Washington impone ‘sanciones de grado terrorista’ a Francesca Albanese y a los jueces de la CPI
Las empresas tecnológicas estadounidenses pidieron a Washington que impusiera sanciones después de que el funcionario de derechos humanos de la ONU enviara “cartas amenazantes” advirtiéndoles de complicidad en el genocidio en Gaza.
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6 de febrero de 2026
Funcionarios de la Casa Blanca han utilizado “sanciones de grado terrorista” contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, congelando activos e interrumpiendo las investigaciones de crímenes de guerra, informó Reuters el 6 de febrero
Según entrevistas que la agencia de noticias realizó a funcionarios estadounidenses y de la ONU y a individuos sancionados, Washington está buscando penalizar a la CPI por las investigaciones sobre crímenes de guerra estadounidenses e israelíes.
El intento de atacar a la ONU y a la CPI surgió en respuesta a solicitudes de al menos dos empresas tecnológicas estadounidenses involucradas en el genocidio de los palestinos en Gaza por parte de Israel.
Reuters escribió que las empresas se acercaron a la Casa Blanca después de recibir cartas de Albanese advirtiendo que estaban contribuyendo a “graves violaciones de los derechos humanos” por parte de Israel en Gaza y la Cisjordania ocupada.
Las empresas identificadas por Albanese incluyen Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir.
Las empresas tecnológicas han ayudado al ejército israelí con servicios en la nube e inteligencia artificial para operar sistemas de armas, incluida la elección de objetivos para bombardear, como miembros de bajo nivel de Hamás y sus esposas, hijos y vecinos que viven en el mismo edificio.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza, incluido el uso del hambre como arma.
En julio, la Casa Blanca respondió a las cartas “amenazadoras” de Albanese colocándola a ella y a algunos funcionarios de la CPI en la lista de sanciones de Nacionales Especialmente Designados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tradicionalmente está reservada para individuos involucrados en terrorismo, tráfico de narcóticos y proliferación de armas.
La ONU afirma que Albanese goza de inmunidad diplomática y que las sanciones son ilegales. Exigió la revocación de la decisión, advirtiendo que podría socavar el sistema internacional de derechos humanos en su conjunto.
Unos meses después de incluir al relator especial de la ONU y al personal de la CPI en la lista de sanciones, funcionarios estadounidenses eliminaron a funcionarios sirios de la misma lista, incluidos el autoproclamado presidente sirio Ahmad al-Sharaa y el ministro del Interior Anas al-Khattab.
La designación de terrorista fue retirada de Sharaa, el ex comandante de Al Qaeda y el Estado Islámico en Irak (ISI), conocido por ordenar atentados suicidas contra civiles chiítas y grupos minoritarios, en preparación para su visita a la Casa Blanca en noviembre pasado.
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