El nuevo acuerdo técnico entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza en reformas estructurales clave, entre ellas un plan de privatizaciones de empresas públicas.
Por Mario Hernandez
Aunque estos compromisos no son metas cuantitativas vinculantes, el Poder Ejecutivo los presentó como parte de su agenda a concretar este mismo año.
El documento publicado por el staff del FMI detalla que el Gobierno se comprometió a publicar, antes de mediados de noviembre:
- Un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley Bases (Ley 27.742), elaborado por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales, que incluya una hoja de ruta para su privatización o concesión.
- Las directrices para garantizar un proceso transparente y eficiente en esas operaciones.
Entre las compañías mencionadas están Energía Argentina, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sofse, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Si bien el Gobierno ya ha deslizado iniciativas para varias de estas firmas, el FMI exige ahora una planificación más estructurada y oficial.
Yacimientos Carboníferos Río Turbio se convertirá en una Sociedad Anónima
Es una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó para privatizar.
El presidente Javier Milei decidió la transformación del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, hasta ahora empresa estatal, en una Sociedad Anónima.
“El presidente de la Nación ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin”, anunció Manuel Adorni en X.
Ubicada en la provincia de Santa Cruz, la compañía produce energía a través de una central termoeléctrica abastecida con el carbón del yacimiento. Originalmente llamada Yacimientos Carboníferos Fiscales, fue fundada en 1958, privatizada en 1994 y reestatizada en 2002.
Según el Gobierno Corredores Viales es una empresa deficitaria
Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, que aseguró que “la privatización de las empresas públicas es irremediable”.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que ya comenzó el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. “Será bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje”, adelantó.
El mismo comunicado advierte que existe “una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”. También se aclaró que, desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje.
Actualmente, Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Además, también administra el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
Según se anunció, será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del ministerio de Economía, la encargada de ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública. También, de la disolución y posterior liquidación de los corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
Milei firmó el decreto para privatizar el Belgrano Cargas
Javier Milei firmó el decreto para iniciar el proceso de privatización de la empresa ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. Lo confirmó en las redes sociales el vocero presidencial Manuel Adorni. “El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, aseguró el portavoz. De esta manera, el gobierno ejecuta el anuncio que había hecho meses atrás.
En octubre pasado, la administración libertaria anunció el pase a manos privadas de la empresa creada en 2013 y que agrupa a las tres líneas de transporte de cargas más importantes del país: la Línea Belgrano, la Línea San Martín y la Línea Urquiza, un cambio que se habilitó a partir de la aprobación de la Ley Bases. Será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió Milei.
Los argumentos para el desguace fueron que la compañía en manos estatales es “obscenamente deficitaria” y posee lo que calificó como “una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”. El proceso de privatización implica concesionar al sector privado la operación de las líneas ferroviarias que actualmente gestiona la empresa estatal.
“Motosierra”
La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de la secretaría de Justicia del ministerio de Justicia, anotó el jueves 10 de abril a cinco empresas estatales como Sociedades Anónimas (S.A.) como parte del proceso de privatización que promueve el Gobierno de Javier Milei.
En el comunicado oficial, publicado sencillamente con el título de “Motosierra”, el ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona señaló que esta medida servirá para modernizar el Estado, en línea con la estrategia de bajar el gasto público y ordenar el aparato estatal
El 3 de abril el ministerio de Justicia había aplicado una decisión similar, al anunciar públicamente: “Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastó más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados. Desde el ministerio de Justicia decidimos iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas”.
Los organismos de Derechos Humanos respondieron con una carta donde expresaron su punto de vista sobre la medida: “Ante la información difundida por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona acerca del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños”.
Y luego explicaron: “Además, señalamos que los fondos suspendidos momentáneamente por decisión del ministerio de Justicia de la Nación corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras, a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. El texto cierra con una frase contundente: “Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal”.
Comenzó la privatización de la “Ruta del Mercosur”
El Gobierno de Javier Milei dio inicio al proceso de privatización de los corredores viales con la publicación del decreto 28/2025, que establece las pautas y fija en 12 meses el plazo para concretar la licitación en la llamada “ruta del Mercosur”.
Por medio del Decreto 28/2025, el Poder Ejecutivo estableció que ciertos tramos y rutas que integran la Red Vial Nacional sean licitados dentro del plazo de un año “con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.
El decreto 28/2025 se enmarca dentro de la Ley N° 27.742, que promueve la reorganización administrativa del Estado, buscando hacer la gestión pública más eficiente y transparente.
En cuanto a la implementación, el decreto habilita al ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, para llevar adelante el proceso de licitación pública nacional e internacional, y supervisar todo el proceso de concesión de los tramos viales.
Así lo remarca el artículo 2 del decreto donde se aclara que el ministerio de Economía será el responsable de “modificar la conformación de los Tramos de la Red Vial Nacional descriptos en el ANEXO (IF-2025-00934117-APN-DNV#MEC) que integra el presente decreto, pudiendo excluir tramos de rutas que la integren y/o incluir nuevos tramos”.
Además el ministerio de Economía tendrá otras facultades como el efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional, dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos respectivos, aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y toda aquella documentación necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio; organizar la Comisión de Concesiones, establecer las pautas de su funcionamiento y asignar tareas a los funcionarios que la integren; y calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a las calificaciones.
La Ruta del Mercosur, que abarca principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, cubriendo una extensión aproximada de 675 kilómetros.
Por tal motivo, el Gobierno Nacional afirmó que “es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres (3) de las cuatro (4) naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.
Primera privatización de la era Milei: Argentina vende la metalúrgica Impsa
Por Mar Centenera
La meta de Javier Milei de reducir al mínimo al Estado argentino incluye vender sus empresas estatales al mejor postor. En algunos casos, encabezados por la petrolera YPF, lo tiene vetado por ley, pero en los demás el Congreso le dejó la vía libre. Este martes se concretó la primera privatización, la de la metalúrgica Impsa. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el acuerdo para vender a la estadounidense Arc Energy el 85% de las acciones de esta empresa centenaria que fabrica turbinas hidroeléctricas y molinos eólicos. La venta se cerró por 27 millones de dólares ya que Impsa, rescatada de la quiebra en 2021, arrastra una deuda de casi 600 millones de dólares.
La empresa estadounidense solicitó de plazo hasta el día 31 para acordar la refinanciación de la deuda de Impsa con sus acreedores, que asciende a 576 millones de dólares. Una vez obtenga la conformidad de los acreedores, se procederá a la redacción del contrato de compraventa de acciones y a su posterior transferencia.
La Secretaría de Comercio informó que la decisión de desprenderse de las acciones “se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado”.
