Luego de casi dos años de juicio oral, el martes 4 de noviembre se conocerá la sentencia en la Causa “Villazo”, por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros de Villa Constitución en 1975.
Por Mario Hernandez
Hay más de 20 imputados, entre los que se encuentran dos exdirectivos de ACINDAR. Organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales de esa ciudad y de la provincia de Santa Fe convocan a concentrar desde las 10:00 en la puerta de los Tribunales Federales de Rosario, ubicados en Oroño 940.
Compartimos nota de Canal Abierto:
“Es fundamental la presión en la calle para que se haga Justicia. Tras dos años de testimonios y medio siglo de impunidad, llegó el momento de que el pueblo trabajador de Villa Constitución se movilice y haga honor a la Lista Marrón, a sus mártires y sobrevivientes, a las mujeres del Villazo, a cada hija e hijo de tanta sangre combativa derramada”, promueven desde las organizaciones.
“Tenemos que formar parte de una historia que sigue viva, de una lucha que continúa y se mantiene abierta como la herida de la violencia estatal, civil, parapolicial y empresarial desatada sobre Villa y sus trabajadores. Por el Villazo pidamos juntos Memoria, Verdad y Justicia”, afirman.
En la puerta del Tribunal habrá un acto, músicos y micrófono abierto para acompañar la jornada y darles voz a familiares y militantes de Villa Constitución y la región. “Este hecho no sólo implica un pedido de Justicia sino que también es una reivindicación a la participación política de la clase obrera, a la lucha y resistencia de las mujeres del Villazo, a la organización de las bases en cada barrio, a la fuerza de las hijas e hijos de las víctimas que tomaron la posta en el reclamo, a la identidad de un pueblo trabajador entero que supo encontrar en la Lista Marrón una bandera para pelear por sus reivindicaciones”, expresan.
En 1975, el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná” desembarcó en Villa Constitución con un único objetivo: desarticular, a fuerza de represión y muerte, la enorme organización de la que los obreros y el pueblo habían sido protagonistas en el Villazo. Aquel ensayo de lo que después sería la marca registrada de la última dictadura cívico-militar dejó un legado en familiares y compañeros que siguieron reclamando justicia.
En este juicio se juzgará a 22 personas acusadas por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución a partir de marzo de 1975.
Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas.
Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura.
Más de 20 querellas particulares están representadas por Gabriela Durruty, Federico Pagliero, Julia Giordano (APDH) y Jesica Pellegrini.
El CELS alegó en la Causa Acindar
La Causa Villazo por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Acindar entró en su etapa final. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante como organismo de Derechos Humanos en esta causa, realizó su alegato por los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones de trabajadores a manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, con la participación de personal jerárquico de la empresa.
Compartimos el comunicado:
Responsabilidad empresarial: alegamos en la Causa Acindar
En una nueva jornada de alegatos por parte de la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, desde el CELS pedimos que los civiles y miembros de las fuerzas de seguridad imputados sean condenados por sus responsabilidades en los secuestros, las torturas, desapariciones y asesinatos de militantes sindicales de la UOM, la mayoría empleados de Acindar, y de los abogados que los representaban.
Los hechos investigados empezaron entre marzo y junio de 1975 y se extendieron hasta ya entrada la dictadura que tomó el poder en marzo de 1976. En total son 18 los imputados que llegaron a esta etapa del juicio, entre ellos hay dos miembros del personal jerárquico de la empresa. Se trata de Roberto José Pellegrini, jefe de División Personal de Acindar, y Ricardo Oscar Torralvo, también con funciones ejecutivas. Ambos están acusados de entregar información de los trabajadores a las fuerzas represivas para la concreción del plan criminal. Además, están acusados 15 ex miembros de la Policía Federal y un expolicía de la provincia de Santa Fe. Vale recordar que los militares que fueron investigados no llegaron a juicio porque fallecieron antes.
Con nuestro alegato, se cierra esta etapa del proceso, que empezó semanas atrás con la Fiscalía, siguió con la APDH y con la UOM.
Esta es una de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que pone en relieve la participación de las empresas en la represión ilegal de la dictadura con la intención de terminar con la organización de los trabajadores. Puntualmente, en este caso se trata sobre todo de trabajadores de la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Villa Constitución, que habían ganado las elecciones gremiales poco tiempo antes. Pero, sobre todo, eran militantes políticos que habían participado en las huelgas que paralizaron el corredor industrial del sur santafesino y que pasaron a la historia como “El Villazo”.
La participación de la empresa Acindar en la represión tiene características que se repitieron incluso en otros operativos similares a lo largo del país, como lo ocurrido en Jujuy en la llamada Noche del Apagón, donde la empresa Ledesma aportó la logística y la información para secuestrar a quienes se organizaban para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo.
A fines de 1975, Acindar les había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos.
Además, la empresa puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones: en su planta funcionaba un destacamento policial y en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo, torturados. Algunas de las víctimas fueron secuestradas en lugares en los que sólo el personal directivo de Acindar sabía que se encontraban.
Vale remarcar que en ese contexto represivo, Acindar, que tenía como presidente del directorio a José Alfredo Martínez de Hoz, se benefició del proceso de concentración de la actividad siderúrgica durante la última dictadura militar cuando “Joe” fue ministro de Economía.
Pedidos de penas
Al finalizar la exposición de nuestro alegato, pedimos que el tribunal considere los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad y que se condene a prisión perpetua a los jerárquicos de la empresa Acindar, Pellegrini y Torralvo, por ser partícipes necesarios de los secuestros de 37 personas y de los homicidios agravados por alevosía de Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Concepción De Grandis, Carlos Alberto Ruescas, Jorge Raúl Andino, Carlos Antonio Tonzo, Pedro Antonio Reche y Miguel Ángel Lobotti.
Además pedimos la condena para los miembros de las fuerzas de seguridad imputados: 25 años de prisión para Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessicchio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Carmen Amanda Grossoli, Ricardo Antonio Burguburu y a Juan Carlos Romero por ser coautores de los secuestros de 23 personas. Mientras que para Roberto Álvarez y Amadeo Chamorro pedimos la misma pena por el mismo delito y por tormentos agravados. En el caso de Jorge Aníbal Lozano Windus, el pedido fue de 24 años y para Oscar Roberto Giai pedimos 12 años de prisión. Mientras que para los hermanos Horacio Miguel y Juan de Jesús Nardi la pena pedida fue de 6 años.
Desde el CELS querellamos como organización de derechos humanos en esta causa.
Serpiente roja del Paraná: la lucha contra la impunidad empresarial
Por Micaela Martín
En este artículo profundizamos en el concepto de genocidio y su carácter de clase, a partir de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución en 1975.
La causa conocida como “El Villazo” es significativa por ser una de las primeras en juzgar fuerzas federales, ex militares y empresarios por crímenes de lesa humanidad antes del golpe de 1976, actualmente está a la espera de los alegatos finales. Familiares, testigos y organismos de derechos humanos siguen peleando contra la impunidad.
“Recuperamos el sindicato con democracia y nos respondieron con balas, con secuestros. Nos arrebataron el trabajo, la libertad y la vida de muchos compañeros.”
