El conflicto de Lustramax, como antes Lácteos Vidal o Fademi, confirma un modus operandi gravísimo e ilegal por parte de la empresa y la abogada Florencia Arietto como principal organizadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB). Acá te contamos sus conexiones con el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich, su poder de lobby y su oscuro financiamiento.
El conflicto de la empresa Lustramax, que produce y distribuye artículos de limpieza, se convirtió en una radiografía inquietante de cómo operan hoy ciertos sectores del poder empresario en la Argentina de Milei. Despidos masivos sin causa, persecución a delegados sindicales y violaciones abiertas a la conciliación obligatoria se combinaron con algo todavía más grave: la intervención ilegal de Gendarmería Nacional en una asamblea obrera y la aparición de un entramado paraestatal que articula intereses privados con el aparato represivo del Estado. También la Policía Bonaerense se hizo presente numerosas veces en la planta, de forma provocadora.
Esta nota reconstruye cómo la empresa comandada por la familia Sosa, lejos de estar en crisis, pretende usar el conflicto como excusa para disciplinar a sus trabajadores y ensayar una avanzada más profunda, apoyada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), sus vínculos con el poder político y su capacidad de “activar” a la Gendarmería Nacional por fuera de la ley. Lustramax aparece así como un laboratorio de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei: criminalizar la protesta, atacar el derecho de huelga y convertir la fuerza pública en una herramienta de hostigamiento contra la organización sindical y gremial.
Los hechos
El jueves 15 de enero a las 8 hs un importante operativo de Gendarmería Nacional se hizo presente en las puertas de la fábrica Lustramax, en el partido de Malvinas Argentinas (PBA). Oficiales de esa fuerza formaron un cordón frente a la puerta, a metros de los trabajadores que estaban en asamblea permanente, y se quedaron hasta las 14 horas. Se apostaron en un territorio donde no tienen jurisdicción, sin orden judicial alguna y en el marco de un hecho que no les compete: una huelga obrera.
Un hecho claramente ilegal.
La gendarmeria SIN JURISDICCIÓN Y SIN MOSTRAR ORDEN se intromete en el conflicto gremial de Lustramax para intimidar a los trabajadores. pic.twitter.com/jfoXKX50dz
— lustramaxenlucha (@lustramax_lucha) January 15, 2026
La Gendarmería intervino así en un conflicto laboral donde ya estaba en curso la intervención del Estado: el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado de Garantías N 4 y el fiscal Jaime García de la Unidad Funcional de Instrucción Nro 19 de San Martín. Así lo denunciaron los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
El hecho fue tan grave que incluso, luego del operativo, el propio fiscal respondió a un escrito presentado por la Comisión Provincial de la Memoria: “infórmese que este Ministerio Público no ha convocado la presencia de fuerzas federales en el lugar” (PP-15-01-001643-26/00 s/Averiguación de Ilícito del 15 de Enero de 2026). Se presenta en la Cámara pedidos de informe, sin respuesta alguna.
La pregunta es obligada: ¿quién dió la orden de este operativo a sabiendas de que la GNA no tiene jurisdicción? ¿Quién dispuso que sean 3 móviles y más de 30 integrantes de esta fuerza? ¿Quién dió las instrucciones para que se formen de manera amenazante a metros de la asamblea de los trabajadores?
Es la pregunta que se hizo Myriam Bregman en redes sociales este martes. La que se hacen las familias de Lustramax. Nadie responde.
La semana pasada, diputados y diputadas de distintos bloques del Congreso Nacional presentaron un pedido de informes exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional que, por su intermedio, el Ministerio de Seguridad informe bajo qué directivas actuó la Gendarmería Nacional para llevar adelante ese operativo; y quién o quiénes son las autoridades responsables de la planificación y ejecución del mencionado operativo represivo, entre otros interrogantes. También en otro proyecto de resolución quince diputados rechazaron los despidos y las amenazas de desalojo.
Al día de hoy no se conoce qué autoridad dispuso la presencia de una fuerza federal en territorio bonaerense. El silencio oficial continúa. Pero desde La Izquierda Diario salimos a buscar algunas respuestas.
Negocios privados y bandas paraestatales
Días antes de que la empresa lance los despidos de delegados y otros 13 trabajadores (que se suman a otros realizados antes), se comenzó a ver el hilo de una trama más pesada. Parte del equipo de la abogada y senadora libertaria Florencia Arietto fueron vistos en la empresa.
