El gobierno de ultraderecha publicó el decreto 24/2026 mediante el cual convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026, para tratar el proyecto que implica una drástica destrucción de derechos laborales y sindicales para la clase trabajadora argentina. También buscará demoler la ley de glaciares para habilitar la explotación minera.
En la previa de un nuevo viaje internacional, esta vez nuevamente a Davos donde buscará seguir cortejando a Donald Trump, Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias.
El principal objetivo es la regresiva reforma laboral que tiene como fecha prevista de tratamiento, según los cálculos del oficialismo, el martes 10 de febrero en la Cámara de Senadores.
Se trata de un proyecto que apunta a desarmar tanto los derechos laborales individuales de las y los trabajadores, como al propio modelo sindical argentino, limitando hasta eliminar el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva por actividad y las asambleas en fábrica, entre muchos otros aspectos.
También creará nuevos negocios para un puñado de socios del poder a partir del denominado “Fondo de Asistencia Laboral”. Se trata de una caja que se creará con una contribución mensual obligatoria del 3% de la remuneración y será ingresado por el empleador junto con las cargas sociales habituales, esto es, una caja de al menos 4.000 millones de dólares anuales, que será administrada por privados -bancos y fintech– cobrando una comisión del 1%, esto es, 40 millones de dólares anuales. Su principal función, según Luis Caputo, será crear un mercado de capitales para prestarle a él para seguir financiando los pagos de la deuda externa que el propio Caputo tomó en 2018.
Ese 3% patronal dejará de aportarse al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desfinanciando al ANSES y provocando una crisis que justifique el retorno de otro fabuloso negocio para los mismos vivos de siempre, las AFJP. No casualmente, en una de esas empresas parasitarias de los aportes jubilatorios, Máxima AFJP, cumplía tareas Milei en los 90.
La reforma laboral quedó en pausa tras la movilización de la CGT a Plaza de Mayo en diciembre pasado. Varias organizaciones gremiales, como la UOM, ATE y Aceiteros prometieron resistir con medidas de fuerza, pero es una incógnita qué hará la propia CGT. Por su parte, el ministro del Interior, el ex peronista y ex PRO Diego Santilli, estuvo de gira por las provincias durante la primera quincena de enero para conseguir votos.
También contra los glaciares
El otro proyecto central para el gobierno de ultraderecha es la “adecuación” del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639). La iniciativa marca una regresión respecto del principio de presupuestos mínimos, validado por la propia Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2019, y deja en manos de las provincias los criterios de definición para proteger los glaciares y zonas periglaciares, donde empresas multinacionales esperan poder avanzar con explotaciones mineras.
La reforma de la Ley de Glaciares, que recibió rechazos por parte de las organizaciones ambientales, académicos y organismos como el IANIGLA, intentó ser aprobada de forma apresurada por el Senado durante la extraordinarias de diciembre, al igual que se intentó avanzar con la Ley de Reforma Laboral.
Ambas iniciativas alcanzaron apresurados dictámenes de comisión en los últimos días de 2025, a partir de las negociaciones encabezadas por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que consiguió los respaldos de aliados provinciales, el PRO y la UCR.
Además de las reformas proempresariales que el Gobierno tiene en su agenda como parte central de su plan económico, las sesiones extraordinarias de febrero sumarán la aprobación del acuerdo comercial firmado el sábado pasado entre el Mercosur y la Unión Europea.
Por último, Milei sumó un favor para su aliado Fernando Iglesias que, a pesar de su discurso contra la “casta” política, pretende ser ratificado como embajador ante la Unión Europea.