Oscar Juárez, sobreviviente testigo.
“Operativo Serpiente roja del Paraná” así lo bautizaron las fuerzas estatales y federales del gobierno de Isabel Perón. Un operativo represivo que desplegó la acción conjunta de fuerzas policiales, militares y grupos paraestatales como la “Triple A” en 1975. ¿El objetivo? desarticular la poderosa organización obrera que amenazaba con dirigir su propio destino. A propósito, la causa sigue abierta. La impunidad también. El juicio más conocido como “El Villazo” investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante ese operativo.
Calificar a los crímenes de la ultima dictadura como “un genocidio” es una postura política contra los distintos relatos que hay sobre aquellos acontecimientos históricos. Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), se trata de un genocidio cuando cualquiera de los actos —como asesinatos, lesiones, sometimientos, secuestros o traslados forzados— se cometen con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en cuanto tal.
Marcelo Ferreyra, abogado y Titular de la Cátedra de DDHH en FFyL (UBA), en su texto “El genocidio en la Argentina y su caracterización como eliminación parcial de grupo nacional”, señala que esta noción legal presenta serias dificultades para ser aplicada a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, ya que los motivos por los cuales se intentó eliminar a un sector de la población no fueron de carácter étnico ni religioso, sino estrictamente políticos. Por esta razón, muchos de los juicios a las Juntas han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. El objetivo del genocidio en Argentina, tal como lo abordaremos en esta nota, fue eliminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que amenazaba con desafiar al poder establecido. No fue un genocidio racial o religioso. Fue un genocidio de clase.
Después del Cordobazo, uno de los procesos más importantes de la historia de la clase obrera en Argentina, se forjó una vanguardia junto al movimiento estudiantil que resistió a la dictadura de Onganía. La vuelta de Perón después de 18 años de proscripción, tuvo el objetivo de garantizar el Pacto social para contener a las masas y detener a la vanguardia que amenazaba la burguesía. Así, en el año 1973 se creó la Alianza Anticomunista Argentina, también conocida como “Triple A”. Una banda paraestatal de extrema derecha que tenía el propósito de perseguir y asesinar a todos aquellos “subversivos” bajo el gobierno de Perón e Isabelita. Creada por José López Rega y constituida por policías, ex policías, militares y burócratas sindicales operaban de forma nocturna, secuestrando, torturando y asesinando a todo aquel sospechoso de subversión. De esa forma, asesinaron entre 1500 y 2000 personas, mayormente obreros.
Villazo: el eco del Cordobazo y el Rosariazo en Villa Constitución
Santa Fé, marzo, 1974. En el sur de la ciudad se concentran grandes industrias. Los dos Rosariazos de 1969 habían empapado a los obreros metalúrgicos para lo que se conocería, años más tarde, como “Primer Villazo”. Un conflicto que comenzó con la defensa de sus delegados y las elecciones de su gremio terminó en una pelea contra la burocracia sindical, la patronal de Acindar y el mismísimo gobierno de Juan Domingo Perón.
¿Cuál era el temor de los empresarios y la burocracia del sindicato? Que por abajo se desate una poderosa organización clasista como había sucedido en Córdoba. La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) desconoce a los delegados electos de la Comisión Interna. La bronca estalló cuando la UOM llamó a elecciones en todo el país, menos en la seccional Villa Constitución. “La Marrón” era una lista de obreros de esa seccional que defendían la independencia política de los gobiernos de turno. Peleaban por una democracia de base real impulsando asambleas y mandatos rotativos. Su sola existencia desafiaba el pacto entre gobierno, empresas y sindicalismo burocrático. La bronca no tardó en crecer. La solidaridad tampoco. A lo que le temían, era al proceso de organización antiburocrático que venía en ascenso.
Los trabajadores ocupan la planta y el personal jerárquico es tomado como rehén. Mientras tanto, se suman con su apoyo Metcon, Marathon, Vilber y otras plantas y fábricas de la zona. Rápidamente recibieron el apoyo de docentes, ferroviarios, textiles, comerciantes y vecinos de Villa Constitución. De esa forma, los trabajadores consiguen que se validen los delegados y su Comisión Interna culminando en una enorme movilización en las calles de Villa.
Serpiente Roja del Paraná: Segundo Villazo.
20 de marzo de 1975. El gobierno de Isabel Perón junto a Ricardo Otero, Alberto Rocamora, Carlos Ruckauf e Ítalo Luder firman un decreto de aniquilamiento a los “elementos guerrilleros y subversivos” que amenazaban la producción del cordón industrial de Paraná. A la madrugada se desplegaron 4000 efectivos policiales que allanaron Villa Constitución con el objetivo de descabezar la dirección clasista metalúrgica. Las empresas Acindar, Marathon, Metcon ofrecen la dirección detallada de todos los obreros que estaban paralizando las fábricas. De esa forma, comenzaron los secuestros y detenciones contra los delegados y obreros. Ese mismo día fueron encarcelados cientos de trabajadores y dirigentes gremiales, legitimados por la empresa Acindar con Martínez de Hoz a la cabeza.
En respuesta, los trabajadores deciden tomar las fábricas y activar un comité de lucha en forma de protesta. Los trabajadores sabían que los habían ido a buscar a sus casas, por lo que estar en la fábrica era mucho más seguro. Comienza la famosa huelga de 59 días. Surge el Comité de lucha, de 2 x fábrica, delegados por barrio, la solidaridad crecía. La represión también. Por eso abandonan las fábricas y se “refugian” en los barrios. La huelga prolongada tenía resistencia en los propios barrios, muchos vecinos y trabajadores organizaron guardias de autodefensa nocturna, barricadas y organizaciones vecinales para enfrentar a la policía y al accionar de la Triple A.
El 22 de abril de 1975 cierran las escuelas, las oficinas y se realiza una masiva concentración con más de 10.000 personas en la plaza. La jornada fue brutalmente reprimida con gases y balas, decenas de heridos y detenidos y, al menos, dos muertos. En consecuencia, los trabajadores decretaron un paro general de 48 horas que se terminó replicando en Rosario y San Nicolás, logrando paralizar gran parte de la actividad económica regional. La enorme concentración y coordinación en el sur de Santa Fé demostró el poder de los trabajadores y la comunidad que ponía en jaque al gobierno, las empresas y la burocracia sindical. La feroz respuesta represiva era una señal de que querían desarticular a toda costa la poderosa experiencia sindical clasista con mano dura.
Luego de 59 días, el Villazo fue derrotado. Hubo varios factores que hicieron que el proceso no se siga desarrollando, el primero es que a diferencia del ‘74, esta vez la vanguardia obrera de Villa había quedado aislada de todo el resto del país. Otro factor muy importante es la represión estatal y empresarial sin precedentes desatada antes del golpe del ‘76. La acción coordinada del Estado, las empresas y la Triple A desató un terror generalizado. Muchos trabajadores no resistieron la intensidad del terror, ni las amenazas a sus familias. Por último, la propia organización del segundo villazo tuvo limitaciones. Aunque surgieron comités de lucha no se logró expandir esa rebelión a nivel nacional e incluso la propia dirección de la CGT y la UOM nacional no apoyaron la huelga, dejando que se desarticule la poderosa coordinación que se estaba gestando. Para profundizar recomendamos Villazo: la gran gesta obrera en Villa Constitución de la pluma de Octavio Crivaro.
