El Comité Contra la Tortura de la ONU entiende que la Argentina está un contexto de cierre del espacio cívico. También señala que antes de este examen, nueve procedimientos especiales de la ONU advirtieron, entre otras violaciones a derechos, sobre uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales y detenciones arbitrarias. El gobierno descalificó la evidencia.
El gobierno argentino respondió ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU con un discurso colérico y negador. La performance de los funcionarios muestra que el gobierno considera destituyente todo cuestionamiento o pedido de aclaración sobre sus políticas, incluso cuando vienen de mecanismos internacionales creados para prevenir la tortura.
Durante el 12 y 13 de noviembre, en Ginebra, el CAT examinó al Estado argentino. Fue el primer examen ante este Comité desde que Javier Milei asumió la presidencia. La delegación oficial, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños e integrada por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Julián Curi y el subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad, Diego Goldman, tuvo la oportunidad de responder las preguntas de los expertos internacionales a partir de más de veinte informes elaborados por organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil.
Pero lejos de tener una actitud de cooperación o de tomar nota de las recomendaciones, los representantes del Estado descalificaron la evidencia, acusaron a las organizaciones de difundir “informes falsos” y se victimizaron frente a lo que califican como un “ataque” al país. La exposición dejó ver una ruptura con la tradición argentina de diálogo y compromiso con los organismos internacionales, y esto fue señalado por los expertos.
La falsificación del presente
El CAT situó el examen de Argentina en un contexto de cierre del espacio cívico. Señaló que nueve procedimientos especiales de Naciones Unidas ya advirtieron sobre el crecimiento del encarcelamiento, las reformas penales regresivas que aumentan las penas y reducen garantías y el aumento de la población carcelaria. También cuestionaron que el Estado argentino siga califcando como “malos tratos” a los hechos de tortura.
Los expertos expresaron alarma por la criminalización y represión de las manifestaciones públicas, y con sus preguntas pusieron en evidencia que no existe otro criterio más que la arbitrariedad del Ministerio de Seguridad para la aplicación del “protocolo antipiquetes”. Observaron la persistencia de patrones de violencia policial, allanamientos arbitrarios y abusos contra personas pobres, trabajadoras sexuales y con padecimientos de salud mental. Finalmente, advirtieron sobre el enfoque securitario de la política migratoria y de asilo, y la falta de designaciones en organismos clave de control, como la Procuración Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo, la Procuración General y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
La presentación de la delegación argentina, por su parte, estuvo marcada por el intento de mostrar una gestión “modernizadora”, con mejoras en las condiciones de las cárceles, protección del derecho a la protesta, uso de la fuerza policial sólo en situaciones excepcionales y rendición de cuentas de los abusos policiales. El fuerte contraste de esta imagen con la realidad salta a la vista de inmediato y no pasó desapercibido para los expertos.
Julián Curi afirmó que el gobierno “mejoró las condiciones de detención” y que el nuevo estatuto del Servicio Penitenciario Federal “tiene como fundamento el resguardo de la dignidad humana”. Pero la situación de las cárceles muestra un panorama completamente opuesto: sobrepoblación carcelaria récord y el uso de comisarías como lugares de alojamiento permanente, crecimiento del uso de la prisión preventiva, ampliación de las figuras penales, reformas que habilitan detenciones arbitrarias y recorte de políticas de inclusión y formación. Según los datos oficiales, la población encarcelada en la Argentina alcanzó en 2024 las 133.500 personas, lo que constituye el máximo histórico, en condiciones que el propio Comité calificó como inhumanas.
También resultó evidente la distancia entre las declaraciones de Goldman, quien afirmó que la policía usa sus armas de manera “excepcional”, y la realidad del uso abusivo sistemático de las llamadas “armas menos letales” que se puede ver semana a semana en la represión de las protestas sociales. El informe que presentamos al CAT muestra que la aplicación del “protocolo antipiquetes” produjo más de 1300 heridos desde diciembre de 2023, entre ellos personas con lesiones oculares irreversibles. Frente a estos hechos, el Estado optó por negar o justificar el uso de la fuerza, sin presentar datos, investigaciones ni sanciones.
Respecto de las políticas migratorias, Goldman intentó confundir a sus interlocutores al señalar que las medidas adoptadas modernizaron los procedimientos y aumentaron la tasa de reconocimiento de refugiados. Sin embargo, este aumento no tiene relación alguna con las reformas realizadas por el gobierno, que por el contrario le dan mayores herramientas al Estado para rechazar solicitudes, incluso sin entrevista previa. Se introdujeron criterios vagos de “seguridad nacional” y “orden público” que habilitan la discrecionalidad y la persecución a los solicitantes de refugio. La reciente decisión del gobierno de trasladar la política migratoria al Ministerio de Seguridad confirma que la política no es la “modernización” sino la securitización de un derecho, y agrava el riesgo de criminalización de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
La exposición de Baños sobre “mejoras en las políticas de memoria” tampoco responde a la realidad. Venimos registrando el desmantelamiento de programas y el cierre de equipos de relevamiento de archivos militares y de acompañamiento a las víctimas y testigxs durante los juicios de lesa. La supuesta política de “memoria amplia” que mencionó el funcionario es un eufemismo que encubre la reivindicación pública de represores condenados.
La postura del gobierno fue no reconocer los problemas y atacar a quienes, desde la sociedad civil o los mecanismos internacionales de protección, señalan las violaciones de derechos humanos que suceden día a día en la Argentina.