas© NA
Hay otro foco de conflicto para el oficialismo en el corto plazo: el futuro los planes de Potenciar Trabajo tras la división en dos programas que ideó Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Una parte de las asistencias deberá recalar de manera formal en la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, aunque todavía no existe la estructura pertinente para que eso suceda. Las organizaciones sociales ya se encuentran en alerta y advierten choques con el Gobierno.
En febrero pasado, Pettovello anunció la segmentación del Potenciar Trabajo, que consta de 1.400.000 beneficiarios, en dos programas en pos de “optimizar” la inclusión social y laboral y porque solo el 1,3% consiguió empleo formal. Incluso, detalló que la Secretaría de Trabajo iba a absorber una parte y la otra pasaba a manos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo de la Torre. Además, sin organizaciones sociales como intermediarias y con cambios de nombre: Programa Volver al Trabajo, por un lado, y el Programa de Acompañamiento Social, por el otro.
La cartera dispuso como fecha límite el 3 de abril para el traspaso formal a las áreas pero con el despido el 12 de marzo de Omar Yasín en la Secretaría de Trabajo, que quedó como responsable por los aumentos de sueldo del Ejecutivo según el Presidente, se desmanteló toda el área que estaba trabajando y recepcionando la puesta en marcha de los planes. Incluso, aportan fuentes en LLA, se estaba dialogando con 48 agencias territoriales y 680 oficinas de empleo de municipios de todo el país, pero todo quedó en la nada y no se sabe qué sucederá con el futuro de los beneficiarios.
A su vez, tampoco hay claridad con el número de planes para cada dependencia. En principio, iban a ser 1.250.000 para la Secretaría de Trabajo, según aportan las organizaciones sociales. Pero ya se habla que en realidad pasarán a la órbita de Cordero aproximadamente 800 mil. Esto significaría que podrían dar de baja más de 400 mil planes.
Ante este medio, un referente social indicó que el traspaso y las modificaciones del Potenciar solo sirvieron para que la ministra ejecute “un fuerte ajuste” que será motivo de nuevas protestas.
“No saben qué hacer, en principio van a ser capacitaciones a cargo de la Secretaría de Trabajo. No obstante, ya nos enteramos de que hasta julio no va a pasar nada para poder seguir reduciendo el número de asistencias. Sabemos que las bajas serán mensuales, es la política de este gobierno”, señala un dirigente. Por otro lado, confirma que hay conversaciones con gremios y otros movimientos para encarar una marcha federal en protesta de la gestión libertaria para el 10 de abril.
Una nueva fábrica bajo control obrero: historia con final feliz
Por Nicolás Ramos y Andrés Manrique
La experiencia en primera persona de Nicolás Macchi, presidente de COTRAMEL -Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Llavallol- (ex Canale), que pasó a ser dueña de los medios de producción y de la planta industrial, luego de años de seguimiento y lucha. Una lucha que dieron los trabajadores contra el vaciamiento, la corrupción jurídica, la falta de financiamiento y un sindicato que no los respaldó en absoluto. El inmenso logro luego de un acampe extendido durante meses frente a la fábrica para vigilar sus puestos de trabajo, después de 6 años de lucha y gracias, en palabras de Macchi: “a la escucha democrática y a la organización”. La Cooperativa hoy garantiza 45 puestos de trabajo, y ha generado nuevos incluso por la inversión en maquinaria.
Mi nombre es Nicolás Macchi. Actualmente soy Presidente de la Cooperativa.
¿Cuántos trabajadorxs cooperan hoy?
En este momento, somos cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras de un total de sesenta y cuatro que éramos cuando conformamos la Cooperativa entre los Ex Trabajadores de Canale (actual COTRAMEL).
¿Cuál fue el motivo que disparó el conflicto, y en qué año comenzó?