El carácter de clase de la masacre a los metalúrgicos de Villa Constitución
El rol tanto de la burocracia sindical, como de los dueños de Acindar, Marathon y Metcon fue central para lograr liquidar a toda la vanguardia obrera que se venía gestando desde el Rosariazo. No sólo porque vetaron las conducciones opositoras en las elecciones del sindicato, sino porque durante la huelga de Acindar, les suministraba a las fuerzas represivas listas con nombres, legajos y direcciones de militantes y activistas para que los ejecuten. Marathon y Metcon no se quedaron atrás, aportaron infraestructura, vehículos, financiamiento y logística para la represión y tortura de obreros. Pero eso no es todo, en la fábrica de Acindar funcionó un Centro Clandestino de Detención conocido como “Albergue de Solteros”. Su nombre se debe a que se utilizaban las mismas instalaciones que les ofrecían antes a los obreros solteros de la fábricas, pero esta vez para encubrir la represión y la tortura.
El operativo represivo desatado en 1975 contra los trabajadores, fue un plan sistemático de persecución, encarcelamiento, asesinatos, tortura que da cuenta de que fue parte de un genocidio. Los feroces hechos en Villa Constitución contra los obreros metalúrgicos fueron un ensayo general para preparar la última dictadura cívico militar. El juicio por la causa “Villazo” sigue abierto, más de 100 testigos y 400 testimonios, abogados de derechos humanos, militantes, vecinos y familiares siguen exigiendo justicia cada martes en la plaza de Rosario.
Causa Villazo: alegatos finales en un juicio contra medio siglo de impunidad
El juicio oral por la Causa Villazo comenzó el 13 de noviembre de 2023 en los tribunales federales de Rosario y hoy se encuentra en su etapa final. Sí: el juicio empezó medio siglo después del genocidio. No fue casual. El retraso se debe, en gran medida, a la impunidad que han gozado durante décadas empresarios, burócratas sindicales de la UOM nacional y sectores del poder político que nunca fueron investigados con seriedad. Durante años, se mantuvo un pacto de silencio entre el empresariado y el Estado. Ninguno de los gobiernos anteriores mostró voluntad política para impulsar esta causa. Investigar el genocidio obrero incomodaba no solo a las patronales y sindicalistas involucrados, sino también a sectores del peronismo.
En cuanto a los motivos estrictamente judiciales, el expediente se abrió recién en 2005, cuando comenzaron a revisarse delitos cometidos previos al golpe de Estado de 1976 bajo la figura de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la causa fue fragmentada en múltiples legajos, trabada por recusaciones, demoras procesales y falta de impulso judicial. La justicia federal mantuvo la causa archivada durante años, protegiendo a represores y empresarios. Sólo en 2021 se logró encuadrar los hechos como crímenes de lesa humanidad; hasta entonces eran tratados como un simple conflicto gremial.
Los alegatos de la querella, representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, comenzaron el 5 de mayo de 2025 y continuaron en sesiones posteriores. El 20 y 21 de mayo, se presentaron los pedidos de condena contra los 22 imputados, que incluyen a los dos exdirectivos de Acindar (Roberto Pellegrini y Oscar Torralco) y a ex militares, ex policías federales y provinciales. Se espera el veredicto para el segundo semestre de 2025.
Durante el proceso se escucharon más de 100 testimonios, entre ellos los de sobrevivientes y familiares de las víctimas. La abogada querellante Julia Giordano argumentó con firmeza que los crímenes cometidos constituyen un genocidio, en tanto fueron parte de una persecución sistemática contra un grupo social específico: el movimiento obrero combativo. En la misma línea, Marta Suárez, militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, remarcó que se trató de un plan sistemático de exterminio, ejecutado durante un gobierno constitucional —el de Isabel Perón.
Un punto central de los alegatos es la identificación de las víctimas y sus luchas. Se reconstruye la trayectoria sindical de los trabajadores perseguidos, muchos de los cuales habían recuperado democráticamente el sindicato metalúrgico (UOM) mediante la Lista Marrón. Se denuncia que fueron secuestrados, torturados y asesinados como castigo por su militancia. Se reconocen al menos 50 víctimas en este proceso. La querella exige penas máximas para todos los imputados y subraya que este juicio representa una oportunidad para que el Estado repare décadas de impunidad sistemática.
Si hoy el juicio existe y se esperan los alegatos finales, es por la persistencia de los ex obreros de la Lista Marrón, de organismos como la APDH Rosario, HIJOS, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Sin esa lucha incansable, este proceso nunca habría comenzado. También debemos destacar el trabajo realizado por Justicia Ya, que era parte querellante en el juicio a Etchecolatz en 2006 y Myriam Bregman, una de las fundadoras del CeProDh, se logró por primera vez la condena por genocidio denunciando la impunidad del Poder Judicial y de que el Estado no ha investigado activamente los crímenes de la dictadura.
El Villazo en juicio: romper la impunidad de ayer, combatir la de hoy
Este juicio es significativo por ser uno de los primeros en la región en juzgar a “civiles” por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado de 1976. De este modo, evidencia la colaboración entre sectores empresariales y represivos en la persecución de la organización obrera.
Hablar de genocidio de clase como lo ocurrido en la última dictadura cívico militar, es señalar un tipo específico de violencia estatal orientada a eliminar a un sector social en función de su pertenencia de clase y sus aspiraciones políticas transformadoras. No se trató solo de eliminar cuerpos: se intentó borrar ideas, prácticas y formas de vida que amenazaban el orden capitalista. Fue un ataque sistemático contra una generación que quiso cambiarlo todo.
Fue de clase, porque la clase trabajadora fue uno de los principales blancos: venía protagonizando experiencias de
lucha y organización autónoma, desbordando a las burocracias sindicales y desafiando el poder económico. La complicidad estructural del empresariado fue determinante. Empresas como Ford, Acindar, Mercedes Benz, Ledesma y Techint participaron activamente en secuestros, persecuciones y desapariciones de activistas sindicales, aportando logística, listas negras y hasta instalaciones para centros clandestinos.
En la audiencia pública en el tribunal de la calle Oroño, se han desarrollado diversas actividades en apoyo al juicio: concentraciones, actos culturales, intervenciones artísticas y la presencia de músicos y referentes populares de Rosario y Villa Constitución. En tiempos donde desde el gobierno se intenta borrar nuestra memoria histórica, relativizar el número de desaparecidos y callar ante el genocidio en curso en Medio Oriente, la movilización y la lucha contra la impunidad de los genocidas cobra otro valor.
Reconstruir esta historia no es sólo un acto de memoria: es una forma de recuperar las luchas que buscaron transformar la sociedad.