Milei considera que el déficit fiscal es el origen de todos los males de la economía argentina, en especial la inflación. En nombre del déficit cero, el presidente de ultraderecha argentino ha vetado aumentos de jubilaciones y de presupuestos para universidades y organismos científicos.
Un siglo de historia
La metalúrgica Impsa fue fundada en 1907 por Enrique Epaminondas Pescarmona. Tras sus inicios vinculados a la industria vitivinícola mendocina, viró después como fabricante de turbinas hidroeléctricas, grúas, molinos eólicos y reactores para abastecer al mercado energético.
Este símbolo de la industria nacional tuvo su máximo apogeo en la década de los ochenta, cuando comenzó a exportar tecnología a más de una decena de países. Sin embargo, su situación financiera se complicó a partir de 2014 y nunca remontó. En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández la nacionalizó y la incluyó en el Programa de asistencia a empresas estratégicas en proceso de reestructuración de pasivos. Según el Ministerio de Economía, Impsa nunca logró superar sus problemas económicos y generaba una pérdida mensual de cinco millones de dólares.
El Gobierno disolvió la Administración General de Puertos
El Gobierno nacional anunció una nueva reestructuración en el organigrama del Estado, que implica la venta de una compañía estatal: la Administración General de Puertos, creada en 1956 y que se encontraba bajo la órbita de la secretaría de Transporte.
La eliminación de la empresa estatal es la segunda que aplica el gobierno de Javier Milei, luego de que disuelva Trenes Argentinos Capital Humano en octubre pasado.
La decisión fue oficializada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien en sus redes sociales publicó: “Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”.
Uno de los organismos a los que refiere el funcionario es la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área administrativa encargada de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que aún continúa vacante y representa una de las principales rutas comerciales del país. El otro área que será absorbida por la ANPYN es el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal.
Adorni además planteó que “se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios. La cúpula directiva de la AGP será completamente removida”. “En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público”, concluyó.
La sospecha recae sobre las oficinas en las que funcionaba la AGP que podrían ser más que apetecibles para los desarrolladores inmobiliarios. Es que son lindantes a Puerto Madero, lo que las hace un gran negociado.
Rechazo a la privatización de la salud pública en Jujuy
Por Mariana Mamani
La decisión del gobierno de Jujuy de privatizar la salud pública a través del cobro de un bono, del que solo se exime a quienes demuestren ser indigentes, generó un amplio rechazo en la comunidad. La ley, que contó con el respaldo del oficialismo y una parte del peronismo local, afectará a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia.
El secretario General de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, Nicolás Fernández, recordó que la aprobación de la norma “es parte de un proceso de siete años que venimos denunciando, desde el 2017 cuando (Gerardo) Morales nombró (ministro) a Bouhid y éste presentó su Plan Estratégico de Salud en dos etapas: la primera etapa fue la desestructuración, desmantelamiento del sistema público de salud”, relató.
Por otra parte, Fabiola Suárez representante de organismos de Derechos Humanos dijo que “lo peor de todo es que quieren hacer un registro de pobres, para la gratuidad tenés que demostrar la pobreza de la pobreza, es una aberración”. También hizo referencia a la intervención del legislador Rubén Rivarola, presidente del bloque del PJ, que defendió la ley impulsada por el radicalismo y dijo que el bono equivale ” a cinco gaseosas para tener salud”. “Es una vergüenza lo que dijo, sabemos que vive de la salud y del Estado. Lamentablemente nuestros compañeros desaparecidos, los organismos de Derechos Humanos hemos luchado por justicia social, la democracia para que estos sinvergüenzas que ocupan una banca legislen leyes en contra el pueblo”, dijo.
Las organizaciones analizan realizar acciones judiciales, se declaran en estado de alerta e insisten en la perversidad del oficialismo de jugar al doble mensaje. La dirigenta Amelia de Dios, de “Generación Valiente”, se refirió a la inconstitucionalidad de la ley. “Además de luchar contra la precariedad impuesta por este gobierno, vas a tener que pagar para que te atiendan o demostrar que sos pobre. No solo la cuota mensual, sino también un coseguro. Y todo esto de manera obligatoria. El Seguro Provincial de Salud deja a miles de jujeñxs fuera del acceso a la salud, un derecho que debe ser público, universal y gratuito. Claramente está Ley es Inconstitucional”, dijo.
La antropóloga de la Universidad Nacional de Jujuy, Gabriela Garasik, señaló que cuando “trascendió el pago a los extranjeros muchos salieron ingenuamente a decir que estaban a favor, y al día siguiente vienen por todos”. “Son medidas engañosas, querían señalar que se ahorran plata”, dijo respecto a las declaraciones del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, que aseguró que “Jujuy se ahorra 10.000 millones de pesos con el cobro a extranjeros”.
El ministro Bouhid describió el proyecto como una “herramienta legal y administrativa que permite a todos los que no tenían cobertura podrán poseer a través del ISJ, nuestra obra social de la provincia. Permite mayor accesibilidad a la gente tanto en el servicio público y privado”. Señaló que aquellos que “tienen capacidad de pago, sectores de mayor nivel de la sociedad, que sabemos que tienen negocios, ferias, transporte, autos, camionetas 4×4 y están concurriendo al sistema público de salud van a empezar a pagar el SEPROSA, que hemos planteado desde el punto de vista solidario. Aquellos que más tienen, puedan aportar al sistema y sostener el sistema para los que menos tienen”, expresó el funcionario, que también es empresario de la salud.
El SEPROSA es una continuidad del cobro de atención a extranjeros sancionado en septiembre del año pasado. “Advertimos que avanzaban y ahora lo hacen contra toda la ciudadanía jujeña, convirtiendo a la provincia en la primera en privatizar la salud pública, es grave”, dijo Fernández.
Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), el secretario General Rubén Camaño, describió que hay sanciones, persecución a profesionales, amenazas, y malos trato desde el ministerio hacia los médicos. “La parte privada quiere tomar protagonismo. Los jerarcas políticos que reciben premios en el Senado que no hacen nada y otros dueños de sanatorios importantes, que tienen al personal en negro, son coparticipes”, afirmó al respecto SEPROSA. Por otra parte, desde “Primero la Patria” expresaron un “profundo rechazo a esta ley que atenta contra el sistema público y contra la población jujeña de más escasos recursos”.
Trabajadores del Correo alertan sobre los riesgos del decreto que desregula el servicio postal
Mediante el Decreto 1005/24, el gobierno hizo oficial la reforma del mercado de correos y encomiendas postales en la Argentina. La medida fue presentada públicamente como otra desregulación impulsada por Federico Sturzenegger.
Con la excusa de eliminar trabas, se habilita que cualquier persona jurídica que desee manejar correo pueda hacerlo con solo informar que está involucrado en dicha actividad.
Esta medida viene a complementar decretos desregulatorios firmados durante la presidencia de Carlos Menem con la fuerte injerencia de Domingo Cavallo.
