La CGT convoca a paro y movilización el 10 de febrero

Panorama sindical actualizado al 24.12.2025

Una multitud de trabajadores y trabajadoras repudiaron la reforma laboral
Mario Hernandez

La movilización comenzó desde el mediodía y lució masiva. Las columnas de los principales sindicatos que integran la mesa chica como UPCN, UOCRA, el Seguro, Camioneros, FATSA ocuparon el centro de la plaza. Otros como La Fraternidad, La Bancaria, Aceiteros, el SiPreBA, Comercio, la UEJN y decenas de otros gremios completaron el cuadro de una plaza llena.

La movilización, con apenas una semana de preparación, logró canalizar la bronca de alrededor de 150.000 manifestantes que mostraron la predisposición a la lucha contra esta reforma laboral que anida en la base de los trabajadores.

Por la Avenida de Mayo también ingresaron las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y por Diagonal Norte lo hicieron las CTA y, más atrás, los sindicatos agrupados en el Sindicalismo Combativo que conformaron una columna propia detrás de una bandera que reclamó “un paro nacional y un plan de lucha”. Allí también estuvieron las organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero.

En rigor, la CGT, dos semanas atrás, todavía participaba del Consejo de Mayo intentando negociar algunos puntos del borrador del proyecto. Sin embargo, en su versión definitiva, el gobierno no concedió punto alguno de los que reclamaba la Central.

El sindicalismo combativo

El sindicalismo combativo, movimientos sociales independientes y la izquierda se movilizaron a Plaza de Mayo de manera independiente, exigiéndole a la CGT paro nacional y una movilización realmente masiva el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Esta exigencia está condensada en un documento, que se leyó en un acto que tuvo lugar luego de que la CGT se retirara.
Con banderas que exigen no negociar la reforma laboral esclavista, este bloque de sectores combativos viene planteando la necesidad de una gran pelea nacional, que ponga en movimiento la fuerza de la clase trabajadora. Una perspectiva a la que se opone la conducción de la CGT, como lo mostró en la convocatoria que hizo este jueves.
La columna independiente concentró en Avenida 9 de Julio y Perón, con la participación de AGD-UBA (docentes universitarios), el Sutna (neumático), Unión Ferroviaria Oeste, Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, Ademys (docentes porteños), los Sutebas combativos (docentes bonaerenses), la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan, APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan), el Plenario de Trabajadores Jubilados, la Lista Granate-Blanca de Foetra (telefónicos), Partido Obrero (PO), PTS, MST e Izquierda Socialista, entre otros. Esta columna independiente se acercó hasta Plaza de Mayo para la lectura de un documento propio.
Acompañaron la movilización Alejandro Crespo (secretario general del Sutna), Rubén “Pollo” Sobrero (Unión Ferroviaria Oeste), Alejandro Lipcovich (Junta Interna ATE Hospital Garrahan), Vanina Biasi (legisladora porteña del PO-Frente de Izquierda), Eduardo Belliboni (dirigente del Polo Obrero), Néstor Pitrola (diputado nacional PO-Frente de Izquierda), Romina Del Plá (diputada nacional PO-Frente de Izquierda), Gabriel Solano (dirigente del PO), Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Daniela Calarco (MTR Votamos Luchar), entre otros.
“Tenemos que ir a una lucha consecuente, o van a tener nuestros hijos y nuestros nietos las consecuencias de una situación totalmente en contra de la clase trabajadora”, advirtió Alejandro Crespo, secretario general del Sutna.
Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, calificó de “esclavista” el proyecto de reforma y dijo que “sin un plan de lucha es imposible” derrotar los planes del gobierno. “Hoy estamos en las calles, a pesar del calor, a pesar de la temperatura, en una jornada masiva”.
“El gobierno de Milei y sus socios del PJ, del PRO, de la UCR, nos declararon la guerra. La respuesta tiene que estar a la altura de las circunstancias”, enfatizó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Hospital Garrahan.

Bullrich anunció que la reforma laboral pasa a tratarse el 10 de febrero

Patricia Bullrich anunció el jueves que la reforma laboral pasará a tratarse el 10 de febrero. Las dificultades del gobierno para hilvanar un bloque con el PRO y la presencia callejera pusieron en crisis la estrategia del gobierno para lograr una reforma laboral exprés. Ahora se abre un período de 50 días durante los cuales la CGT insistirá con si intención de retirar puntos que buscan debilitar la estructura sindical.
El Gobierno intentó avanzar a toda velocidad en lograr dictamen sobre la reforma laboral el jueves para poder llevarla al recinto el próximo 26 de diciembre.
Se trata de un nuevo revés para el Gobierno, que buscaba acelerar la llegada del proyecto al recinto de la Cámara Alta para tenerlo antes de fin de año. Se da en el marco del fracaso que sufrió el oficialismo durante la última sesión de la Cámara de Diputados, durante el tratamiento del Presupuesto 2026. A pesar de las expectativas de la Rosada, no pudo avanzar con las derogaciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de financiamiento universitario.
Tan solo horas después de ese revés, Bullrich comunicó a los senadores aliados y dialoguistas de los otros bloques la postergación del debate del Proyecto de reforma laboral en el Senado. Varias voces señalan que el clima entre la ex ministra de Seguridad y sus aliados no era el mismo tras la sesión en Diputados que comenzó este miércoles. Las relaciones entre la Rosada y el PRO entraron en una nueva etapa tras las negociaciones, por fuera de la sesión extraordinaria en Diputados, entre LLA y el peronismo para designar a los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Existen también algunos cuestionamientos y dudas desde los mandatarios provinciales acerca del Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que afectan directamente a la ANSeS, lo cual tendría inevitablemente consecuencias sociales en sus provincias que podrían estallarles y afectar su imagen y posibilidades de mantenerse en los ejecutivos provinciales.
También hay cuestionamientos alrededor de múltiples derogaciones de leyes y estatutos de diversos ámbitos. Se abre así un nuevo periodo de negociación entre el oficialismo y los mandatarios provinciales, que no suelen mostrar reticencia a entregar derechos laborales a cambio de fondos para sus provincias, tal como viene ocurriendo con los ATN.
El anuncio de postergar el tratamiento de la reforma ocurre durante la jornada de movilización convocada por la izquierda, el sindicalismo combativo y la CGT, quien no convocó a paro ni movilizó según su capacidad. Los sectores combativos y la izquierda marcharon en una columna independiente a Plaza de Mayo y exigieron paro nacional y una movilización masiva el día que se trate la reforma laboral en el Congreso.

La CGT convocó a un paro general contra la reforma laboral de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general acompañado de una movilización para el próximo 10 de febrero, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria se definió luego de la multitudinaria manifestación sindical realizada el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde miles de personas expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.
La medida fue confirmada por el secretario gremial de la central obrera, Osvaldo Lobato, quien en declaraciones radiales afirmó: “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en tanto, remarcaron que una de las consecuencias de la protesta del 18 de diciembre fue la postergación del tratamiento del proyecto, que inicialmente estaba previsto para el mes de diciembre.
En la conducción sindical advierten que la propuesta del Ejecutivo representa un retroceso en derechos ya conquistados y apunta a una flexibilización de las condiciones laborales. En ese marco, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, aseguró que se trata de “un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y cuestionó que se intente avanzar con la iniciativa sin instancias de diálogo ni consenso.
La medida tendrá impacto en distintos servicios y actividades, como el transporte público, la administración pública, el sistema bancario, la recolección de residuos, la construcción y el sector industrial, entre otros.
Además, se anticipan movilizaciones en diferentes puntos del país, con el principal foco en la Ciudad de Buenos Aires.

El borrador del proyecto de reforma laboral del Gobierno

El Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral, una propuesta que modifica de manera integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias con el objetivo de reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos, según el documento preliminar.
El borrador prevé la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permitiría a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Entre los beneficios ofrecidos para las empresas figuran la condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que blanqueen a la totalidad del personal alcanzado.
En materia de registración, el documento propone centralizar la registración en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y suprimir el capítulo de multas por trabajo no registrado. No obstante, el borrador mantiene que la falta de registración constituye una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.
Uno de los ejes principales del borrador es la modificación del régimen indemnizatorio. El texto redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. También habilita a los Convenios colectivos a reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El documento preliminar introduce además cambios en el artículo 212 vinculado a enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”. El borrador fija obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también derechos, como la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, el documento propone reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.
El borrador también plantea una nueva fórmula de actualización de créditos laborales —basada en IPC más un 3% anual— y fija límites para las causas en trámite con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del esquema previsto.
Además, el texto analiza beneficios para incentivar la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.

Modificaciones Clave a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)

El proyecto busca redefinir la relación laboral en varios puntos centrales:
Exclusiones:
Se establece que las disposiciones de la LCT no serán aplicables a:
Dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, excepto que un acto expreso los incluya.
Contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Trabajadores independientes y sus colaboradores.
Trabajadores independientes de plataformas digitales.
Principio de la Norma Más Favorable:
Se sustituye el artículo 9° de la LCT, estableciendo que la norma más favorable prevalecerá para el trabajador, pero el criterio de agrupamiento será “por instituciones” (es decir, el conjunto de normas que rige cada institución del derecho del trabajo), y no por la norma más favorable en abstracto.
Costas Judiciales:
En caso de “pluspetición inexcusable” (sobreestimación de los créditos reclamados), las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.
Aspectos Fiscales y de Inversión
El proyecto también incluye un Título dedicado al Régimen de Incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de Inversión Productiva (RIMI) y cambios impositivos:
Actualización de Quebrantos: Los quebrantos generados a partir del 1° de enero de 2025 se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), en lugar de la normativa actual.
Baja de Impuestos Internos: Se deja sin efecto el impuesto interno para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, y vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves.
Exenciones en Ganancias: Se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación. Además, a partir de 2026, se exime el resultado derivado de la enajenación de inmuebles.
Incentivos al Campo: Los titulares de establecimientos de invernada o engorde a corral podrán optar por métodos específicos para valuar sus existencias ganaderas.
Derogaciones de Normas Históricas
El Título XXV del proyecto es el más extenso en derogaciones. Se eliminan, entre otras normas:
Artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, como el artículo 27, 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 214, 215, 216 y 275.
El artículo 6 de la Ley N° 11.544 (Jornada Legal de Trabajo).
Las leyes sobre Estatuto del Periodista Profesional (Nº 12.908) y el Estatuto del Viajante de Comercio (Nº 14.546).

