Este miércoles 18 de septiembre, la Legislatura de San Luis, con 23 votos afirmativos, aprobó en Diputados la adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) para pasarlo a Senadores, siendo tratado en tan solo 15 minutos y, sin respetar el pedido de audiencia pública, por lo cual las asambleas concentraron para exigir su rechazo y afirmar que no tienen licencia social. El martes 3 de septiembre las asambleas socioambientales mantuvieron una reunión con los diputados integrantes de la comisión de medio ambiente para presentar las más de 10.000 firmas de la campaña provincial “No al RIGI”. Al recibirlos, los diputados desconocieron el tratamiento del proyecto, aún cuando en simultáneo se había comenzado a tratar en las comisiones.
Por Johana Arce, para ANRed/Sisa.
Los que apoyaron el proyecto junto al gobernador Claudio Poggi argumentaron dentro del recinto que el RIGI traería prosperidad que es para “energías limpias” que defienden leyes ambientales, cuando el régimen incentiva solo la destrucción y contaminación del agua con la implementación de la megaminería en la provincia, abriendo las puertas a proyectos extractivistas en agricultura industrial, proyectos forestales y turismo.
“Exigimos se respeten los derechos constitucionales de participación pública, se evalúen en profundidad todos los factores e impactos de adherir a esta legislación, que implica regalar nuestros bienes comunes y dejarnos los pasivos ambientales por años”, manifiestan las asambleas de San Luis.
“Declaramos nuestro rechazo y preocupación e invitamos a todas las organizaciones de la provincia, espacios académicos y sindicatos a activar el debate del RIGI en la sociedad y expresarnos públicamente en el rechazo”, afirman.
Desde el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis se expresaron contra el daño ambiental que es contrario a la Constitución Nacional, ya que vulnerará el corpus legal y normativo provincial, en que prioriza a las empresas beneficiadas por sobre la población, restringiendo la participación de pequeñas y medianas empresas, impactando de forma negativa en condiciones de acceso al trabajo y desarrollo local de las economías regionales.
Las asambleas denuncian que la Ley Bases y el régimen pasa por encima de legislaciones ambientales que, según el artículo 165, en el marco del artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional, asegura que las inversiones no deben realizarse sin el perjuicio de las jurisdicciones, por ende, deberían ser de nulidad absoluta y que la Justicia deberá impedir su aplicación.
Los diputados senadores legisladores acuerdensen que todo llega y paraustedes todo mal desgraciadamente paresen yaquis traidores la traicion al puebll se paga duro