Natalia González, secretaria general de la Seccional Buenos Aires de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), explicó que este decreto afecta el funcionamiento del Correo Argentino.
Aseguró que la medida deja al correo sin posibilidad de competir: “es imposible competir porque vamos a tener que aumentar los precios de los otros productos por encima de los precios que tienen los prestadores privados y nos va a dejar afuera del mercado y fuera del mercado es el vaciamiento de la empresa”.
González remarcó que el Artículo 16 bis del decreto firmado por Sturzenegger, Francos y Milei es preocupante: “habla de la posibilidad de que en Argentina se puede enviar por correo cualquier sustancia peligrosa para las personas y medicamentos”.
En ese sentido explicó que esto significa que los usuarios y los trabajadores van a estar expuestos a la manipulación de esas sustancias y también afecta la regulación de los medicamentos. “En un panorama donde cualquiera va a poder mandar medicamentos sin ningún tipo de control, a través de cualquier prestador”, finalizó.
Federico Sturzenegger sobre la desregulación del Correo
La desregulación del servicio postal va en línea con la intención del Gobierno de privatizar el Correo Argentino y no sólo supone la entrega de la administración de correspondencia y del andamiaje electoral a empresas privadas del rubro o no, sino también la posibilidad de que el Estado deposite en manos de emprendedores, pymes, “comerciantes, canillitas, remiseros y operadoras de plataformas” el secreto postal y una logística formal y sensible que compromete la órbita institucional, laboral y privada de cada ciudadano. Federico Sturzenegger anticipó que el próximo paso será deshacerse de la empresa de correos estatal. “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados”, dijo y confesó que espera que la desregulación abra “un nuevo e interesante negocio”.
La información reservada, las constancias, DNI y pasaportes expedidos por el Renaper (Registro Nacional de la Personas), las cartas documentos, los telegramas, giros postales y comunicaciones y encomiendas son algunas de las herramientas arrojadas a la deriva del mejor oferente.
Cualquiera podrá postularse para quedarse con la empresa, tenga o no un pasado o experiencia en el rubro postal. Y no solo un oferente con figura jurídica sino también cualquier particular, tenga vehículos, instalaciones o no. Todos podrán repartir u operar como punto de entrega. Algo así como si cada uno tuviera la oportunidad de ser su propio correo. Todo en aras de “la libertad”.
“Cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas. VLLC! (Viva la libertad, carajo)”, celebró el ministro desregulador Federico Sturzenegger.
A través de un comunicado, el Gobierno se jactó de que su decreto desregulador establecerá “nuevos lineamientos para el ejercicio de la actividad”, que serán producto de lo que ofrezcan el o los eventuales concesionarios.
Sturzenegger también defendió su proyecto privatizador que traiciona el compromiso de La Libertad Avanza (LLA) que, en el marco de la negociación parlamentaria, había quitado al Correo Argentino de la lista de empresas a vender como contrapartida para la aprobación de la mentada Ley Bases.
A través de un mensaje en las redes sociales, el ministro dijo sin empacho que “el correo ya no tiene valor estratégico” y que, por lo tanto, “cualquiera pueda participar del negocio”.
La mentada desregulación hace que cualquier persona jurídica pueda distribuir correspondencia. Sólo “deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa”. Esa inscripción “constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad”, minimiza el comunicado oficial.
De esa manera, sea quien fuere y tenga experiencia/idoneidad o no tendrá, por ejemplo, habilitada y en sus manos la administración de ejemplares del DNI, las constancias de entrega a los destinatarios de telegramas y cartas documento, sean estas en formato digital o físico.
Lo único que quedará accesible al usuario será la verificación de identidad, que se podrá realizar vía Renaper u otros medios de verificación remota.
El Gobierno celebró que “se eliminan los listados de requisitos excesivos para llevar a cabo la actividad y los registros que implican mayor burocracia y menor transparencia”.
“Se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos”, agrega.
“A las personas humanas se les permitirá ofrecer el servicio de Mensajería Urbana, con o sin vehículo, en plazos breves y distancias cortas”, dice también el decreto desregulador. “Lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre”, defendió Sturzenegger.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado para la entrega a los privados hizo un racconto histórico sobre la importancia que tuvo el servicio postal desde el siglo XVIII hasta hace unos años. Pero para desacreditarlo. Sostuvo que la digitalización reemplaza las obligaciones que tuvo el Estado “como una suerte de 1984”, con un Gran Hermano que controlaba todo.
“Por suerte llegó la onda desreguladora de los 90 y Domingo Cavallo con el decreto 1187/93 suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector”, celebró y se jactó de que el gobierno de Javier Milei propone una superación de aquella privatización.
A partir del decreto de desregularización del Correo “no existe más un proceso de habilitación”, por lo tanto “cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad”. “Esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio”, concluyó con expectativas.
Privatización de Tandanor: “La Corte puso las cosas en su lugar”
El abogado de la causa Tandanor José Luis Fabris declaró que la Corte Suprema de Justicia “puso las cosas en su lugar”, tras conocerse el fallo de los supremos que devolvió a los tribunales de origen la causa por la privatización irregular de Talleres Navales Dársena Norte SACIyN —Tandanor S.A.— en la década del 90.
Finalmente, todo fue absorbido por Indarsa en una maniobra que Fabris definió como una “cadena de sociedades”, con el fin de ocultar a los responsables del fraude al Estado. “Apenas se conforma Tandanor Sociedad Anónima, 20 días después, dicen que no tienen plata y que tienen que vender la Planta I, que es la que tiene casi 9 hectáreas, con dos diques secos y dos diques flotantes. Era una empresa en funcionamiento y que funcionaba muy bien”, agregó.
El Gobierno cerró por decreto el Enohsa
Por Marcelo Di Bari
El organismo planificaba y ejecutaba obras de provisión de agua potable y cloacas en todo el país.
A través del decreto 1020/24, el presidente Javier Milei dispuso el cierre del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). La medida fue tomada “en el marco del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas” y en busca de “otorgar mayor transparencia y control de los gastos”, según el comunicado emitido por la Casa Rosada.
En un ataque de “motosierra profunda”, como gusta decir el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el gobierno adujo que las tareas del Enohsa se superponen con las que realiza Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora se encargará de centralizar todos los trabajos del área.
Sin embargo, un vistazo a las misiones y objetivos de ambas dependencias da cuenta de que se trataba de áreas diferentes. “La Subsecretaría de Recursos Hídricos ejecuta proyectos relacionados con obras hidráulicas, concesiones de obras hídricas y la adaptación a eventos climáticos extremos”, dice la información oficial publicada en la web del Ministerio de Economía. En cambio, el Enohsa “se ocupa de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, a la vez que controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”, según se lee en otro apartado del mismo sitio.