“No nos quedan dudas de que Isabel Perón tiene que estar en el banquillo de los acusados”
Lo dijo Federico Pagliero, abogado de la APDH de Rosario, en el marco del juicio que investiga la represión contra los obreros del cordón industrial de Villa Constitución en marzo de 1975, mientras María Estela Martínez de Perón estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Bajo el gobierno de la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón se impulsaron políticas represivas, de militarización y terrorismo de Estado como las establecidas en sus “decretos de aniquilamiento” en 1975.
La ex presidenta de la Nación vive en Madrid y nunca fue convocada por la Justicia, a pesar de los pedidos en varias causas por crímenes de lesa humanidad, como ésta o la del Operativo Independencia, en Tucumán.
En abril terminaron las testimoniales en el juicio que juzga a dos ex gerentes de la empresa Acindar y de un grupo de integrantes de la represión en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, luego de la gesta que en 1974 protagonizaron los sectores antiburocráticos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nucleados en la Lista Marrón.
Jueces federales visitaron por primera vez el predio de Acindar donde se torturó a trabajadores
Por Candela Ramírez
Fue el miércoles 16 de abril por la mañana en la ciudad del sur provincial. Dos magistrados del TOF1 estuvieron junto a la fiscalía, la defensa, las querellas y testigos en el lugar de la empresa Acindar donde se montó un centro clandestino de detención conocido como “el Albergue de Solteros”.
Pasaron cincuenta años y todavía lo repiten, lo repiten, lo repiten: en el predio de Acindar, en Villa Constitución, se torturó y mató gente. El 20 de marzo de 1975, un año antes del último golpe militar, cuatro mil efectivos policiales, militares y de la Triple A ocuparon la ciudad y se dedicaron a perseguir, secuestrar, torturar y matar a trabajadores metalúrgicos y militantes sindicales.
En noviembre de 2023 empezó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio que investiga estos crímenes, se lo conoce como Villazo o Acindar o Pellegrini (nombre de uno de los acusados). Este miércoles 16 de abril, la Justicia visitó por primera vez el predio de la empresa metalúrgica ubicada 60 kilómetros al sur de Rosario donde, desde mediados de los setenta, se montó un centro clandestino de detención (CCD).
Fueron los jueces Germán Sutter Scheneider y Ricardo Moisés Vásquez (TOF1), dos integrantes de la Fiscalía, dos de cada una de las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el defensor de los dos acusados que trabajaban en Acindar y al menos cuatro testigos y víctimas. También fueron acompañados por una abogada de la empresa actual e integrantes de la firma, que según Fiscalía, estuvieron bien dispuestos a cumplir la inspección solicitada por el TOF1.
La visita judicial consistió en constatar parte de las declaraciones de los testigos: no es una visita ocular, de hecho el predio conocido como “el Albergue de Solteros” ya no existe más, fue demolido apenas recuperada la democracia. Ni la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) pudo hacer una visita cuando desplegó su investigación en la región en 1984.
Se podría presumir que los directivos de aquella empresa —cuya firma cambió, hoy no son los mismos dueños de aquel entonces— intuyeron que sería mejor borrar las pruebas de la represión clandestina: de hecho fue lo que hicieron militares, policías y cómplices civiles con la mayoría de los más de 800 centros clandestinos que hubo en Argentina entre 1975 y 1983. Según el caso, los demolieron, los reformaron o desaparecieron sus planos.
En el juicio hay veintidós imputados y dos de ellos son de Acindar (por eso el juicio también se conoce bajo este nombre).
Uno era el jefe de personal de la empresa, Roberto Pellegrini. El otro, Ricardo Oscar Torralvo, quien integraba la planta administrativa.
En 1975 todavía era parte del directorio José Alfredo Martínez de Hoz: al año siguiente se convertiría en el ministro de Economía emblema de la última dictadura.
Uno de los aspectos más relevantes de la causa es justamente que por primera vez en Santa Fe se investiga la participación y responsabilidad de una empresa en la represión. El primer caso que se investigó en el país fue sobre la empresa de autos Ford, en Buenos Aires. Hubo condena en 2018.
Las víctimas y testigos no sólo señalan el lugar como espacio de secuestro y tortura, de sus testimonios también se desprende que la empresa facilitó domicilios y legajos actualizados sobre los trabajadores que serían blanco de secuestro y que desde el predio salían autos utilizados para estos operativos.
La acusación hace hincapié en el interés de Acindar en reprimir a ciertas personas por sobre otras, en disciplinar a un enorme colectivo de trabajadores que venía llevando adelante un proceso de sindicalización muy fuerte.
Para Adolfo Villatte, fiscal de la causa que estuvo presente en la mañana del miércoles, esta visita “es importante y muy significativa porque testigos y víctimas que pasaron por ahí pudieron ir a constatar que estaban en el mismo lugar que declararon”. “Por ejemplo, al menos dos de ellos mencionaron la presencia de una tanqueta de la policía federal en el predio de Acindar”, sumó.
El lugar no se ve nada parecido a lo que era: en 1975 y durante muchos años, era un predio con muchos árboles, “como un bosque”, y viviendas para los obreros. En la visita cada uno de los testigos hace referencia a cómo se veía antes el lugar y les otorga a sus testimonios un alcance más espacial, para que el tribunal pueda hacerse una mejor idea de cómo estaba emplazado el CCD en los setenta.
No se registra como testimonio lo que digan ni se considera una ampliación, sólo se da una suerte de sentido geográfico de los crímenes que se denuncian.
Retransmitir
Antes de iniciar la visita, víctimas, familiares y militantes de organismos de derechos humanos hicieron un acto para acompañar la medida judicial y, sobre todo, a los testigos que ingresaron a hacer la visita.
“Fue muy emotivo el acompañamiento de vecinos, familiares, trabajadores, hijos e hijas a los sobrevivientes que debieron ingresar a reconocer el CCD dentro de la propia Acindar. Además de la importancia judicial se sintió algo de cierta reparación y reivindicación histórica”, puntualizó Federico Pagliero, abogado querellante por APDH.
Agregó que “a pesar que fue demolido, no fue destruida la memoria y el recuerdo de quienes pasaron por allí y no pudieron volver”. También sostuvo que tienen “muchas expectativas” sobre la sentencia de este juicio, que esperan sea a mediados de agosto.
Juan Actis, uno de los sobrevivientes de este CDD, muy conmovido por la visita judicial dijo que le parece fundamental que todas las personas que estuvieron hoy “sepan transmitir a la sociedad los que se vivió y la importancia que tiene: que después de tantos años se logró poner luz, que el poder judicial reconozca que ahí existía un campo de detención donde estuvieron compañeros y compañeras y que fue uno de los primeros centros de tortura del país. La tarea principal ahora es reproducir al resto de la sociedad lo que pasó”.
Sobre la causa
El lugar, ubicado sobre uno de los ingresos a Villa Constitución en la ruta provincial 21, fue señalizado como Sitio de Memoria recién en 2022.
Durante 2024 se hicieron inspecciones judiciales en la Policía Federal de Rosario y también en la comisaría de Villa Constitución.