La reforma laboral legaliza la precarización de los trabajadores de plataformas

Durante el debate en el Plenario de Trabajo y Presupuesto en la Cámara de Senadores, con movilizaciones masivas en todo el país, se discutió la Reforma Laboral impulsada por el oficialismo, se trató el artículo que afecta a los repartidores de aplicaciones. Una forma de legalizar la relación laboral encubierta entre los repartidores y las plataformas como Rappi, Uber y Pedidos Ya.
Expusieron Gabriel Buenos, representante de Rappi; Nicolás Bevarati, Director de Relaciones Gubernamentales de Pedidos Ya; Pedro Martino, Gerente de Asuntos Públicos de Uber y Marcelo Pariente del Sindicato de Motociclistas Mensajeros y Servicios.
Es claro para dónde apunta esta reforma tan sólo con oír esos casi 30 minutos dedicados al tema en el palacio legislativo. Los tres gerentes de las plataformas, elogiaron el proyecto de ley. Porque consideran que hay muchísimo aún por desarrollar en la economía de plataformas. Y fundamentalmente, porque celebran que el proyecto de ley reconozca la independencia de los repartidores.
¿A qué se refieren con esto de la independencia? Básicamente, a que no exista una relación laboral entre los repartidores y las plataformas. Marcelo Pariente, en este sentido, argumentó que “si bien es cierto que hay trabajadores, algunos, los que pueden, que prefieren manejar sus tiempos, no es verdad que no quieran derechos”.
Nicolás Bevarati de Pedidos Ya mencionó que “hoy Pedidos Ya en Argentina tiene 45.000 comercios que están vendiendo sus productos a través de la plataforma. Tenemos más de 70 supermercados propios. Y tenemos más de 60.000 repartidores activos”. Todo esto sin pagar sueldos ni cargas sociales. Y sin cumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo de mensajeros, tal como lo denunció Marcelo Pariente. “El algoritmo te condiciona. Uno está obligado a estar conectado permanentemente. Porque está hecho de una manera que te categoriza de tal forma que perdés la posibilidad de volver a trabajar, o incluso te baja el ranking. Tampoco tenemos la posibilidad de discutir nuestro salario o el valor del viaje. Ponemos la moto, ponemos el cuerpo, ponemos la herramienta pero no discutimos cuánto vale nuestro salario. A través de la organización sindical podemos hacerlo, de hecho tenemos un Convenio colectivo de trabajo, pero no lo cumplen”.
Pariente remarcó que la actividad de reparto y mensajería tiene muchos años desarrollándose en el país. Su sindicato obtuvo la personería jurídica en el año 2009 y aclaró que “representamos a todos esos trabajadores que realizan la actividad de entrega y distribución de pequeña y mediana paquetería, que utilizan como herramienta moto o bici y que también reparte sustancias alimenticias. Por lo tanto, nos da la posibilidad de representar a todos esos chicos y chicas que andan en la calle hoy, trabajando a través de esta herramienta que es una aplicación”.
Consideró que “la plataforma es una herramienta de la comunicación que nuestra actividad utiliza. Cuando empezamos a trabajar, usábamos el celular, el bipper, el handy. Después llegó la plataforma digital, pero la actividad sigue siendo la misma”. Comparó esta situación con la invención del martillo neumático: “no se volvieron a regular todas las actividades porque apareció una herramienta que facilitó el trabajo. Esto es lo mismo. No se puede regular toda la actividad por una herramienta. No se puede sacar todo lo que sí está bien”.
El argumento de los gerentes de empresas de aplicaciones que expusieron su punto de vista, es que, tanto conductores de Uber como repartidores en moto o bici, utilizan las plataformas para generar un ingreso extra a un salario principal. Porque en su mayoría, las personas dedican, en promedio, menos de 20 horas semanales al trabajo de aplicación. Este argumento básicamente es reconocer la precariedad de la clase trabajadora, que no puede llegar a fin de mes con un sólo trabajo. Y tiene que sumar 2 o 3 horas, como mínimo, a su jornada laboral para llegar a un ingreso que permita cubrir sus gastos.
Pariente rechazó la aprobación de la Reforma Laboral y pidió a los senadores que voten en contra. Porque “si bien es cierto que las plataformas generaron más fuentes de trabajo, en términos de derechos, han sido vulnerados. Nuestros compañeros y compañeras, casi en su totalidad, no gozan de los mismos derechos laborales que gozan el resto de los trabajadores de la actividad de mensajería”. Agregó que no voten este proyecto, ya que “es legalizar la condición de vulnerabilidad y fraude laboral en la que hoy están inmersos nuestros compañeros» y agregó que erosiona “la dignidad de los trabajadores y sus familias”.

Asumió la nueva Comisión Directiva del Sipreba

“Por lo hecho, por lo urgente y por lo que se viene”. Bajo ese lineamiento y con mandato hasta 2029, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) oficializó la asunción de la nueva Comisión Directiva con Agustín Lecchi como secretario general. En la sede del sindicato y a la sala llena, hubo reconocimientos, entrega de premios y un llamado a defender el Estatuto del Periodista que el gobierno quiere eliminar, así como a rechazar la reforma laboral que se discutirá en el Congreso.
Con la presencia de Carlos Tomada -ex ministro de Trabajo-, Maia Volcovinsky -secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Fabián Grillo, papá del fotoreportero Pablo Grillo, representantes sindicales y de DD HH, el acto sirvió para dar la bienvenida a la CD votada de forma masiva en las elecciones del 12 de noviembre pasado.
“Esta lucha tiene que ser un punto de partida para enfrentar el modelo de Milei. Si se cae la reforma laboral, se empieza a construir una alternativa a este gobierno que busca destruir la organización sindical para responder a un pedido histórico de Estados Unidos. Vamos a enfrentar esta contrarreforma laboral y este intento de aniquilar el Estatuto del Periodista con toda la fuerza. Por eso tenemos que estar en las calles este jueves y cada vez que sea necesario”, marcó Lecchi en el final del encuentro.
Conducido por distintos integrantes de la asumida CD, tuvo a la defensa del oficio periodístico y del Estatuto como ejes centrales. Al cumplirse 40 años del Juicio a las Juntas, también hubo un homenaje a las y los trabajadores de prensa que le dieron espacio y visibilidad a ese momento histórico de la Argentina.
“No a la reforma laboral” que impulsa el gobierno de Javier Milei estuvo presente varias veces en la noche. Además, se convocó a firmar un texto que ya se encuentra en circulación con el objetivo de defender el Estatuto del Periodista y la democracia.
La nueva conducción asume en una coyuntura cargada de desafíos. Desde hace varias semanas, el sindicato reclama respuestas salariales en la paritaria de prensa escrita donde las empresas ofrecen aumentos que no llegan ni siquiera a los niveles de inflación. En ese marco, el gremio llevó sus exigencias a la puerta de las redacciones de Perfil, Página 12, Clarín y La Nación con distintas movilizaciones y evalúa acelerar las medidas si no obtiene propuestas dignas de parte de las patronales de medios.
Los medios públicos también están en pleno conflicto. Con las salarios por detrás de la inflación y semicongelados desde agosto de 2024, las y los trabajadores volvieron a llevar adelante una jornada de lucha el lunes pasado en la puerta de la Televisión Pública con la presencia de Jorge Sola, secretario general de la CGT. “Exigimos una urgente recomposición salarial y nos manifestamos contra la reforma laboral, que ataca al Estatuto del Periodista”, señalaron en la protesta y llamaron a marchar este jueves.
“La unidad es clave para enfrentar a este modelo de miseria planificada”, describió Lecchi en la asunción de la flamante Comisión Directiva en una sala en la que estuvieron presentes trabajadores de medios privados, públicos y autogestivos. Sobre el final, el secretario general entregó una fotografía a Fabián Grillo, padre de Pablo. En la imagen, se lo ve al reportero gráfico en una marcha en defensa de los medios públicos y, sobre todo, en contra de los despidos en Télam. Se trata de un registro realizado por Edgardo Gómez, fotógrafo de Tiempo Argentino. Lo encontró hace apenas unas semanas y ahora se convirtió en un cuadro para reiterar el «Fuerza Pablo», un grito de aliento para lograr su recuperación. «Las luchas se unen», sintetizó Lecchi desde el escenario, junto a Fabián Grillo.

Docentes y no docentes de universidades se sumaron a la marcha contra la reforma laboral

Los gremios FEDUN y FATUN que representan a docentes y trabajadores de las universidades convocaron a movilizar en rechazo a la reforma laboral, mientras se mantiene vigente el reclamo por el financiamiento.
“La FEDUN en el marco de la movilización de la CGT, convoca a marchar contra la reforma laboral que quiere barrer con derechos históricos y en defensa del trabajo, el salario y la producción nacional“, convoca el gremio que representa a los docentes.
Asimismo, FATUN señaló: “La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha para el próximo jueves 18 a las 15:00, en la que todos debemos decir presentes, porque nuestros derechos están en juego”.
“Nuestros derechos pueden ser arrasados si el Poder Legislativo de nuestro país avanza con una reforma laboral que retrotrae derechos a un siglo atrás, volviendo una quimera para las/os trabajadoras/es alcanzar salarios dignos, equivalentes a un bienestar económico sustentable, saludable e igualitario para el pueblo trabajador”, señala.
En este marco, FATUN señala que el pueblo trabajador debe dar un “claro mensaje” a los representantes en el Congreso de la Nación “para que comprendan que su voto no será gratuito para la mayoría del pueblo argentino y que tampoco lo será en caso de que decidan apoyar una reforma regresiva en términos de derechos laborales y absurda en términos económicos-productivos”.

Atentado a Cristian Jerónimo

En el marco del debate por el proyecto de reforma laboral que ingresó el Ejecutivo al Senado de la Nación y a días de la movilización que convoca la CGT a la Plaza de Mayo para el jueves 17 se produjo un gravísimo atentado a la sede del Sindicato del Vidrio (SEIVARA).
El gremio es conducido por Cristian Jerónimo que, a su vez, integra el triunvirato que conduce la CGT. En horas de la madrugada del domingo 14 de diciembre se produjo un ingreso delictivo a la sede ubicada en la avenida Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente reclama a la justicia que investigue el hecho de forma urgente. Mediante un comunicado el sindicato detalló que “según se pudo constatar, los autores encapuchados ingresaron por un edificio lindero al sindicato, rompieron las cámaras de seguridad el ingreso por la terraza, realizando los destrozos”.
A la vez, detallaron, “la oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada” en lo que, se infiere, implica un ataque directo al dirigente y un acto de intimidación cuando la CGT rechazó “en todos sus puntos” el proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo.
Para la conducción del gremio, efectivamente, “el episodio se produjo en un contexto político” determinado y, por lo tanto, se trata de “un claro mensaje de intimidación” cuya gravedad dicen “excede un robo común por el profesionalismo de los delincuentes”.
El dirigente, de cualquier forma, se mostró cauto al solicitar la intervención de la justicia a través de la fiscalía de turno que, explicaron desde su entorno, es la que está cargo de César Troncoso. Jerónimo adelantó que “somos absolutamente respetuosos de la Justicia y confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido”.
Desde el gremio destacaron que “Cristian Jerónimo, con 41 años, es el secretario general más joven del movimiento obrero al frente de la CGT y mantiene una posición firme y pública de rechazo frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional”.
A la vez, el mismo dirigente aclaró que no le corresponde calificar jurídicamente el hecho y que, en rigor, es una “tarea que compete exclusivamente a la Justicia, pero remarcó que el momento en que ocurre resulta totalmente sospechoso”.
Finalmente, explicó que “este episodio no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno”.

Cierre repentino de una fábrica de neumáticos en Córdoba

El cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF, ubicada en la ciudad de Córdoba, dejó a alrededor de 40 trabajadores sin empleo y abrió un conflicto laboral que ya cuenta con la intervención del Estado provincial. La empresa comunicó el cierre de la planta y los despidos de un día para el otro, sin negociación previa con los empleados ni con el sindicato.
Según relataron los trabajadores, la notificación se realizó con la presencia de escribanos y personal de seguridad privada, una modalidad que fue duramente cuestionada por el gremio del neumático y los delegados de la planta.
Miguel Díaz, delegado de los trabajadores de IBF, sostuvo que la decisión fue “totalmente desmedida” y denunció que la empresa actuó sin respetar los procedimientos legales. “Llegaron con escribanos y patovicas para decirnos que estábamos todos despedidos y que la planta se cerraba, sin ninguna charla previa con los delegados ni con el sindicato”, expresó.
Desde el sector sindical remarcan que la empresa no abrió ninguna instancia de negociación, ni notificó formalmente a los representantes gremiales antes de avanzar con la medida.
Ante la denuncia presentada por el sindicato, la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba intervino en el conflicto y dictó una resolución que declara ilegales los despidos. Además, intimó a la empresa a reincorporar al personal y otorgó un plazo para que los trabajadores regresen a sus puestos.
“Lo que hizo la patronal es ilegítimo e ilegal. Existen leyes laborales que protegen a los trabajadores y no se pueden desconocer de esta manera”, afirmó Díaz, quien advirtió que la empresa aún no cumplió con la orden oficial.
Tras conocerse los despidos, los trabajadores iniciaron una permanencia pacífica dentro del establecimiento como medida de protesta. Sin embargo, durante la jornada se produjo una denuncia que derivó en una intervención judicial.
Germán Silva, representante del Sindicato del Neumático en Córdoba, explicó que se presentó una acusación por una supuesta retención de personas dentro de la fábrica. “No sabemos quién hizo la denuncia, pero la fiscalía ordenó un desalojo y la Policía ingresó al establecimiento para intentar sacarnos”, relató.
En la mañana siguiente, los trabajadores se presentaron nuevamente en la planta para retomar sus tareas, pero se encontraron con el lugar cerrado. Ante esa situación, decidieron visibilizar el conflicto con un corte parcial sobre avenida Sabattini.
“Estamos acá porque la empresa no acató la resolución de Trabajo. Invitamos a todas las organizaciones y a la comunidad a acompañar esta lucha”, señalaron desde el gremio.
Distintas organizaciones sindicales y sociales se acercaron al lugar para respaldar a los trabajadores. Desde sectores docentes y universitarios advirtieron que el conflicto se inscribe en un contexto de cierres de fábricas y precarización laboral, en medio del debate por una eventual reforma laboral a nivel nacional.
Para los trabajadores de IBF, el reclamo es claro: la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo. “No vamos a permitir que jueguen con nuestras familias y con nuestro salario”, afirmaron.