Entre las de mayor envergadura de los últimos tiempos, se cuentan la ampliación de las redes de agua potable para los municipios de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires (86.000 beneficiarios), la planta potabilizadora de Puerto Iguazú, en Misiones (30.000 usuarios nuevos) y la planta cloacal de Catriel, en Río Negro (24.000 personas conectadas).
Sin embargo, a comienzos de 2024 la mayoría de las obras se frenaron y hace un mes, sólo continuaron unas pocas en Córdoba, la provincia de origen de Bartolomé Heredia, el economista con un master en finanzas en la Universidad de San Andrés (cuyo cuerpo docente integra el ya citado Sturzenegger) que fue nombrado por el gobierno libertario como administrador del Ente.
Fuentes gremiales estimaron que entre 2019 y 2023 el Enohsa permitió que más de 2,5 millones de personas pudieran acceder por primera vez al agua potable, y más de 3,1 millones fueron beneficiadas con el acceso al saneamiento. Los números son significativos en un país donde en líneas generales un 20% de la población no tiene agua potable y un 40% carece de cloacas, proporciones que en el interior del país se hacen más altas.
A pesar de todo ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, embarró la cancha y calificó al Enohsa como un “centro de corrupción”. En una entrevista, detalló que “en la Subsecretaría de Servicios Hídricos había 184 obras. En el Enohsa había casi 1.500. Se centralizan las obras ahí porque es mucho más difícil de auditarlo”. Así, con esos argumentos tan precarios, la adicción oficial a la motosierra impedirá que muchos argentinos mejores sus condiciones de vida en un futuro próximo.
A las empresas públicas les recortan un 41% sus fondos para privatizar
El gobierno de Javier Milei reactivó en el último tramo del 2024 su vocación de privatizar empresas públicas y de desprenderse de la mayor cantidad de activos posibles del Estado Nacional. Hasta octubre, el recorte de transferencias a las empresas públicas por parte del Tesoro fue del 41,73% respecto del 2023. De los $ 4,8 billones presupuestados originalmente, se han girado $ 3,5 billones, es decir, poco más del 70% presupuestado para las empresas que pertenecen al Estado.
ADIF, sufrió un recorte del 82,41%. Tiene cerca de 460 empleados y es una de las varias empresas estatales ligadas a los ferrocarriles. Recibió $ 41.897 millones, lo que representa el 1,21% del total de recursos transferidos a empresas públicas.
AYSA, cuya titular durante la gestión anterior fue Malena Galmarini, recibió recursos por $ 248.771 millones, un 60,96% menos que el año anterior. Representa el 7,20% de los recursos transferidos y es la tercera empresa en recibir el mayor flujo de giros. Tiene poco menos de 6.500 empleados, y es la tercera empresa con mayor dotación de personal.
Dentro del pelotón de treinta empresas públicas, hay seis que no han recibido transferencias. Se trata en efecto de empresas que son superavitarias y que, por lo tanto, no han requerido asistencia de fondo alguna.
Una de ellas es Intercargo, que quedó en el ojo de la tormenta por una medida de fuerza, lo que posibilitó que Patricia Bullrich habilite a la PSA a realizar la descarga de equipaje en caso de medidas gremiales. En la empresa señalan que tienen una facturación mensual de $ 5.000 millones, y en el Gobierno contrarrestan el argumento señalando que son un “monopolio”, lo que comenzó a desarmarse con el anuncio de Sturzenegger y Mogetta.
Otra empresa que tampoco tuvo transferencias es AGP, la encargada de administrar puertos. Cobra tasas, peajes y cánones lo que le permite ser superavitaria. Otra empresa es Dioxitek, cuya planta se encuentra en Formosa, depende de Energía y produce los combustibles para las centrales nucleares.
En ese grupo también se ubica Nucleoeléctrica, encargada de gerenciar las centrales de energía.
Cero pesos recibió Tandanor, el astillero que depende del ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Tampoco recibió fondos el Polo Científico Tecnológico Constituyentes, que según los registros tiene solo cuatro empleados y que depende del INTA, INTI, CNEA y Citedef. Tampoco recibió fondos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA.
Por otra parte, Aerolíneas Argentinas tuvo una merma en las transferencias del 57,26%.
Tiene más de 10.000 empleados y recibió $ 58.733 millones. Es la quinta empresa en recibir recursos del Tesoro. Lo recibido representa el 1,70% del total de los fondos que el Estado Nacional giró a las empresas estatales. Es la segunda empresa con mayor dotación de personal.
Francos había asegurado que el Gobierno iba a “terminar con Aerolíneas Argentinas”, si los trabajadores frenan el proceso de privatización.
La empresa que recibió la mayor cantidad de recursos es Enarsa, que está bajo la órbita de la secretaría de Energía, es decir que depende de María Tettamanti, y en última instancia de Caputo.
En lo que va del año recibió fondos por $ 2,1 billones, lo que equivale al 60,4% de las transferencias totales. Recientemente, el Gobierno Nacional con Guillermo Francos a la cabeza, anunció la inauguración del primer tramo de la reversión del Gasoducto Norte, obra realizada con participación de la empresa.
Buena parte de los fondos recibidos por Enarsa, fueron destinados a la importación de energía.
Por otra parte, Fabricaciones Militares tuvo un recorte del 60%. También dejó de ser “SE” (Sociedad del Estado) para pasar a ser una Sociedad Anónima con el ministerio de Defensa como el único accionista.
El recorte operado por el gobierno de Milei a las empresas públicas tiene dos excepciones. Por un lado, Correo Argentino, la empresa con mayor cantidad de empleados. Más de 12.000. Recibió $ 218 mil millones, un 21% por encima de la inflación.
La otra excepción es la Casa de La Moneda, que fue intervenida. Recibió $ 26.000 millones, un 50% más en comparación al 2023.
En tanto la Agencia de Publicidad del Estado (ex-Télam) quedó con sólo 193 empleados (tenía 700 originalmente) aunque sufrió un recorte de tan solo el 3,48%.
De 32 empresas públicas, 21 tuvieron superávit en 2023
El Gobierno avanza con las privatizaciones con una estrategia similar a la de los 90, pero con una nueva herramienta: la división de una concesión en ocho o más compañías. En cuanto a ferrocarriles, adelantó que planea iniciar por el Belgrano Cargas y luego seguir por los de pasajeros. Después del dictamen que obtuvo el Gobierno para privatizar Aerolíneas Argentinas, con apoyo del PRO y parte de la UCR, planea eliminar del Estado empresas que no había incluido al listado de la ley Bases que el Congreso aprobó.