El conflicto arranca en 2015 por la falta de pago de los sueldos. La empresa entra en un concurso preventivo de crisis en convocatoria de acreedores. Se radica el expediente en el Juzgado Comercial de Catamarca, el mismo que decreta la quiebra en 2019. En realidad, ya en 2018, con decreto de quiebra de por medio, nos despiden a todos los trabajadores con tres meses de sueldos adeudados. Ese mismo día, el 30 de octubre de 2018 hicimos una Asamblea, conformamos una guardia y custodia de los bienes, y formamos la Cooperativa. Dos meses después nos dieron la matrícula, en diciembre de 2018.
Nosotros ya advertíamos que previo a la conformación de la Cooperativa había un vaciamiento por parte de la empresa, sumado luego a algunos problemas económicos en los que habían incurrido: deudas con la AFIP, jubilaciones impagas, deudas de cargas sociales. Ya no hacían aportes al sindicato, no pagaban la obra social. Se quedaron con el dinero y aportes de los trabajadores, y lo que nosotros sabíamos, además, es que se querían llevar a Mendoza la unidad productiva de Llavallol, que es donde hacemos las latas. Todo esto fue lo que decíamos y denunciamos en ese momento.
¿Cuántos trabajadores cooperan hoy?
En este momento, somos 45 trabajadores y trabajadoras de un total de sesenta y cuatro que éramos cuando formamos la Cooperativa de Ex Trabajadores de Canale (actual COTRAMEL).
¿Cuál fue el motivo que disparó el conflicto, y en qué año comenzó?
El conflicto arranca en 2015 por la falta de pago de los sueldos. La empresa entra en un concurso preventivo de crisis, en convocatoria de acreedores. Se radica el expediente en el Juzgado Comercial de Catamarca, que es el mismo que decreta la quiebra en 2019. Y en 2018, con decreto de quiebra de por medio, nos despiden a todos los trabajadores, con tres meses de sueldos adeudados. Ese mismo día, el 30 de octubre de 2018 hicimos una Asamblea, conformamos una guardia y custodia de los bienes, y formamos la Cooperativa. Dos meses después nos dieron la matrícula, en diciembre de 2018.
Nosotros ya advertíamos que previo a la conformación de la Cooperativa había un vaciamiento por parte de la empresa, sumado luego a algunos problemas económicos en los que habían incurrido: deudas con la AFIP, jubilaciones impagas, deudas de cargas sociales, ya no hacían aportes al sindicato, no pagaban la obra social. Se quedaron con el dinero y aportes de los trabajadores, y lo que nosotros sabíamos, además, es que se querían llevar la unidad productiva de Llavallol, donde hacemos las latas, a Mendoza. Todo esto fue lo que decíamos y denunciamos en ese momento.
¿Quién era el dueño anterior y qué hizo?
El dueño anterior se llamaba Camilo Carballo, de la firma ALCO. ALCO era la conservera de Mendoza, que compra la sección enlatados de la marca Canale, y también la marca CICA, que es el puré de tomates, también mendocina. Camilo Carballo era el Vicepresidente Regional Primero de la COPAL, una Coordinadora de Empresas Alimenticias, cuyo Presidente era Funes de Rioja, o sea que jugaban en las «grandes ligas». Como comentaba anteriormente, hicieron un plan de vaciamiento y de quiebre de la empresa, de querer quebrar además a los trabajadores, y les salió mal porque no se esperaban la resistencia que hubo. Lo que entendíamos es que ellos al estar en la COPAL, con Funes de Rioja a la cabeza, en pleno macrismo, intentaron contribuir o colaborar con la pretendida reforma laboral.
¿Cómo fue el proceso de lucha de la Cooperativa hasta conseguir esta victoria?
La Asamblea de ese momento decidió el acampe pacífico afuera, en la puerta de la fábrica sobre la vereda, custodiando las máquinas. Soldamos los portones del lado de adentro para que no se pudieran llevar las maquinarias. No dejamos entrar a nadie. El acampe duró cuatro meses, desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019. Hicimos una parrilla y una bolsa de trabajo para ir haciendo changas con los compañeros. Y con eso sobrevivimos. En noviembre de 2019, con el decreto de quiebra y la autorización del uso de los bienes con fines productivos por parte del Juzgado, que nos autorizó a trabajar y utilizar las máquinas, continuamos. En 2020 nos agarró la pandemia y complicó todo, pero como estábamos relacionados con la industria alimenticia pudimos seguir laburando y de a poco se fueron incrementando los clientes. Además, habilitamos formatos que había dejado de hacer la empresa anterior, hasta este desenlace final en el que quedaron los bienes en favor de los trabajadores.