En 2026 el Gobierno planea despedir al 10% de la planta de estatales

El Gobierno busca avanzar sobre la gobernanza del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) pero además, lo tendría en foco para su próximo plan de reducción de la planta de trabajadores del Estado.
Así se lo manifestó una alta fuente sindical e incluso planteó que en 2026 Javier Milei intentará despedir al 10% de la planta estatal y entre los organismos señalados para realizar ese ajuste aparece el CONICET, en el marco de un plan de despidos que también incluiría a otros entes como la ANSES.
Desde que asumió Javier Milei los recursos para programas de investigación, becas, ingresos a la carrera de investigador/a científico/a (la llamada, CIC) y de Personal de Apoyo (CPA) del CONICET y los salarios se vieron fuertemente recortados al punto que el ajuste alcanzó casi 50% en dos años.
Así lo registraron varias consultoras como es el caso del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que conduce Hernán Letcher, y el Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-CIICTI).
Sin embargo, a pesar de la densidad del ajuste (que llevó la inversión en Ciencia a un piso histórico del 0,177% del PBI, menos aún que en el año 2002), parece que (si se cumplen las sospechas desde el sindicalismo) el año próximo todavía habrá más presión sobre el sistema de Ciencia y Tecnología en lo que hace a dotación de personal y, también, a la modalidad de organización del máximo organismo científico del país.
El CONICET, integrado por 26.781 trabajadores entre investigadores (11.800), becarios (10,300), técnicos (2.800) y administrativos (1.400) es uno de los focos del ajuste de Milei incluso desde antes de asumir como presidente de la Nación.
Si se mira toda la planta de trabajadores del Estado se llega a una cifra de 3,8 millones que incluye a empleados de Nación, provincias y municipios (según datos de 2024) aunque el gobierno de Milei implementó congelamiento de ingresos y achicó esa cifra en 2025. Todo indica que eso continuará también en 2026.
El organismo fue uno de los mencionados con el famoso «afuera», en uno de los programas televisivos posteriores a la elecciones primarias de 2023.
A dos años de gobierno, Milei reflota su plan/sueño de desmembrar y desarmar al organismo científico y tecnológico que está compuesto por 330 institutos de investigación en todo el país.
La idea del Poder Ejecutivo es provincializar el organismo en un esquema de «autonomía regional» y centralizar los procesos de investigación en las universidades.
En Nación aseguran que la decisión política es que se concrete en el corto plazo a través de un decreto. Uno de los planes del gobierno libertario es modificar el sistema de gobernanza del organismo para tener poder de decisión sobre el plan de investigaciones y la distribución de fondos.
Según como lo enuncian apuntan a que la toma de decisiones sobre los proyectos se definan en las instituciones de cada distrito y estén relacionados con el interés productivo de la zona, algo a lo que se llama habitualmente la «territorialización». “La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”, agregan.
El CONICET tiene un presupuesto de $580.000 millones, abarca 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y 330 Institutos de doble y triple dependencia con universidades.
La conducción del organismo la compone un directorio de ocho miembros y un presidente -Daniel Salamone- que designa el Gobierno. Los miembros del órgano surgen de ternas propuestas por investigadores activos en las áreas del conocimiento, el Consejo de Universidades, organizaciones de la industria, del agro y de la Ciencia y Tecnología de las provincias. Los mandatos duran cuatro años y la mitad se renuevan cada dos.
El Ejecutivo postergó una reforma estructural del organismo -con recortes en departamentos-, pero quiere impulsar cambios en el proceso de ingreso con la intención de excluir a los investigadores de las Ciencias sociales y Humanidades y priorizar la incorporación de perfiles técnicos con relación a la energía, minería, salud, entre otras áreas.
En la Casa Rosada advierten que hubo varias versiones del borrador del decreto que habilite al oficialismo a intervenir en la toma de decisión sobre las investigaciones del Conicet y reconocen que ya pasó por los equipos técnicos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. “Solo falta definir cuándo sale”, agregan.

Posible cierre de Tenaris Siat en Lanús

Desde hace un tiempo, Paolo Rocca viene advirtiendo sobre las consecuencias de la apertura indiscriminada de las importaciones, que afecta a varios sectores de peso en la economía argentina. La llegada de acero chino golpeó la producción de Ternium, su principal empresa del rubro, que debió afrontar reducción de personal y turnos.
Pese a su buena llegada a la gestión libertaria, el Grupo Techint no consiguió cambios en la política del gobierno, que avanza por el camino de la desregulación total. Por eso, se subió el tono en el reclamo.
Desde el entorno de la principal empresa nacional se afirmó que si el gasoducto que une Vaca Muerta con la costa rionegrina de San Antonio se hace con materiales importados, se podría cerrar la planta de Tenaris Siat ubicada en el partido de Lanús.
Allí se produjeron los tubos sin costura para el Gasoducto Néstor Kirchner, y se esperaba que este segundo tramo de la obra, dedicada a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), también tenga tuberías de esa ubicación. Pero en el gobierno analizan usar tubos chinos, lo que despertó la furia de Rocca, que puso a los 400 operarios de la firma en el medio de la disputa.
La amenaza movilizó a los trabajadores, que comenzaron asambleas para definir los pasos a seguir. Por el momento, no hay certezas sobre el posible cierre, pero ya se iniciaron contacto con la dirigencia local y nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), para hacer un “frente común”. “Estamos dispuestos a dar la lucha que sea necesaria”, adelantaron.
La planta de Valentín Alsina de Tenaris Siat tiene una larga historia de conflictos, que se intensificaron en los últimos años. En pandemia, por ejemplo, fueron los primeros en denunciar la suspensión del cobro de una bonificación histórica, que representó una baja salarial.
Además, se registraron despidos persecutorios y con los contratados para aumentar la producción de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner. Pese a todo, se completó la entrega de los materiales, y había un compromiso de seguir trabajando para la nueva etapa de la red, que sacaría GNL de Vaca Muerta.
A fines del año pasado, con la importación de chapa y acero chino, los trabajadores alertaron sobre la posibilidad de que se avance en la compra de tubería para la obra que se suponía iban a realizar en Lanús. Ante esto, las consecuencias eran claras: “Se podría cerrar la planta”.
Ahora, las versiones del entorno de Paolo Rocca confirman este temor. “Esta semana la empresa hizo pública la posición de preocupación de no poder fabricar la tubería de este proyecto, y pone como centro la amenaza de que en todo caso que se den estas cuestiones se cerraría la planta”, confirmó el delegado de Tenaris Siat José Villa. A nivel gerencia, recalcó, “nos dicen que están lógicamente preocupados por eso, ya que sin los grandes proyectos no se van a poder hacer como se había proyectado, y así la condición para la planta se complica mucho”.
Para Techint, una decisión que favorezca a proveedores extranjeros implicaría pérdida de empleo, menor actividad y mayor dependencia. Para el sector energético, limitar la competencia por origen podría restar competitividad y poner en riesgo la rentabilidad de los futuros proyectos.
En un contexto donde el país apuesta a consolidarse como exportador de energía, el debate sobre costos, competitividad y producción local vuelve a tensar la relación entre industria y Estado. En medio de estas contradicciones están los 400 empleados que podrían sumarse a la lista de despedidos de este año, que empieza a escalar a niveles preocupantes.
“El tema de la licitación y sus pormenores están todavía por resolverse, los plazos se extendieron dos semanas más”, recordó Villa, respecto a la compra de los tubos. Ante esto, los trabajadores “planteamos claramente que no estamos de acuerdo con el cierre de la planta, realizamos asambleas y estamos en comunicación tanto con la Comisión Directiva de la seccional Avellaneda de la UOM y el secretariado general”.
Incluso, aseguró Villa, “en estos días vamos a tener reuniones para ver los pasos a seguir, partiendo de la base que los compañeros están dispuestos a ponerse a la cabeza de la lucha en defensa de los puestos de trabajo y para sostener el funcionamiento de la planta”. “Los trabajadores estamos firmes, dispuestos a dar la lucha que sea necesaria”, insistió el delegado.
El Grupo Techint, líder de las empresas del acero en la región, alertó recientemente sobre las asimetrías que produce la política económica y reclamó coordinación de medidas de protección a las cadenas de valor regionales. La estructura de producción siderúrgica en el país está sumamente concentrada en dos grandes grupos económicos globales: Arcelor-Mittal (Acindar) es el segundo productor mundial de acero, mientras que el Grupo Techint (Ternium y Tenaris) ocupa el 25 lugar entre los 50 mayores productores mundiales.
En los últimos años, ambos han sido desplazados de puestos superiores por el avance de las corporaciones chinas, que a la vez, han profundizado su expansión exportadora ante la caída en el consumo en ese país. En el mundo siderúrgico, empresas y sindicatos vienen manifestando preocupación por la sobre producción de acero al menos desde hace una década, especialmente en América Latina.
Sobre los tubos chinos, aseguran que los superan en calidad pero son entre un 10 y un 25 % más caros. La advertencia ya fue transmitida a despachos oficiales. Según fuentes del sector, Rocca considera “una decisión drástica” si un proyecto argentino orientado a la exportación prescinde de la producción nacional y opta por proveedores extranjeros.
La compra de los caños forma parte del proceso encabezado por el Vehículo de Proyecto Único San Matías Pipeline, presentado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Compiten fabricantes de China, India, España, México, Colombia, Japón, Grecia y Turquía. La adjudicación será para el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y se definirá exclusivamente por precio y competitividad.
La tensión escaló en noviembre, cuando llegaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños chinos revestidos de concreto para tramos onshore y offshore vinculados al sistema del gasoducto San Martín. Ese embarque encendió alarmas en Techint, cuyos precios —según distintas fuentes— se ubican entre un 10 y un 25 % por encima de los valores internacionales.
La empresa argumenta mayor calidad, mientras que en el sector energético señalan que los costos diferenciales pueden comprometer proyectos cuyo margen de rentabilidad es extremadamente bajo.

Conciliación obligatoria en el conflicto de controladores aéreos

El Gobierno dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos y dejó sin efecto el paro que estaba previsto para el jueves 18 de diciembre, entre las 16:00 y las 19:00. La medida busca frenar el plan de lucha impulsado por el gremio ATEPSA, que contemplaba interrupciones en vuelos nacionales e internacionales hasta el lunes 29.
Las protestas habían comenzado el miércoles 17, con cronogramas escalonados de afectación del servicio. Frente a ese escenario, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que “ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), a solicitud de esta última, frente al rechazo del ofrecimiento formulado por la empresa”.
“En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio”, instaron.
Según informó el Gobierno en un comunicado, la conciliación obligatoria comenzó a regir este martes a las 8 de la mañana y tendrá una vigencia de 15 días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.
Además, la Secretaría de Trabajo convocó a ambas partes a retomar el diálogo formal con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales y asegure el funcionamiento regular del sistema aeronáutico.
En el texto oficial, la autoridad laboral sostuvo que resulta necesario adoptar medidas que permitan encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales, y subrayó que, en este tipo de situaciones, debe prevalecer el interés general y la protección del conjunto de la comunidad.
Desde ATEPSA justificaron el inicio del plan de lucha en el incumplimiento de acuerdos salariales y

laborales firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses. El sindicato también denunció falta de diálogo por parte de EANA, despidos sin causa y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
El Ministerio de Trabajo ya había intervenido en agosto, cuando se dictó una conciliación obligatoria que no logró destrabar el conflicto. Ante la ausencia de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza que ahora quedaron suspendidas por la nueva resolución oficial.