En la actualidad, el Estado Nacional tiene participación en más de 100 empresas, donde es dueño o accionista mayoritario de 34 de ellas. De las 32 públicas que envían su información a la Oficina Nacional de Presupuesto al último trimestre de 2023; 21 registraron superávit financiero, lo que implicó que tenían más ingresos que gasto. Durante el gobierno de Javier Milei esa cifra se redujo a sólo doce para el primer trimestre, de acuerdo a los balances contables analizados por Ocipex.
Producto de la motosierra, las transferencias del Tesoro a las compañías estatales pasaron del 0,7% del PBI al 0,4% en 2024. Tuvieron un recorte del 46% en las transferencias, donde tres de cada cuatro pesos recortados fueron de Enarsa. Esto se debió a la menor necesidad de importaciones de gas gracias a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y a la quita de subsidios a los usuarios de gas de red. “Contra la lógica del mantra libertario, la herencia de un Estado que impulsó el desarrollo nacional a través de sus empresas fue la que le permitió reducir el 75% de las transferencias”, sintetizó el centro de estudios.
El Belgrano Cargas en concreto demoró en venderse, porque las compañías no se presentaron. En 1999 se privatizó por contratación directa. Por la falta de inversión, se declaró la emergencia ferroviaria en 2006. En 2008 se inició el proceso para finalizar la concesión y en 2013 durante la administración de Cristina Kirchner se reestatizó.
“El deterioro era tal que sólo el 45% de la traza era utilizable, los trenes circulaban a 15 kilómetros por hora y se redujo de 5 a 2,5 millones de toneladas transportadas entre finales de los 90 y su nacionalización”, recordó el último informe del observatorio Ocipex.
La recuperación se suspendió durante la gestión de Mauricio Macri, pero se intensificó en la de Alberto Fernández. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”. Planteó un comunicado de Casa Rosada que hace 15 años no aumenta la carga transportada.
Sin embargo, los datos oficiales y de libre acceso difieren. Para 2022, la estatal Trenes Argentinos Cargas aumentó 57,4% el transporte de mercaderías en tres años, mientras se recuperaron 1.500 kilómetros de vías de estos ramales, de acuerdo a los registros del ex ministerio de Transporte. En 2021 y 2022 se superaron los ocho millones de toneladas transportadas durante dos años consecutivos, niveles récord que no se registraban desde 1992, cuando la compañía estaba en manos públicas. Las comparativas con 2023 quedan inutilizadas estadísticamente por la sequía que sufrió el campo.
En manos del Estado se repararon 595 km y se generaron ochocientos empleos. El trabajo de recuperación de material rodante se realizó en ocho talleres propios y ocho privados.
Tal como anunció el Gobierno, la empresa logró superávit en 2024. Esto lo obtuvo a partir del despido de 119 trabajadores y tras dejar de invertir en el mantenimiento y ampliación de las vías. Sus ingresos, una variable sustancial, se mantuvieron estables respecto de años anteriores.
Liquidación del INVAP: traición, tragedia y condena
Por Mempo Giardinelli
La historia de la empresa INVAP (Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado) es tan fascinante como, desde esta semana, desgarradora.
Creada por el Físico Conrado Francisco Varotto hace casi medio siglo, y en el marco del Programa de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche, INVAP fue, desde su creación en 1976, una extraordinaria empresa argentina dedicada al desarrollo de proyectos tecnológicos. Tanto para la industria nuclear (es líder en la construcción de reactores nucleares) como en la espacial (ídem en el desarrollo de satélites). Y es también decisiva en la Defensa nacional porque desarrolla tanto productos para la seguridad territorial y operativa, como plantas de radioisótopos para uso medicinal y radioterapia.
Y también destaca en la industria energética: desarrolla generadores eólicos y entre sus productos y servicios más sofisticados figuran Satélites, Radares, Reactores nucleares de investigación y producción de radioisótopos, Generadores eólicos, Monitores de perforación de pozos petroleros y mucho más.
Empresa emblemática de la República Argentina, INVAP es líder y referente en proyectos tecnológicos reconocidos mundialmente que la hicieron protagonista del desarrollo nacional en múltiples campos y le granjearon una extraordinaria fama mundial.
Empresa 100% argentina, líder en el desarrollo de tecnologías de alta complejidad y con una trayectoria de 48 años y más de 1.700 empleados, es un genuino orgullo de generaciones. Especializada en el desarrollo y fabricación de una amplia gama de productos, incluyendo reactores nucleares, satélites, radares y centros de medicina nuclear, INVAP es excepcional, además, porque tiene clientes en los cinco continentes.
Y, por si fuera poco, debido a su éxito tecnológico sus ingresos han sido y son multimillonarios. Por eso, además, INVAP jamás requirió aportes estatales.
Y es por todo eso, también, que al final de la semana pasada se supo que esta empresa ejemplar y única tenía sentencia de muerte como patrimonio de esta adolorida Patria en desguace activo.
La sorpresa, el dolor y la furia se expandieron como veneno en los más diversos círculos, porque facilonga y brutalmente, de ser fábrica de tecnología nuclear, espacial y médica, INVAP –de un minuto a otro y por decisión del gobierno cipayo que está rifando la Patria– pasó de ser una sociedad del Estado rionegrino a convertirse en una sociedad anónima como hay miles. O sea, el paso previo a la privatización, ya que se habilita la entrada de nuevos accionistas, seguramente estimulados desde la Casa Rosada.
El Directorio velozmente mostró un modelo de “nuevo estatuto” para “minimizar” el impacto de la nueva y repudiable forma jurídica. Cambio en la forma societaria que –aclararon fuentes cercanas a la empresa– se habría realizado para adaptarse a lo dispuesto en el DNU Nº70/2023, que elimina la figura jurídica de “Sociedades del Estado”. Y figura que sobrevivió a cuatro intentos de quiebra promovidos desde el Poder Ejecutivo: Menem, De la Rúa, Macri y ahora Milei.
Lo cual, se dice, “no implicaría, en principio, ni una privatización ni un cambio de propiedad”. Engaño que, para justificarlo, se subraya que la provincia de Río Negro continuaría siendo único accionista de Invap y manteniendo control total. Lo cual es por lo menos dudoso si se recuerda que la última gobernadora de esa provincia –y el actual– se han caracterizado precisa y públicamente por ceder bienes públicos a jeques, gigantoempresas y abusivos capitales extranjeros de muy dudosa o nula moralidad.
Lo cierto es que INVAP estaba en plena producción y autonomía operativa y con significativo éxito y respetabilidad en todo el planeta. De donde las pretendidas “justificaciones” de portavoces de la nueva empresa ante la prensa en el sentido de que “adaptar su forma societaria por obligación del DNU 70/2023 no cambia ni la propiedad ni la gobernanza compartida con la Comisión Nacional de Energía Atómica” no pasa de ser una típica burla que, en la Argentina mileista, común y vulgarmente se llama “joda para la gilada”.