Se trata del equipo de Halconar S.A, una empresa de “asesoría legal y seguridad estratégica” que ofrece servicios a empresarios que tienen problemas con la ley o con sus trabajadores. Entre quienes integran esta empresa se encuentran el ex funcionario del Ministerio de Seguridad Federico Jaimowicz y la abogada Cyntia Liwski. Esta última montó la primera provocación, irrumpiendo en una asamblea obrera escoltada por policías bonaerenses.
La policía de @Kicillofok entra para amedrentar a los trabajadores que estamos en asamblea por la reincorporación de los despedidos. Llamamos a todas las organizaciones políticas y sociales, organismos de drhh, delegados agrupaciones ,centros de estudiantes y a toda la comunidad pic.twitter.com/CdhgS7849e
— lustramaxenlucha (@lustramax_lucha) January 12, 2026
Según lo que pudo saber La Izquierda Diario, Arietto cobra 20 mil dólares por tomar un caso. Un buen negocio. Pero sus tentáculos van mucho más allá de su Pyme securitaria. La patota mayor se llama Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, aunque sus creadores prefieren llamarlo “MEAB”. Ya veremos por qué.
El movimiento otorga “servicios” a empresas que están recibiendo reclamos legales o sindicales, los intenta transformar en “víctimas” y comienza su “asesoramiento” con despidos, causas penales, operaciones mediáticas (“mafia sindical”, estigmatización de sus delegados), operaciones ante la justicia, autoridades o directamente fuerzas represivas. El MEAB incluye en sus servicios influir vía periodistas en la opinión pública y otras cuestiones más oscuras. En su propia página web pública informan: “Contamos con el amparo de personas influyentes en el ámbito comunicacional”. En otras palabras: un grupo de lobby con influencia empresarial, mediática y política para hacer campañas contra los trabajadores y conseguir favores ilegales del Estado.
Según la Justicia: un Movimiento Antibloqueos “contra el bien común”
Hay un dato clave. El movimiento, a pesar de tantos abogados en su staff, está flojo de papeles. La inscripción del MEAB fue rechazada por la Inspección General de Justicia (Resolución 0000516, junio 2023). Las autoridades decidieron “denegar la autorización para funcionar a la entidad denominada “MEAB ASOCIACION CIVIL (Movimiento Empresarial Antibloqueos)”. ¿Por qué? “Conforme a todo lo expresado, el objeto principal de la entidad parece colisionar directamente con los derechos individuales y colectivos de los trabajadores -entre los cuáles se encuentran el derecho de huelga consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales” (…) “Puede concluirse que, el objeto de “MEAB ASOCIACIÓN CIVIL (Movimiento Empresarial Antibloqueos)” resulta contrario al bien común, requisito esencial exigido por el art. 168 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
En criollo: una “asociación civil” no puede tener como objeto, al menos explícitamente, atacar derechos constitucionales y desafiar “el bien común”.
El MEAB apeló la resolución, pero fue rechazada nuevamente por la CÁMARA CIVIL – SALA I (57991/2023). El fallo asegura que se trata de “Un accionar contrario o una enunciación estatutaria como la que involucra a la entidad en análisis, donde se califica como delictivas o cuasi delictivas a las medidas sindicales, afectaría la garantía constitucional de la presunción de inocencia, en este caso del o de los trabajadores involucrados así como de sus representantes gremiales”.
El MEAB sigue en la ilegalidad. Y tampoco es cierto que se trate de un movimiento apartidario como explica en su presentación: varios de sus integrantes son o han sido diputados, candidatos o funcionarios del PRO.
Un grupo de tareas para generar conflictos y atacar derechos
El reclamo de Lustramax comenzó, como muchos saben, por la decisión de la empresa de no pagar parte del aguinaldo, así como imponer una reforma esclavista eliminado derechos elementales que habían conseguido sus trabajadores: que se respete el convenio, que la jornada laboral no sea de 14 horas, que les paguen lo trabajado. Elemental.
Pero es evidente que el interés del MEAB no es la solución de conflictos. El caso Lustramax lo confirma. Estando la solución “al alcance de la mano”, Florencia Arietto aconseja a la empresa no arreglar la situación. Despidió 15 trabajadores (2 de estos son delegados). La propia empresa Lustramax declaró más de $9.000.000.000 (nueve mil millones de pesos) de ganancias en los tres balances contables que presentó el 29 de diciembre en el Proceso Preventivo de Crisis frente al Ministerio de Capital Humano. Aducen falsamente problemas económicos. Por esto la salida de este conflicto es posible, pero prefieren otro camino que tiene por objetivo lo que quiere el MEAB: el escarmiento a los trabajadores.