Dr. Ahorro: Despidos y cierres de sucursales

La famosa cadena de medicamentos genéricos, de origen mejicano, que desde septiembre 2002 tiene filiales en nuestro país, se sumó a la ola de despidos y cierres de sucursales. Trabajadores empezaron a recibir telegramas de despido en estos días. Más de 300 puestos de trabajo están en riesgo. Al cierre de varias sucursales del interior del país, ahora se suman despidos y próximos cierres en CABA
Los trabajadores denuncian que desde que comenzó el año, no tienen ningún mes con aportes previsionales completamente pagos. Y desde septiembre inclusive, les dejaron de aportar la totalidad de los mismos. También señalan, que progresivamente la empresa fue disminuyendo el stock de productos hasta llegar actualmente a tener sus depósitos casi vacíos y generar la falta de casi 140 especialidades medicinales. Alegan que una parte importante de la pérdida de ventas no se debe a que la gente no quiere comprar , sino a que la empresa no trae los productos, lo que llevaría a forzar la quiebra.
A pesar de ello, siguen facturando un monto considerable, que sería mucho mayor si la empresa trajera la mercadería faltante. No hay comunicados oficiales, dicen que circulan rumores, pero no certezas, de si están tratando con posibles inversores, posibles compradores o directamente están apuntando a un cierre por quiebra fraudulenta. El silencio de la patronal al respecto genera mucha incertidumbre y angustia en los empleados.
En los últimos días, los trabajadores ya empezaron a recibir telegramas de despido, aduciendo “causas de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador “, cuando en realidad vaciaron las estanterías. También ofrecen una indemnización según art 247 de la Ley de Contrato de trabajo, que es del 50%, sin haber cumplido con los requisitos legales para aplicar este artículo en vez del art 245 que es el que corresponde al 100% de indemnización. No respetaron los pasos de pedido preventivo de crisis (aún no está declarada), ni la prioridad de despedir primero a los de menor antigüedad. Nos dicen que la mayoría de los despidos se dio en personal con antigüedad considerable, de 10 años para arriba, incluso en personas con más de 20 años de antigüedad, lo cual contradice la situación de crisis económica que alega la patronal, ya que seleccionó personal con indemnización de montos mayores al promedio.
Como señal de alarma, el sueldo que cobraron en noviembre les fue abonado en tres cuotas . Todavía el sindicato Adef no se hizo presente.
Desde las propias farmacias y con el miedo a recibir el telegrama, los trabajadores consideran que deben organizarse y convocar a asambleas autoconvocadas para definir un plan de acción.
«Es importante que la organización abarque a todos, tanto los despedidos como los que aún continúan, para poner freno a los despidos, impugnar las causas, pelear por las reincorporaciones o por los montos indemnizatorios que realmente corresponden. La prioridad es frenar la pérdida de la fuente de trabajo, y para ello es importante la acción conjunta, más allá de la acción individual a nivel judicial. Con el objetivo puesto de ser posible en lograr las reincorporaciones de los cesanteados», afirman y convocan desde las farmacias.

En vísperas de Navidad los trabajadores del neumático paran 24 horas

En un comunicado urgente, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) anunció que en vísperas de Navidad llevará adelante una medida de lucha que incluirá un paro de 24 horas (desde las 14:00 de este martes 23 de diciembre hasta las 14:00 del miércoles 24 de diciembre) y una manifestación frente a las fábricas de Fate y Bridgestone.
La medida es, aseguran desde el sindicato, «ante las maniobras dilatorias de las patronales del neumático» ante sus reclamos de aumento salarial, en un marco donde «la patronal no ha dado aumento salarial alguno a los trabajadores durante todo el año», denuncian. En esa línea, remarcan: «defender el salario es defender las condiciones de vida de nuestra familias».
En el marco de la medida de lucha, los trabajadores del neumático realizarán un «gran festival solidario» desde las 19:00 frente a la planta de Fate (Blanco Encalada 3003, en la localidad bonaerense de San Fernando), que contará con la presencia de Daniel Lescano de Flor de Piedra, Las Manos de Filippi, Mal Pasar, Suburbio Rock y murgas.
«Llamamos a todas las organizaciones obreras a participar de estas acciones así como particularmente a las familias de los trabajadores y los vecinos a hacerse presentes en el festival solidario», convocan.
La medida de lucha del SUTNA se da en el marco del estancamiento de las negociaciones paritarias del sector del neumático que, en el caso de Fate, suman el hecho de que la firma no otorgó un solo aumento en todo 2025. En este contexto, desde el sindicato ya vienen advirtiendo que no aceptarán salarios a la baja ni acuerdos que consoliden la pérdida del poder adquisitivo.
«En el último de estos encuentros desarrollado en la sede de Trabajo el viernes pasado, las firmas directamente no ofrecieron incrementos de haberes. Las patronales del neumático utilizan maniobras dilatorias para imponer salarios de miseria y profundizar la precarización. Y la paciencia de los trabajadores se agotó», destacó en declaraciones el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

Fademi: 500 días de resistencia y el árbol de la vergüenza patronal
Por Lucho Aguilar

Los trabajadores de la fábrica de baterías ubicada en Larroque, Entre Ríos, siguen peleando. Van a pasar las fiestas en el acampe, donde montaron un “árbol navideño” que es un resumen de su conflicto: desprecio por la salud obrera, despidos persecutorios, incumplimiento de los fallos judiciales, impunidad. La Corte Suprema rechazó nuevamente las mentiras de la empresa. Cómo sigue la lucha.
El conflicto de baterías Fademi ya lleva más de 500 días. Como contamos en varias notas, comenzó cuando un grupo de trabajadores se negó a hacer tareas en un tanque con productos químicos peligrosos, en medios de largos reclamos por la salud laboral.
En total fueron despedidos 37 trabajadores. La Justicia ordenó la reincorporación de la mayoría de ellos a partir del 10 de enero de 2025. Sin embargo, la empresa no cumplió con la medida. Ni los fallos en primera y segunda instancia, ni la posición de la corte.
Pero la lucha nunca aflojó. Estos días montaron un “árbol de navidad” que se podría decir que es un “árbol de la vergüenza patronal”.
Las palabras que se entrelazan en las cubiertas, cuentan una historia real: “ratas, enfermedad, emplomados, mafia, estafa, hambre, pobreza, miseria, injusticia, mentiras, corrupción, deudas, abusos, discriminación, persecución, se creen impunes a todo”. Habla de la familia De Miguel, dueña de la empresa, y sus contactos con la familia Benedetti, los “dueños del feudo”, así como el gobernador Frigerio.
En este informe Ignacio Gervasoni, el delegado del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate, nos cuenta las novedades del conflicto.
Desde el sindicato señalaron que “los poderosos no cumplen con los fallos judiciales” y recordaron que “esta empresa tiene que reincorporar a 25 trabajadores desde el 10 de enero de 2025 y, por eso, siguen con sus familias en la lucha con más de 500 días de acampe”. El comunicado afirma que “no van a aflojar hasta que estén todos adentro o les paguen sus merecidas indemnizaciones”.
Pero si la injusticia es histórica, los “gurises” de Fademi están haciendo uno de los actos de resistencia y dignidad también histórica. Con sus familias, los delegados y quienes los están bancando.
En estas fiestas, los De Miguel, el intendente De Benedetti, el gobernador Frigerio, van a brindar en sus mansiones, estancias o quizás en el exterior. Los jueces entrerrianos que no hacen cumplir el fallo, los empresarios mediáticos que los censuran, también.
Porque, como dice la base del arbolito obrero, se creen impunes a todo.
Así que estas fiestas, con lo que haya a mano, brindemos por estos luchadores. Y por los de Ilva que están en la misma, por las metalúrgicas fueguinas que tienen días decisivos, por los que resisten en Tres Arroyos, Morvillo, Ledesma y ahora contra la reforma laboral.
Brindemos para que se haga justicia, y eso solo será con la lucha.

Acindar y la UOM Villa Constitución acuerdan extender a 2026 el esquema de suspensiones

En un contexto marcado por la caída de la actividad industrial y la persistente crisis del sector siderúrgico, Acindar y la UOM de Villa Constitución alcanzaron un consenso para extender durante 2026 el mecanismo de suspensiones que viene aplicándose en los últimos años y que busca amortiguar el impacto laboral de la fuerte retracción productiva.
El entendimiento quedó plasmado en una minuta firmada por ambas partes, que ahora deberá ser homologada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. El esquema prevé una rotación equitativa de suspensiones y un salario proporcional, que irá descendiendo desde el 83% en los primeros meses del año hasta el 75% en el último trimestre.
Acindar, que emplea de forma directa a 2.500 trabajadores, viene funcionando desde 2024 con la mitad de su capacidad productiva, afectada por el derrumbe del mercado interno y, especialmente, por la paralización de la obra pública desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Durante 2024 y 2025, la empresa aplicó un sistema similar, ajustándolo mes a mes según las necesidades de producción. El nuevo acuerdo busca replicar ese modelo en 2026 ante la previsión de un año igual de complejo.
El escalonamiento salarial acordado sería:
83% del salario en enero y febrero
81% en marzo y abril
80% en mayo, junio y julio
78% en agosto y septiembre
75% en octubre, noviembre y diciembre
Los datos recientes confirman la profundidad de la crisis. El Indec informó que el Índice de Producción Industrial manufacturero cayó 2,9% interanual en octubre, mientras que la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) señaló que el 60% de las ramas industriales provinciales registraba caídas hacia septiembre.
El panorama del acero es aún más alarmante: la producción en Santa Fe cayó 45% interanual, alcanzando niveles que, según Fisfe, son los más bajos en 17 años. La entidad remarcó que la baja demanda interna y el freno total de la obra pública nacional profundizan la crisis siderúrgica.
El deterioro no se limita a la producción. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) reveló que, desde el inicio del actual gobierno, se perdieron más de 19.000 empresas y 276.000 puestos de trabajo en todo el país, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En Santa Fe, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, desaparecieron más de 2.000 empleadores y se perdieron 15.657 empleos registrados.
El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) advirtió que la combinación de dólar barato y apertura importadora acelera la desindustrialización, derivando en cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Para su coordinador, el economista Andrés Asiaín, estas consecuencias no son un efecto colateral, sino un resultado buscado por la política económica nacional, destinada a presionar al empresariado local y endurecer las condiciones de negociación salarial, mientras se promueve una reducción del costo laboral.