Con desenfado y perversidad insólitos, se argumenta que “el cambio a Sociedad Anónima Unipersonal podría facilitar la entrada de nuevos accionistas”, por lo que en INVAP estarían “trabajando en un nuevo estatuto que blinde a la empresa de ciertos efectos negativos”. Mentira evidente, como la de que se “tendría previsto que el directorio emita un comunicado oficial en los próximos días para aclarar la situación y disipar las dudas generadas en torno a la transformación jurídica”.
Sanata de libro, cabe decir, porque además la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó en la mencionada asamblea “la transformación de la empresa provincial en una S.A.Unipersonal” basada en el perverso DNU 70/23 que habilita que esta empresa sea convertida en Sociedad Anónima con el objeto de privatizarla. Precisamente, en esa asamblea se decidió “pasar a un cuarto intermedio a reanudarse el 20 de noviembre de 2024 a fin de considerar la consecuente reforma de estatuto y el balance especial de transformación”.
En un oportuno y bien fundado posteo, el portal AgendAR, de reconocido prestigio por sus certeros informes, sostiene no sin ácido humor que “INVAP necesita tanto un socio privado como Ud. y yo un tiro en la frente”. Y explica además que “lo que no se perdona es el éxito, y máxime en empresas estatales”.
Lo cierto es que todo indica, como dijo el especializado periodista científico Daniel Arias, que “en la actual situación geopolítica, el que la compre la va a cerrar, desguazar, o ambas cosas. Y si legalmente sólo accede al 49% del capital accionario, no hará falta recordar que “si le das el 49% de tu casa a un tigre, no sos el propietario; sos el almuerzo”.
Y es que INVAP es una empresa excepcional, única en su género y acaso en el mundo entero. Por su desarrollo tecnológico, y aun siendo una empresa relativamente chica, se apropió del mercado mundial de reactores multipropósito en 2006, cuando estaba por cerrar por tercera vez y tenía sólo 350 empleados.
Sostenida en ese piso económico que le dio haber ganado la licitación por el reactor OPAL, de Australia, diseñó, testeó, construyó y desplegó todo el sistema de radarización nacional, militar y aerocomercial. Ya venía construyendo todos los satélites de observación de la Tierra de la CONAE, y en 2006 añadió la construcción de los ARSAT, satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
“Las incursiones de INVAP en tecnología dual, de control de grandes espacios, en algunas embajadas no se perdona”, sigue Arias, quien ofrece ejemplos para añadir a la lista de “pecados imperdonables” de INVAP, destacando el primer helidrón argentino, el RUAS-160, pensado para operar desde las superficies sin hangar para helicópteros de todas las unidades de superficie de la Armada y la Prefectura Naval.
Y por si falta otro mérito, INVAP refundó el universo de los drones, dominado por aeromodelos de control remoto, creando una serie de sistemas totalmente informatizados y de vuelo semiautónomo o totalmente autónomo. Fue el proyecto SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), que se lanzó entre 2014 y 2015, dos años claves en los que INVAP estuvo a cargo de resucitar la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Claramente, lo que necesita INVAP no es privatización ni cesión mentirosa. Sí necesita un Estado Argentino que no abdique de su función primaria, que es defender el territorio, la población y la economía.
Lo anunciado ahora fue demasiado para una empresa ejemplar, símbolo, hoy, de la muerte no anunciada que empezó esta semana después de una brillante, maravillosa trayectoria de fabulosas y originales exportaciones durante 29 años (casi 30) de gobiernos democráticos a veces indiferentes y en general francamente hostiles.
Una empresa que, hasta Milei, logró sobrevivir con productos tecnológicos que funcionaron en Perú como en Argelia, en Egipto y en Australia, en Arabia Saudita como en Holanda. En esos países ARSAT vendió reactores de producción de radioisótopos e investigación, y como dice Arias “nunca ganó una licitación por precio o financiación, sino por calidad tecnológica”. La misma que ganó licitaciones a la General Atomics (de EE UU) y también a la Atomic Energy Commission of Canada Ltd, la francesa Areva; la Rosatom, de Rusia; la Hitachi, de Japón; la Kaeri, de Corea del Sur, y siguen las firmas. Y claro aue recolectó enemigos poderosos: de la OTAN (claro) que siempre vio en ARSAT la reinvención de la vieja industria militar argentina.
La pregunta final que formula Arias, no sin ironía, es: “¿Pueden defenderla de una compra hostil el Estado provincial de Río Negro o la actual dirección de la CNEA, sus accionistas formales por el momento? Si pueden es especulativo; lo evidente es que no quieren. La CNEA paró todas sus obras estratégicas, entre ellas la central nuclear compacta CAREM, en el predio de las Atuchas, y el reactor de producción RA-10”.
La Provincia de Río Negro debería defender esta empresa excepcional. Y la Argentina toda impedir esta porquería jurídica. ¿El impedimento? Milei lo hizo y lo sostendrá.@
Arsat: privatizarán hasta el 49% del paquete accionario
La medida, anunciada por su presidente, Mariano Greco, tiene como objetivo atraer inversión privada para acelerar el crecimiento y modernización de la compañía, que ha jugado un papel clave en la conectividad nacional.
Greco explicó durante su presentación que este movimiento forma parte de un proceso de “reordenamiento y puesta en valor” de los activos de la empresa, con el fin de abrirse al mercado de capitales y potenciar su crecimiento. Este plan incluye la revisión de sus activos y la mejor estrategia para maximizar su valor en el mercado. Aunque todavía no se ha definido el porcentaje exacto de acciones que se pondrá a la venta, la expectativa es que este proceso comience a concretarse en los próximos meses.
“Estamos haciendo un ordenamiento de la empresa para salir el año que viene con un porcentaje que no puede ser mayor al 49, que es lo que nos permite la ley, pero que puede ser bastante más chico”, confirmó Greco. “El ordenamiento es hacer todo lo que exige la Comisión Nacional de Valores, balances y planes estratégicos”, agregó.
Por su parte, el secretario de Innovación, Darío Genua, también ha expresado la importancia de que el Estado argentino continúe generando un “clima propicio” para la inversión privada. Genua destacó que la Argentina debe aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital, un sector que presenta desafíos, pero también una gran oportunidad para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Más de 230 despidos confirman el final del reactor CAREM, un desarrollo que iba a ser de vanguardia en todo el continente
Por Gustavo Sarmiento
Trabajadores cortaron el lunes 9 de setiembre del año pasado la Autopista Panamericana en Zárate, a la altura del acceso al Complejo Atucha, en protesta por los (hasta ahora) 230 despidos en la obra del reactor CAREM. Se trata de un desarrollo de vanguardia en el continente que colocaba a la Argentina entre los líderes de un mercado estratégico a nivel mundial, compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia.
