“aplicar el lente de su crítica sobre la piel palpitante de la sociedad de su tiempo” (Marof a Reinaga, 2018: 96)
Zygmunt Bauman indica: “En el fondo, el oficio de la sociología es, por usar la alegoría de Milán Kundera, “rasgar el telón” qué esconde la realidad y la cubre con las representaciones fraudulentas” (2014: 44).
Recientemente, el 9 de septiembre de 2025, María Galindo sufrió la violencia y fue expulsada en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por los grupos de choque vinculados al rector Carlos Condori y al director de dicha carrera.
Este artículo de opinión es testimonial, ya que fui estudiante en la carrera de sociología de la UPEA desde la gestión 2008 y me titulé el año 2018. También ejercí como docente en dicha carrera. En ese sentido, el propósito de este texto es comprender los mecanismos de dominación, las relaciones de poder y el fenómeno político y social dentro de la Universidad.
La UPEA no fue regalo del Estado, mucho menos de la casta criolla-mestiza boliviana; fue resultado de la lucha de aymaras alteños. Se fundó principalmente para que los hijos de migrantes aymaras y quechuas accedieran a la formación académica y pudieran convertirse en profesionales. El derecho a la educación gratuita universitaria en la ciudad de El Alto se conquistó con sangre y dolor, con la toma pacífica de los predios de Villa Esperanza por 15.000 estudiantes y vecinos alteños el 1 de mayo del año 2000, donde nació de facto la Universidad Alteña (Ticona, 2025). Después de cuatro meses de lucha, el 15 de septiembre de 2000 se logró su creación oficial y legal mediante la Ley 2115, y finalmente, el 12 de noviembre de 2003, alcanzó la condición de universidad plena y autónoma a través de la Ley 2556.
Nuestros padres soñaban con que sus hijos e hijas se convirtieran en profesionales con apellido Mamani, Quispe, Condori, Choque y otros de origen aymara. En aquel tiempo, los jóvenes decían: “¿Por qué nosotros como aymaras no podemos ser algún día ministro de educación? Existía el deseo genuino de estudiar y transformar el país. Hoy en día, ya hay profesionales con esos apellidos, pero, ¿qué ha cambiado realmente? Al parecer, nada. Seguimos siendo una universidad reproductora de las relaciones del poder colonial y republicano que tanto criticaba. Aquella universidad, junto con sus estudiantes y docentes, debían conquistar “un pedazo de ciencia”, pero lamentablemente, ese objetivo no se está cumpliendo como institución de educación superior.
En la actualidad, en la UPEA los grupos de poder y camarillas se organizan desde el rectorado encabezado por Carlos Condori Titirico. Reproducen el totalitarismo y el prebendalismo porque controlan todos los centros de estudiantes y las direcciones de carrera. Es decir, no existe espacio para la crítica, la libertad de pensamiento, ni la renovación dirigencial tanto en el estamento estudiantil y docente. Cuando hablamos de dictadura y totalitarismo universitario, nos referimos a una forma de opresión donde las personas pierden su criterio propio (Arendt, 1967). En la práctica, la dictadura universitaria significa conformar obediencia y silenciar la voz de la comunidad estudiantil frente al sistema dominante.
En la UPEA y sus carreras se ha perdido la institucionalidad, porque ya no se actúa bajo los principios, normas, valores fundacionales de la universidad, sino bajo los intereses de las camarillas y grupos de poder encabezadas por el rector Carlos Condori, los directores y dirigentes estudiantiles prorroguistas.
Lo ocurrido con María Galindo en la UPEA es una muestra de esta falta de institucionalidad. Se ha convertido en el modus operandi de las camarillas y los grupos de choque del rector para eliminar a quienes piensan diferente, consolidando clanes prebendales. ¿Por qué no quieren dialogar? Porque temen mostrar que la democracia universitaria fue eliminada y que se violaron los principios universitarios con los que nació la UPEA. En consecuencia, la democracia universitaria se encuentra en vilo, amenazada e inestable. Según el Estatuto Orgánico de la UPEA, artículo 10, parágrafo 9: “El rechazo a toda forma de dictadura y organización de camarillas y el prebendalismo en todos los niveles de la universidad”.