Pararon colectivos el 5 y el 9 de diciembre

Varias líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron de circular debido a una suspensión de tareas que afectó a miles de pasajeros. La decisión responde a que varias operadoras no abonaron el 50% pendiente de los salarios correspondientes al mes de noviembre.
La situación se agravó luego de que el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundiera este jueves por la noche un comunicado en el que confirmó que, ante la falta de pago total de los sueldos, avanzaría con una retención de tareas en todas aquellas empresas que no regularizaran la situación. La medida comenzó a aplicarse a partir de las 00:00 del viernes y continuaría hasta que los conductores reciban la totalidad de sus haberes.
En la nota firmada por el secretario general, Roberto Fernández, se detalló que, “al no verificarse el pago del salario”, se activaría la suspensión de actividades en las compañías que mantuvieran deudas, y que la medida se prolongaría “hasta que el sueldo esté completamente acreditado”.
El gremio sostuvo que el salario “es el resultado del trabajo diario y representa el sostén económico directo de cada familia”, por lo que reclamó el depósito inmediato. Además, advirtió que los choferes “no pueden seguir prestando servicio si no se cumple con este derecho básico”.
El sindicato también pidió la intervención del Gobierno para evitar que el conflicto escale. En el comunicado expresó que era necesario aplicar “todas las herramientas legales y administrativas disponibles” para impedir que la situación derive en mayores tensiones que afecten tanto al sector como a la ciudadanía.
La suspensión parcial del servicio impacta de manera diferente según la jurisdicción y las empresas que aún no abonaron los salarios, y alcanzan tanto a flotas urbanas y suburbanas del país.
Al mismo tiempo, este lunes se aplicó un nuevo incremento tarifario. El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a valer $593,52, mientras que en el Conurbano quedó fijado en $658. Esto genera un esquema de tres valores distintos en el AMBA, ya que las líneas de jurisdicción nacional ajustaron sus tarifas a mediados de noviembre y el mínimo allí es de $494,83.
Entre las líneas que están de paro se encuentraban: 22, 28, 44, 101, 153, 159, 172, 174, 219, 242, 253, 298, 300, 317, 321, 324, 372, 383, 583, 584, 603, 619 y 624.
Las líneas de Florencio Varela —500, 501, 502, 504, 506, 507 y 508— también permanecen sin actividad por la misma situación salarial.
En contraste, la empresa El Nuevo Halcón informó que sus servicios funcionan con normalidad, ya que los trabajadores percibieron el total de sus haberes. Lo mismo ocurre con la Línea 60, perteneciente a la empresa DOTA.
Los relatos que llegan desde las cabeceras ilustran con crudeza la situación. Un trabajador de la empresa MOQSA, desde Berazategui, explicó: “Estamos esperando que nos llamen. Esto era un acuerdo al que llegaron las Cámaras empresariales de que nos iban a pagar el 50%. Ellos dicen que el Gobierno no les baja la plata y que no tienen plata para pagar los sueldos. Nosotros no podemos estar así. Hace meses que venimos en esta situación. Dijeron que iban a pagar el 50%, te ponen el 50%, te lo come la tarjeta de crédito y te quedás sin plata de vuelta. Porque nosotros vivimos con la tarjeta de crédito prácticamente. En esta empresa hay 1.100 familias en esta empresa”.
El chofer insistió en que los trabajadores no volverán a subir a los colectivos si no reciben la totalidad de sus haberes: “Nosotros, si no está la plata, no vamos a salir a trabajar. Y estamos esperando el 100%. Si está el 50% no salimos. Y si hay que esperar hasta el martes, vamos a esperar hasta el martes”.
El paro había sido anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) días atrás, habían sostenido que si las empresas no abonaban los salarios completos o si intentaban fraccionar los pagos, los servicios de colectivos del AMBA se paralizarían el viernes 5. “El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”, advirtió la UTA.
En un intento por desactivar la medida, el Gobierno publicó el jueves 4 la Resolución 86/2025, que aprueba un incremento en los subsidios destinados a las empresas del AMBA y del interior. La actualización contempla los meses de noviembre y diciembre y seguirá vigente hasta que se apruebe un nuevo cálculo de costos.
Cabe señalar que, además, hace apenas una semana, el gobierno de la PBA de Axel Kicillof autorizó un tarifazo al precio del boleto de colectivo del 15%, por lo que a partir del 1º de diciembre el boleto mínimo con la Tarjeta SUBE sin nominalizar es de entre $1.046,92 y $1.435,34.
Sin embargo, incluso con la resolución publicada, muchas empresas mantuvieron la postura de no pagar los salarios hasta recibir los fondos, atacando el derecho de cobrar el salario de los trabajadores, que ya venían soportando demoras y pagos fraccionados. El resultado fue el paro del viernes, que no surge como una decisión ligera sino como una defensa elemental del salario frente a un escenario en el que las patronales utilizan sus servicios como herramienta de extorsión.
Un trabajador de la Línea 60 denunció: “El Gobierno autoriza subsidios solo para unas empresas. Hay un deterioro en el servicio en general. Hay líneas del grupo DOTA o Metropol que tienen muchos subsidios y tienen unidades medianamente nuevas y generan el recorte de recorridos, menor frecuencia, hacen lo que necesitan ellos. Esto es lamentable porque hay barrios donde entra una única línea, y los usuarios tienen que buscar una alternativa cuando se recorta el servicio, terminan siendo rehenes de las maniobras de las empresas y los gobiernos”.
Y agregó: “Es una maniobra para dividir. Para hacer el acuerdo de firmar de forma fraccionada los aguinaldos y los sueldos los empresarios no tienen problema en firmar todos juntos pero para pagar los sueldos encuentran todas las diferencias habidas y por haber”.
La UTA, dirigida por Roberto Fernández, por su parte, debería estar haciendo más. El chofer de la Línea 60, señaló: “Consideramos que la UTA tendría que haber llamado a un paro general de todas las líneas y también en líneas de larga y media distancia. Tendrían que haber llamado a una asamblea por sector y no hacer un paro dominguero, como viene haciendo las últimas veces. Ese es el método para salir adelante”.
“En la línea 60 venimos manejándonos de una forma diferente a la UTA. En asamblea discutimos los pasos a seguir y las medidas a tomar. Creemos que esta discusión de empresas y gobierno por subsidios corre el arco, la discusión que veníamos tratando de llevar adelante es una discusión de aumento salarial, 6 horas de trabajo y esto generaría empleo genuino para mayor cantidad de trabajadores en blanco. Le exigimos a la UTA que llame a un paro de todo el transporte, porque esto de separar por empresa porque a algunos les pagaron o a otros no, creo que no suma a la lucha colectiva general”, señaló.
Además, también enmarcó esta situación en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral que está por presentar el Gobierno para que se debata en el Congreso: “Creo que las patronales necesitan de la reforma laboral para llevar a cabo la precarización laboral más a fondo. Por eso no vas a ver a una empresa de transporte en contra del Gobierno o diciendo que la reforma laboral está mal, son cómplices en esta estafa a los trabajadores”.
“Paro general, plan de lucha, movilización, pedir por recomposición salarial, por las 6 horas de trabajo y para que los usuarios y los trabajadores no seamos esclavos de la disputa entre gobierno y empresas, sintetizó. Peleamos por $2.500.000 de sueldo en mano, en contra del cepo a las paritarias, sumado al llamado solidario de todo el público usuario por la calidad del servicio y a las organizaciones que quieran participar de estos reclamos”.
Además, se plantea necesario abrir los libros de contabilidad de estas empresas para que dejen de hacer negociados donde se enriquecen a causa de un servicio de mala calidad. Si fueran los trabajadores del transporte, en confluencia con los usuarios, los que organizaran y administraran el sistema, este podría estar puesto al servicio de las grandes mayorías y no de unas pocas empresas.
Asimismo, el martes 9 de diciembre, los choferes de la empresa de transporte MOQSA llevaron adelante un paro de colectivos en reclamo de mejoras salariales, lo que impactó en los usuarios de las líneas que unen Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.
Las líneas afectadas por el paro fueron 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Los choferes advirtieron que el servicio no se restablecería hasta que la empresa salde por completo los salarios que están pendientes de pago.
Desde el gremio señalaron que muchos trabajadores solo recibieron una parte de sus sueldos y algunos, incluso, menos de la mitad, y que esta situación fue el detonante de la medida.
Un delegado explicó: “El problema que tenemos es la falta de pago de los haberes. Desde el jueves no cobramos el sueldo”.
Sobre los motivos, agregó: “Lo que nos informan es que a la empresa no le depositan la ITA. El gobierno no está bajando esos fondos y ya estamos desesperados”.

Se despide una famosa fábrica de enlatados y cierra su histórica planta

La industria pesquera sufrió un duro golpe después de que se anunciara que una famosa fábrica de enlatados de Mar del Plata cerró después de más de dos décadas en el mercado. De esta manera, dejará de producir para todo el país.
Se trata de la marca Marechiare, quienes venían readaptando su mercado ante las importaciones que afectaron la venta de sus productos.

La historia de Marechiare: 25 años de tradición en la industria pesquera

Fundada en 1997, Marechiare se consolidó como un pilar de la industria de enlatados en Mar del Plata, una ciudad conocida por su puerto pesquero y su contribución al sector alimenticio nacional. La fábrica se especializaba en conservas de pescados, ofreciendo productos accesibles y de calidad que llegaban a mesas de todo el país.
Durante su trayectoria, generó cientos de empleos directos e indirectos, apoyando a familias en una zona donde la pesca y el procesamiento de alimentos son motores económicos clave.
Sin embargo, los últimos meses entraron en crisis, dado que la producción se suspendió por completo debido a una caída drástica en las ventas –alrededor del 60%, según declaraciones previas de la empresa– y un aumento exponencial en los costos operativos.
Para liquidar el stock remanente, Marechiare mantuvo abierta una tienda online hasta agotar los productos, pero el 9 de diciembre llegó el anuncio final: “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”.
En la página web de Marechiare ya no figuran sus productos o detalles de la empresa, sino que dejaron un mensaje de despedida después de dos décadas de funcionamiento:
“Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados.
Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós.
Hacemos este anuncio con mucho dolor, por los puestos de trabajo que quedaron en el camino y porque apostamos todo a la recuperación de esta marca histórica que adquirimos en 1997 y en la cual invertimos capital y esfuerzo, siendo incluso precursores en la venta online de conservas en el país.
Aunque cerramos esta etapa digital, nuestra vocación industrial sigue intacta. Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto“.
El director de la empresa, Federico Angeleri, explicó previo a su cierre que debían adecuarse al nuevo mercado de importaciones.
“Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción”, sostuvo.
En ese sentido, reconoció que la industria pesquera sufre un gran problema: “Tenemos convenios con gremios viejos que quedaron atrasados y no hay margen de negociación, y hoy la industria pesquera ya no es negocio”.
A su vez, insistió en que no estaban en condiciones de “competir contra todo el aluvión de importados”, por lo que decidieron “dejar de producir” para reducir los márgenes de pérdida.

Nuevos salarios para el personal doméstico

El Gobierno nacional oficializó este martes los aumentos salariales para el personal de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre, junto con un bono extraordinario que impactará en los ingresos y que pasará a ser remunerativo desde enero de 2026. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), publicada en el Boletín Oficial, y confirma las subas que ya habían sido acordadas en la última paritaria del sector.
Según detalla el texto oficial, el esquema de actualización contempla un 1,4% de aumento desde noviembre -calculado sobre los salarios conformados de septiembre- y un 1,3% adicional en diciembre, aplicado sobre los valores ya incrementados el mes anterior. Se trata de la última corrección del año para un rubro que reúne a más de un millón de trabajadoras y trabajadores en todo el país.
Con la entrada en vigencia de la resolución, todos los empleados del servicio doméstico reciben un incremento automático sobre los salarios mínimos tanto por hora como mensuales.
De acuerdo con la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el piso salarial para noviembre queda fijado en:
$3.095,73 por hora con retiro
$3.340,11 por hora sin retiro
Estos montos aplican a quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.
Para quienes cumplen jornadas iguales o mayores a 24 horas semanales, los salarios básicos para noviembre quedan en:
$379.784,94 para personal con retiro
$422.316,42 para personal sin retiro
Se trata de los valores correspondientes únicamente al sueldo básico. A estos montos los empleadores deben sumar:
Adicional por antigüedad,
Aportes y contribuciones al sistema previsional,
Contribuciones a la obra social,
De corresponder, adicionales específicos según la categoría.
Con la suba de diciembre del 1,3%, estas cifras volverán a actualizarse automáticamente para cerrar el año.
La resolución también oficializa el pago de una suma no remunerativa que se cobrará junto con los sueldos de noviembre y diciembre. Es un refuerzo que ya había sido acordado en la paritaria y que busca compensar el retraso salarial frente al aumento del costo de vida.
Los montos quedan definidos de la siguiente manera:
$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana
$9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas
$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas semanales
A diferencia de otros adicionales otorgados anteriormente, el Gobierno determinó que esta suma pasará a ser remunerativa desde enero de 2026, lo que implica que se incorporará al salario básico y comenzará a impactar en los aportes, el aguinaldo y el cálculo de futuras paritarias.
El esquema de aumentos y el bono fue definido en la sesión plenaria del 7 de noviembre, con participación del sector trabajador, el sector empleador y el Estado. Con su publicación oficial, el Gobierno deja consolidada la última actualización salarial del año para el régimen de casas particulares, un sector que desde 2013 cuenta con su propia legislación laboral específica y con paritarias independientes.
La medida llega en un contexto de fuerte presión inflacionaria, donde los ajustes periódicos se volvieron clave para evitar el deterioro del salario formal de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral.

Mercantiles: se firmó una nueva revisión paritaria

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil.
Según el entendimiento, se otorgará una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada bajo el Artículo 6 de la Ley 24.241, que se abonará en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en carácter de recomposición.
Cada pago se extingue con su liquidación mensual, aunque se dispuso una excepción: los $60.000 correspondientes a marzo de 2026 se incorporarán a los básicos en su valor nominal a partir de abril de 2026.
Además, las partes resolvieron extender la suma fija no remunerativa de $40.000 —acordada previamente el 26 de junio de 2025— hasta marzo de 2026, manteniendo los mismos términos y alcances establecidos originalmente.
El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las entidades se comprometieron a volver a reunirse en marzo de 2026 para evaluar la evolución de las variables económicas y definir eventuales ajustes.
Por otro lado, se aclaró que las mejoras salariales establecidas no serán vinculantes para los acuerdos firmados en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas derivadas de estos incrementos serán consideradas como el mínimo convencional vigente una vez homologado el convenio.