«La decisión de la CNEA es paralizar el proyecto», confirmó Julio Gonzalez de UOCRA Zárate sobre un proyecto que estaba pronto a finalizar, y que se enmarca en el ataque ideológico del gobierno a la ciencia nacional. La protesta, que contó con personal de ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y UECARA, generó un kilómetro de cola de vehículos en ambos sentidos. Obviamente grandes medios se quedaron con esto último, sin detallar los motivos del reclamo ni la importancia del proyecto.
Se trata del primer reactor nuclear completamente propio del país, con tecnología de vanguardia en el mundo. Y que además le generaría a la Argentina un ingreso de divisas como exportador, teniendo en cuenta que solo un puñado de países están encarando algo similar en todo el planeta.
«Repudiamos los despidos. No podemos permitir que sigan destruyendo empleos y derechos conquistados con lucha. Esto no es un ataque a ellos, es un ataque a toda la clase trabajadora», advirtió la diputada provincial por Campana, Soledad Alonso.
El CAREM, un reactor de vanguardia
El proyecto CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en nuestro país. “Si Argentina logra desarrollarlo a tiempo –destacaba en octubre del 2023 el ex ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza– estaría liderando un mercado de pequeños reactores que promete ser muy estratégico a nivel mundial compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia”.
Tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
En etapa avanzada de construcción en la localidad bonaerense de Lima, el CAREM-25 fue diseñado originalmente para generar una potencia de 25 megavatios eléctricos (de allí su nombre), pero a raíz de sucesivas mejoras en la ingeniería y por la tecnología que se aplicará en el turbogrupo, el prototipo será capaz de generar una potencia eléctrica superior a los 32 MWe (lo que permitiría abastecer, como ejemplo de equivalencia, a una población de unos 120.000 habitantes).
El proyecto comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR (modulares de baja y media potencia, según sigla en inglés) del mundo en estar oficialmente en construcción.
Los prejuicios y la presencia de Estados Unidos
Como resaltan Valeria Edelsztein y Claudio Cormick, se trata de un proyecto de avanzada a nivel mundial: la Central Argentina de Elementos Modulares o CAREM, un reactor modular pequeño (o SMR, por sus siglas en inglés), de construcción barata y rápida, e ideal para ciudades pequeñas y aisladas de los grandes tendidos eléctricos. “Su desarrollo y la oportuna puesta en marcha de un reactor de este tipo abre un sinfín de posibilidades para llevar energía a donde se la necesite”, comenta Tomás Avallone, operador de reactores nucleares y trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
CAREM fue destacado el 5 de marzo de este año por la Nuclear Energy Agency como el proyecto cuya construcción estaba más avanzada en el mundo entre los únicos tres proyectos de SMR en curso, por delante del ACP100 chino y el Brest-OD ruso. Dos días después, la CNEA e INVAP anunciaban un memorando para exportar al mundo esta tecnología argentina. Las características del nuevo reactor lo volvían especialmente atractivo para exportar a países que actualmente no disponen de energía nuclear y cuyas redes eléctricas son pequeñas. “En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor”, señala Avallone. Pero solo tres semanas más tarde, las noticias eran desalentadoras: el despido de 100 obreros de la construcción de CAREM marcaba la interrupción de este proyecto. ¿Qué pudo haber ocurrido? «Nuevamente prejuicios antinucleares… pero de un tipo diferente», remarcan Edelsztein y Cormick.
Y continúan: «Los prejuicios del nuevo gobierno argentino no son ecológicos como los de Alemania: el cuidado del ambiente no está en un lugar central entre las preocupaciones del experimento “libertario”; recordemos que Milei declaró que una empresa privada debe poder contaminar ríos “todo lo que quiera”. El prejuicio antinuclear mileísta es aquel según el cual “todo lo que hace el Estado argentino lo hace mal”: el desarrollo económico debería solo depender de la iniciativa privada».
Así, la parálisis del CAREM no parece ser solo circunstancial, sino que se debe «al brutal ahogo presupuestario al que fue sometida la CNEA por el gobierno, y que, como denunciaron sus autoridades en un comunicado, significó también la interrupción de —entre otras actividades— la construcción del Centro Argentino de Protonterapia», subrayan.
Este centro, comenta Jesuana Aizcorbe, bioingeniera en la Gerencia de Aplicaciones Nucleares de la Salud en CNEA, “también está paralizado y casi terminado”. Sería “el primero en el hemisferio sur si no nos ganan los australianos” y permitiría “tratar ciertos tumores en pacientes pediátricos y en adultos”.
Pero hay más motivos para el pesimismo, y se apoyan en constatar un segundo prejuicio antinuclear de Milei. Según el presidente, alinearse con los intereses de los EE UU “nos permitirá la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito para garantizar la soberanía”. Es decir, habría ventajas económicas en no enfrentarse con el imperialismo norteamericano. Sin embargo, el sector nuclear es uno en el que se ve que esto no es así. Como narra Diego Hurtado, el desarrollo nuclear argentino enfrentó desde el comienzo las trabas de Estados Unidos, que buscó instalar la idea de que los gobiernos argentinos podían perseguir objetivos bélicos al desarrollar esta forma de energía.
Más cerca en el tiempo, y como comenta Avallone, la influencia estadounidense se deja entrever por detrás de la parálisis no solo de CAREM sino también de la cuarta central nuclear del país, financiada por China, rival geopolítico de EE UU “Durante el último tiempo es notable el interés del gobierno estadounidense por frenar el desarrollo del CAREM”, comenta.
Y agrega: “En cuanto a la construcción de una cuarta central nuclear, fueron muchos los cambios de rumbo en el último tiempo. Claramente hay un interés externo en que esos proyectos no lleguen a buen puerto. Un dato es que ni bien se firmó el acuerdo con el FMI, durante la presidencia de Mauricio Macri” —para el cual resultó clave el apoyo de EE UU, principal accionista del Fondo—, “se frenó el proyecto de la cuarta central”. Concluye: “En definitiva, las relaciones carnales nunca fueron de la mano con el desarrollo industrial nacional”.
La historia de la Argentina atómica ¿iba? a tener un nuevo hito en la finalización de la construcción y la puesta en marcha de CAREM, se lamentan Edelsztein y Cormick. «Quitar a la CNEA el presupuesto para esta iniciativa –añaden– no significará liberar el terreno para que un hipotético sector privado dinámico amplíe nuestra matriz energética. Significará simplemente una parálisis. La diferencia entre que el Estado emprenda o no esas tareas de ampliación no es la diferencia entre “más” y “menos” Estado. Es la que hay entre el Estado de un país genuinamente “en vías de desarrollo” y el de uno que, salvo por no producir bananas, se encamine a ser ‘bananero’».
