Imaginate no saber cuánto vas a cobrar el mes próximo, ni qué días tendrá libres para llevar a tu hija o hijo al médico. Eso no es una distopía futurista; es la ‘flexibilidad’ que promete la reforma laboral.
Quienes vivimos de nuestro trabajo necesitamos un salario que nos permita planificar y garantizar nuestra existencia. Ese ingreso, provenga de un empleo formal, de changas o de la economía de plataformas, es el fruto de un tiempo diario que intercambiamos por dinero para cubrir lo esencial: vivienda, servicios, impuestos, alimentos, vestimenta y hasta actividades de ocio. Si tenemos personas a cargo —niñas o niños en edad escolar, familiares enfermos o con discapacidad—, necesitamos más ingresos y más tiempo para garantizar también sus vidas.
Además, nosotras y nosotros mismos requerimos tiempo para cuidar nuestra salud, comer, hacer trámites, lavar la ropa, ir al médico y reponer la energía que el trabajo desgasta día a día, un desgaste que se acentúa con los años. Por eso son fundamentales los descansos diarios y las vacaciones. Y también necesitamos tiempo para pensar, formarnos, organizarnos y participar o acompañar las luchas de otros colectivos.
En síntesis, necesitamos tiempo y salario para vivir, para cuidar, para organizarnos y para luchar. Esta reforma viene a atacar precisamente eso: porque ese tiempo, ese dinero y esa energía colectiva son un arma de lucha que buscan desarmar.
Veámoslo punto por punto.
El tiempo secuestrado: cuando la jornada laboral deja de ser tuya
¿Qué modelo de jornada quieren imponer? Modalidades como el banco de horas o los contratos de “horas cero”, que le otorgan al empleador la potestad de ajustar nuestro tiempo de trabajo a sus necesidades productivas. El objetivo es borrar los límites conocidos (8 horas, 9 horas diarias o 40/45 horas semanales) para eliminar los “tiempos muertos” y el pago de horas extras, ajustando la plantilla a las demandas de venta o producción que tenga la empresa.
El problema no es necesariamente trabajar más horas; puede que trabajemos menos. El problema real es que el tiempo de trabajo deja de ser un dato conocido para convertirse en una variable ajena. Esto destruye nuestra capacidad de organizar el día a día: imposibilita sumar otro empleo, coordinar el cuidado de hijas e hijos (llevarlos al colegio, sacar un turno médico) y hasta planificar un encuentro con amistades o compañeras/os. Además, fomenta la competencia entre trabajadores por las franjas horarias más compatibles con la vida familiar, buscando romper lazos de solidaridad y dando a la patronal una herramienta más para dividirnos.
Los descansos y las vacaciones en cuotas
La incertidumbre también invade el tiempo de descanso. Será más difícil saber cuándo descansaremos, ya que las jornadas podrán superponerse con los descansos semanales que veníamos teniendo. Las vacaciones fraccionadas (en períodos mínimos de una semana) profundizan este caos, generando una competencia feroz por los períodos de verano, especialmente entre quienes tienen hijas/os en edad escolar.
Pero hay algo más grave: el sentido reparador de las vacaciones se pierde. Si el descanso debe ser proporcional al desgaste y a la antigüedad, fragmentarlo anula su poder de reposición física y mental. El descanso deja de ser un derecho reparador para convertirse en una pausa administrativa.
El Salario: la planificación económica hecha pedazos
Si no sabemos cuántas horas trabajamos, es imposible saber cuánto cobraremos. Esta incertidumbre atenta directamente contra la planificación económica básica: pagar el alquiler, los impuestos, las cuotas del colegio o cualquier compromiso fijo. Nuevamente, el impacto es diferencial: golpea con más fuerza a quienes asumen tareas de cuidado, mayoritariamente mujeres, que ya parten de salarios más bajos y disponibilidades horarias restringidas. Para ellas, esta reforma crea un círculo vicioso de desigualdad que limita aún más su autonomía económica y las expone a una mayor exclusión.
El Ataque a la Seguridad Social: todos pagamos los despidos
Este proyecto no solo afecta a quienes tienen un empleo. Nos golpea a todos, incluso a las y los jubilados, a quienes cobran asignaciones familiares o cualquier beneficio del ANSES. El mecanismo es el “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), que propone financiar las indemnizaciones por despido con un recorte del 3% a los aportes patronales que hoy van a la seguridad social. Es decir, las empresas ya no pagarán por despedir; lo haremos todas y todos nosotros a través del desfinanciamiento de las jubilaciones, la AUH y planes sociales.
Pero el recorte no termina ahí. El proyecto también reduce en un 1% los aportes a las obras sociales. Esto significa: servicios de salud más precarios, mayores copagos para afiliados a obras sociales, y cuotas más caras en el caso de las prepagas. Las y los trabajadores pierden en salud, las obras sociales en recursos. Sólo se benefician las empresas, que se ahorran ese costo.
Todas estas medidas no son simples ajustes. Constituyen un cambio en la organización de la vida de quienes vivimos de nuestro trabajo y, en especial, de la mujer trabajadora, porque busca subordinarles por completo a la eficiencia de la empresa. Se mercantiliza el tiempo, se precariza el salario y se desfinancia la seguridad social. La pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a aceptar que la planificación de una vida sea un lujo del pasado?