Córdoba: marcharon en contra de la suba de aportes a la caja de jubilaciones

Más de 15 gremios y sindicatos provinciales de Córdoba marcharon el martes 9 de diciembre. La medida fue para mostrar su rechazo al Artículo 63 de un proyecto normativo que busca subir hasta cuatro puntos porcentuales las contribuciones personales hacia el sistema previsional.
“Marchamos con los gremios estatales en contra del proyecto que aumenta los aportes de las y los trabajadores a la Caja de Jubilaciones”, anunció la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, (Uepc) a través de sus redes sociales.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba (Suoem), el gremio de bancarios y bancarias son algunas de las entidades que partieron desde sus seccionales a partir de las 9.
Las columnas de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en conjunto hacia la Legislatura de Córdoba. Allí se desarrolló una audiencia pública en la que pidieron la suspensión de la medida.
Las entidades sindicales solicitaron detener el avance de este ítem en el trámite parlamentario. Argumentan que es necesario un debate amplio para hallar soluciones diferentes que no impliquen la reducción de los salarios.
Las agrupaciones sostienen que la aprobación de este cambio implicaría una reducción salarial. Además, afectaría derechos previsionales previamente consolidados. En este sentido, consideran que estas disposiciones desconocen principios fundamentales como la equidad, la solidaridad y la progresividad.
Ante esto, los sindicatos solicitan una audiencia urgente con el presidente de la Legislatura provincial, antes de la realización de las audiencias públicas programadas. El objetivo es evaluar alternativas que no afecten la situación económica de los empleados.

Tucumán: Brutal represión policial a trabajadores bancarios

Fue durante una protesta contra malos tratos en una sucursal del Banco Patagonia en la ciudad de Concepción.
La violencia policial se adueñó en la mañana del viernes 5 de diciembre de las calles de Concepción, la segunda ciudad en importancia de la provincia de Tucumán y ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la capital provincial.
En un operativo desmedido por su despliegue y uso de la violencia, la policía tucumana reprimió sin sentido a un grupo de trabajadores bancarios, que protestaban por mejores condiciones laborales.
El hecho se produjo frente a la sucursal del Banco Patagonia de la ciudad de Concepción cuando un grupo de delegados de la Asociación Bancaria y empleados de esa sucursal denunciaban persecución laboral. La policía, sin mediar palabra, reprimió brutalmente a los trabajadores, a los que incluso llegó a perseguir varias cuadras, según se observa en videos que circularon poco después en las redes sociales.
La policía fue convocada por las autoridades del banco. En el lugar se encontraba una comitiva gremial conformada por delegadas y delegados del Banco Nación, Banco Macro, Banco Patagonia y miembros de la Comisión Directiva de La Bancaria de la seccional Tucumán, incluida su secretaria General, Cecilia Sánchez Blas. Todos fueron agredidos por la policía mientras intentaban dialogar con la gerenta denunciada.
“Esta represión es una provocación brutal y cobarde. Nos golpearon por defender a nuestros compañeros. No vamos a permitir ni una amenaza más”, expresaron desde el sindicato al tiempo que repudiaron el accionar policial.
Las imágenes registradas durante el operativo muestran con claridad la violencia ejercida: personal de Infantería avanzando con escudos, empujones, insultos y golpes hacia trabajadores y representantes gremiales que reclamaban por mejores condiciones laborales.
A partir del episodio, La Bancaria declaró el estado de alerta y reclamó explicaciones urgentes a las autoridades del Banco Patagonia. “No vamos a naturalizar la violencia institucional. Esto fue una brutal y desmedida represión”, denunciaron en un comunicado posterior.

Condenan a dos docentes y dirigentes sindicales en Misiones

La justicia de Misiones condenó a dos docentes y dirigentes sindicales por desobediencia judicial y obstrucción del transporte a raíz de un corte de tránsito en medio de un reclamo. El fallo, sin precedentes en la historia judicial de la provincia, vuelve a poner en el tapete la criminalización de la protesta.
Este miércoles, la jueza Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez en una causa radicada en 2024 en el marco de la lucha docente que incluyó un prolongado acampe en el centro de la capital provincial.
De acuerdo al fallo, a los docentes se los encontró culpables de haber interrumpido el tránsito sobre la avenida Uruguay durante junio del año pasado, en reclamo de una mejora salarial.
La jueza Leiva sentenció a Gurina a una pena de 10 meses de prisión en suspenso, en tanto que a Sánchez le impuso ocho meses. Ambos deberán realizar tareas comunitarias.
La causa se inició luego de las quejas de los comerciantes de la avenida Uruguay, quienes argumentaron una disminución en sus ventas a causa del bloqueo del tránsito por parte de los docentes.
A través de un comunicado, la CTA Misiones destacó que “entre quienes presenciaron el debate llamó la atención el débil trabajo probatorio por parte de la Fiscalía, a cargo de la Dra. María Laura Álvarez.
“Ninguno de los testimonios de sus testigos, en su mayoría policías, respaldó la interpretación de los hechos presentado por la Fiscal. Principalmente, la acusación se basa en atribuir a Gurina y Sánchez un poder omnímodo de direccionamiento de las protestas de 2024”, agregó.
También denunciaron que la acusación contra ambos docentes “desconoce la prevalencia del derecho a la protesta por sobre otros derechos individuales”.
La defensa de los acusados ya anunció que apelará el fallo en “todas las instancias judiciales nacionales e internacionales competentes”.

El Gobierno eliminó el Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI

Mediante la Resolución 198/25, el presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, y el director de Planeamiento y Comercialización, Daniel José Loiácono, disolvieron ese área del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que funcionaba desde 1985. Desde el INTI, que ya sufrió la reducción del 25% de su personal, advierten que es una medida que tendrá impacto directo en empresas e instituciones de la provincia de Buenos Aires.
El Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) brindaba calibración y verificación de instrumentos de medición, como termómetros, balanzas y equipos de laboratorio, a compañías de múltiples sectores y a centros de investigación. Su función garantizaba estándares fiables en procesos industriales, logísticos y científicos.
Sin embargo, desde el Gobierno justificaron su eliminación aludiendo una supuesta “superposición” con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), encargado también de certificar mediciones.
En una publicación difundida en el sitio Nota al Pie advierten que la diferencia central entre ambos organismos es que “a contramano del INTI -dependiente del Estado-, el OAA es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1995 que se financia de manera autónoma. Con la disolución del SAC, el organismo privado pasará a monopolizar los servicios de acreditación para laboratorios e industrias. En la provincia de Buenos Aires, esto afectará a unas 25 instituciones, entre ellas empresas como Andreani y universidades como la UTN de Pacheco, que utilizaban el servicio del INTI”.
En este marco, este jueves la Asociación de Trabajadorxs del Estado realizó un corte sorpresivo en la General Paz al 5400, donde se encuentra el INTI, en rechazo a la amenaza de nuevos despidos que implica la disolución del SAC. Esta acción fue rápidamente atacada por agentes de la Policía Federal que reprimieron a trabajadorxs y dirigentes, con el objetivo de desalojar el corte.
La disolución del SAC se suma a otras medidas tomadas por el Ejecutivo contra el INTI: un intento de eliminación del organismo a través de un decreto que el Congreso bloqueó; la pérdida de más de 750 puestos de trabajo, que equivale al 25% de la planta total, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, además de un presupuesto actual 48% menor que el de hace dos años.

Los trabajadores del puerto de Rosario recuperaron su sindicato

Después de meses de persecución, aprietes y maniobras fraudulentas, la Lista Naranja se impuso en el SUPA y recuperó el sindicato portuario para los trabajadores.
Los trabajadores del puerto de Rosario recuperaron su sindicato a pesar de maniobras de todo tipo por parte de la burocracia sindical, que intentó frenar la elección inflando padrones, armando una junta electoral a dedo y persiguiendo activistas para impedir que la oposición pudiera competir. Incluso recurrieron a la represión policial para bloquear asambleas y evitar que los trabajadores votaran.
Pero el activismo portuario se organizó, enfrentó el fraude y logró una victoria que marca un punto de inflexión: el sindicato vuelve a estar en manos de quienes trabajan en el puerto. Un gran ejemplo de que, con organización, lucha y unidad desde abajo, los sindicatos pueden volver a manos de la clase trabajadora.

Encabezarán la nueva conducción de Fesprosa cinco mujeres del interior

El viernes 28 de noviembre, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), con la presencia de delegados de 17 regionales, eligió una nueva conducción que, por primera vez, estará encabezada por cinco mujeres del interior.
Fernanda Boriotti será la presidenta durante el período 2026-2029. Fernanda es bioquímica del Hospital Provincial de Rosario y fundadora del gremio provincial de los profesionales de la salud de Santa Fe (SIPRUS). Como vicepresidenta acompañará Adriana Bueno, médica infectóloga del Hospital de Concepción de Tucumán, fundadora de SITAS, el sindicato de los trabajadores de la salud autoconvocado de Tucumán. Como secretaria general asumirá Noemí Alemany, médica neonatóloga del Hospital Castro Rendón de Neuquén y fundadora de SIPROSAPUNE, el gremio de los profesionales de la salud neuquinos. Cintia Gambuti, psicóloga del Hospital Provincial de Rosario, será la secretaria de finanzas, y como secretaria gremial se incorporará Cesira Mulally, licenciada en Enfermería de San Antonio Oeste y secretaria general de ASSPUR, el gremio de los trabajadores de la salud de Río Negro.
Con el voto del 95% de los delegados presentes en el Congreso, la nueva conducción recibió un contundente apoyo de las bases de Fesprosa. En sus primeras declaraciones, Fernanda señaló que no puede haber techo de cristal en un sindicato de salud, donde el 75% de los trabajadores son mujeres. Se comprometió a “profundizar el trabajo para la unidad de todos los trabajadores de la salud pública”. Y señaló que “esta unidad deberá ser forjada en las calles, en los hospitales y en los centros de salud para enfrentar la baja salarial generalizada, la pérdida de condiciones de trabajo, la baja del presupuesto de salud pública, la precarización laboral y el ajuste que, en todas sus formas, están practicando tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales”.
“Enfrentaremos la reforma laboral que, lejos de estar focalizada en el sector privado, tendrá un impacto directo en la salud pública. En particular, porque se intenta restaurar el capítulo 4 del decreto 70/23, suspendido por la Justicia, y, de ese modo, restringir hasta la desaparición el derecho de huelga en salud a través de la esencialidad, pasando por encima del artículo 14 bis de la Constitución”, agregó la electa presidenta.
”Trabajaremos para unir a todos los que estén dispuestos a enfrentar la reforma y se sientan más cómodos en las calles que en los sillones del Consejo de Mayo”, avisó Boriotti. Y contó que, desde la Federación, impulsarán una Ley de emergencia sanitaria para el sector público nacional que revierta los despidos masivos del Posadas, el Bonaparte y el ministerio de Salud y restaure todas las direcciones y secretarías disueltas por el ministro Lugones.
“Trabajaremos en conjunto para defender la pluriprofesionalidad de la carrera profesional en CABA”, agregó la dirigente gremial. Y finalizó advirtiendo que, como siempre, “estaremos presentes en cada una de las luchas que, de Tierra del Fuego a La Quiaca, desde los Andes al Atlántico, llevan adelante los y las trabajadores de la salud del país, impulsando ámbitos amplios como el Cabildo Abierto, que jugó un papel muy importante en el triunfo de la lucha del Garrahan”.

