Esta hermana mapuche, madre de 6 hijos y abuela de 8 nietos, que viene luchando por los derechos de su pueblo desde muy joven, se rebeló ante la violencia que vienen soportando, los asesinatos de hermanos mapuches, y en general el avasallamiento de sus derechos, por eso decidió hacer la denuncia por genocidio para que esta serie de inequidades no siga adelante.
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Desde el principio tuvo bastante acompañamiento, entre las que se encontraba Norita Cortiñas, había comunidades indígenas y gente solidaria. Así fue que presentó una demanda contra el Estado Nacional, el 17 de agosto del año 2020, que según ella era una denuncia pendiente desde que volvió la democracia.
Ivana, que vive en Mallín Ahogado, a 10 kilómetros de El Bolsón, informa que entre los documentos que se utilizaron para fundamentar la demanda, se encuentran los archivos que elaboraron los propios perpetradores de esa campaña nefasta. Fue durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, allá por 1879 y comandada por Julio Argentino Roca, Ministro de Guerra y Marina en ese momento.
La verdad que ante tamaña importancia de esta denuncia, nos sorprende un poco ver a esta hermana, delgadita y menuda y con una voz tan dulce y suave, pero con una importante convicción para pelear por el derecho de su pueblo.
Entonces vamos a escuchar a Ivana para conocer su sentir y su determinación.
Por los derechos a los pueblos originarios
La Constitución Nacional de Argentina reconoce los derechos de los pueblos originarios en el artículo 75, inciso 17, que establece lo siguiente:
Reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
Derecho a la identidad
Derecho a la educación bilingüe e intercultural
Derecho a la personería jurídica
Derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan
Derecho a participar en la decisión de cualquier medida que pueda afectarlos.-
Por la Ley 26160
Ley 26160 es una ley argentina que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país. Esta ley fue sancionada a fines de 2006 y tiene como objetivos:
Declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas
Suspender la ejecución de sentencias que desalojen o desocupen las tierras de las comunidades indígenas
Realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas