El gobierno de ultraderecha de Javier Milei le puso fecha al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto con el que buscan arrasar con los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora argentina.
Este martes, Patricia Bullrich, en su actual rol de titular de la bancada de ultraderecha del Senado de la Nación, realizó una reunión con los jefes de los bloques colaboracionistas. Luego, en conferencia de prensa dijo: “Hemos estado revisando artículo por artículo y vamos a llegar a un acuerdo consolidado entre todos los bloques respecto a la ley. Tenemos los números necesarios, tenemos un compromiso, de acá al viernes vamos a terminar de hacer la redacción final y el lunes vamos a cerrar el dictamen definitivo. Hemos aceptado muchas propuestas y muchos cambios”.
Pero a continuación enfatizó el secretismo con el que están negociando el ataque a la clase trabajadora: “Los cambios los tenemos bajo cuatro llaves”, dijo, y justificó: “Creemos que es importante mantener el acuerdo entre todos así que hemos decidido que los cambios se van a dar a conocer recién en el recinto”. Luego, le pasó responsabilidad a otras áreas del gobierno, en la interna permanente en la que vive la gestión de ultraderecha: “Quizás uno de los temas que todavía falta es el tema de si ganancias es aceptado o no. Ese es un debate que se está haciendo entre el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y los gobernadores”.
Mientras tanto, el agrupamiento de sindicatos que se reúne en la sede de la UOM avanza con su plan de lucha, que comenzará este jueves con una masiva movilización en la ciudad de Córdoba y continuará con otra el martes en Rosario.
Además, varias de esas organizaciones sindicales, como ATE y Aceiteros, además de la propia UOM, ya habían anunciado medidas de fuerza para cuando se trate el regresivo proyecto en el Congreso.
En ese marco, las dos CTA realizaron un plenario donde definieron un paro nacional y movilización al Congreso para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado, el miércoles 11 de febrero.
Así lo explicó el secretario General de la CTA Autónoma Hugo Godoy, en conferencia de prensa tras el plenario de las dos centrales: “Las dos CTA y todas las organizaciones sociales y sindicatos que la componen hemos decidido reafirmar el compromiso de luchar para impedir que se apruebe la reforma laboral en el Congreso de la Nación, de reafirmar la convocatoria a un estado de movilización que el día jueves próximo se manifestará en las calles de Córdoba y el próximo martes 10 se manifestará en las calles de Rosario”.
El dirigente explicó que las movilizaciones serán “para exigirle también a los gobernadores que no convaliden esta entrega del derecho de los y las trabajadoras del derecho al trabajo en la Argentina” y resaltó que “este estado de movilización se manifestará también cuando haya un primer tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso en el Senado de la Nación convocando a parar y movilizar ese día para repudiar ese proyecto de ley”. Las declaraciones fueron realizadas antes del anuncio de Bullrich.
La CGT en veremos
Por su parte la conducción de la CGT, que intenta negociar uno a uno con los gobernadores y con empresarios, convocó a reunión de Consejo Directivo. Será la primera del año.
La cita será el viernes en Azopardo y podría ser determinante. Allí se definirán las protestas y la modalidad que tomarán para mostrar el rechazo a la Reforma el día que se trate en el Senado de la Nación.
Aunque no hay información institucional de parte de la CGT, las versiones mediáticas abundan y la mayoría registra que las negociaciones emprendidas por la conducción con los gobernadores no han obtenido mayores resultados.
El proyecto de reforma laboral del gobierno habilita la extensión de la jornada laboral sin pago de horas extras y la flexibiliza al extremo, reduce las indemnizaciones por despido, permite que las vacaciones se puedan otorgar por tramos según la conveniencia del empleador, limita hasta prohibir el ejercicio del derecho de huelga, pone límites a la actividad sindical dentro de las empresas, ataca a los convenios colectivos vigentes y autoriza a que se puedan hacer convenios por empresa con menos derechos que el convenio colectivo de la actividad, entre otros muchos puntos, todos regresivos.
Además deroga el Estatuto del Periodista para facilitar el despido por razones ideológicas y de persecución editorial, rebaja el impuesto a las ganancias a las empresas y elimina impuestos que permiten el financiamiento del cine, el teatro, la música independiente y los medios comunitarios.