Rechazo al sumario contra 44 trabajadores y trabajadoras del Garrahan por protestar

Las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan convocaron a realizar el miércoles 26 de noviembre un abrazo simbólico de la sede de la principal institución pediátrica del país (Combate de los Pozos 1881, CABA). Es en solidaridad con las y los 44 trabajadores (entre quienes hay dirigentes de la Asociación Profesionales y Técnicos-APyT y la Junta Interna de ATE) contra quienes Mariano Pirozzo (interventor del Garrahan, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones) abrió sumarios por participar de las medidas de lucha con las cuales lograron un aumento del 61% de sus salarios. «Con revanchismo, pretenden disciplinar a un hospital que no aflojó en la pelea y les arrancó un aumento histórico que no querían dar», remarcan desde ATE. En tanto, desde la APYT, que convocan con la consigna, señalan: «quieren amedrentar a los trabajadores, sancionar a los voceros y dar una señal al conjunto de los sectores de nuestro pueblo que luchan: pelear por justicia, tiene represalias».
Así convocó al Abrazo al Garrahan la Junta Interna de ATE: «a las organizaciones y trabajadores y trabajadoras que han manifestado solidaridad con la lucha del Garrahan, les pedimos su apoyo. El ministro Lugones y los funcionarios que nombró a dedo abrieron 44 sumarios a trabajadoras y trabajadores que fueron parte de la lucha del principal hospital pediátrico del país. Están incluidos tanto dirigentes de ATE y la APyT como afiliados/as de base. Con revanchismo, pretenden disciplinar a un hospital que no aflojó en la pelea y les arrancó un aumento histórico que no querían dar. Les pedimos su apoyo en este abrazo, para resistir juntos el ataque», remarcan.
En tanto, Alejandro Lipcovich, Secretario General del gremio estatal, expresó: «el gobierno no puede disimular que los trabajadores obtuvimos un enorme triunfo salarial, conquistando un 61% de aumento cuando sus propuestas salariales no superaban el 2%. Los sumarios a quienes estuvimos al frente de la lucha son justamente un castigo por haber roto el techo salarial que Milei viene acordando con la burocracia sindical. Votamos en asamblea respaldar a quienes estamos siendo sumariados al mismo tiempo que lanzamos un petitorio para que sea firmado masivamente».
Y agregó: «tanto el director Pirozzo como el Consejo de Administración buscan criminalizar la protesta y así enturbiar las conclusiones de un enorme triunfo contra el gobierno. Se equivocan si creen que sumariando a los delegados y activistas van a dividir a los trabajadores o nos van a separar de un reclamo por demás genuino. El respaldo que tenemos puertas adentro del hospital es total y se suma al enorme apoyo de las familias, que estuvieron en todo momento al frente de la lucha. Muchas organizaciones sindicales, sociales y políticas nos han dado su apoyo en una campaña contra los sumarios en el Garrahan que queremos que sea nacional».
En tanto, con la consigna «Cuidemos a los que cuidan las infancias«, desde la Asociación Profesionales y Técnicos (APyT), también convocó al abrazo: «costó muchos meses y un enorme movimiento social, pero tuvimos razón como equipo de salud y tuvieron que reconocernos el 61 % de aumento salarial: histórico. Pero después de eso, insólitamente, el interventor del hospital (que no es pediatra ni conocedor del sistema público), Mariano Pirozzo, designado por el cuestionado ministro Lugones, aplicó sumarios contra 44 trabajadores del hospital, empezando por sus principales referentes. Quieren amedrentar a los trabajadores, sancionar a los voceros y dar una señal al conjunto de los sectores de nuestro pueblo que luchan: pelear por justicia, tiene represalias», remarcan. Y agregan: «no bajamos los brazos: Necesitamos acompañamiento este miércoles 26/11 a las 13:00 en la puerta del Hospital».
En la misma línea, desde la APYT lanzaron un petitorio online por la nulidad de los sumarios y contra la violencia mediática del periodista Eduardo Feinmann.

El viernes 5 de diciembre fue anunciada públicamente la Comisión de abogados y organismos en Defensa de los Trabajadores sumariados del Hospital Garrahan por decisión del ministro Lugones y su interventor designado en el hospital, Mariano Pirozzo.

Paro de la Salud Pública en Santa Cruz

El miércoles 26 y jueves 27 de noviembre el gremio de la Asociación de Profesionales de la Salud (A.PRO.SA) llevó adelante un paro de 48 horas en los Hospitales y Centros de Salud en la Provincia de Santa Cruz.
El reclamo por actualización salarial es el eje común de los trabajadores y trabajadoras estatales tanto provinciales como municipales.
Los salarios de miseria y la precarización en las condiciones laborales se ha incrementado en las provincias patagónicas, mientras las petroleras, pesqueras y mineras exportan casi sin retenciones impositivas.

Protesta de portuarios en Caleta Oliva

Trabajadores de la Estiba de Banquina Grande nucleados en Sindicato Unidos Portuario Argentinos (SUPA) Caleta Olivia, Santa Cruz, se manifestaron en el ingreso del puerto local en reclamo del pago del bono anual, a su vez denunciaron la falta de actividades en el puerto por más de 20 días.
Cuando las empresas del sector han ganado millones de dólares en la pesca de nuestro litoral marítimo, se sigue recurriendo a la supuesta crisis pesquera en perjuicio de los trabajadores portuarios.
Alejandro Manrique, referente local del SUPA dijo que los trabajadores afectados por la demora en el pago del beneficio suman alrededor de un centenar, ya que a los estibadores de la Banquina Grande (descargan buques de pesca de altura) se le suman guincheros y capataces.
“Lo que reclamamos no es un subsidio sino algo que nos corresponde por Ley y consiste en un fondo de coparticipación que se paga el último mes de cada año con los recursos de las exportaciones pesqueras”, indicó el dirigente.
Precisó que el mismo ya fue cobrado por compañeros de la banquina chica (barcos de costa) de todos los puertos que tienen este tipo de actividad, por un monto que oscila en los 200.000 pesos.

Municipales anunciaron 48 Horas de paro en Puerto Santa Cruz

Los Trabajadores municipales de Puerto Santa Cruz definieron paro total de actividades para los días 18 y 19 de Diciembre.
La falta de negociación a la actualización salarial del último tramo del año por parte del ejecutivo local disparó la medida de acción directa.
Nuevamente, los Municipales salen a la lucha contra el ajuste y los salarios de hambre y miseria.

Paro y marcha de municipales en Caleta Olivia

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) se movilizó el jueves 4 de diciembre al edificio municipal en el marco del paro de 72 horas iniciado el martes 2.
Las medidas de acción directa son producto del incumplimiento de 15% de aumento salarial firmado por el Ejecutivo caletense a cargo de Pablo Carrizo.
Con incertidumbre del cobro del aguinaldo y sin certezas del pago del aumento firmado, los municipales se reunieron el viernes 5 en asamblea en su sede sindical para evaluar nuevas medidas de protesta.
Allí, la asamblea de delegados y representantes de sectores del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia votaron realizar un paro general de actividades de 96 horas desde el martes 9 de Diciembre.
A su vez, ATE Provincial anunció que realizará un paro general de 24 Horas para el 9 en adhesión a la jornada nacional de protesta de ese gremio.

Paro en Yacimientos Río Turbio

Los mineros de Yacimientos Carboníferos Río Turbio llevaron adelante el segundo día de paro por tiempo indeterminado el pasado 27 de noviembre y detallan los motivos de la acción directa en el yacimiento.
Un comunicado de la Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Turbio, una de las organizaciones gremiales con presencia en el Yacimiento, detalla que, además del despido de un trabajador, los graves incumplimientos por parte de la Intervención incluyen la falta de elementos de protección personal, el incumplimiento en el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE), y los pasajes 2023-2024, además de la deuda del complemento jubilatorio y la falta de inversión e insumos esenciales para la operación del yacimiento.

Municipales cobrarán un bono de fin de año de $ 1.100.000 en Navidad

Los empleados municipales de la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tendrán plus equivalente a una remuneración total de $1.100.000. Dicha suma se pagará como dos bonos extraordinarios.
En este sentido, el secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico Municipal de Comodoro Rivadavia, Roberto Astete, confirmó un acuerdo paritario que incluye una pauta salarial anual del 32,12%.
De tal modo, los trabajadores del municipio de Comodoro Rivadavia recibirán los bonos extraordinarios de la siguiente manera:
Bono de $700.000 por el Día del Empleado Municipal: se pagarán $400.000 a fin de noviembre y $300.000 en febrero de 2026.
Bono de $400.000 por fin de año: se pagará durante el mes de diciembre con fecha a confirmar.
Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, brindó declaraciones al respecto de los bonos que se emitirán próximamente: “Sabemos que este incremento quizás no llegue a cubrir las necesidades de cada uno de los trabajadores con los que cuenta el Municipio, pero valoramos la responsabilidad de las partes para llegar a un entendimiento y hacer posible este acuerdo”, sostuvo.
De tal modo, agregó: “Hay muchos municipios que no están logrando cumplir con la masa salarial, pero nosotros estamos comprometidos para hacerlo a través de fondos propios”, sostuvo.
Vamos a seguir trabajando para ir mejorando las condiciones laborales y continuar brindando los servicios que la comunidad merece”, concluyó el intendente de la ciudad.

Despidos en Bosques Esquel

El pasado 18 de diciembre, se conoció la decisión de rescindir los contratos precarios en la Secretaría de Bosques de la provincia. La medida afecta principalmente áreas técnicas y también administrativas, centrales para la protección de los bosques nativos de la provincia. Este lunes comenzó una medida de fuerza de ATE.
Reproducimos a continuación el comunicado de los trabajadores de Bosques
Esquel, 18 de Diciembre de 2025
Sres.
Secretario de Bosques
Abel Nievas
S_/_D
CC: Cámara de Diputados de la Provincia de Chubut
De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Uds a fin de manifestar nuestro enérgico repudio ante las políticas de recursos humanos que se están llevando en la Institución. Lejos de haber llamado a concurso como lo marca la Ley laboral de la administración pública, en lo que va de la gestión actual del gobernador Ignacio Torres se contrató a muchas personas; contratos de trabajo que por su objeto, permanencia y dinámica propia, revisten características del trabajo en relación de dependencia. Algunos ya tienen mas de 5 años de trabajo ininterrumpido en la institución.
Antes de que asumiera la actual gestión provincial, la Secretaria de Bosques vía un reclamo gremial de alto nivel de conflicto regularizó los pases de a planta de trabajadores que tenían situaciones de contrato de más de 10 años. Asimismo se hizo el reclamo por el concurso de mas de 12 compañeros jubilados. Desde entonces, se han sumado jubilaciones de personal operativo y profesional de las cuales no hay ninguna noticia de concurso. La falta de gestión en este sentido repercute en el achicamiento de las funciones institucionales, lo cual resulta incoherente dado el volumen de trabajo de fiscalización, administrativo y técnico profesional que genera la reciente sanción de la ley XVII Nº159.
Hoy, 18 de diciembre se recibieron notificaciones de rescisión de contratos de manera absolutamente discrecional e inhumana tratándose de la época del año en que nos encontramos. Para que se entienda bien: una persona que en breve cobrará un aguinaldo para pasar las fiestas, notifica a otra que por la misma tarea cobra la mitad de que se va a quedar sin salario para la misma fecha. NUNCA JAMAS SE VIVIO UNA SITUACION DE ESTAS CARACTERISTICAS EN LA SECRETARIA DE BOSQUES.
Exigimos a la conducción de la Secretaria Bosques y a la honorable legislatura de Chubut que tome intervención ante esta situación y sostenga los contratos hasta que se oficialicen los concursos reclamados.

Protesta de portuarios en Caleta Oliva

Trabajadores de la Estiba de Banquina Grande nucleados en Sindicato Unidos Portuario Argentinos (SUPA) Caleta Olivia, Santa Cruz, se manifestaron en el ingreso del puerto local en reclamo del pago del bono anual, a su vez denunciaron la falta de actividades en el puerto por más de 20 días.
Cuando las empresas del sector han ganado millones de dólares en la pesca de nuestro litoral marítimo, se sigue recurriendo a la supuesta crisis pesquera en perjuicio de los trabajadores portuarios.
Alejandro Manrique, referente local del SUPA dijo que los trabajadores afectados por la demora en el pago del beneficio suman alrededor de un centenar, ya que a los estibadores de la Banquina Grande (descargan buques de pesca de altura) se le suman guincheros y capataces.
“Lo que reclamamos no es un subsidio sino algo que nos corresponde por Ley y consiste en un fondo de coparticipación que se paga el último mes de cada año con los recursos de las exportaciones pesqueras”, indicó el dirigente.
Precisó que el mismo ya fue cobrado por compañeros de la banquina chica (barcos de costa) de todos los puertos que tienen este tipo de actividad, por un monto que oscila en los 200.000 pesos.

Municipales anunciaron 48 horas de paro en Puerto Santa Cruz

Los Trabajadores municipales de Puerto Santa Cruz definieron paro total de actividades para los días 18 y 19 de Diciembre.
La falta de negociación a la actualización salarial del último tramo del año por parte del ejecutivo local disparó la medida de acción directa.
Nuevamente, los Municipales salen a la lucha contra el ajuste y los salarios de hambre y miseria.

