En el mes que se crea la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad (13.12.2006), concebida para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad, una de las leyes más reclamadas por la sociedad argentina finalmente fue sancionada en el Presupuesto 2026.
Por Mario Hernandez
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto, luego ratificado en Senadores.
En la primera sesión de Diputados con el nuevo Congreso, el oficialismo logró darle media sanción al Presupuesto 2026 en general, pero no le alcanzaron los votos para aprobar el capítulo 11, que incluía el artículo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad.
En la votación en general, el texto obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra, principalmente del peronismo y la izquierda. Se abstuvieron 19, entre ellos el bloque de Provincias Unidas, aunque fue clave para el quórum, dado que un minuto antes de que se cayera la sesión, los diputados Nicolas Massot y Miguel Ángel Pichetto decidieron sentarse en sus bancas.
Desde el oficialismo, Gabriel Bornoroni presentó una moción para votar el Presupuesto 2026 capítulo por capítulo, pero la oposición pidió votar algunos artículos en particular. Especialmente el 75, que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y emergencia en Discapacidad.
Sin embargo, la moción del oficialismo triunfó y se debió votar cada capítulo por separado. Pero lo que inicialmente parecía una victoria para el Gobierno, al momento de votar en particular cada capítulo, resultó una contra.
Para sorpresa de todos -incluido el propio oficialismo- el capítulo entero salió rechazado por 123 negativos contra 117 afirmativos. La situación generó festejos y arengas en la oposición.
Votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad, Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.
El Gobierno trabaja en un decreto para reasignar partidas hacia Discapacidad y Universidades
El Gobierno trabaja en un decreto para reasignar partidas presupuestarias para las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo asegura que los aumentos se ajustarán al déficit cero y que los implementará de acuerdo a su interpretación del alcance de las normas.
“Estamos analizando opciones. No vamos a desfinanciar un sector en particular”, agregan. En la Casa Rosada rechazan la posibilidad de que el recorte de recursos se enfoque solo en las asignaciones a las provincias. Se trata de una de las respuestas que fijó la mesa política del oficialismo tras la caída del capítulo XI del Presupuesto 2026.
La iniciativa la trabajan los equipos técnicos del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que tiene en carpeta la utilización de las facultades de reasignación presupuestaria para redistribuir fondos. En Nación no descartan la emisión de un decreto administrativo de ejecución mensual, que permita ajustar los créditos a medida que se actualicen las cuentas de referencia, la recaudación y las metas fiscales.
En Balcarce 50 insisten igualmente en que intentarán avanzar con la derogación de ambas leyes en el corto plazo para no tener que completar a lo largo del año el incremento del gasto a sus asignaciones. “Los aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos”, agregan.
La Ley de Discapacidad declaró la emergencia nacional y amplió prestaciones y beneficiarios. Según distintos escenarios de incorporación de beneficiarios a la Pensión No Contributiva y a las prestaciones de salud, se estima un impacto del 0,42% del PBI. En la Casa Rosada advierten que el texto “no define con precisión los universos”.
El Gobierno trabajó la semana pasada sobre una contrapropuesta: mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales: fija la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. Contempla además una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y ANDIS, con cláusula de referencia al IPC si no hay definición.
También la Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El viernes 12 de diciembre, el Juzgado Federal de Campana ordenó la aplicación inmediata y sin condiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre. La normativa, bautizada como Ley 27.793, había sido una conquista arrancada a fuerza de movilizaciones y organización de familiares, prestadores y organizaciones de personas con discapacidad.
Sin embargo, el Gobierno de Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aún así, con la movilización, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, declara la invalidez del artículo 2° del Decreto 681/2025, con el que el Ejecutivo había intentado condicionar la vigencia de la ley argumentando que el Congreso no había especificado de dónde sacar los fondos. La sentencia es contundente: el Poder Ejecutivo no puede arrogarse la facultad de suspender una ley votada por insistencia parlamentaria (tras el veto de Milei) ni subordinarla a normas de rango inferior. “El PEN excedió sus facultades y violentó el principio de legalidad y la supremacía constitucional”, remarca el fallo, que ordena la aplicación inmediata de la ley en todo el país.
La causa fue impulsada por madres y padres como O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos titulares de Certificado Único de Discapacidad, sumando el respaldo de asociaciones de todo el país. En sus presentaciones detallaron la crisis brutal que desató la suspensión de la ley: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, pero los aranceles de las prestaciones solo subieron un 42,6%. Resultado: una pérdida del 51,5% del poder adquisitivo, cierre masivo de instituciones, interrupción de tratamientos, despidos y colapso del transporte adaptado.
El reclamo colectivo fue claro: la suspensión de la ley era una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso, y perpetuaba el desfinanciamiento y la discriminación hacia el colectivo de personas con discapacidad. La Justicia les dio la razón, recordando que los tratados internacionales y la propia Constitución imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad de derechos sociales, más aún para los sectores más vulnerados.
El argumento de la “sostenibilidad fiscal” es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios del agronegocio. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
El Ministerio de Salud, en su defensa, intentó justificar la suspensión advirtiendo sobre el “riesgo para otros servicios esenciales”. Pero el juez desestimó el planteo fiscal, recordando que la propia ley faculta al Ejecutivo a reasignar partidas, y que el argumento fiscal no puede ser usado para pisotear derechos constitucionales.
La sentencia ordena la plena aplicación de la Ley 27.793, el pago de las prestaciones adeudadas y la notificación a todos los afectados en el país. Se trata de un triunfo de la lucha colectiva, pero también una advertencia: cada derecho arrancado se defiende en las calles y con organización desde abajo.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La ley rige en todo el territorio nacional y establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más. Establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023. Establece que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% por ciento del haber mínimo jubilatorio. Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos. Y el Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
Por otra parte, los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad, por tiempo indeterminado, serán eximidos en un 50% del pago de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
También se establecieron criterios basado en la salud y un análisis integral de la situación socioeconómicas de los beneficiarios para encarar las auditorias de la ANDis.
Tras esta noticia, continúa la lucha por implementación inmediata y sin recortes de la Ley de Emergencia en Discapacidad, restitución de todas las pensiones y prestaciones suspendidas, financiamiento adecuado y ajuste automático de aranceles por inflación para los prestadores, inclusión laboral real, compatibilizando pensiones con empleo y cumplimiento del cupo laboral, participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración y control de las políticas públicas.
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización unitaria, junto al resto de la clase trabajadora y sectores oprimidos.