¿Cuáles fueron los mayores obstáculos?
Obstáculos difíciles tuvimos muchísimos. Primero, no tener ningún tipo de asesoramiento, hacer todo a pulmón. Toda la información que pudimos recabar para gestionar la cooperativa en sí. Con respecto a la quiebra en particular y el expediente. Costó muchísimo conseguir un abogado que supiera de esto y que sea honesto.
El tema del financiamiento para trabajar fue otro gran obstáculo. Tuvimos que arrancar pidiéndole plata a los clientes, a los proveedores, pero como la empresa Canale había dejado deudas por todos lados, no nos querían vender los insumos, no querían saber nada de nosotros.
Otro obstáculo fue la lucha con el gremio, un sindicato que no nos acompañó, que nos abandonó y nos dejó librados a nuestra suerte. Nos quisieron cortar la luz 9 veces, el gas 5 veces. Tuvimos que negociar la deuda que terminamos resolviendo, pero en ese momento la pasamos recontra mal. Y así muchísimos problemas más.
¿Por qué se radica en Catamarca el caso judicial?
Interviene el Juzgado Comercial de Catamarca porque allá tenían otra Unidad Productiva. Tenían tres en Mendoza, una en Llavallol (la nuestra), y otra en Catamarca. Nosotros salimos como garantía de la de Catamarca, así que nos radicaron allá, donde tenían domicilio legal.
Para nosotros, estratégicamente, fue por un lado bueno y por el otro, un obstáculo, ya que «jugábamos de visitante” en Catamarca, por la lejanía y por tener que viajar, sobre todo. Pero al final fue favorable porque no estaba, o no está tan contaminado el Juzgado allá con el tema quiebras. Manejan pocas quiebras, y no hay tanto contacto con empresarios o sus abogados. En ese sentido, fue bastante neutral ese lugar, el juzgado, la jueza, el síndico. Eso nos favoreció. Antes habíamos tenido que echar a un abogado que nos quiso llevar a vender la empresa.
¿Entre el objetivo de máximo y esta meta cuánto quedó de lado? ¿O considerás que es una victoria completa?
Esta es una victoria casi completa, diría, porque en realidad nosotros nos queríamos quedar con la totalidad de la fábrica, con el predio deportivo también, pero eso no se pudo. Hubo que hacer una oferta conjunta con un privado, que va a aportar dinero para quedarse con esa parte, y unos galpones de depósito; por eso te diría que no es completa. Pero por otra parte sí lo es, desde el punto de vista del sostenimiento de los puestos de trabajo y de quedarnos con toda la maquinaria y la fábrica para toda la vida. Ya es todo nuestro, y poder garantizarnos para nosotros y para nuestros hijos el futuro es una gran alegría, una gran victoria. Esto queda para siempre en manos de los trabajadores. El objetivo de máxima era quedarnos con la totalidad de la fábrica, incluido el predio deportivo, como les decía, pero tuvimos que hacer concesiones y la verdad que no nos arrepentimos de nada y no podemos quejarnos por lo conseguido.
¿Cómo atravesaste toda esta situación, cuáles son tus sensaciones?
Al comienzo la pasé muy mal cuando me metí como Delegado de Base. Traté de llevar lo mejor posible el mandato de los compañeros. Eso me costó enfrentarme con el Sindicato, con la burocracia sindical de la UOM Avellaneda. Sufrí aprietes y situaciones que me hicieron pasar momentos durísimos. Tener mi casa recién en construcción, a medio terminar y sin obra social, con mi hija chiquitita que casi no pude disfrutar, sin un mango, con muchísimo dolor de no poder comprarle una ropita, de no poder poner ni un ladrillo en casa… mucha tristeza, mucha angustia. Cuando levantamos el acampe, luego de cuatro meses sin interrupción llevé a mi hija a una plaza, y era como haber estado en cana, horrible, fue como volver a ver la luz. Me largué a llorar, fue como una liberación, muy fuerte. Mucha angustia de saber que tenía que estar fuerte para contener y bancar a mis compañeros, y verlos mal, quebrarse, llorar, la presión impresionante sobre mis espaldas.