Paro y marcha de municipales en Caleta Olivia

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) se movilizó el jueves 4 de diciembre al edificio municipal en el marco del paro de 72 horas iniciado el martes 2.
Las medidas de acción directa son producto del incumplimiento de 15% de aumento salarial firmado por el Ejecutivo caletense a cargo de Pablo Carrizo.
Con incertidumbre del cobro del aguinaldo y sin certezas del pago del aumento firmado, los municipales se reuniron el viernes 5 en asamblea en su sede sindical para evaluar nuevas medidas de protesta.
Allí, la asamblea de delegados y representantes de sectores del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia votaron realizar un paro general de actividades de 96 horas desde el martes 9 de Diciembre.
A su vez, ATE Provincial anunció que realizará un paro general de 24 Horas para el 9 en adhesión a la jornada nacional de protesta de ese gremio.

Municipales cobrarán un bono de fin de año de $ 1.100.000 en Navidad

Los empleados municipales de la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tendrán plus equivalente a una remuneración total de $1.100.000. Dicha suma se pagará como dos bonos extraordinarios.
En este sentido, el secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico Municipal de Comodoro Rivadavia, Roberto Astete, confirmó un acuerdo paritario que incluye una pauta salarial anual del 32,12%.
De tal modo, los trabajadores del municipio de Comodoro Rivadavia recibirán los bonos extraordinarios de la siguiente manera:
Bono de $700.000 por el Día del Empleado Municipal: se pagarán $400.000 a fin de noviembre y $300.000 en febrero de 2026.
Bono de $400.000 por fin de año: se pagará durante el mes de diciembre con fecha a confirmar.
Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, brindó declaraciones al respecto de los bonos que se emitirán próximamente: “Sabemos que este incremento quizás no llegue a cubrir las necesidades de cada uno de los trabajadores con los que cuenta el Municipio, pero valoramos la responsabilidad de las partes para llegar a un entendimiento y hacer posible este acuerdo”, sostuvo.
De tal modo, agregó: “Hay muchos municipios que no están logrando cumplir con la masa salarial, pero nosotros estamos comprometidos para hacerlo a través de fondos propios”, sostuvo.
Vamos a seguir trabajando para ir mejorando las condiciones laborales y continuar brindando los servicios que la comunidad merece”, concluyó el intendente de la ciudad.

Bono de $200.000 y un aumento salarial en Quilmes

Los empleados municipales del partido de Quilmes tendrán un aumento salarial de 5% que impactará a partir del mes de diciembre y se sumará al bono extraordinario de 200.000 que fue confirmado por la administración de Mayra Mendoza. Dicho plus será entregado antes de fin de año.
Asimismo, en noviembre los empleados del sector habían percibido un bono por el Día del Empleado Municipal de $250.000 y en el último mes del año, serán beneficiarios de las sumas mencionadas.

No a los despidos en la Línea Roca

A comienzos de diciembre en la línea Roca despidieron a más de una docena de trabajadores mediante telegrama y con el artículo 245 de cese del contrato de trabajo.
Circulan muchas versiones y audios de todo tipo donde afirman que son cientos los despidos que se ejecutarían a la brevedad. Los compañeros despedidos son de diversos sectores y algunos de ellos son los más vulnerables al tener diferentes problemas de salud, lo que la empresa llama “faltadores”; este argumento lo utilizan por abajo los gremios para decir que son “indefendibles”.
La Naranja Ferroviaria rechaza los despidos y reclama que los sindicatos (la Unión Ferroviaria, ASFA y La Fraternidad) abandonen su complicidad con el gobierno y la empresa y convoquen a asambleas para discutir la situación salarial, los despidos y el pésimo servicio al pasajero producto de la desinversión y quita de servicios.
Desde que empezó el ajuste en el ferrocarril, se achicó la planta de trabajadores en más de 3.000 compañeros y compañeras y el salario se redujo a la mitad del poder adquisitivo, motivo por el cual se desvinculan los compañeros y compañeras con los retiros voluntarios, que son en muchos casos despidos encubiertos y baratos. Con el cierre de la Decafh solo despidieron a más de 1.000 trabajadores y con los retiros voluntarios se fueron más de 2.000 en todas las líneas de Trenes Argentinos.
Los descarrilamientos de las formaciones en Liniers del tren Sarmiento y en Lemos (Ferrovías) días antes son solo una muestra de que tanto estatal como concesionado son producto del estado desastroso en que se encuentra el servicio ferroviario en general, producto del ajuste que se viene llevando adelante en el sector desde hace años y que el gobierno de Milei profundizó salvajemente. En el Roca se cancelaron más de 120 servicios diarios y hay ramales que a las 21:00 ya no funcionan.
Rechacemos los despidos, convoquemos a los compañeros y compañeras a defender los puestos de trabajo y obliguemos a los sindicatos a dar una respuesta.
Desde la Naranja Ferroviaria en la Multicolor llamamos a que los gremios hagan asambleas para enfrentar los despidos, pelear por un aumento salarial de emergencia y nos ponemos a disposición de los compañeros despedidos para organizar el reclamo por la reincorporación inmediata y el cese de los despidos.

Mesa de Coordinación Obrera de la Zona Norte contra la reforma laboral de Milei

El sábado 6 de diciembre, de 14:00 a 18:00, en la EP N°15 Maestra Celina (Voena 1750) de la localidad tigrense de El Talar, diversas organizaciones obreras y populares realizaron un encuentro con el objetivo de “poner en pie una Mesa de Coordinación Obrera de la Zona Norte” para organizar “unitariamente las fuerzas contra la reforma laboral y los ataques en curso”. “Las grandes empresas y el gobierno aprovechan el triunfo electoral de Milei para pasar a la ofensiva con una Reforma Laboral que destroce derechos ganados en años de lucha. Se pone todo en cuestión, las indemnizaciones, la jornada laboral, los Convenios colectivos, el derecho a huelga y todo derecho adquirido. Mientras tanto, nuestros salarios fueron prácticamente congelados durante meses, perdiendo con la inflación y con miles de despidos. Es necesario responder con las herramientas de lucha de lucha como el Paro General con movilización, un plan de lucha debatido y resuelto democráticamente en asambleas y plenarios.
Convocado por el SUTEBA Tigre y con la consigna “Abajo la reforma laboral del Gobierno y la patronales”, el encuentro reunió el sábado 6 de diciembre.
En este marco, destacan la resistencia contra estos ataques del gobierno de Javier Milei y las patronales: “en el país y en la zona Norte existe una resistencia a los ataques: los obreros de Ilva que siguen acampando, los paros del SUTEBA Tigre y la Multicolor, que repercuten en toda la docencia de PBA, la lucha de Georgalos, los paros en Fate y en Bedtime, contra la impunidad ante a la muerte de Alan Paz, la resistencia de los y las trabajadoras del INTI, entre otros. Ante este panorama, los distintos sectores de dirigencia sindical burocrática miraban para otro lado o jugaban en la rosca e internas del peronismo, en vez de organizar la fuerza para enfrentar los ataques”, denuncian.
“Ahora vienen por más con la Reforma laboral y previsional que se discutirá en el Congreso – remarcan – mientras la tratan de imponer de hecho en distintos lugares. La mayoría de los gobernadores ya dieron su apoyo contra los trabajadores, incluso quienes hasta ayer se presentaban como opositores”.
Es por eso que consideran “necesario responder con las herramientas de lucha como el Paro General con movilización, un plan de lucha debatido y resuelto democráticamente en asambleas y plenarios, en la perspectiva de una huelga general que reúna la fuerza necesaria para detener esta nueva ola de ataques contra nuestros intereses como trabajadorxs”.
“¡Ahí están los ejemplos del Garrahan y de Aceiteros mostrándonos el camino para conseguir triunfos!”, reivindican. Y agregan: “frente a esta situación no podemos pelear más divididos. Necesitamos unir y coordinar las luchas. En la Zona Norte venimos impulsando espacios e instancias unitarias, reuniones de solidaridad, acciones comunes con los químicos de Linde, los choferes de la 60-UTA, Georgalos, con la docencia en el SUTEBA Tigre y otros. Es necesaria una coordinación permanente de todos los sectores obreros que luchan y resisten la embestida, que pelee codo a codo por cada derecho o conquista, con acciones comunes, concertadas en instancias democráticas en la que se promueva el protagonismo de las y los trabajadorxs. Es el modo de impedir los avances del gobierno y las patronales.
Entre los primeros convocantes y adherentes estuvieron:
SUTEBA Tigre por mandato votado en el Cuerpo de Delegadxs
Comisión Interna de Linde Planta Pacheco
Asamblea de Madygraf bajo control obrero
Comisión Interna de Bed Time
Comisión Interna de Lustramax
Comisión Interna de Jumbo Pilar
Delegados de la Comisión Interna de Frigorífico Rioplatense
Delegados de la Línea 60
Sindicato de Trabajadores Municipales de Vte. López
CICOP Tigre/Secretaria de Género
CICOP Seccional Cordero
Despedidos de Georgalos/Trabajadores de ATEM-SECCO
Delegados de Finning CAT-UOM
Congresales de la Lista Bordó de la Alimentación de Mondelez y Georgalos
Junta Interna de ATE-NA SA- Atucha
Junta Interna de Educación ATE Tigre
Lista Roja y Granate del SUTNA
Lista Granate del INTI FAR-Frente Arde Rojo
MAC- Movimiento de Agrupaciones Clasistas
PTS-FITU
ANCLA-MST
FITU/FOL- Coordinadora por el Cambio Social
VOS-COR CI
Marabunta
Espacio de Trabajadores de Zona Norte
Adhieren:
Comisión Interna de Mondelez Pacheco
Biblioteca Popular Antifascista-Campana
Bachillerato Popular Raíces
Bachillerato Popular 19 de Diciembre
Colectivo Informativo Karne de Máquina

Villarruel dispuso un bono de fin de año

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, resolvió otorgar un bono extraordinario de 500.000 pesos a los empleados de la Cámara Alta. La cifra se abonará por única vez durante diciembre y no tendrá impacto en el salario básico ni generará adicionales.
Según consta en la resolución firmada por Villarruel, podrán recibir el beneficio todos los trabajadores permanentes, temporarios y aquellos alcanzados por regímenes especiales, siempre que hayan prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en 2025.
La normativa aclara que no podrán cobrar el monto quienes no hayan trabajado el mínimo de seis meses en el año y quienes estén en comisión, adscripción o uso de licencias extraordinarias.
El gasto será cubierto con partidas propias del presupuesto del Senado, gracias a los ahorros acumulados a lo largo del año, según se detalla en los fundamentos oficiales.
En el texto, Villarruel sostiene que la medida busca “promover mejores condiciones laborales” y fortalecer la carrera administrativa del personal legislativo. También destaca que el bienestar de los trabajadores es clave para garantizar el funcionamiento eficiente del Congreso.
La vicepresidenta remarca además que el Senado está habilitado a disponer asignaciones únicas cuando existan situaciones “excepcionales o de carácter estacional” que afecten al personal, sin modificar la escala salarial vigente.
Desde su entorno subrayaron que la decisión es posible gracias a las políticas de austeridad y ahorro presupuestario que se implementaron durante el año.

Diputados: Audiencia Pública en defensa de los derechos de jubiladas y jubilados

Se realizó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación una Audiencia Pública convocada por organizaciones de jubiladas y jubilados en defensa de sus derechos y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Partiparon diputades y dirigentes del Frente de Izquierda Unidad (FITU) como Mercedes de Mendieta, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Juan Carlos Giordano, Christian Castillo y Vilma Ripoll. También la diputada Julia Estrada de Unión por la Patria.
Los convocantes se pronunciaron contra la represión de todos los miércoles y se solidarizaron con la prensa. Exigieron justicia por Pablo Grillo y denunciaron el accionar de Patricia Bullrich, responsable de los operativos represivos en las movilizaciones.

Fuentes: Tiempo Argentino, Prensa Obrera, La Izquierda Diario, ANRed, Resumen Latinoamericano, El Destape, Página/12, Karne de Máquina, InfoGremiales, Política del Sur, Vía Córdoba, Nota al Pie / Canal Abierto, NA, Perfil, Indymedia Derechos Humanos, Prensa Fesprosa