El operativo de marzo del 75 se llamó Serpiente Roja del Paraná, se dio durante un gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón (Isabelita), por eso las querellas plantean que con este juicio “se rompe el piso de 1976” para pensar y juzgar el genocidio que tuvo lugar en Argentina.
Además de Sutter Scheneider y Vásquez, el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario se completa con Otmar Paulucci.
En este tramo de la causa hay 75 víctimas, el número se ampliará en las próximas elevaciones. Eran trabajadores metalúrgicos, la mayoría organizados sindicalmente. Casi todos eran empleados de Acindar.
La semana que viene termina la etapa de pruebas y empiezan las audiencias de alegatos. A mediados de agosto debería estar el veredicto.
Causa Villazo: inspección judicial en Acindar
Compartimos el comunicado:
INSPECCIÓN JUDICIAL EN ACINDAR – CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “ALBERGUE DE SOLTEROS”.
En las etapas finales del Juicio por el Villazo, este miércoles 16 de abril el Tribunal Oral Federal Nro. 1 se hará presente en las instalaciones del predio de Acindar a fin de inspeccionar lo que fue el Albergue de Solteros, uno de los primeros Centros Clandestinos de detención que funcionaron en nuestro país, posteriormente destruido por la empresa, donde mantuvieron cautivas y cautivos bajo tormentos a obreros metalúrgicos de la Lista Marrón y a quienes habían organizado la solidaridad de la lucha por la democracia sindical, por condiciones dignas de trabajo y de salud.
Como lo venimos informando, es la primera vez en nuestra región que se juzga la responsabilidad empresaria en el genocidio perpetrado desde el Estado terrorista. La realización de este acto judicial no tiene una significación sólo jurídica, sino primordialmente de reconocimiento de la historia de un Pueblo.
Por ello desde APDH Rosario, Memoria Verdad y Justicia por el Villazo, Hijos del Villazo, 22 de Abril, UOM Villa Constitución, Aceiteros Rosario, CTA Autónoma Villa Constitución, Amsafe y CTA de los Argentinos, invitamos a participar del acto con micrófono abierto que se llevará adelante a las 9.30hrs frente al portón del ex ingreso a Acindar para acompañar a quienes serán testigos de esa inspección.
NO OLVIDAMOS
NO PERDONAMOS
NO NOS RECONCILIAMOS
La empresa Acindar y el inicio del terrorismo de Estado
Por Carlos del Frade
El 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Acíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez de Hoz, entonces presidente de Acindar, había pagado cien dólares a cada represor.
El 20 de marzo de 1975, medio siglo atrás, comenzaba el experimento de transformar la Argentina en un garito de la financiarización de la economía de las multinacionales. Para eso necesitaban disciplinar a la juventud trabajadora. Las grandes empresas, síntesis del capitalismo, decidieron pagar la represión e iniciar el ciclo de la deuda externa transfiriendo sus obligaciones a las grandes mayorías a través de la colonización del estado. Todo comenzó en Acindar, aquel 20 de marzo de 1975, en Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe, cuando José Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de la empresa y Alberto Rocamora, por pedido de las patronales, inició la ocupación y auspició la política de la desaparición de opositores.
Medio siglo después es imprescindible pensar en aquella matriz porque no habla del pasado solamente…
Desde 1973, integrantes de la división policial de la guardia rural, “Los Pumas”, estaban en Villa Constitución. Alejandro Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín, como “el cinturón rojo del Paraná”. El 25 de noviembre de 1974, la lista Marrón, con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó por casi el 70 por ciento de los votos.
La democracia sindical duró solamente cuatro meses
En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución.
Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer centro clandestino de detención del país.
Había una razón de peso: el ex comisario de la policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.
Hubo 300 detenciones y 20 desaparecidos, a partir de entonces.
Era el 20 de marzo de 1975.
Luego vino una huelga de casi sesenta días.
Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial”.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.
Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.
Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznárez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…”.
Se formó un comité de huelga que produjo una paralización de las fábricas durante casi sesenta días.
Hay otras postales que merecen ser tenidas en cuenta.
-En el año 1977, ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución con el cargo de Comisario Inspector a cargo de la División Informaciones, en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo había una Fuerza de Tareas conformada por unos cuarenta hombres, que venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente, estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario. En la práctica ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodia de un lugar y pedían nuestra colaboración… Mientras estaba el área 211 era cuando nos hacían ir periódicamente a Rosario para reuniones en distintos lugares: Comando del Segundo Cuerpo, Policía Federal, Destacamento 2 de Gendarmería Nacional, Liceo Aeronáutico Militar, Fábrica de Armas “Domingo Matheu”, Unidad Regional San Lorenzo. En la fábrica militar de armas estaba a cargo del teniente coronel Gargiulo, antes había sido interventor de la UOM, acá en Villa Constitución…No había homogeneidad en los grupos…-sostuvo Carlos Roberto Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984, ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, constituida en Villa Constitución.
Aquella “fuerza de tareas” comenzó a funcionar en marzo de 1975, cuando el Ministro del Interior, Alberto Rocamora, ordenó la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad.
-El 20 de marzo de 1975 yo pude ver a las siete y media de la mañana, coches Ford Falcon sin patente que venían de San Nicolás de los Arroyos y también de Rosario. Me consta porque pude contarlos, en total eran 105 vehículos. En su interior, entre cuatro o cinco individuos. Los autos eran particularmente bordó, azul marino, verde claro y verde oscuro. Estos individuos portaban armas largas y cortas mostrándolas por las ventanillas, algunos a cara descubierta, otros se cubrían el rostro con pañuelos, lentes ahumados y gorras con viseras oscuras, boinas azul marino y verdes…-contó el repartidor de sodas, Pedro Alfaro, el 7 de febrero de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución.
Dijo que el agente de la policía montada, Juan Carlos Miranda, le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Acindar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, “era Halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente que le había otorgado Acindar para que se movilizase junto con la oficialidad de la policía Federal. Planificaba los operativos contra los trabajadores metalúrgicos que pertenecían a la lista Marrón”.
El 20 de octubre de 1975 secuestraron a Julio Palacios, Carlos Ruesca y la abogada De Grandi. Un día después encontraron los tres cuerpos asesinados.
Según comentarios a la abogada De Grandi le seccionaron un pecho, a Ruesca lo mutilaron y torturaron y a Palacios le arrancaron los testículos”, recordó Alfaro.
Apuntó que “según comentarios que circulaban por la ciudad, el secuestro de Palacios, Ruesca y la abogada De Grandi fue perpetrado por la Triple A. Este grupo parapolicial se identificaba por el uso de capuchas, gorras y lentes oscuros. Tenían el cuartel dentro de la Jefatura de Villa Constitución, donde guardaban además sus autos, utilizando las mismas instalaciones del sindicato como alojamiento”.
Para Alfaro, el comisario Rampoldi, en 1975, ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y “esencialmente ha prestado y presta su servicio a Acindar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta, ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa, decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa”.
-¿Vos sos hijo de Alfaro? -le preguntó Raúl Ranure que había ingresado a la fábrica el 7 de marzo de 1970.
-Si. ¿Y vos de dónde lo conocés al viejo? -quiso saber Pedro Alfaro.