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El propio despido de dos delegados que cuentan con fueros gremiales fue otra propuesta de este movimiento para agravar la situación. Es una práctica que en general ninguna empresa hace ya que la Justicia Nacional y Provincial lo consideran inconstitucional. Arietto incluso llevó a Lustramax a dejar por escrito y de forma insólita que no va a cumplir con la Conciliación Obligatoria por estar “disconforme” con la medida del Ministerio de Trabajo. Ninguna empresa hace esto, muchas veces de hecho incumplen con este tipo de resoluciones, pero lo hacen afirmando lo contrario. Asesorada por el MEAB Lustramax reconoce de forma abierta y por escrito que incumplen resoluciones que tienen carácter de obligatorias, para mostrar que están por encima de la legislación y de las resoluciones ministeriales si estas no son de su agrado.
El modus operandi del MEAB tiene como eje la criminalización de los conflictos. Lo logran a veces con la figura legal de “turbación”, así como con denuncias de delitos penales sobre los delegados. Además, suelen no respetar los fallos cuando son adversos.
Lácteos Vidal: un caso testigo y la sombra del financiamiento narco
Lácteos Vidal se convirtió en un caso de gran resonancia pública. Arietto y el MEAB generaron un conflicto para no aceptar el pedido de los trabajadores de que se cumpla el convenio. Cuando la estrategia ya empezaba a fracasar llegaron a provocar con armas a delegados del gremio ATILRA. Finalmente, la justicia le dio la razón a los trabajadores y al sindicato, considerando correctos los reclamos y el derecho de huelga.
Pero el impacto mediático tuvo un capítulo mucho más grave. La defensa de los trabajadores y distintos medios periodísticos revelaron las relaciones de los empresarios Bada Vázquez, dueños de la empresa, con el mayor escándalo político y judicial de 2025: el caso Espert-Machado. Se pudieron encontrar 13 operaciones por 3 millones de dólares entre la empresa “estrella” del MEAB asesorada por Arietto y la empresa South Aviation de Fred Machado investigada en EE.UU por lavado y narcotráfico. Además, uno de los aviones comprados a Machado por parte de una empresa de Vidal (Transportes El Nacional) terminó involucrado en una causa donde se secuestraron 500 kilos de cocaína.
Un dato genera más sospechas: Alejandra Bada Vázquez es la tesorera del MEAB. Entonces, vale preguntarse: ¿Hasta dónde pueden llegar las conexiones si avanza la investigación? ¿Puede ser, como creen investigadores periodísticos, que parte del dinero de esas operaciones es una de las fuentes de financiamiento de “el movimiento”?
Lo cierto es que la misma semana que recibía allanamientos en la causa narco, la ministra Bullrich recibía a la empresaria en su despacho de calle Gelly y Obes en CABA. El motivo según el registro oficial: “reunión por bloqueos gremiales”.
Esta derrota de Arietto y el MEAB fue costosa, pero no es la única. Sus operaciones muchas veces han fracasado ante la resistencia de trabajadores, sindicatos y sus abogados. Por las costas del juicio y el incumplimiento de los fallos, la justicia embargó a Lacteos Vidal por más 170 millones de pesos. En el caso de Fademi SA perdieron en los juzgados de primera instancia, en la cámara de apelaciones y en la Corte Suprema. Esto le implicó a las empresas la pérdida de sumas millonarias. En Vasalli SA las medidas de los trabajadores lograron evitar el plan de Arietto que dejaba cientos de familias en la calle y la Justicia desestimó las denuncias penales contra los delegados UOM.
Atacar un reclamo obrero a veces puede salir caro.
Sus vínculos con la derecha y el poder político
Volvamos un momento al interrogante inicial. ¿Cómo logra una PYME como Lustramax que concurra a un conflicto laboral la GNA? ¿Pagó y contrató directamente de forma privada un operativo de fuerzas federales? ¿O utilizó el “Protocolo Antibloqueos” (Resolución 901 – Ministerio de Seguridad), un mamarracho “jurídico” creado por el equipo de Patricia Bullrich para criminalizar y reprimir el ejercicio del derecho de huelga?
Para cualquiera de las dos opciones, hay que entender la conexión entre Arietto, el MEAB y el Ministerio de Seguridad, que sigue respondiendo a Patricia Bullrich.
Desde sus orígenes, lejos de ser un “movimiento apartidario”, contó con militantes del PRO entre sus organizadores. De hecho algunos lo utilizaron para catapultarse al Congreso (Verónica Razzini), la Legislatura Bonaerense (Arietto), así como candidaturas y hasta puestos en gobiernos locales.
Pero la clave es el actual enlace entre este grupo de tareas y el Estado. Aquí aparece el nombre de Martin Culatto: Director Nacional de Operaciones y Despliegue territorial. Un hombre de Patricia Bullrich y Gerardo Milman con creciente peso en el ministerio.
