El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó este jueves de forma tajante la oferta del Gobierno de aumentar los salarios en un 9,1% para el personal de la administración pública nacional y denunció una pérdida del 22,4% de los ingresos.
El Gobierno propuso un 2% de aumento retroactivo a abril último y otro 7% acumulativo para este mes, por lo que en el bimestre los estatales percibirán una mejora del 9,1% a pagar en mayo.
Sindicalistas de la ATE y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), al mando de Andrés Rodríguez, se reunieron este jueves en las dependencias laborales de la Avenida Callao al 100, ocasión en la cual la Secretaría de Trabajo ofreció a los gremios una mejora salarial del 9,1%.
AHORA!!
ATE RECHAZÓ AUMENTO DEL 9,1% EN LA PARITARIA NACIONAL!!EL AJUSTE EN EL ESTADO NO TIENE PRECEDENTES!!
La caída del salario desde que asumió la gestión de @JMilei ha sido estrepitosa (-22.4%).
Esta propuesta del 9,1% es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se… pic.twitter.com/CmhbmpYDqG— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 22, 2024
Aunque la UPCN aceptó la oferta oficial, Aguiar en cambio la rechazó y sostuvo que “la caída del salario desde la asunción de la actual gestión es estrepitosa, por lo que la oferta es inaceptable porque ni siquiera se corresponde con los datos de inflación del Gobierno, y no es posible que el gremio sea cómplice de este recorte brutal de los ingresos”, denunció el sindicalista.
Para Aguiar, el ofrecimiento del Gobierno representa “una caída del 22,4% del poder adquisitivo de los estatales durante el último año”, y añadió que “con el correr de los meses el ajuste en el sector público se consolida y es mayor, por lo que con esta paritaria y al inicio del mes de junio decenas de miles de estatales serán considerados como nuevos pobres”.
En un documento, Aguiar agregó que “los propios datos oficiales muestran que desde que asumió el Gobierno los salarios cayeron en picada y, a partir de ahora, el ingreso promedio en la administración pública apenas alcanzará para cubrir la mitad del costo de la canasta familiar básica”, y ratificó que la ATE “no será cómplice de la destrucción salarial”.
“El grave recorte salarial de forma rápida se disparará a las provincias y municipios. Es preciso continuar y profundizar el plan de lucha en todo el país”, señaló Aguiar.
Las paritarias del Convenio 214/06 comprenden el período entre junio de 2023 y mayo de 2024, por lo que el sector público nacional cerró el año de negociación con un aumento del 200,9%.
La inflación proyectada para mayo, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central es de 7,5%, por lo que la caída del salario real es de un 22,4%.
En noviembre último -a seis meses de iniciada la paritaria- el acuerdo había quedado 3,4% por arriba de la evolución de los precios, pero a partir de diciembre “los convenios se ubicaron de forma sistemática por debajo de la inflación, consolidando la pérdida real del poder de compra”.
Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia necesitó 828.158 pesos en abril último para no caer bajo la línea de la pobreza, pero sin embargo la Junta Interna de ATE-Indec informó que ese ingreso debería ser como mínimo de 1.253.953 pesos.
Aguiar y los representantes paritarios de la ATE firmaron este jueves en Trabajo un acta complementaria, en la que ratificaron y asentaron las demandas del gremio, que exigió que “ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza, un aumento salarial por encima de la inflación, la apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, en especial los más postergados como el del Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Iosfa (la obra social del sector), cuyos ingresos iniciales se ubican por debajo de la línea de la indigencia”, señalaron.
La ATE también demandó al Gobierno un inmediato aumento salarial para los trabajadores contratados por el decreto 1.109/17, la liquidación del incremento de haberes este mes, el cese de las políticas de ajuste, la incorporación de una suma fija al salario en concepto de ‘Orientación’ para el convenio general que garantice el reconocimiento de la función y un haber digno y que se garantice la continuidad de los procesos de regularización del empleo público y pases a planta.
Del mismo modo, reclamó “el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados desde el 10 de diciembre”; rechazó “cualquier privatización de empresas públicas, el DNU 70/23 y la Ley Bases” y defendió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a la vez que exigió la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que procura cercenar el derecho a peticionar a las autoridades y el amedrentamiento a los estatales.