-De la Junta Nacional de Granos. Fuimos compañeros. Yo soy nacionalista…-le dijo y después le mostró una credencial de la Policía Federal donde también decía “Servicio de Inteligencia”.
-También tengo una ametralladora checoslovaca. Yo soy integrante de la Lista Rosa de la UOM. Respondemos a Lorenzo Miguel y soy muy amigo de Isidro López -agregó Ranure.
López también era integrante de la Rosa, la lista que perdió contra la Marrón que encabezaba Alberto Piccinini. En la casa de López “se reunían los que la gente llamaban fachos. Ranure por haberse criado en la ciudad era quien indicaba las casas de los trabajadores a los que se allanaba o secuestraba. Lo hacía dando todos los detalles de cada una de las casas, cosa que los operativos no fallaran”, denunció Alfraro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad metalúrgica.
El 22 de abril de 1975, José García, operario calificado de la sección púa del turno B de Acindar, luego de una movilización que repudió la invasión del 20 de marzo, fue secuestrado por un grupo de policías federales y provinciales. Lo molieron a palos. A las tres de la tarde volvió a su casa y se desmayó. El 22 de mayo se murió. A los pocos días, una persona de la UOM intervenida, de apellido Cueto, se acercó hasta la casa de la viuda, Angela Adriana Moreira de García, para preguntar qué necesitaba. Angela estaba a cargo de un hogar con seis hijos. Cueto prometió conseguirle trabajo.
Días después, una decena de tipos armados se le metieron por el patio de atrás, revolvieron los cajones, dieron vuelta los colchones y se llevaron los anillos de casamiento y un crucifijo de oro.
-¡Dónde tenés la mercadería que le trajeron a tu esposo!. ¡Dónde están los papeles de los comunistas! -le gritaban mientras tiraban la comida que los vecinos le habían conseguido para alimentar a sus chicos.
Al otro día se fue a buscar a Cueto para mostrarle los resultados de la ocupación. El hombre de la intervención le propuso ir hasta Acindar para acelerar la búsqueda de trabajo para uno de sus hijos.
Cuando entraron por el portón número uno, Angela reconoció que dos de los custodios habían formado parte del grupo de forajidos que estuvieron en su casa.
La esposa de García luego fue seguida por Raúl Ranure e Isidro López y como corolario de tanta impunidad, la empresa Seguros Paraná que debía pagarle la muerte de José, la conformó con un magro cheque.
-No venga nunca más por acá, señora. Su marido no murió por un accidente de trabajo, sino por subversivo -le dijeron en la oficina de personal.
Cinco meses después, el sindicato le prohibió utilizar los servicios de la obra social.
Gustavo Acosta y Daniel Castro patrullaban las calles de Villa Constitución a bordo de Falcon oscuros hasta que empezaron los secuestros. Trabajaban para Acindar y cobraban de la empresa pero ahora estaban afuera de la planta. Sus sueldos aumentaron. -Entré en el círculo de la Juventud Sindical Peronista. Me llevó mi primo, Alfredo Acosta, que dependía de Raúl Ranure, por entonces responsable de la JSP en Villa Constitución. Nosotros éramos los verdaderos peronistas. Había que defenderse de los zurdos. La verdad que no pude salir de ahí. Una vez tuve que custodiar el edificio de la UOM y vi como trajeron a dos tipos vendados y amordazados…pasaron a mejor vida. Dependíamos de Cuello, responsable de todos los Falcon. Había venido de Buenos Aires. Tenía una relación directa con Pellegrini y Aznares, jefes de producción y personal de Acindar -le dijo Gustavo Acosta a Miguel Angel Lezcano.
Acosta tenía una credencial que, según él, le daba “carta blanca para actuar”. Los sueldos los pagaban Aznáres y Pellegrini.
Todo eso contó Miguel Lezcano el 4 de agosto de 1984 ante la CONADEP.
El 19 de junio de 1975, Analía Matilde Martín, fue detenida en Acindar por personal de la Policía Federal y conducida a los albergues de la propia fábrica. Allí le pegaron y la sometieron a simulacros de fusilamientos. En el Día de la Bandera la llevaron hasta la Policía Federal rosarina y en agosto la trasladaron a la alcaidía de la Jefatura de la Policía Provincial de Rosario.
“En ese año, no recuerda la fecha exacta, detienen a Ruth González, hermana de una compañera de detención, la psicóloga Mercedes González, y a esta chica Ruth la detienen con sus dos nenitas de corta edad. Esta chica, un día es sacada de la Alcaidía y no la ven más. Al parecer a sus dos nenas las habría adoptado una celadora. Cuando en noviembre de 1976 es trasladada a Devoto se entera por un diario viejo que había sido muerta en un enfrentamiento”, contó Analía.
También denunció que se torturaba en la sección Robos y Hurtos y luego en el temible pozo del Servicio de Informaciones.
Apuntó que “una estadounidense estaba embarazada por la violación de uno de los represores y que fue reintegrada a su país en 1976”, sostuvo ante la CONADEP, el 17 de agosto de 1984.
Haydé Adela Suplo de Tonso era feliz con su hijo Carlos Antonio Tonso hasta que en diciembre de 1975 llegaron ellos.
Los militares le robaron una campera, dinero, un anillo de oro, una cadenita de su hijo y el carnet de identificación de obrero de Acindar.
A las cinco de la mañana del 8 de enero de 1976, volvieron. Le hicieron un interrogatorio y se llevaron a Carlos.
Juan Alberto, hermano del detenido, lo fue a buscar a la Jefatura de Villa Constitución.
-No está acá -le respondieron.
En el camino de La Blanqueada que conduce a la localidad de Theobald, vio tres cuerpos tirados al costado de la ruta. Uno de ellos era Carlos que estaba con la cabeza destrozada y con varios impactos de bala y distintas quemaduras en los brazos. Los otros dos asesinados eran Pedro Antonio Reche y Jorge Andino.
Haydé, cuando le mostraron la revista “Gente”, del 16 de febrero de 1984, reconoció dos fotografías que estaban en aquel número 969.
Correspondían “a la fisonomía de dos de las personas que intervinieron en el secuestro de su hijo”.
Eran Aníbal Gordon y su hijo, Marcelo Gordon.
Aníbal actuaba como jefe, el que hacía las preguntas, y Marcelo era el que llevaba un birrete color amarillo con visera marrón.
Aníbal Gordon era el jefe de la Brigada Panqueque, una de las más tristemente célebres bandas del Batallón 601 del Ejército que en aquellos años formaban la denominada Triple A.
Carlos Sosa era secretario de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución. Lo detuvieron el 5 de agosto de 1976. Un mayor del Ejército lo interrogó sobre su actividad política y trató de convencerlo de que trabajara para “ellos dentro del movimiento obrero”.
-No -respondió Sosa.
-Está bien, entonces aténgase a las consecuencias -lo amenazaron.
Después lo llevaron al Cuartel del Regimiento de Pontoneros de San Nicolás y allí fue recibido por el Teniente Coronel, Saint Aman, quien le informó que sería puesto en libertad.
