El Gobierno presenta la reforma como “modernización laboral”, pero detrás se esconde un esquema de privatización del derecho a la indemnización y una nueva caja de poder para la burocracia sindical.
Por Omar Rombolá para Karne de Máquina
El nuevo fondo de cese laboral, reglamentado por el Decreto 847/2024 en el marco de la Ley Bases, se vende como un avance en la “modernización” y la “previsibilidad”.
En realidad, es una transferencia del dinero de los trabajadores al sistema financiero, con el beneplácito de un nuevo triunvirato de la CGT que parece más interesado en administrar fondos que en defender derechos.
Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), este sistema permitirá reemplazar la indemnización tradicional por aportes mensuales a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).
(Infobae, 20/6/2025)
Será “optativo”, pero solo si lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias dentro de los convenios colectivos de trabajo. Es decir: una “voluntariedad” decidida desde arriba, donde los trabajadores no votan ni eligen.
El dulce de la burocracia
El gobierno encontró la fórmula: promete modernidad al empresariado y les ofrece una nueva caja a los burócratas sindicales, ya que los fondos pueden ser manejados por los sindicatos si así lo acuerdan en el Convenio Colectivo de Trabajo.
La CGT —tan dialoguista como funcional al poder— ya empezó a analizar su incorporación a los convenios.
El atractivo es evidente: manejar fondos multimillonarios con escaso control público, igual que ocurre con las obras sociales o los fideicomisos de capacitación.
Se refuerza el poder de las cúpulas. Y donde hay caja sin control, hay negocio: inversiones dudosas, contratos cruzados, retornos políticos y corrupción encubierta bajo el discurso de la “gestión profesional”.
Un dirigente político como Javier Milei que llega al gobierno con un discurso “contra la Casta”, no deja de dar oportunidad de negocios a la misma en este caso a la Casta empresarial y Sindical, contra los y las trabajadoras.
El despido se abarata, el control se privatiza
El nuevo sistema convierte la indemnización —una conquista histórica frente al despido arbitrario— en una cuenta financiera.
El empleador deja de asumir un costo imprevisto y lo reemplaza por un gasto previsible.
La CNV fue clara: estos fondos “canalizarán el ahorro interno hacia instrumentos de inversión”.
En criollo: el dinero del trabajador entra al circuito de la especulación.
(Página/12, 24/6/2025)
Si los rendimientos son malos o las inversiones fracasan, el que pierde es el obrero despedido. No el empresario, no el sindicato, no el Estado.
Conclusión
El fondo de cese no es neutro: redefine la relación entre trabajo y capital.
Donde antes había un derecho individual garantizado por ley, ahora habrá una cuenta colectiva que escapa al control de los trabajadores.
Por eso, la respuesta no puede ser delegar ni confiar en la buena voluntad de la CGT y de las dirigencias de los Sindicatos.
El nuevo fondo de cese laboral abarata el despido, debilita la indemnización y potencialmente refuerza el poder económico de las burocracias sindicales.
El gobierno lo llama “modernización”; los empresarios, “previsibilidad”; el FMI, “madurez institucional”.
Pero para los trabajadores, se prepara una estafa legalizada: un fondo de cese para los derechos, y una fuente de ganancias para burócratas y empresarios.