Culatto fue designado como “jefe operativo” del “Protocolo Antibloqueos”, una resolución del Ministerio de Seguridad firmada en septiembre de 2024 muy peligrosa, además de inconstitucional. Ya llegaremos.
Culatto viene participando de distintos encuentros del MEAB, como el que se realizó el 25 de agosto de 2025 en la Universidad del CEMA donde reconoció que el “protocolo” fue “una idea que nos acercaron ustedes y nos pareció buena”. Allí se jactó de haberlo aplicado en 164 casos (Infobae, 8/2025). La diputada Verónica Razzini adelantó en ese evento que “este año vamos a lograr, con el apoyo de Patricia Bullrich, que el bloqueo sea una figura penal para que se convierta en un delito” (Infobae). Esa confesión confirma un hecho preocupante: solo estos vínculos políticos con la extrema derecha explican que una empresa chica pueda pedir un “delivery” de Gendarmería para actuar de forma ilegal contra los trabajadores.
Una normativa trucha e ilegal
La Resolución 901 del Ministerio de Seguridad es una amalgama que no resiste la menor prueba de legalidad. En pocas palabras, con una normativa de rango inferior se las arregla para crear un canal de denuncia (por WhatsApp o al teléfono 134), que permite a un funcionario del Ministerio de Seguridad o un jefe de Gendarmería definir el carácter de un conflicto laboral (legislando sobre la materia), tomar intervención sin orden judicial, arrogarse una jurisdicción que no le corresponde, penalizar esa acción y reprimirla.
El Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales –FAOS-, en representación de 20 sindicatos de la Argentina, presentó un amparo que hoy tramite en la justicia y pide declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones 893/2024 y 901/2024. En un escrito fundamentado en más de 70 páginas, deja clara todas las irregularidades de los “protocolos” utilizados en el caso de Lustramax y otros conflictos sindicales.
Luego de muchos argumentos piden: “DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD DE LAS RESOLUCIONES 893/2024 Y 901/2024. (…) Las resoluciones impugnadas imponen restricciones desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio legítimo del derecho de huelga. Otorgan al Poder Ejecutivo Nacional facultades que exceden sus competencias, al intervenir directamente y sin control judicial en la limitación y sanción de un derecho humano fundamental, al desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos fundamentales. Las resoluciones delegan en el Ministerio de Seguridad la potestad de evaluar la licitud de medidas de acción directa, confiere a un órgano administrativo facultades jurisdiccionales que no le corresponden, alterando el principio de división de poderes y afectando las garantías del debido proceso”.
El gobierno de Milei sigue aplicando ese protocolo, aún más ilegal que el “Protocolo Antipiquetes” suspendido hace pocas semanas por la justicia.
Lo que está en juego
Está claro. El objetivo central del MEAB no es resolver el conflicto en Lustramax sino avanzar en una causa penal para un eventual desalojo que sirva como ejemplo a toda la clase trabajadora.
Este conflicto lo quieren convertir en un “laboratorio” que imponga “resoluciones” a conflictos sindicales al antojo de las empresas, por la vía de acciones por fuera de la ley y con el uso ilegal de la fuerza pública, como si fuese una fuerza privada. Lo están usando además, como un ejemplo de lo que sería la aplicación de la futura Reforma Laboral que prepara el gobierno nacional.
De todo esto surge la gravedad de este caso y la necesidad de difundir esta denuncia y apoyar a los trabajadores de Lustramax. De imponerse y generalizarse este “modus operandi” sería un cambio cualitativo en la intervención empresarial en conflictos sindicales, por fuera de la propia legislación y con el uso ilegal de las fuerzas públicas.
Por eso, como plantea Myriam Bregman en su denuncia pública, en Lustramax no están en juego solamente el respeto por los derechos laborales y sindicales de esas familias: “es un caso testigo del intento de avanzar en una política fascista contra la clase trabajadora, que tenemos que enfrentar con la más amplia unidad”.
Esta investigación se realizó mientras el conflicto sigue abierto, con los trabajadores sosteniendo el acampe, enfrentando despidos ilegales y denunciando una trama que combina intereses empresariales, operadores políticos y el uso ilegal de fuerzas de seguridad nacionales para quebrar una huelga.
Por eso el desenlace de Lustramax no está escrito. Lo que ocurra ahora será determinante. Frenar este avance, rodear de solidaridad a los trabajadores y desnudar públicamente estas operaciones es la única forma de impedir que este laboratorio se convierta en norma. El conflicto sigue abierto y la historia todavía puede cambiarse. Es ahora.