-A mi me han transferido todo el problema de Villa Constitución -le dijo Saint Aman, el mismo que después estaría involucrado en el asesinato del obispo nicoleño, Carlos Ponce de León, el 11 de julio de 1977.
Ni los muertos tuvieron paz en Villa Constitución.
“En la capilla del cementerio había un tablero donde quedaban las llaves de cada panteón con el número de cada uno pero ese día, en 1978, faltaba la del panteón 68 y cuando le pregunté al encargado, el señor Camporesi, me dijo que estaban dentro de un cajón, porque parece que anoche vino el ejército y revolvieron todo”, contó Luis Estefanía, el 7 de setiembre de 1984 ante la CONADEP.
Rolando Chávez era obrero de la sección Trafilación, dentro de Acindar, hasta que el 24 de marzo de 1976 lo encarcelaron. Su delito era formar parte de la Lista Marrón. Aunque salió en libertad a fines de 1977, nunca más pudo conseguir trabajo en una metalúrgica. Estaba marcado y entonces debió ganarse el puchero como albañil. El 26 de setiembre de 1984, su mujer, Irma Florencia Torres de Chávez, recibió un llamado telefónico en los consultorios “Fray Luis Beltrán”, de la UOM, donde es empleada de limpieza.
-Usted se tiene que ir de acá, de la UOM, porque si no, corre el riesgo de que le pongamos una bomba en su casa -le dijeron y ella lo informó ante la CONADEP. “Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte…hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina”, dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla. Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor a las burocracias vinculadas a las grandes patronales.
La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario.
Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco Bueno o Banegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvió para descubrir los mecanismos del terrorismo de estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe.
“Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información…”, sostuvo el ex integrante del ejército.
“De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario…Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados…. El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro…
El se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas”, sostuvo el desaparecedor.
Había otra persona que “se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefice”.
Este trabajo de recepción y selección de información que preparaban los jerárquicos de las empresas de la región comenzó en el año 1974, dos años antes del golpe del 24 de marzo.
Memoria Histórica: Marzo 1975 Resistencia Obrera en Villa Constitución
Memoria Histórica
Argentina: 20 de Marzo 1975
OPERATIVO REPRESIVO “SERPIENTE ROJA” DEL PARANÁ
(video)
Antígona Producciones
https://www.youtube.com/@ingenierowhiteunpuebloquee4854
@ingenierowhiteunpuebloquee4854
Fragmento del documental “66/76. Insurrección obrera y estudiantil”:
El 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, se da inicio al operativo de represión en Villa Constitución contra los obreros de Acindar y de las diferentes fábricas de la zona donde participan todos los organismos represores del Estado. Ese día fueron encarcelados centenares de trabajadores, dirigentes gremiales de la histórica lista Marrón y comenzaron los secuestros y asesinatos con la complicidad de las patronales de Acindar, cuyo director era Martínez de Hoz. Cabe destacar que dentro de la fábrica funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio.
Transcripción
ZENÓN SANCHEZ Y OSCAR “PACHO” JUAREZ
QUERELLANTES EN EL JUICIO “EL VILLAZO”
El operativo serpiente roja Paraná fue un operativo que salió de la noche a la mañana, como en todo operativo represivo el efecto sorpresa es fundamental y fue un operativo que participó el gobierno de Isabel Perón, el ministro de trabajo Ricardo Otero que era de la UOM, era tremendo. El ministro del Interior participaba Ruckauf, Luder, ellos son los que firman el decreto de represión, de aniquilamiento.
Dicen que hay que montar un operativo porque las Industrias de todo el cordón Industrial están copadas por elementos guerrilleros y subversivos y que tienen un plan de paralizar la industria, la producción Industrial de toda esa zona. Entonces ellos tienen que intervenir. Ellos dicen que es una serpiente, por eso le pusieron “serpiente roja”. Y que la cabeza de la serpiente estaba en Villa Constitución. Eso pasó a las 4 de la mañana del 20 de marzo del 75, en esa madrugada ya iban con los datos que daban las empresas de dónde vivía cada uno de los delegados y empezaban a secuestrar gente y a detener. Ese fue un objetivo.
El otro objetivo fue intervenir el sindicato, ahí se metió la Juventud Sindical Peronista, armada hasta los dientes, pateando, y se quedó ahí, se apostó ahí en el sindicato y después las patronales empezaron. Porque nosotros inmediatamente que pasó eso empezamos a ocupar la fábrica.
Fuimos a asamblea. En el caso de Acindar se formó el Comité de Lucha.
Bueno entonces se desatan las ocupaciones de fábrica: Acindar, Metcom, Marathon se ocupan. Ante la invasión, porque no podíamos salir, inclusive nosotros nos llegaban noticias de que en los domicilios nuestros nos habían ido a buscar, yo estaba mucho más seguro dentro de la fábrica. Bueno esa ocupación duró seis días.
JUAN ACTIS -miembro de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución
A mí me detuvieron el 20 de marzo junto con todos los compañeros de la directiva y los delegados de comisión interna caímos presos. En total entre ese día y días posteriores más o menos 300, 400 compañeros estuvimos presos. Cuando me detienen me llevan a Jefatura de Villa, de ahí nos llevan a la Federal de Rosario y el mismo día en la madrugada nos llevan a la cárcel de Coronda. De la cárcel Coronda el 22 de abril hay una movilización muy grande en Villa que es reprimida y a los presos, los principales preso que estábamos en Coronda a la tardecita nos cargan en un avión y nos llevan a Rawson. Entre esos Piccinini y Pascual de Rico, Félix del Bo, Acuña, yo, los hermanos del M….. que habían sido comisión interna y delegados de Acindar.
ZENON SANCHEZ -Miembro del Comité de Lucha
Nos dejan sin sindicato, nos dejan sin dirigentes, nos dejan sin nada, solamente la impotencia. Y muchos compañeros iban a la fábrica porque los estaban deteniendo en sus casas delante de sus familia. Y llamamos a la huelga general. Acá no hay otra, y fuimos y nos reunimos en el playón y ahí se reunían todos los compañeros. Ahí lanzamos la huelga general empezaron a hablarnos por teléfono y conectamos el teléfono a un alto parlante y el alto parlante decía bueno como METCON adhiere al llamado de Acindar, Marathon y al rato nos hablan desde Villber también. Y la gente toda apoyando la huelga entonces: Viva la huelga general, Viva la clase Obrera! Y lanzamos ahí la huelga.
OSCAR “PACHO” JUAREZ
La gente nos reclamaban que saliéramos de la fábrica, las mujeres, los pibes, que saliéramos de la fábrica… Los otros gremios, porque la Lista Marrón abarcaba también la simpatía muchos sectores de la población. Ni bien salimos, empezamos a elegir delegados en todos los barrios, inclusive delegados en otras localidades, como es Empalme, Pavón, Fighiera, Arroyo Seco, teníamos delegados por todos lados, delegados metalúrgico que estábamos en huelga. Y de ahí a distribuir los los víveres que llegaban, porque en un principio tuvimos mucha solidaridad nacional, venían camiones con alimento. Toda esa solidaridad y esa organización era la que mantenía la huelga. Entonces ahí empezó actuar la represión y la represión ya empezaba a meter bombas en aquellos lugares, casas, garages, lo que sea, donde nosotros almacenamos los víveres metían bombas en la noche.