Recordemos lo sucedido en 2021, cuando cuatro estudiantes fallecieron y varios resultaron heridos, tras caer del cuarto piso, producto de la violencia, la falta de libertad de expresión y la eliminación de democracia universitaria en medio de las confrontaciones entre grupos de poder de las camarillas. Me pregunto: ¿qué padre o madre manda a su hijo/a a morir en una universidad donde debería estar estudiando para convertirse en profesional? Nadie. Debe ser un dolor indescriptible para las familias enterrar a un hijo o hija.
La eliminación de la democracia universitaria también se refleja en elecciones con un solo frente, la exclusión de opositores, y el prorroguismo en los cargos tanto de docentes como estudiantes. Uno de los mecanismos de dominación es la exclusión administrativa: no se entregan documentos solicitados o, en complicidad con los comités electorales, se publican convocatorias con requisitos arbitrarios que no figuran en el estatuto orgánico. Son formas sutiles de eliminar al adversario y conservar el poder.
Esto se repite en varias carreras. En Sociología, en 2021, se eliminó al frente del Lic. Ismael Laura, mediante la no entrega de documentos, lo que permitió que sólo un candidato, Lic. Aurelio Chura, -vinculado al rector- pudiera postularse. Lo mismo ocurre en Ciencias Políticas, donde estudiantes denuncian que los plazos cortos y trabas administrativas excluyen a frentes alternativos, como sucedió con los estudiantes de base en Ciencias Políticas.
Además, en el caso Galindo se observó que quienes la confrontaban y agredían eran estudiantes vinculados a grupos de choque y becarios. Tristemente, las becas universitarias se han convertido en un mecanismo de manipulación política. Muchos estudiantes son obligados a actuar como “carne de cañón” en los conflictos internos. Ya en 2021, tras la tragedia del 2 de marzo, se denunció que las becas (comedor, vivienda, excelencia académica, trabajo, extensión e investigación) eran utilizadas como botín de poder por dirigentes estudiantiles (Página Siete, 2021). El presupuesto destinado a becas pasó de Bs. 6,3 millones en 2010 a Bs. 36,5 millones en 2015, consolidado su uso prebendal y su clientelismo político.
Otro problema es la falta de convocatorias transparentes para la admisión docente. En carreras como Sociología y Derecho, desde 2020 no existen concursos de méritos ni competencias. Bajo la excusa de la pandemia (COVID-19) se recurrió a la “invitación directa”, práctica que aún persiste. Incluso cuando hay convocatorias, se publican con apenas dos días de anticipación para favorecer a docentes alineados con el régimen universitario. A esto se suman denuncias de cobros irregulares de entre Bs. 6.000 y 7.000 Bs. para acceder a una plaza docente, reproduciendo las lógicas coloniales y republicanas de corrupción y prebendalismo. La corrupción es un problema estructural en la UPEA, otras universidades, y varias esferas de la sociedad y el Estado.
Por ello, es urgente cuestionar y denunciar estas relaciones de poder, corrupción y prebendalismo. La UPEA no es una empresa ni un negocio familiar, sino una institución pública, que debe ser fiscalizada. La democracia universitaria está en riesgo, traicionando los principios fundacionales establecidos en su Estatuto Orgánico. Hoy se instaura una dictadura universitaria desde el rectorado, organizada mediante camarillas, prebendalismo y clientelismo político en todo los niveles.
La UPEA no está cumpliendo con su misión histórica. No enviamos a nuestros hijos a ser vasallos de las autoridades corruptas, ni a morir como en 2021, cuando estudiantes manipulados fueron enviados como carne de cañón al conflicto y terminaron falleciendo.
Es momento de levantar la voz e iniciar una lucha universitaria y ciudadana no violenta, para refundar la UPEA retomando los principios y valores con los que nació hace 25 años, con el fin de fortalecer la calidad académica y recuperar la democracia universitaria y la institucionalidad. Es necesario investigar las denuncias de corrupción contra las autoridades de la UPEA. El poder es efímero, y pronto se hará justicia.
Por: Jesus Humerez Oscori, Sociólogo aymara