Sensaciones de sufrir un montón, por un lado; y, al mismo tiempo, recibir muchas cosas lindas, muchas palabras de contención, muchos mimos, abrazos y cariños de los vecinos, de otros laburantes, de poder conocer a gente maravillosa en este camino. Me llevo conmigo eso para toda la vida. Sentir el orgullo de que queda una enseñanza enorme para mi hija. Me cuesta hablar de esto… me hacen emocionar con sus preguntas.
Me queda lo que yo creo que puede significar o representar todo esto para ella. Obviamente no le meto mis cargas personales a ella, sino que esto lo pienso y se los digo porque siento que se los puedo contar ahora. Eso me queda: esa sensación, ese sentimiento.
¿Qué consejos o experiencias podés aportar a otrxs trabajadores y cooperativas que se encuentran en pie de lucha?
Como experiencia, primero: que es muy importante escuchar a los compañeros, ser democráticos. El trabajo como asamblea nos ha salvado, eso es fundamental. Nadie tiene la verdad absoluta, y nadie es más piola o más vivo que nadie. Los trabajadores no somos boludos, y tenemos mucho para decir o aportar, mucha experiencia de vida acumulada para dar. Confiar en la organización y saber estar organizados es fundamental para vencer, para poder atravesar los desafíos, las cosas malas. Estar juntos, unidos, respetarse y tener los objetivos claros. Saber hacia dónde estamos yendo, conocer cuál es el rumbo. Ser honestos, no mentirnos entre nosotros, no mentirles a los trabajadores. Tener paciencia, perseverancia, saber que va a haber días buenos y días malos. Creo que estas son cosas esenciales.
¿Cuál es la situación actual de la cooperativa, a qué problemas se enfrenta y qué desafíos se plantean a futuro?
La situación general es buena. Estamos trabajando. Como te comentaba al comienzo somos 45 compañeros, 45 familias. Los salarios, es decir, los retiros que hacemos mensualmente son aceptables, aunque obviamente no alcancen, pero de dónde venimos a donde estamos en la actualidad podemos decir que estamos bien o relativamente bien. Más o menos acorde a la media del mismo rubro, el de metalúrgicos. Después, en cuanto a lo financiero, económicamente estamos bien, relativamente bien. No nos sobra nada, pero se puede laburar y encarar todos los pedidos que nos van haciendo. A futuro la idea es incrementar el volumen de producción, trabajar mucho más y poder obviamente tener mejores retiros por parte de los asociados; poder meter algún formato de producto más. Estábamos viendo de comprar otra máquina nueva. Ya compramos una con un subsidio del INAES, y eso generó algunos puestos de trabajo nuevos, así que la idea es producir la misma experiencia. Poder ir mejorando cada vez más y tomar algunos compañeros más también sería muy importante.
Además, el trabajo social que tenemos por delante es un desafío enorme y queremos estar a la altura. De hecho, venimos trabajando hace tiempo con comedores, merenderos, el Barrio de los Monoblock de Llavallol, y todo lo que podemos donarles o ayudarles lo estamos haciendo. Asimismo, estamos articulando con una Cooperativa que va a trabajar con personas con discapacidad o síndromes; queremos atender a esa población y desde la cooperativa poder dar un tipo de salida laboral genuina. Hay muchos frentes por atender y por hacer. Son muchos los problemas que hay que atacar y a veces no damos abasto. Hay que focalizar bien la energía, pero esos serían los objetivos más hermosos que tenemos por delante.
Boletín de movimientos sociales y empresas recuperadas actualizado al 1/4/2024
Fuentes: Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Página 12, La Izquierda Diario