Empezaron a matarnos compañeros, empezaron a secuestrar y asesinar compañeros. La triple A ya actuaba con absoluta impunidad de día.
Después que termina la huelga la represión que siguió fue terrible.
La segunda invasión represiva que sufrimos todos fue el 22 de abril.
El comité de lucha había declarado un paro regional de todo el cordón Industrial o sea toda la actividad comercial, colegios y la fábrica desde Arroyo Seco hasta Villa Constitución paró y todo el mundo se movilizó para Villa Constitución, inclusive venían colectivos de Rosario. La huelga tuvo un impacto grande.
No coincidió con dos cosas: primero el movimiento obrero clasista del interior del país ya venía siendo muy golpeado. Digamos que Villa Constitución era uno de los últimos lugares que ellos tenían que quebrar. Y en segundo lugar lo del Rodrigazo que fue en junio y la huelga se levantó ya el 18 de mayo o sea poquito antes del Rodrigazo.
O sea la huelga quedó huérfana por dos lados, porque por un lado no podía y porque la coordinadora no se había hecho, la coordinadora hubiera ayudado mucho en eso y por otro lado se levantó antes de que el Rodrigazo estallara. Nadie podía saber que iba a haber un Rodrigazo a 20 días.
JUAN ACTIS
QUERELLANTE EN EL JUICIO “EL VILLAZO”
A partir de nuestra detención se genera todo el terror, prácticamente era una ciudad copada militarmente por los grupos de tareas conformados por los Puma, la Policía Federal, la Juventud Sindical Peronista, la Prefectura que recorría el Rio Paraná.
Nosotros en la cárcel vivimos con incertidumbre todo lo que estaba pasando en Villa Constitución con mucha preocupación pero también con mucha con mucha fortaleza. Sino no hubiéramos soportado todo lo que hemos pasado.
Porque sabés lo que es estar preso, por ejemplo sufriendo la dura, la cárcel y escuchar por ahí la noticia que te llega de la muerte de los compañeros. No solo la muerte, sino las mutilaciones, grupo de tres más, mutilados, asesinados, secuestrados. Y eso te caía mal, realmente fue duro para nosotros, pero a su vez también te fortalecía.
Cuando salimos lo primero que hicimos fue empezar a militar de nuevo para recuperar lo que era nuestro. Sobre todo con Alberto Piccinini , el negro Segovia que salió un año más tarde. Otros compañeros más que se fueron sumando, a medida que fueron saliendo la cárcel. Por desgracia algunos que fueron saliendo de la cárcel terminaron asesinados también, como Carlos Ruescas, Julio Palacio; Jorge Andino y varios compañeros.
Martínez de Hoz era el director general de Acindar. Funcionaba al interior de Acindar un centro clandestino de detención y tortura que funcionaba adentro de la fábrica, al trabajador que ellos tenían caracterizado como que había sido un activista en la huelga era chupado, llevado a ese centro. Lo torturaban o lo mandaban preso o le decían “mañana a firmar la renuncia y nunca más”. Instalaron el miedo por mucho tiempo.
Nuestros compañeros estaban presos, las familias estaban empobrecidas, la familia de Piccinini y la familia de tantos compañeros. Entonces en fábrica se hacían muy secretamente colectas como los hermanos Palacio por ejemplo que eran unos de los que juntaban plata, después terminaban asesinados. Carlitos Ruesca también, muchos de los que juntaban plata, hacían colectas para darle a las compañeras, de Piccinini o de otros, terminaban muertos, asesinados. Ellos descuartizaban los cuerpos, los tendían arriba de una camioneta y en un camino que llamado “La blanqueada” -que si vamos mañana yo te lo voy a mostrar- de ese camino hasta la comisaría de Villa Constitución y ellos con los cuerpos al descubierto pasaban mostrándole a todos lo que les puede pasar, me entendés…
Eso fue después de la huelga si vos unís todo del 75 hasta el 77 más o menos, claramente en Villa hubo una política genocida para eliminar todo lo que tuviera que ver con la lista Marrón, con un sindicalismo combativo, clasista. Todo eso lo tenían que aniquilar.
ALICIA RUESCAS
HIJA DE CARLOS RUESCAS ASESINADO POR LA TRIPLE A
La idea de todo esto era sembrar el terror y lo peor que era terrorismo de estado porque estábamos en plena democracia, en esa época estaba Isabel Martínez de Perón. O sea que esto es grave para el peronismo, estamos en juicio hace ya 47 años y es difícil que se haga justicia y por qué? Porque esto sería una mancha negra para el peronismo y tendrían que hacer un mea culpa de todo esto y no lo van a hacer.
Pero al menos que quede registrado en la memoria que esto que sucedió en el año 1975 no estábamos en una dictadura militar, sino que estábamos en plena democracia…
Y Perón lo sabía, Perón sabía todo esto y dejó explícitamente todo escrito para que esto sucediera. Y lograron sembrar el terror. Cada cinco personas mataban a una familia entera y hasta el día de hoy en esos pueblos, sobre todo en el cordón industrial desde Rosario hasta San Nicolás, estoy hablando de Acindar, Maratom, Metcon, la Ford, en Ingenio Ledesma, ahí pasó todo esto que le estoy contando y ocurrió en la misma fecha, estamos hablando del año 1975 como digo en plena democracia eso es gravísimo. Por eso que no se hace justicia.
Pero bueno si la justicia no se hace acá estamos sembrando memoria y que la memoria quede grabada para las futuras generaciones.
JUAN ACTIS
QUERELLANTE EN EL JUICIO “EL VILLAZO”
La represión del 20 de marzo de 1975 estaba planificada y sistematizada, es la prueba piloto de lo que fue el golpe estado y el terrorismo estado un año más tarde con el golpe militar. Porque en Villa se practicó el tema de los grupos de tareas, los allanamientos de grupos civiles, eran las 3 A, la Juventud Sindical Peronista, la Policía Federal encubierta, todos civiles. Los atentados, las bombas a los locales.
Así que fue prácticamente la puesta a punto de lo que sería el terrorismo estatal un año más tarde.
Cuando nos reprimen a nosotros, ese mismo día también reprimen el sindicato del Ingenio Ledesma donde estaba Melitón Vázquez. Y esas dos intervenciones apuntaban fundamentalmente a disciplinar al movimiento obrero. Las próximas paritarias que se iban a hacer en Junio, Julio. No lo lograron porque en Junio y Julio se produce la tremenda movilización que hace caer a López Rega y bueno esto durante el gobierno de Isabel Perón…
también editado y en difusión desde
Memoria Histórica: Marzo 1975 Resistencia Obrera en Villa Constitución
reenviado por enred_sinfronteras@riseup.net
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
Fuentes: Prensa CTA Santa Fe, Indymedia Derechos Humanos, El Ciudadano (Rosario), La Izquierda Diario, Agencia Pelota de Trapo, Red Latina Sin Fronteras