El Gobierno cierra plantas de Fabricaciones Militares y remata equipos y vehículos
El Gobierno sostiene el ajuste en Fabricaciones Militares y ahora le sume el remate de equipos y vehículos. La intención es privatizarla. Se habla de empresas vinculadas a los Estados Unidos como objetivo final para la operación.
La decisión del Gobierno de reducir la operatoria en aquellas firmas estatales que busca privatizar sigue haciéndose sentir en Fabricaciones Militares, una de las compañías que La Libertad Avanza (LLA) mantiene en la nómina de transferibles al capital privado. De hecho, ya desactivó las labores en la fábrica de explosivos de Jáchal, en la provincia de San Juan, y prepara medidas similares para las instalaciones en Villa María, Córdoba.
A la par, la novedad es que ya efectuó la subasta de vehículos, contenedores y equipo previo acuerdo con el Banco Ciudad. Un desguace programado que consistió en el remate de insumos, materiales y utilitarios por una suma de base superior a los 605 millones de pesos.
El cierre definitivo de Jáchal y la opción de una medida similar para Villa María mantiene en vilo a los 1.200 empleados, que aún mantiene operativas las instalaciones Río Tercero (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe).
“Los remates se dan en el marco de un convenio que suscribieron el Banco Ciudad y Fabricaciones Militares S.E. por el cual la empresa que brinda soluciones integrales para Defensa, Seguridad y al sector industrial, utilizará la herramienta de subastas públicas online del Banco Ciudad para ofrecer a la venta bienes que ya no requiere”, se indicó de forma oficial.
“No se están subastando solo bienes y tierras con un valor económico, se están perdiendo recursos fundamentales para el desarrollo de la defensa y las políticas públicas”, declararon fuentes de la representación de ATE en Villa María.
“Están subastando todos los bienes: la planta completa con la línea productiva, motores, aire acondicionado, contenedores, camionetas, absolutamente todo”, añadieron.
La desactivación de Jáchal tiene en vilo a los empleados de Villa María, donde en los últimos meses la actividad de producción de pólvora se redujo a un nivel mínimo. La planta en cuestión integra a más de 280 operarios.
Por su parte, la unidad de Fabricaciones Militares en Azul lleva el nombre de Fanazul, posee alrededor de 85 empleados, y se mantiene sin producir desde inicios del mes de mayo de 2024.
Fabricaciones Militares interesa a socios de la alianza OTAN por su capacidad para producir municiones y explosivos a gran escala. En 2024, dos compañías enviaron sendas delegaciones para averiguar condiciones por la estatal: CGS Defence, de República Checa aunque también participada por inversores estadounidenses, y la española Hispania Group.
El desembarco de ambas empresas ocurriría de la mano de la diplomacia estadounidense, de cercanía conocida con el presidente Javier Milei. Vale recordar que, en julio del año pasado, funcionarios del Departamento de Estado de la nación norteamericana recorrieron las instalaciones de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba.
En concreto, el interés de los funcionarios del Departamento de Estado se concentró en la planta de metalmecánica instalada dentro de la fábrica. Esa área, que en los últimos años fue redireccionada hacia la producción de trenes y vagones, tiene un pasado como fabricante de balas y municiones en general.
El Estado nacional enajena cientos de terrenos públicos
El Gobierno del presidente Javier Milei dispuso que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) venda numerosos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional “que resultan innecesarios para su funcionamiento”.
Los terrenos sujetos a enajenación se detallan en el Decreto 950/2024 publicado en el Boletín Oficial, donde figuran varios en Rosario: en las zonas de Puerto Norte y barrio Refinería, todos ellos de alto interés para proyectos inmobiliarios.
Desde el Gobierno argumentan que la medida busca generar recursos que ayuden a enfrentar la actual crisis económica y mejorar la eficiencia en la administración pública. Es decir, obtener ingresos desprendiéndose de bienes públicos. Se trata de 309 predios en todo el país, entre los cuales hay varios ex inmuebles ferroviarios en Rosario: los correspondientes, según la descripción del anexo al Decreto, de los correspondientes a las estaciones Embarcaderos de la Línea Belgrano y Ludueña de la Línea Mitre.
En esas zonas, por ejemplo, hay un asentamiento irregular cuya erradicación está en juicio, los galpones de la ex fábrica Trechel ahora gestionados por una cooperativa y una casona utilizada por la Municipalidad de Rosario, además del terreno donde suelen instalarse los circos que llegan a la ciudad para dar funciones.
El Decreto, que lleva las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que la AABE será la encargada de ejecutar la venta de los inmuebles que no han sido enajenados previamente y que estaban sujetos a venta por normativas anteriores. En este punto, cita otros decretos de os años 2016, 2017, 2018 y 219, junto a Decisiones Administrativas de 2018 y 2019.
Además de los de Rosario, se incluyen otros inmuebles nacionales ubicados en Santa Fe, en las ciudades de Cañada de Gómez, San Cristóbal, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán.
Según se informó, la decisión se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para reducir los costos operativos del Estado, evitando así el mantenimiento de “propiedades ociosas”. Sin embargo, se excluyen, de entre los terrenos autorizados, algunos que el Ejecutivo considera de carácter estratégico: establecimientos militares en Córdoba, Corrientes y Mendoza y propiedades ubicadas fuera del país. También, deja afuera de la venta inmuebles “que están comprometidos legalmente o que han sido revertidos al Estado Nacional”.
“Mantener dichos inmuebles sin un destino asignado implicaría desatender intereses prioritarios del Estado nacional, por cuanto resulta pertinente autorizar a la AABE a disponer de aquellos”, señala el texto publicado este viernes y desnuda el estado de las cuentas públicas en términos del paradigma de equilibrio fiscal que, ahora, el oficialismo intenta apuntalar con el desprendimiento de bienes públicos: “Con el fin de ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país y conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social imperante, resulta oportuna la implementación de medidas como la que se impulsa“, agrega el Decreto 950.
El Gobierno puso en venta cuatro centrales hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro
El Ejecutivo puso en marcha el proceso de privatización de las generadoras Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias. La oferta del paquete accionario se realizará a través de concurso público nacional e internacional.
El Gobierno avanzó con la venta de cuatro centrales hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro, proceso que ya se había puesto en marcha en agosto del 2024. La oferta del paquete accionario se realizará a través de concurso público nacional e internacional.
La medida se implementó a través del Decreto 895/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las generadoras incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que estaban siendo operadas con prórrogas transitorias.
La norma establece que “la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de las sociedades.
Por otra parte, los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.
Este miércoles, el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, se reunió con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, donde se habló sobre las concesiones de las empresas AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, extendidas hasta agosto de 2025.
Fuentes: Perfil, Página/12, InfoGremiales, Agencia Farco, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, El Ciudadano (Rosario), www.c5n.com/politica